Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 125494
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.494, "Ferrer, Fernando Javier contra Sole, Tomás Alberto. Queja por apelación denegada", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro rechazó el recurso de queja articulado por el incidentista contra la denegatoria del recurso de apelación (v. fallo de 3-XI-2021).
Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 23-XI-2021 y archs. adjs.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En el marco de un incidente de revisión incoado por el señor Fernando Javier Ferrer en la quiebra del señor Tomás Alberto Solé, el juzgado de primera instancia resolvió hacer lugar al incidente e intimar al síndico a elevar a escritura pública la transmisión del inmueble objeto del boleto de compraventa base del proceso, en los términos allí fijados. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal de Alzada (v. sents. de 20-II-2018 y 23-VIII-2018, en archs. adjs. al escrito electrónico de inicio de este expediente de 5-X-2021).
En la etapa de la ejecución de dicha sentencia, en primera instancia se resolvió que debía otorgarse la escritura del inmueble a favor de la sociedad comitente Urbanotec S.A. -conforme el boleto de compraventa- y que resultaba improcedente la pretensión del incidentista de escriturar el bien a su nombre (v. resol. de 14-IX-2021, en arch. adj. al escrito electrónico de fecha 5-X-2021).
Frente a lo así decidido, el accionante articuló recurso de revocatoria y -subsidiariamente- de apelación, los que fueron denegados por extemporáneos y con fundamento en el principio de preclusión procesal. Ello por estar dirigidos contra una resolución que remitía a la sentencia y a las providencias de los días 3 de abril de 2019 -que había dispuesto la escrituración a favor de Urbanotec S.A.- y 17 de abril de 2019 -que había requerido al incidentista que adjuntara la documentación que acreditase lo afirmado por su parte acerca de que la designación de Urbanotec S.A. como comitente había sido dejada sin efecto- (v. resol. de 14-IX-2021; presentación electrónica de fecha 21-IX-2021 y resol. de 24-IX-2021, en archs. adjs. al escrito electrónico de 5-X-2021).
I.2. Ante la denegatoria del recurso de apelación en primera instancia, el actor articuló la presente queja ante el Tribunal de Alzada, la que fue rechazada (v. escrito electrónico de 5-X-2021 y sus archs. adjs.; y fallo de 3-XI-2021).
Para así decidir, en primer lugar la Cámara recordó que el recurso de queja era el remedio procesal para obtener que el órgano jurisdiccional competente, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, revocara la providencia denegatoria de la apelación declarándola admisible.
Luego, señaló que no era recurrible una providencia que remitiese, mantuviese, ejecutase o fuese consecuencia de otra que se encontrase firme y que debió haber sido apelada, entendiendo que eso era lo que acontecía en el caso. Ello así pues el proveído que pretendía impugnarse era consecuencia de lo resuelto en la sentencia de primera instancia que había sido confirmada y de lo ordenado en el auto del día 3 de abril de 2019, lo que impedía renovar el tratamiento de una cuestión ya decidida.
No obstante lo anterior, agregó que el hecho de que en el auto del 19 de febrero de 2020 -reproducido el 30 de marzo de 2020- la magistrada de primera instancia hubiera dispuesto intimar al incidentista para que procediera a escriturar a su nombre no tenía los efectos que este pretendía en sus agravios, pues la decisión portaba un error evidente -similar al del auto del 23 de octubre de 2018- en tanto se apartaba de los términos de la sentencia y del proveído del 3 de abril de 2019.
En ese marco, recordó que la sentencia había resuelto otorgar la escritura pública en los términos fijados en el boleto de compraventa; que en el referido boleto el incidentista había indicado expresamente que compraba en comisión y que había adjuntado la documentación de la cual surgía como comitente la sociedad Urbanotec S.A. Añadió que en el "Otro si decimos" del escrito de verificación el incidentista y la sociedad mencionada habían solicitado, en forma conjunta, que se diera cumplimiento a la obligación de escriturar directamente en favor de la última, teniéndose como efectuada la notificación de la designación del comitente al vendedor mediante la insinuación del crédito respectivo.
Continuó explicando la Cámara que el auto del 3 de abril de 2019 que había revocado al del 23 de octubre de 2018 -en tanto se apartaba de los términos de la sentencia- era el que en definitiva debió haber sido recurrido. Concluyó que, más allá de la mención efectuada por la señora jueza de grado respecto de la extemporaneidad del recurso, la providencia atacada devenía inapelable por ser consecuencia de un auto anterior firme.
II. Se agravia el recurrente denunciando violación del principio dispositivo, de congruencia y de las garantías y derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y propiedad. Alega, asimismo, arbitrariedad.
Sostiene que el pronunciamiento impugnado vulnera su derecho de propiedad al reconocer un derecho a quien nunca llegó a tenerlo consolidado a su favor y que jamás fue parte en el proceso.
Entiende que existió una incorrecta interpretación de la figura "Contrato para persona a designar". Dice que actuó en este proceso por su propio derecho e interés a fin de que se dispusiera el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a su favor. Aclara que la operación fue realizada "en comisión" y que existió la designación del comitente, pero que dicha designación nunca se consolidó porque el vendedor no fue notificado.
En esta línea, afirma que la sociedad comitente decidió retractar su aceptación antes de la notificación al vendedor y destaca que en el pedido de verificación de crédito se incluyó un "Otro si decimos" donde la sociedad prestó conformidad con el pedido de verificación formulado por su parte para que la escrituración fuese otorgada a su favor. Agrega que fue solamente en forma subsidiaria -para el caso de que la sindicatura considerara válida la designación del comitente- que su parte prestó conformidad con una eventual escrituración a nombre de la sociedad comitente.
Indica que, frente a la declaración de inadmisibilidad de su crédito, inició el incidente de revisión actuando en su propio interés. Continúa diciendo que tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia acogieron su pretensión y, según expone, en ninguno de los fallos se identificó con precisión quién resultaba acreedor de la obligación de escriturar. En virtud de ello, evalúa equivocado el pronunciamiento que entendió que se encontraban firmes y consentidas ambas decisiones con relación a la consagración de la sociedad comitente como titular del derecho a obtener la escrituración del inmueble y señala que hubo actos procesales que resolvieron de forma distinta.
Expone que la resolución recurrida viola el principio de congruencia objetivo diciendo que el objeto de este proceso se sustentó en el boleto de compraventa, en la designación del comitente y en la naturaleza jurídica y operatividad del instituto previsto por el art. 1.029 del Código Civil y Comercial que regula el "Contrato para persona a designar". Reitera que no se consolidó el derecho a favor de la sociedad comitente, la cual quedó desvinculada del tema y no participó en el proceso. Agrega que ello es así aun en el supuesto de considerarse la petición efectuada en el "Otro si decimos" debido al desinterés de la sociedad, la falta de consolidación de su derecho, la conformidad con lo peticionado por su parte y su no participación en el proceso.
Insiste en que resulta arbitraria la interpretación de la resolución impugnada. Plantea que la sentencia se hallaba firme porque, según alega, no identificaba a una persona diferente de su parte como acreedora de la obligación de escriturar. Se pregunta entonces por qué debió haberla recurrido. En este orden de ideas, afirma que era impredecible que se consagrara como acreedor de la obligación a un tercero absolutamente ajeno al proceso.
Considera que se encuentra violado el principio de congruencia subjetivo al incluir a una persona distinta del demandante y del demandado que no fue parte en el litigio, que tampoco fue parte del negocio jurídico originario y que expresamente manifestó su desinterés.
Sigue diciendo que la interpretación que asigna el fallo a las sentencias de primera y segunda instancia lo tornan arbitrario porque viola su derecho constitucional de propiedad.
Añade que, al no haberse identificado en la sentencia que el acreedor de la obligación de escriturar fuera un tercero, se omitió resolver o aclarar una cuestión esencial de conformidad con lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Seguidamente, expone que el deber de congruencia guarda relación con el principio dispositivo que tiende a la preservación de las garantías y derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y propiedad. A su vez, sostiene que es arbitraria la sentencia porque se aparta de lo normado por el art. 1.029 del Código Civil y Comercial y soslaya las circunstancias concretas de la causa.
Solicita que se revoque el fallo en crisis y que se disponga la escrituración a favor de su parte.
III. Coincido con la opinión del señor Procurador General en que el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, es necesario reseñar que en el incidente de revisión -expediente principal de esta queja-, en primera instancia y en la etapa de la ejecución de la sentencia que dispuso la escrituración del inmueble en los términos del boleto de compraventa se dictaron diferentes providencias.
Entre ellas las mencionadas en el fallo de la Cámara que viene recurrido: el auto del 23 de octubre de 2018 que indicó que la escritura debía hacerse a nombre del incidentista y la resolución que lo revocó, del 3 de abril de 2019, que ordenó que la escritura debía otorgarse a favor de la sociedad comitente del negocio.
Posteriormente, habiendo informado el incidentista que la designación de la comitente había sido dejada sin efecto, la juzgadora de la instancia de origen le requirió, mediante el proveído del 17 de abril de 2019, que adjuntara la documentación respaldatoria de tal extremo, lo que no fue cumplido (v. resol. de 14-IX-2021, en arch. adj. al escrito electrónico de fecha 5-X-2021).
También en primera instancia se dictó el auto del 19 de febrero de 2020 -que fue reproducido el 30 de marzo de 2020- y al que la resolución del Tribunal de Alzada refirió como portador de un error evidente porque se apartaba de lo resuelto en la sentencia, pues intimaba al incidentista para que escriturara a su nombre.
Finalmente, el 14 de septiembre de 2021 se ordenó la escrituración a nombre de la sociedad comitente. Dicha providencia pretendió ser recurrida por el actor siendo denegado el recurso de apelación y rechazada la queja incoada ante el órgano superior.
Así, mediante la decisión que viene impugnada por esta vía extraordinaria el Tribunal de Alzada desestimó el recurso de queja y denegó, en consecuencia, el recurso de apelación del incidentista contra la resolución de primera instancia que consideró improcedente que se escriturara a su favor.
Cabe destacar que la Cámara sostuvo que era inapelable la decisión que se pretendía impugnar porque remitía a resoluciones anteriores que no habían sido recurridas. Hizo mención a la sentencia y, más concretamente, a la providencia del 3 de abril de 2019 que había ordenado la escrituración a favor de la sociedad comitente.
Luego, la Cámara se preocupó por aclarar que lo decidido en primera instancia al intimar a escriturar el bien a nombre del incidentista contenía un error evidente, ya que se apartaba de la sentencia que había ordenado otorgar la escritura pública en los términos fijados en el boleto, donde el incidentista había consignado que compraba en comisión. Agregó que, con posterioridad, el actor había designado a la sociedad comitente, que ambos en forma conjunta habían solicitado que se diera cumplimiento a la obligación de escriturar directamente a favor de la sociedad y que debía tenerse por efectuada la notificación al vendedor con el pedido de verificación.
Finalizó diciendo que el auto del 3 de abril de 2019 -que había revocado al del 23 de octubre de 2018 que también contenía un error- debió ser recurrido y por ello, la providencia atacada devenía inapelable por ser consecuencia de una resolución anterior firme.
De lo expuesto, surge claro que el argumento central de la decisión de la Cámara para definir que el recurso de apelación era inadmisible fue que el actor no impugnó la resolución que dispuso la escrituración a favor de la sociedad comitente de conformidad con los términos de la sentencia; es decir, que no recurrió el auto del 3 de abril de 2019. Por ello, afirmó el Tribunal de Alzada que quedó firme la cuestión más allá de los errores notorios contenidos en otras resoluciones.
En el recurso en tratamiento ninguna consideración se vuelca a fin de rebatir dicho fundamento esencial de la sentencia. En este mismo orden de ideas, se advierte que el escrito recursivo no contiene un desarrollo argumental tendiente a demostrar que la queja debía admitirse, concederse el recurso de apelación y mandarse a tramitar (conf. arts. 275 y 276, CPCC).
Como se refirió anteriormente, el impugnante denuncia la violación del principio de congruencia, sostiene que el fallo es arbitrario y que viola el art. 1.029 del Código Civil y Comercial y los derechos constitucionales que menciona, sin hacerse cargo -se reitera- de esgrimir una crítica concreta al argumento central del pronunciamiento que intenta atacar; esto es, que resulta irrecurrible un pronunciamiento que remite a otro anterior firme que dispuso que la escrituración debía hacerse a nombre de la sociedad comitente.
