Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8.265/23
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8.265/23 Sentencia: Definitiva Actor: Q. P. I.
Demandada: C. V. H.
Objeto: Atribución del Hogar Conyugal Fecha: 08 de febrero de 2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los ocho de febrero de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “Q.P.I. C/ C.V. S/ ATRIBUCIÓN DEL HOGAR CONYUGAL” Expte. Nº5733 del año 2021 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la Familia de Caleta Olivia y que ingresaran en esta instancia bajo el Nº8265/23. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto Eduardo Monelos, Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 11/15 se presenta P.I.Q., por derecho propio con el patrocinio letrado de las Dras. P.P y P.A., solicita se le atribuya el uso de la vivienda familiar que fuera sede del hogar familiar durante la unión convivencial con V.H.C., y además peticiona se fije a su favor y a cargo del nombrado una compensación económica con motivo del cese de la unión convivencial consistente en una renta mensual y consecutiva del 10% de los haberes que por todo concepto perciba de su empleadora Clear Petroleum S.A., previos descuentos de ley, por el plazo máximo de 12 años. Describe los hechos, ofrece prueba y funda en derecho. -
II. Se da curso a la acción de autos y a fs. 44/50 se presenta V.H.C., por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. C.A.S.y contesta la demanda, niega los hechos, da su versión de lo sucedido, opone la caducidad del reclamo por compensación económica, ofrece pruebas, funda en derecho. -
III. En PE487721-2022 obra acta de audiencia preliminar y se abre la causa a prueba, producidas las cuales quedan las actuaciones a despacho para resolver. Se dicta sentencia de primera instancia mediante PE995740-2023 que hace lugar a la acción interpuesta, atribuye el uso de la vivienda familiar y una compensación económica a la actora P. I. Q., condena en costas al demandado y difiere la regulación de honorarios. -
IV. La parte demandada apela el fallo, expresando agravios mediante PE1102620-2023. Comienza señalando que le agravia con lo dispuesto en el apartado I) de la sentencia, porque la jueza no sólo amplía términos y alcances de la pretensión de la actora, sino que amplía los términos legales establecidos en el art. 526 del CCyCN. Sostiene que se ha extralimitado en su resolución, vulnerando su derecho de defensa y el principio de congruencia, como si la atribución de la vivienda jugara a la suerte de una prestación alimentaria. Refiere que nunca se desentendió de sus responsabilidades como progenitor y desde la separación se estableció, bajo acuerdo homologado, una prestación alimentaria, la cual nunca dejó de cumplir y que al momento de ser fijada se tuvo en cuenta para el pago de la vivienda. También sostiene que quedó acreditado en autos que el cese de la convivencia se produjo en diciembre del año 2019, por voluntad de ambas partes y no por hechos de violencia que no se encuentran acreditados y que se pretenden hacer valer. - En segundo lugar se agravia porque no se valoraron adecuadamente los requisitos para la compensación económica, en especial el desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación económica como causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Refiere que el desequilibrio en su salud y economía fue muy grande, que anda con dos mudas de ropa, paga un alquiler y se hizo cargo de todas las deudas que tenían en común con la empresa Tarjeta Naranja S.A.
