Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de queja, abrir el recurso de apelación y confirmar lo decidido por el Juez de Garantías en relación a la intervención que tendrá el Asesor de Incapaces durante el desarrollo de la Cámara Gesell que se ha fijado en la IPP08-00-027642-22; todo ello en cuanto fuera materia de recurso por parte del Dr. Hugo Andrés Lludgar. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
RQ-36394-1 - "Asesoría de incapaces N° 2 s/queja por apelación denegada" - IPP 08-00-027642-22
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° RQ-36394-1, y de cuyas constancias,
I. El Dr. Hugo Andrés Lludgar, Asesor de Incapaces que asiste a la menor L.A.B.Y., víctima en la IPP 08-00-027642-22, ha recurrido la decisión adoptada por el Dr. Juan Francisco Tapia, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de este Departamento Judicial, por la que limitó la intervención del representante del Ministerio Público en la Cámara Gesell que se llevará adelante en procura de recibirle declaración testimonial a la niña (CP: 102 bis).
La apelación ha sido desestimada por el a quo y el recurrente interpuso la queja que motiva la intervención de esta Alzada. El Dr. Tapia entiende que no se ha concretado un agravio en la medida en que el acto no ha tenido lugar y que no se han limitado las posibilidades de intervención del Asesor de Incapaces, siendo la restricción acotada a las propias de su incumbencia.
Al decir del Dr. Lludgar el recurso debe prosperar en la medida en que cercena su intervención en el acto, a consecuencia de lo que se limita el ejercicio pleno de su ministerio y, por ende, se pone en riesgo el goce de los derechos de la víctima menor, reconocidos a nivel constitucional y convencional, so riesgo de generar incluso un proceso de revictimización.
En otro tramo del recurso de queja intentado dice "[...] lo que aquí se cuestiona es la posibilidad facultativa de un Juez inmiscuirse en la función de un miembro del Ministerio Público, en clara violación al plexo normativo citado, y a la autonomía propia de su cargo, a través de una resolución que no impugna las leyes que fundan el actuar del Asesor de Incapaces (cfr. art. 31 CN), afectando en lo concreto (y he aquí lo capital) los derechos de una persona sometida a declarar sobre vivencias no solo reprochables penalmente, sino dañinas para su dignidad, cuando lo que se pretende solo es intentar coadyuvar a la explicar a mi asistida acerca de si tales o cuales hechos ultrajantes que sucedieron, y de que modo; tal como se hace con el resto de la judicatura, incluso en esta materia".
"Con el mantenimiento de la decisión en crisis no se está satisfaciendo ningún derecho ni principio de importancia, sino que simplemente está permitiendo mantener la opinión infundada de un juez que pretende actuar contra legem (arg. art. 28 de la CN), dado que mi actuación, tiende a lograr un efectivo derecho de la niña a ser debidamente escuchada para integrar la prueba de cargo necesaria para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia del imputado, no deteriora, de manera alguna, el principio de igualdad de armas y legalidad, no garantías basales del proceso penal".
II. Los argumentos que conforman el recurso de apelación constituyen un desarrollo mas amplio de las líneas expuestas con antelación, ello en razón de que la resolución recurrida ha sido un apartado de un auto interlocutorio que reza "2.3. El o la Titular de la Asesoría de Menores que intervendrá en el acto no podrá efectuar preguntas que se vincules con el hecho materia de investigación, toda vez que no está previsto en ninguno de los deberes de atribuciones que le otorga el art. 38 de la Ley 14442 la intervención directa en materia penal para la investigación del hecho, y su función durante el acto será resguardar que los derechos de la víctima no sean afectados por la labor investigativa", y porque en definitiva se trata de una diferencia de apreciación del alcance de las funciones y el ejercicio del Ministerio del Asesor de incapaces entre el Magistrado que lo ejerce en este proceso y el Juez que interviene en el mismo.
I. El recurso de queja será admitido y por eso se ha de abrir la intervención de esta Alzada, ya que el planteo Constitucional que ha realizado el Asesor de Incapaces justifica analizar la decisión que respecto a su intervención en el proceso penal ha realizado el Juez de grado. Se trata de un agravio constitucional suficientes para adentrarnos en el planteo.
II. La menor L.A.B.Y., por su condición de víctima, ve reconocidos y amparados sus derechos en el proceso penal por imperio del art. 83 del Código de rito y su intervención directa al prestar declaración se encuentra especialmente reglada en el art. 102 bis del mismo cuerpo normativo, ello en procura de garantizar y salvaguarda su integridad e intimidad y de evitar la revictimización, molestias o mortificaciones innecesarias.
Por otra parte, la Resolución 99/19 de la Procuración General de la SCBA establece que "En todo proceso donde se investigue la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual que tuvieran como víctima a una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapacidad, el Agente Fiscal deberá dar intervención inmediata al Asesor de Incapaces y al Curador Oficial zonal, en caso de que la persona se encontrase bajo su apoyo o curatela" (Artículo 1) y la Resolución N° 903/12 del Alto Tribunal de la Provincia de Buenos Aires crea el "Protocolo de Recepción de Testimonio de Víctimas/testigos niños, niñas, adolescentes y personas con padedimientos o deficiencias mentales en Cámara Gesell" determina que sea cual sea el ámbito donde se tome conocimiento del hecho se deberá comunicar de inmediato "al Ministerio Público Pupilar (Asesor de menores)" dentro del término de 24 horas o en forma inmediata cuando "el caso amerite la urgencia de las intervenciones, por su gravedad, el estado de desprotección del niño/adolescente y/o si el abuso es extra o intra familiar".