Al respecto, cabe recordar que el principio de congruencia -cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio- importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no resulta violado mientras exista el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión del juzgador, pues solo aparecería el quebrantamiento si el argumento decisorio alterara aquella relación (conf. doctr. causas C. 121.773, "D., V. B.", sent. de 26-IX-2018 y C. 122.573, "Lago", sent. de 11-VIII-2020), lo que no ha quedado demostrado en manera alguna por el agraviado.
A su vez, con relación a la invocación de arbitrariedad, es necesario recordar que esta Corte ha puntualizado que el uso de la errada denominación "arbitrariedad", que es una figura propia del recurso extraordinario federal, no es óbice para que se ingrese al estudio de los hechos y de las pruebas si el recurrente despliega argumentos intentando demostrar el vicio lógico en el razonamiento del sentenciante, que en el ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto se denomina "absurdo" (conf. doctr. causas C. 119.845, "Castro", sent. de 12-IV-2017 y C. 122.421, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia ley 12.726", sent. de 13-II-2019).
Ahora bien, se ha precisado que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 121.891, "Aguirre Cruzado", sent. de 17-V-2021 y C. 122.835, "Asociación Civil Seminario Evangélico Interdenominacional de Teología", sent. de 21-III-2022). Además, se ha puntualizado que la discrepancia de criterio no resulta idónea para demostrar de qué forma se habría producido la infracción legal o el absurdo alegado bajo la doctrina de la arbitrariedad (conf. doctr. causas C. 105.018, "Cristofani", sent. de 16-XII-2009 y C. 108.249, "Cuello", sent. de 9-VI-2010).
La mentada insuficiencia recursiva se advierte en la especie, dado que no se esgrimen razones que logren oponerse a los argumentos brindados por la Cámara y a la conclusión a la que arriba (confr. doctr. art. 279, CPCC).
En este sentido, importa señalar que lo expresado por el impugnante, preguntándose por qué debería haber recurrido la sentencia definitiva dado que no identificaba a una persona diversa de su parte como acreedora de la obligación de escriturar y porque resultaba impredecible que se consagrara como acreedor de la obligación a un tercero ajeno al proceso (v. los dos últimos párrafos del título "Violación del principio de congruencia objetivo y su necesaria vinculación con el principio dispositivo"), no ataca el eje central de la decisión, constituyendo en todo caso una mera discrepancia con lo resuelto sin lograr demostrar los vicios e infracciones que denuncia.
Ello así porque ninguna explicación brinda el recurrente sobre por qué no cuestionó idóneamente la providencia del 3 de abril de 2019 que dispuso que la escritura debía otorgarse a favor de la sociedad comitente en términos claros y precisos. Textualmente se dejó allí establecido lo siguiente: "Y como bien lo advierte el síndico, de acuerdo a lo que resulta del instrumento glosado por el incidentista a fs. 24/5, la escrituración deberá efectuarse a favor de la sociedad ‘URBANOTEC S.A’" (proveído de 3-IV-2019 en arch. adj. al escrito electrónico de 5-X-2021).
Asimismo, su argumento dirigido a convencer de que no debió recurrir la sentencia definitiva luce contradictorio, especialmente con lo afirmado más adelante en su escrito recursivo, ya que recién ahora pareciera intentar criticarla aduciendo que omitió resolver o aclarar una cuestión esencial planteada -a favor de quien debía escriturarse- en los términos del art. 168 de la Constitución provincial (v. último párrafo del título "Violación del Principio de Congruencia Subjetiva" del escrito electrónico de 23-XI-2021).
Esta Suprema Corte tiene dicho que en la vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 123.496, "Cohen", sent. de 19-IV-2021 y C. 123.136, "Bonino", sent. de 10-VI-2022). A la vez, se ha señalado que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento y se aparta de la idea rectora de este y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. doctr. causas C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017 y C. 121.891, cit.), tal lo que acontece en el caso.
Así, los agravios volcados resultan palmariamente insuficientes al desentenderse absolutamente del razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada en el fallo en crisis, esgrimiendo el i
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