En cuanto al instituto de la compensación económica, sostiene, que cabe tener presente que no es de naturaleza alimenticia, y que Paula Quiroga siempre hizo lo que quiso hacer de su vida, nunca tuvieron un plan de convivencia o de pareja para que ella se quede en la casa al cuidado de su única hija y realice tareas domésticas. Refiere que como puede observarse ella resultó beneficiada con la ruptura, a contrario de él, que sufrió un desequilibrio manifiesto, donde lo único que pudo conservar fue su fuente laboral, y que en este proceso se lo condena a abonar una cuota del 10% por 12 años como si fuera una cuota alimentaria para paliar una necesidad asistencial que escapa a la naturaleza de la pretensión. Cita jurisprudencia. -
V. Corrido el traslado de los agravios, contesta la actora mediante PE1130690-2023. Manifiesta que la parte demandada se olvida que debe juzgarse con perspectiva de género, es clave de derechos humanos y con la premisa del Interés Superior del Niño como norte, es una obligación asumida por el Estado Argentino en los Tratados Internacionales. Lo que ha hecho la magistrada no ha sido más que hacer una interpretación armónica y sistémica de todo nuestro plexo legislativo. -
Refiere que la explicación jurídica para apartarse del plazo de 2 años para atribuir la vivienda familiar radica en la situación de vulnerabilidad de quienes habitan hoy el inmueble. Por un lado, la actora se encuentra a cargo de manera casi unilateral de la única hija en común A., con la cotidianeidad propia de una adolescente, más todas las actividades extracurriculares que ella desempeña en razón de ser bailarina profesional de tango. Y por otro, la imposibilidad de procurarse una vivienda en lo inmediato ya que no posee trabajo registrado y dedica la mayor parte del día a las tareas de cuidado de su hija. Hace hincapié en que lo que percibe de cuota alimentaria no le alcanza ni siquiera para solventar el rubro alimentos propiamente dicho, y menos aún para abonar un alquiler que hoy ronda los $150.000. Además, C. omite mencionar que tiene otro inmueble ubicado en el Barrio 26 de junio según informaran en la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Caleta Olivia.
Refiere que el plazo máximo de dos años al que hace mención el art. 526 del CCyCN, debe ceder ante la premisa del Interés Superior de la niña, la debida diligencia de la judicatura, el luz de protección en su condición de vulnerable y todo ello bajo la interpretación conjunta con los arts. 1 y 2 del mencionado cuerpo legal. El instituto de "Atribución del Hogar Familiar" debe ser analizado de manera diferenciada cuando en el caso existe una ex conviviente víctima de violencia de género y además una niña como es el caso que nos ocupa. Por último, respecto del segundo agravio del demandado, sostiene que sin perjuicio de su condición de persona con diabetes tipo 2, la misma es reversible y no presenta la gravedad de una enfermedad crónica como es la diabetes tipo 1. Y lo que expresa respecto de la compensación no son más que destratos que continúa ejerciendo sobre su parte, madre de su hija, los que se ven reflejados a lo largo de su escueto memorial. Cabría preguntarse si C. hubiera podido hacerse de los bienes que dice tener sin el acompañamiento de esta parte, sin la tranquilidad de saber que mientras él estaba en el campo esta parte se ocupaba del cuidado de su hija, si él hubiera podido crecer dentro de la empresa. Su actitud demuestra una vez más la invisibilización del trabajo que hacen las mujeres en el hogar, lo que se traduce en una de las formas más sutiles y dañinas de violencia de género, que por doce años padeció, haciéndola sentir que su aporte no valía nada. Cita doctrina y jurisprudencia y solicita se rechace el recurso.
VI. Cabe señalar primeramente que se caratuló esta causa como atribución de hogar conyugal cuando en verdad las partes nunca fueron cónyuges, siendo cuestiones derivadas del cese de una unión convivencial (arts. 518 y ss. CCC). En otro orden se observa que se notificó la sentencia en los domicilios reales de las partes siendo ello una dilación innecesaria por fuera de las normas de procedimiento, habida cuenta que aún no se ha regulado honorarios y todas las partes tienen domicilios constituidos (art. 40 CPCC). -
VII. Ingresando al estudio de los agravios propuestos, en primer término, habré de precisar que ambas partes reconocen haber mantenido una relación covivencial por doce años aproximadamente, que finalizó en el año 2019 y la existencia de una hija menor de edad en común N. A., y que al momento de decidir en éstos la relación se encuentra disuelta desde hace aproximadamente cuatro -4- años.
VIII. En este aspecto el art. 526 del CCyCN, faculta a uno de los convivientes a peticionar el uso de la vivienda familiar luego del cese de la unión, sea que se trate de un inmueble de propiedad de ambos o de uno solo, y dispone que a falta de acuerdo entre las partes, el juez evaluará su procedencia, el plazo de duración, el que no podrá exceder de dos años, y los efectos del derecho, valorando quién ejerce el cuidado personal de los/las hijos/as menores de edad (con capacidad restringida o con discapacidad); y quién se encuentra en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios.- El recurrente en sus agravios refiere que la jueza se extralimitó en relación al tiempo que regula el art. 526 CCyCN.
Sobre la posibilidad de flexibilizar este plazo Kemelmajer de Carlucci y Molina de Juan expresan: "En este caso, es posible que el plazo se extienda más allá del previsto en la norma, en tanto el juez debe ponderar la protección de la infancia, los deberes derivados de la responsabilidad parental (arts.638, 641 CCyC), y las reglas de no discriminación de los hijos (art. 558 CCyC) sean matrimoniales o extramatrimoniales". (Iglesias, Mariana Beatriz Krasnow, Adriana Noemí "Derechos de las Familias y las Sucesiones", Thomson Reuters La ley, pág. 308 y ss; Kemelmajer de Carlucci, A.y Molina de Juan, M; "La Protección de la vivienda de niños, niñas y adolescentes en el Código Civil y Comercial", pub. en "Actualización Jurídica Iberoamericana, Nro. 2, Feb. 2015, pág. 212). - Si bien la actora al contestar agravios refiere a la normativa internacional a considerar lo cierto es que en el escrito de demanda solicita la atribución de la vivienda por el término de dos años, los que ya han transcurrido ampliamente.
También es un principio a considerar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, ya que el demandado tuvo conocimiento de esa petición (dos años) y luego de la sentencia se pretende sostener otra solución (arts. 18 Constitución Nacional, 8 y 25 Convención Americana de Derechos Humanos). Por iguales fundamentos no puede la actora en la contestación de agravios introducir la inconstitucionalidad del plazo, cuando peticionó y fundó su demanda en diferente sentido. - En el caso de autos, la actora P. Q., sostiene que el cese de la unión convivencial fue luego de acaecidas reiteradas situaciones de violencia, lo que niega el demandado. De las pruebas obrantes en autos, surge, de la audiencia de absolución de posiciones de P., que V.C., se fue por su propia voluntad del hogar.
También consta, que hubieron denuncias de parte de Q. A C. lo que conllevó a que en la instancia de grado se dictaran medidas de prohibición de acercamiento y contacto, se fijara un régimen de comunicación provisorio y se le otorgara el cuidado personal unilateral de N. A., a su madre. La prueba aportada en éstos es escasa, ya que no se acreditó que el demandado tenía otros inmuebles, ni la imposibilidad de conseguir un trabajo por parte de la actora, sin perjuicio de los principios que informa la realidad actual. También la circunstancia de que la hija obtuvo un reconocimiento como bailarina no fue una cuestión debatida, sólo en la demanda se manifestó que tenía actividades. En la labor de realizar una interpretación coherente de toda la normativa aplicable al caso entiendo que este agravio habrá de prosperar parcialmente reduciendo el plazo de atribución de la vivienda por el término de seis meses más desde que esta sentencia quede firme.
Entiendo ello así, habida cuenta que en virtud del principio de congruencia lo solicitado por la propia actora en el escrito de demanda -dos años- ya se encuentra cumplido hace tiempo, además tengo presente que la niña percibe una cuota alimentaria, la actora percibe una asignación no contributiva, también que tanto la niña como la madre son personas sin problemas de salud, siendo que la madre podría procurar la búsqueda laboral y la posibilidad habitacional, sumado a que A. ya es una adolescente y goza de buena salud. La prueba producida no logra desvirtuar la solución aquí propuesta. No se acreditó en éstos ninguna situación de excepción que permita flexibilizar aún más la situación, sin perjuicio de los principios que invoca la propia actora y se tienen presentes (conf. arts. 509, 523, 526, 705, 706, 709 y ccs.
