Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto, el presente agravio se desestimará.
IV. Del agravio referido a la calificación legal:
Que la defensa se agravió al considerar que el decisorio recurrido no logra acreditar la existencia de una conducta dolosa, deliberada y materialmente posible de incumplimiento alimentario atribuible a su asistido.
En ese sentido, señaló que la propia resolución reconoce que el Sr. Q. se encontraba desempleado y realizaba trabajos informales y ocasionales, circunstancia que -a su entender- constituye el núcleo central del análisis típico exigido por la Ley N° 13.944.
Sostuvo que el delito investigado requiere la acreditación de una efectiva capacidad económica de cumplimiento y de una voluntad deliberada de sustraerse a la obligación alimentaria, extremos que -afirmó- no se encuentran debidamente acreditados, al no verificarse ingresos reales, estabilidad económica, patrimonio disponible ni capacidad contributiva durante el período investigado. Asimismo, cuestionó que el resolutorio incorpore extensas consideraciones vinculadas con la perspectiva de género, la violencia económica, la conflictiva familiar y antecedentes provenientes de la O.V.D., construyendo -a su criterio- un marco normativo que excede el objeto procesal de autos. Aclaró que no desconoce la relevancia de dichas herramientas interpretativas, aunque sostuvo que ellas no pueden sustituir la prueba concreta exigida para acreditar la configuración típica del delito atribuido. …
TOMO CLXI - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.121 FOLIO N° 182/187 PROT. ELECT. JR101 268I.261
Río Gallegos, 07 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada "Q.E.R. S/ Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar“- Expte. N° 13086/25 - Apelación/Causa JR N° 10225/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 95/100vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado Penal Juvenil con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado R.E.Q. en orden al delito de “Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, correspondiente al período comprendido entre los meses que van desde enero del año 2020 hasta noviembre del año 2025” (Conforme lo previsto por la Ley Nº 13.944 y 289 y 293 del Código Procesal Penal).
Que a fs. 104/106vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 113, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado arriba a un estado de probabilidad mediante una valoración fragmentaria y dogmática de las constancias obrantes en autos, causando a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
Que la parte recurrente se agravió respecto del mérito de la prueba producida, sosteniendo que el decisorio presume la existencia de capacidad contributiva a partir de registraciones laborales históricas y movimientos bancarios aislados, sin efectuar -a su entender- un análisis integral de los ingresos, la continuidad laboral y la efectiva disponibilidad económica de su asistido. En ese sentido, señaló que las constancias incorporadas a la causa desvirtúan la hipótesis de una capacidad económica estable y deliberadamente ocultada. Indicó que del informe remitido por ARCA surge que Q. no registra inscripción activa ni relación de dependencia vigente, presentando antecedentes laborales fragmentarios e intermitentes, con extensos períodos sin registración, ingresos inciertos y marcada precariedad laboral, circunstancias que -a su criterioimpiden inferir una solvencia económica sostenida.
Asimismo, sostuvo que la resolución recurrida omite ponderar los aportes indirectos efectuados por el grupo familiar paterno, extremo que -según afirmó- relativiza la hipótesis de un absoluto desentendimiento por parte de su defendido respecto de la menor.
Finalmente, concluyó que no existe en autos una plataforma probatoria seria, objetiva y suficiente que permita afirmar que su representado contaba con medios económicos concretos y, deliberadamente, decidió incumplir con su deber de asistencia respecto de su hija menor de edad, arribando la resolución recurrida a una conclusión incriminante basada en inferencias abstractas y apreciaciones genéricas.
Que, en abordaje a la presente impugnación, adelantamos, los agravios aquí introducidos no tendrán favorable acogida.
En efecto, estando dirigido el planteo de la parte recurrente a cuestionar la suficiencia de las pruebas valoradas por el Magistrado para el dictado del procesamiento, viene al caso recordar que esta Alzada -siguiendo a Clariá Olmedo-, ha sostenido reiteradamente que para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha y, en cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar a su dictado, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio. (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
Nos parece correcto y oportuno dejar constancia que, en este tipo de pronunciamiento, sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado. (Criterio asentado en Apelaciones Nº 10129/26, 10156/26, 10174/26, por citar las más recientes). Sentado ello, corresponde señalar que, aun si fuera cierto que el imputado no registra una relación de dependencia vigente, ni una inscripción activa ante los organismos fiscales, o que no posee registros bancarios más que el constatado a fs. 61, tales circunstancias no constituyen una causal de justificación que lo releve del cumplimiento de las obligaciones alimentarias que pesan sobre él respecto de su hija menor de edad, ni resultan suficientes para desvirtuar, por sí solas, el plexo probatorio valorado por el Magistrado.
En efecto, del informe remitido por ARCA surge que el encartado registró sucesivos vínculos laborales en distintos períodos, desempeñándose desde enero de 2020 en la empresa “5 M Patagonia”; posteriormente, entre junio de 2021 y junio de 2022, en la Contaduría General del Ejército Argentino; y, finalmente, desde enero de 2025, en el Frigorífico Faimali. A ello se suma el informe social obrante a fs. 73/75, confeccionado el 19 de septiembre de 2025, del cual surge que el imputado cursa la carrera de Abogacía en la Universidad Kennedy, desarrolla tareas de seguridad privada de manera informal y que, incluso, permaneció durante aproximadamente dos años en la provincia de Mendoza por razones laborales, retornando en octubre de 2024. Tales circunstancias permiten inferir, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, que el nombrado contó con posibilidades ciertas de procurarse ingresos económicos, más allá de la ausencia de registración formal vigente.
En ese contexto, la alegada precariedad laboral no basta para excluir la posibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria. Pues, el plexo probatorio reunido permite sostener, prima facie, que el imputado desarrolló actividades laborales en distintos períodos y que su situación económica no se presentaba como de absoluta insolvencia.
En tal sentido, el informe social da cuenta de que reside junto a sus hermanos en una vivienda de propiedad familiar, en adecuadas condiciones de habitabilidad, equipada con los servicios esenciales y cuyos gastos son compartidos por el grupo conviviente, circunstancias que no se compadecen con el cuadro de imposibilidad económica absoluta invocado por la parte recurrente.
Según sostiene la jurisprudencia dominante, en el supuesto de que el alimentante atraviese dificultades económicas, éste podría -ya fijada la cuota-, intentar su reducción, más no sustraerse totalmente al cumplimiento, como visiblemente ocurriría en el caso traído a estudio (véase al respecto lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V; 10/08/2006; “E., E.”; DJ22/11/2006, 892; Cita: TR LALEY AR/JUR/4914/2006). Ahora bien, respecto de la circunstancia de que el abuelo paterno hubiera efectuado determinados aportes económicos en favor de la niña, ello no excluye la responsabilidad penal del imputado, toda vez que la obligación alimentaria que pesa sobre los ascendientes reviste un carácter subsidiario y excepcional, mientras que la obligación del progenitor constituye un deber personal, principal e indelegable derivado de la responsabilidad parental.
En efecto, de las constancias del expediente de familia agregadas a la presente causa (véase fs. 66/71), surge que mediante resolución de fecha 5 de febrero de 2024 se condenó al Sr. R.E.Q. al pago de una cuota alimentaria definitiva a favor de su hija R.G., así como de una cuota complementaria anual, decisión adoptada sobre la base de las probanzas producidas en aquel proceso que acreditaron su capacidad económica. Asimismo, y ante el incumplimiento del progenitor, también se impuso al abuelo paterno, Sr. R.C.Q., el pago de una cuota alimentaria equivalente al diez por ciento (10 %) de sus haberes, precisamente en razón del carácter subsidiario de su obligación.