Este último documento, en el apartado B.2-b- dispone que el profesional en psicología que intervenga en la entrevista previa, ante la eventualidad de que considere que el menor está en condiciones de declarar, "le informará acerca del proceso judicial: sus actores, respectivas funciones, dinámicas de acuerdo a la edad y particularidades del caso"; el B.2-e- dispone que "En el caso que el experto advierta que para el caso concreto, resulta conveniente, para un mayor resguardo de la salud psíquica del niño, adolescente o incapaz, que éste sea interrogado directamente en Cámara Gesell por el Fiscal o Juez, así lo hará saber, de manera fundada, al Juez de Garantías" y es el Magistrado quien resolverá el planteo "en atención a la edad de quien deba prestar declaración, su desarrollo cognitivo, el nivel de lenguaje alcanzado, predisposición a hablar y demás información producida" y el B.3-c- que el Fiscal "Hará saber a las partes que deberán elevar al Juez de Garantías las preguntas propuestas para el futuro interrogatorio para que se determine su pertinencia y ordene el pliego definitivo, el que será notificado a las partes, y al perito a fin de su conocimiento para el desarrollo de su labor profesional en la diligencia".
Luego, bajo el título "Metodología de Recepción del testimonio alternativa, para el supuesto previsto en el punto B.2.e" del Presente Protocolo" se dispuso que cuando el Juez de Garantías disponga que el interrogatorio "sea llevado a cabo por la autoridad judicial (Fiscal o Juez) ésta será asistida y acompañada en la entrevista por el psicólogo especialista" y de inmediato añade que "El Juez o Fiscal, previo asesoramiento del psicólogo interviniente, procurará establecer un rapport comenzando a hablar de los hechos de su vida cotidiana permitiendo la narrativa libre, que se sienta cómodo, que pueda expresarse en un ámbito de confianza, no inquisidor, pudiendo responder el entrevistador interrogantes o preocupaciones que manifieste, siguiendo la narrativa libre del niño, la sucesión del pensamiento, evitando preguntas directas, incisivas, reiteradas, sesgadas que lleven a respuestas inciertas, ser pacientes, respetar pautas, silencios, evitar demostrar reacciones emocionales o proyecciones de significado ante la descripción de la conducta abusiva".
Es claro que la SCBA ha decidido que en el contexto de la entrevista, ante dificultades que se puedan suscitar en procura de lograr la verdad objetiva, el rol predominante en el interrogatorio en Cámara Gesell le ha sido asignado al Fiscal o al propio Juez, lo que compatibiliza el interés estatal de garantizar los derechos de los menores víctimas, de hacer lo propio con el imputado, incluso llevando al límite el Sistema Acusatorio que impera en nuestro régimen normativo.
También es claro que el Asesor de incapaces debe velar plenamente por el ejercicio de su ministerio pupilar, garantizar le vigencia y salvaguarda plena de los derechos del menor desde el ámbito de su incumbencia profesional, pero no resulta una alternativa que inicialmente deba tener participación directa en el interrogatorio de la cuestión penal al menor sobre los hechos vividos, siendo incluso lógico que prevalezca en este aspecto otro representante del Ministerio Público, el Agente Fiscal, como titular de la acción penal.
Las tendencias nacionales e internacionales orientadas a tomar medidas directas en situaciones como las que nos convoca no son desconocidas por los Suscriptos, pero la SCBA parece haber previsto esta alternativa, no sólo por la básica posibilidad de que el Asesor de Incapaces canalice sus inquietudes respecto de la búsqueda de la verdad objetiva por medio del Agente Fiscal, sino también por el hecho de que el propio Asesor puede tratarse del "adulto significativo" al que el propio Protocolo autoriza a concurrir cuando el profesional evalúe que es necesario.
Con mayor razón, pareciera que el interrogatorio del Agente Fiscal, ex ante y en la medida que no se den las circunstancias de excepción a las que se aludió en estas consideraciones, garantiza suficientemente las expectativas estatales a las que hemos aludido, quedando en la esfera del Asesor el control en el cumplimiento de los protocolos en salvaguarda de los derechos del menor.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: hacer lugar al recurso de queja, abrir el recurso de apelación y confirmar lo decidido por el Juez de Garantías en relación a la intervención que tendrá el Asesor de Incapaces durante el desarrollo de la Cámara Gesell que se ha fijado en la IPP08-00-027642-22; todo ello en cuanto fuera materia de recurso por parte del Dr. Hugo Andrés Lludgar. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2023 13:38:20 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2023 13:39:34 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2023 13:40:00 - DE LEÓN PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 23/06/2023 13:40:23 hs. bajo el número RR-417-2023 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia