Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción · Causa 19.393/22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, la reconexión del servicio no admite la postergación temporal que importaría hacer ocurrir a la interesada al reclamo administrativo, dado que la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para la vida diaria (iluminación, refrigeración de alimentos, uso de diversos equipos vitales en diversas materias: educación, trabajo, sociabilidad, etc.).- Por otra parte, surge de la contestación del informe del art. 7º de la ley de amparo que S.P.S.E. tenía algún conocimiento del conflicto entre el Sr. T. J. V. y la amparista respecto del inmueble de la calle Pasaje L... Nº ... y esta situación no es totalmente ajena a la empresa como se pretende.-
Lo cierto es que la Sra. Q. y el Sr. V. estuvieron casados desde el 27 de enero de 2007 hasta la declaración de nulidad matrimonial mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2016 (cfr. Tº ..., Rº ... del Juzgado de Primera Instancia Número Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia con asiento en la ciudad de Puerto San Julián).- Con posterioridad a esta declaración de nulidad de matrimonio el Sr. V. T. inició una acción de desalojo contra la Sra. Q. respecto del inmueble de Pasaje L... Nº ..., que fue rechazada en primera instancia. Esta Cámara de Apelaciones confirmó la decisión (cfr. sentencia registrada al Tº ... -Sec. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Primera Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 19.393/22 Sentencia: 3506 Actor: Q...M...I...
Demandada: SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRO Objeto: ACCION DE AMPARO Fecha: 12/09/2022 Texto: TOMO CV - SENTENCIA REGISTRO N° 3506 FOLIO N° 67/71 PROT. ELECT. A10161S.221 En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veintidós se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Eduardo Gabriel López con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Q. M. I. c/S.P.S.E. (SPSE) y otro s/acción de amparo", Expte. Nº Q- .../21 (.../22), venidos del Juzgado de Primera Instancia Número Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en la ciudad de Puerto San Julián en virtud del recurso de apelación interpuesto por S.P.S.E. (PE-2022, C.V.:) contra la sentencia dictada al PE-2022 (C.V.:). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Carlos E. Arenillas, 2º) Dr. Eduardo Gabriel López y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Arenillas dijo:
I. Viene a tratamiento de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por S.P.S.E. contra la sentencia de la Sra. Jueza de primera instancia, que -en lo que aquí importa- hace lugar a la acción de amparo y ordena a S.P.S.E. la restitución del servicio de energía eléctrica suspendido el 21/04/2022 en el domicilio sito en L... Nº ... de la Sra. M. I. Q., con costas.-
En primer lugar, la apelante sostiene la inexistencia de incumplimiento de su parte, ya que al contestar el informe del art. 7 de la ley de amparo se expuso de manera concreta que bastaba que la amparista se acercara a las oficinas de la empresa a los fines de acceder a los servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas, interiorizándose de los trámites a realizar a tales efectos, tornando innecesaria la presente acción.- Agrega que la actora no demostró que la mejor vía era el amparo, como tampoco que el presunto daño ocasionado era irreparable.-
Se refiere al reglamento del usuario de energía de la empresa que la amparista no ignoraba por cuanto llevó adelante tales trámites solicitando el cambio de titularidad a su favor en el año 2018. Vuelve a repetir que todo se solucionaba con la amparista en sus oficinas dándose el alta como titular del servicio, otorgando una solución administrativa definitiva.- Manifiesta que nunca perdieron de vista el carácter esencial del servicio de agua, energía y cloacas que gozan de protección de tratados firmados por Argentina sobre Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH).-
Critica la sentencia, la posición contradictoria de la jueza respecto del amparo (procedimiento de excepción primero y adhesión a la postura contraria a renglón seguido) y vuelve a reafirmar la vía administrativa como modo de solución.-
También se agravia respecto de la imposición de costas y de la pretensión de la jueza que su parte se convierta en una especie de controlador para estar al tanto o constatar en cada inmueble de Santa Cruz quien vive. Finaliza diciendo que aquí la baja la pidió el titular del inmueble, Sr. T. J. V. aunque en L... Nº ... vivía la Sra. M. I. Q. ¿Cómo pretende la Sra. Jueza que S.P.S.E. sepa ello?