Sin embargo, conforme surge del informe social y de la copia de oficio en fs. 72, dicho aporte cesó como consecuencia de que el abuelo perdió su fuente de trabajo, y no porque el imputado hubiera asumido el cumplimiento de la obligación alimentaria que le incumbía. Ergo, lejos de favorecer la postura defensista, tal circunstancia evidencia que la intervención del ascendiente obedeció a la omisión de cumplimiento del obligado principal, el Sr. Q.E.R.-
Así las cosas, consideramos que admitir la tesis defensista importaría vaciar de contenido la finalidad de la Ley Nº 13.944, permitiendo que el incumplimiento del obligado principal quedara neutralizado por la solidaridad desplegada por terceros –incluso familiares-, solución que no encuentra respaldo ni en la normativa civil ni en la jurisprudencia al respecto.
En consecuencia, corresponde señalar que los cuestionamientos invocados por la defensa no logran desvirtuar los elementos de convicción reunidos hasta el momento, los cuales permiten inferir, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la responsabilidad penal del imputado sobre el ilícito endilgado. En función de todo lo expuesto, debemos rechazar de plano la presunta orfandad probatoria postulada por el recurrente. En consecuencia, el presente agravio no tendrá favorable acogida.
III. Del agravio referido a la valoración arbitraria:
Que la defensa se agravió al sostener que el decisorio recurrido resulta arbitrario por presentar una fundamentación meramente aparente, en tanto desarrolla extensas citas doctrinarias y consideraciones generales vinculadas con la violencia económica y los derechos de las infancias, sin efectuar -a su entender- una adecuada vinculación de tales postulados con las particularidades fácticas del caso atribuido a su asistido.
En esa línea, señaló que el resolutorio reemplaza el análisis concreto e individualizado de las circunstancias de la causa por afirmaciones de carácter general, las cuales -a su criterio- no logran suplir la ausencia de acreditación respecto de la efectiva capacidad económica de su defendido ni del elemento subjetivo exigido por el tipo penal investigado.
Asimismo, sostuvo que la motivación del pronunciamiento se encuentra sustentada en inferencias meramente conjeturales antes que en elementos probatorios objetivos y suficientes. En tal sentido, argumentó que, al no encontrarse acreditada con el grado de certeza requerido, la efectiva configuración del ilícito penal reprochado, subsiste un estado de incertidumbre que, a su juicio, impone resolver la causa en favor de su representado.
Que en análisis y abordaje del presente agravio, pese al esfuerzo de la defensa, adelantamos, será desestimado.
Ello así, en virtud de los sólidos argumentos expuestos por S.S., quien –consideramos- no se limitó a efectuar una mera transcripción de doctrina y normativa de carácter general, sino que las vinculó adecuadamente con las circunstancias concretas acreditadas en autos, valorando el plexo probatorio reunido a la luz de los principios que rigen la materia, particularmente en el interés superior de la niña.
De igual manera se ha pronunciado la doctrina, al sostener que “…el criterio de realidad que debe dominar al Juez en estos casos resulta vital, por cuanto un excesivo garantismo a favor del imputado en este tipo de ilícitos, (…), termina conspirando nada menos que contra el Interés Superior del Niño, consagrado en el artículo 3° de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el que no debe reducirse a mera retórica sino efectivizarse especialmente en las decisiones de los magistrados que ejercen la llamada protección judicial de los derechos de los niños y adolescentes.- (Gonzalo Patricio Frías. El Dial DC7A7. Publicado el 12/12/2005). (El resaltado nos pertenece). Cabe señalar aquí, que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para proteger al niño contra toda forma de abandono (Art. 27 inc. 1 y 2).
Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
En efecto, debemos decir que compartimos la valoración efectuada por el Sr. Juez de grado, por cuanto ponderó de manera integral el plexo probatorio incriminante incorporado al legajo, de conformidad con los arts. 115, 116 y 199 del C.P.P., y así fundamentó que existían elementos suficientes para disponer el procesamiento del imputado.