CCC, Convención de los Derechos del Niño, ley 26061). -
IX. Compensación económica: Se agravia el demandado con relación al monto y período de condena en concepto de compensación económica. Señala que la actora realizó su voluntad con relación a la vida que llevaron juntos. Debe señalarse en este punto la actitud desaprensiva del recurrente, habida cuenta que pareciera desconocer la importancia y magnitud de las tareas dentro del hogar y del ejercicio de la maternidad, pues en el caso de que P. Q. no se hubiera responsabilizado de dichas tareas el propio recurrente tendría que haber resuelto por sus propios medios tanto las tareas del hogar como de crianza de la hija en común. Este argumento no resulta atendible para una disminución de la cuota como pretende. Se tiene decidido en forma reiterada que "Las tareas domésticas tienen valor económico, por lo que la circunstancia de que uno de los cónyuges se dedique exclusivamente a ellas, se traduce concomitantemente en un beneficio para el otro, al disfrutar de una serie de servicios por los que no se abona contraprestación alguna y que, a su vez, le permiten desempeñar sus labores económicamente remuneradas fuera del hogar" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, Partes: B. E. L. c/ L. R. E. s/ fijación de compensación económica - arts. 441 y 442 CCCN, 20 de octubre de 2023, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU - M - 147434 - AR | MJJ147434 |MJJ147434.) También es evidente apreciar que la búsqueda laboral a la edad de la actora y su desarrollo ocupacional insumirá tiempo y un reacomodamiento en su vida personal y familiar que debe tenerse en cuenta (conf. art. 525 CCC). El agravio no logra acreditar el error en el razonamiento seguido en la sentencia de grado en este punto, por lo que corresponde desestimarlo. - Resta señalar que al contestar agravios la actora solicita la condena al demandado sobre la realización de capacitaciones en perspectiva de género, situación que deberá valorarse en el expediente seguido por causas de violencia entre las mismas partes. -
En atención al resultado que propongo, entiendo que por el pronunciamiento que propondré al responder a la siguiente cuestión, las costas deberán ser impuestas en el orden causado. -
X. Que por estas consideraciones y con el alcance determinado en los considerandos de mi voto, contesto que la sentencia en crisis es parcialmente justa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que comparto el examen de la causa realizado por la primer votante. Respecto del inmueble comparto la solución dada en atención a lo requerido en la demanda y el principio de congruencia, comparto la propuesta sobre compensación económica y la imposición de costas. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Que en consonancia a como me expedí al contestar la anterior cuestión, y por esos fundamentos propongo al Acuerdo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios vertidos por la demandada en lo que hace a la atribución de la vivienda que fue de uso familiar, otorgando el plazo de seis meses a la actora para que desocupe el mismo, lo que debe computarse desde que esta sentencia quede firme. 2º) Confirmarla en lo restante. 3º) Imponer las costas en esta instancia en el orden causado. 4º) Hacer saber a la Secretaría y Jefatura de despacho correspondiente lo señalado en el considerando VI a los fines de ser evitado y corregido en lo sucesivo (art. 46 inc. 5to. ley UNO). 5°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que considero que la propuesta realizada por la primer votante es justa y equitativa. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 8 de febrero de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales citadas y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir parcialmente los agravios vertidos por la demandada en lo que hace a la atribución de la vivienda que fue de uso familiar, otorgando el plazo de seis meses a la actora para que desocupe el mismo, lo que debe computarse desde que esta sentencia quede firme. -
2. Confirmarla en lo restante.
3. Imponer las costas en esta instancia en el orden causado (art. 68 CPCC). Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. -
4. Hacer saber a la Secretaría y Jefatura de despacho correspondiente lo señalado en el considerando VI a los fines de ser evitado y corregido en lo sucesivo (art. 46 inc. 5to. ley UNO). -
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Jorge O. Alonso no firma la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Rocío Fornés- Jefa de Despacho A/C de Secretaría.-
Protocolización: A201001S.241 Tomo: XCIC Sentencia:3041 Folio Nº: 195/200 Secretaria: 1
Fin de la sentencia