No hay dudas que el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población mundial (Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 65/151. Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos).- La Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía (Mar del Plata, 11 de octubre del 2014) declaró -claramente- que la energía es un derecho humano, no una mercancía.-
Además, el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que -toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.- Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas. La electricidad permite el acceso a otros derechos fundamentales como el agua, la salud (ej. Personas electro dependiente), la educación, el empleo, la seguridad, etc.- Además, la actora es usuaria del servicio eléctrico. El art. 42 de la Constitución Nacional expresa "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno." Esta norma comprende a los denominados "derechos sustanciales" (a la vida, a la salud, protección de intereses económicos, a la calidad de productos y servicios, a la justicia contractual, etc.), y a los llamados "derechos primarios fundamentales" (acceso al consumo, a la libertad de elección, al trato equitativo y digno, a la educación para el consumo, etcétera).- En definitiva, la energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social.-
En este contexto normativo, de derechos humanos el amparo se constituye como vía idónea puesto que la interrupción del servicio de electricidad en el domicilio de la amparista no admite la postergación temporal que importaría hacer ocurrir a la interesada al reclamo administrativo. Como dije la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para la vida diaria, por lo tanto aparece de un modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo al examen de la cuestión al reclamo interno en la sede de la empresa que provee el servicio.- La genérica referencia a la idoneidad del procedimiento interno de reclamo por suspensión del servicio que realiza la apelante no contradice esta idea. Los argumentos expuestos en los agravios no son suficientes para pensar en una solución administrativa.-
La interrupción del servicio de electricidad, por otra parte, tiene notas de arbitrariedad. Si no existía deuda y la amparista gozaba ya del servicio de electricidad en el domicilio que se venía abonando regularmente la decisión de la empresa de cortar el servicio, sin previo aviso y sin causa razonable aparente, resulta de una ilegalidad manifiesta.- "No cabe duda alguna que las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios son proveedores profesionales de bienes y servicios, dado que se trata de empresas constituidas bajo alguna forma societaria, de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de servicios destinados a usuarios (art. 2 de la LDC)." (cfr. MOEREMANS, Daniel E., "Protección del usuario en los servicios públicos domiciliarios", TR LALEY AR DOC/2975/2008).- Además, debo recordar que, en el supuesto de duda, las normas que rigen la prestación de un servicio público -como en el caso, el suministro de electricidad- deben interpretarse a favor de los usuarios, de conformidad con el art. 42 de la Constitución Nacional, norma que garantiza los derechos de usuarios y consumidores e impone el deber de prestar con calidad y eficiencia los servicios públicos.-
Por ello, la reconexión del servicio no admite la postergación temporal que importaría hacer ocurrir a la interesada al reclamo administrativo, dado que la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para la vida diaria (iluminación, refrigeración de alimentos, uso de diversos equipos vitales en diversas materias: educación, trabajo, sociabilidad, etc.).- Por otra parte, surge de la contestación del informe del art. 7º de la ley de amparo que S.P.S.E. tenía algún conocimiento del conflicto entre el Sr. T. J. V. y la amparista respecto del inmueble de la calle Pasaje L... Nº ... y esta situación no es totalmente ajena a la empresa como se pretende.-
Lo cierto es que la Sra. Q. y el Sr. V. estuvieron casados desde el 27 de enero de 2007 hasta la declaración de nulidad matrimonial mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2016 (cfr. Tº ..., Rº ... del Juzgado de Primera Instancia Número Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia con asiento en la ciudad de Puerto San Julián).- Con posterioridad a esta declaración de nulidad de matrimonio el Sr. V. T. inició una acción de desalojo contra la Sra. Q. respecto del inmueble de Pasaje L... Nº ..., que fue rechazada en primera instancia. Esta Cámara de Apelaciones confirmó la decisión (cfr. sentencia registrada al Tº ... -Sec. Nº Uno- Rº ..., del 29 de marzo de 2021).- En esa sentencia esta Cámara señaló que la Sra. Q. compró conjuntamente con el Sr. V., durante la vigencia del matrimonio, una vivienda prefabricada que asentó sobre el terreno municipal que fuera solicitado por ambos cónyuges más allá de la adjudicación en venta únicamente al Sr. V.-
Luego de esta acción de desalojo -que fracasó- el Sr. V. inició dos nuevas acciones judiciales durante este año 2022, un beneficio de litigar sin gastos (Expte. Nº .../22) y un proceso de fijación de canon locativo (respecto del mismo inmueble) (Expte. Nº .../22, ambos en trámite ante el Juzgado Número Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, con asiento en la ciudad de Puerto San Julián).- En plena judicialización del conflicto, después de la resolución del desalojo, el Sr. V. optó por una vía de hecho y solicitó con fecha 15 de marzo de 2022 el cambio de titularidad del servicio. El 22 de abril de este mismo año S.P.S.E. corta el servicio. La amparista envía C.D. Nº 649266889 sin respuesta.-
Si el corte del servicio tuvo fundamento en el cambio de titularidad del servicio efectuado por el Sr. V. estaríamos frente a un caso de violencia de género de carácter económico. En casos donde puedan encontrarse comprometidos los derechos de las mujeres, debe siempre privilegiarse el estudio de la causa desde una perspectiva de género.- Cambiar la titularidad del servicio de energía eléctrica en plena discusión judicial respecto del inmueble constituye un ejercicio de poder tendiente a escarmentar a la ex cónyuge, afectando su derecho patrimonial y económico de acceso pacífico al servicio que venía usufructuando.-
En este sentido, S.P.S.E. también debió analizar la situación con perspectiva de género conforme obliga la ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.-
Se trata, en definitiva, de transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley, cada decisión judicial y, en definitiva, cada una de las políticas públicas.- Por todo lo señalado, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por S.P.S.E., con costas a la perdidosa (cfr. art. 16 de la ley Nº 1117) y diferir la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley Nº 3330).- - - - - - - -Es por ello, que Voto pues, a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a la primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. Arenillas dijo: Atento el sentido de mi voto a la anterior cuestión propongo el siguiente pronunciamiento: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por S.P.S.E.; 2º) Confirmar la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios; 3º) Imponer las costas de esta instancia a la perdidosa (cfr. art. 16 de la ley Nº 1117) y diferir la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley Nº 3330); 4º) Remitir copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. A tal fin, ofíciese; 5º) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por análogas razones adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, de septiembre de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
3. Imponiendo las costas de esta instancia a la perdidosa y difiriendo la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
4. Remitiendo copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. A tal fin, ofíciese.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
Fdo: Fdo. Carlos E. Arenillas - Presidente, Eduardo G. López - Juez, ante mí: Ma. Carlota Gutiérrez Meyer - Secretaria.-
Protocolización electrónica: A10161S.221 Tomo: CV Sentencia: 3506 Folio Nº: 67/71 Secretaria: 1
Fin de la sentencia