Para concluir, en concordancia con lo resuelto por el Magistrado, resulta ilustrativo citar el siguiente sumario que, en lo pertinente; dice: “ La restricción al pago de las cuotas alimentarias, no sólo constituye una violencia económica con la ex pareja, sino una violación flagrante a los derechos del niño, siendo responsabilidad del Estado adoptar todas las medias necesarias para que los niños sean protegidos y cuidados para lograr su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de sus padres, ya que de lo contrario se incumple con las compromisos asumidos internacionalmente.” (STJ; Corrientes; 06/11/2020; “S. C. R. s. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”; Rubinzal Online; RC J 7614/20).
En consecuencia, no se advierte en el resolutorio la alegada arbitrariedad. Por el contrario, surge con claridad que el Magistrado analizó la cuestión planteada y, sobre la base de la normativa vigente en materia de perspectiva de género y la legislación en vigor respecto de los Derechos del Niño, es que concluyó de manera fundada, que se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para disponer el procesamiento del imputado, teniendo máxima consideración en la protección de los derechos de la menor de edad involucrada y el principio rector de su interés superior.
En virtud de lo expuesto, el presente agravio se desestimará.
IV. Del agravio referido a la calificación legal:
Que la defensa se agravió al considerar que el decisorio recurrido no logra acreditar la existencia de una conducta dolosa, deliberada y materialmente posible de incumplimiento alimentario atribuible a su asistido.
En ese sentido, señaló que la propia resolución reconoce que el Sr. Q. se encontraba desempleado y realizaba trabajos informales y ocasionales, circunstancia que -a su entender- constituye el núcleo central del análisis típico exigido por la Ley N° 13.944.
Sostuvo que el delito investigado requiere la acreditación de una efectiva capacidad económica de cumplimiento y de una voluntad deliberada de sustraerse a la obligación alimentaria, extremos que -afirmó- no se encuentran debidamente acreditados, al no verificarse ingresos reales, estabilidad económica, patrimonio disponible ni capacidad contributiva durante el período investigado. Asimismo, cuestionó que el resolutorio incorpore extensas consideraciones vinculadas con la perspectiva de género, la violencia económica, la conflictiva familiar y antecedentes provenientes de la O.V.D., construyendo -a su criterio- un marco normativo que excede el objeto procesal de autos. Aclaró que no desconoce la relevancia de dichas herramientas interpretativas, aunque sostuvo que ellas no pueden sustituir la prueba concreta exigida para acreditar la configuración típica del delito atribuido.
Finalmente, argumentó que la existencia de conflictos familiares o desacuerdos vinculados al régimen comunicacional no constituye, por sí sola, prueba suficiente del elemento subjetivo requerido por la figura penal. Añadió que dicha omisión adquiere especial relevancia considerando que el presunto incumplimiento abarca un período de seis años, sin que el resolutorio individualice los lapsos en que el imputado habría contado con capacidad contributiva ni la forma en que se configuró el dolo exigido por el tipo penal, citando jurisprudencia en respaldo a su postura.
Que, en abordaje a la presente impugnación, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por la Ley Nº 13.944 y en los artículos 289 y 293 del código de rito. En este acápite, resulta menester aclarar que, es criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
Se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
En tal sentido, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas, que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
Adicionalmente, corresponde señalar que el criterio que se viene sosteniendo respecto de la calificación legal, fue recientemente asentado por el Tribunal Superior de Justicia, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198. En aquel fallo, de fecha 14 del mes de mayo del corriente año, haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y fiscalía, el Máximo Tribunal modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V. Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”. En consecuencia, el agravio defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facie- acreditados.
V. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, corresponde señalar a la instrucción que deberán extremar los recaudos en el control de los expedientes que nos exigen los lineamientos legales, ello tras advertirse la ausencia de firmas en algunos instrumentos y que podrían generar dispendios, por ser generadores de eventuales nulidades a articularse por las partes (vgr. constancia de notificación de fs. 17 y 82; oficio remitido al Ejército Argentino a fs. 22).-
La falta de cumplimiento de las normas procesales habilitará en lo sucesivo la inmediata devolución del expediente para su subsanación previo a cualquier tratamiento por parte de esta Alzada.-
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VII. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 95/100vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto V) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia