Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136262
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Darío Fabián Pérez Andiarena (art. 488, CPP).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.262, "Pérez Andiarena, Darío Fabián. Queja en causa 104.982 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 30 de marzo de 2021, rechazó por improcedente la queja presentada por la defensa oficial de Darío Fabián Pérez Andiarena contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul que confirmó el rechazo del cese de la medida de seguridad, así como también el pedido en subsidio de que el nombrado pudiera continuar su tratamiento fuera de la órbita del Servicio Penitenciario.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible.
Contra ello, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del código de rito. Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada el 7 de septiembre de 2022, declaró procedente la queja y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
Caso negativo: ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación, luego de reseñar los antecedentes del caso, desarrolló dos agravios:
I.1. En primer lugar, tachó de arbitrario el fallo por haber realizado una revisión aparente del pedido del traspaso del control de la internación impuesta a su asistido al fuero civil o en su defecto su ejecución en un lugar distinto a la Unidad Penal n° 34 por no garantizarse debidamente el derecho de acceso a un tratamiento digno y lo menos restrictivo posible, solicitando su internación en una clínica fuera de la órbita del Servicio Penitenciario (conf. arts. 7, ley 26.657; 25, CDPD; 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP). En su apoyo, citó el precedente "Casal" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sostuvo que, al mismo tiempo, el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad pues solo se encargó de rechazar el planteo de traspasar la ejecución de la internación al fuero civil y dejó sin respuesta el pedido de que, aun para el caso de continuar el control de la ejecución en el fuero penal, la internación se cumpliera fuera de la institución carcelaria para abordar la problemática psicosocial de su defendido.
Aclaró que "...la defensa no discutió la necesidad de una internación en un ambiente restrictivo, lo que se puso en tela de juicio fue por qué se decidió que ese ambiente deba ser el de una Unidad Carcelaria -como lo es la UP N° 34 de Melchor Romero-. Nunca se solicitó un tratamiento ambulatorio ni el cese de la medida dispuesta".
I.2. Como segundo embate, planteó la errónea interpretación de la doctrina legal de la Corte nacional en el fallo "Antuña" y la violación del debido proceso y de los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad, razonabilidad y tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso (conf. arts. 14, 16, 17, 19, 33, 41, 43 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 7, 8 y 25, CADH; 7, 9, 10 y 14, PIDCP y 12, PIDESC).
Citó un extracto del fallo "Antuña" y señaló que más allá del fuero bajo el cual se cumpla la internación (civil o penal) siempre deben resguardarse los derechos de la persona sobre la que pesa la medida de seguridad en miras a garantizar, de la mejor manera, el derecho a la salud. Con este marco, alegó que se demostró que la internación cumplida por su defendido dentro de la Unidad n° 34 no permite abordar debidamente su problemática psicosocial pues no se le brinda el tratamiento que necesita, todo lo cual se evidencia en el hecho de que a pesar de llevar tres años internado continúa con signo-sintomatología de padecimiento agudo.
Afirmó que tal situación viola los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, defensa en juicio y tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso (conf. arts. cits.).
Concluyó que al no haberse autorizado el cumplimiento de la medida de seguridad en una clínica fuera de la órbita del Servicio Penitenciario, únicamente sobre la base del informe de la Asesoría Pericial y sin ponderar si Pérez evolucionó o no en su tratamiento de salud mental a más de tres años de internación, se violaron las citadas garantías constitucionales.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen de fecha 24-IV-2023).
III. Resulta innecesario entrar a considerar la justeza del reclamo pues los agravios de pretensa índole federal desarrollados por la defensa oficial devinieron abstractos, conforme se explicará a continuación (conf. art. 488, segundo párr., cód. de rito —según ley 11.922 y sus modif.—).
Veamos.
III.1. Tal cual surge de la reseña efectuada en los antecedentes del caso, el Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de marzo de 2021, rechazó —por improcedente— la queja presentada por la defensa oficial; siendo esta la decisión que llega impugnada ante esta Suprema Corte.
En dicho pronunciamiento, en lo que aquí importa, luego de citar jurisprudencia relativa a las medidas de seguridad, afirmó que las críticas formuladas por la defensa no podían prosperar pues —a su entender— la Cámara dio motivos suficientes para descartar el pedido de internación de Pérez Andiarena fuera de la órbita del servicio penitenciario, argumentos que la parte no logró remover.
Por otra parte, señaló que "...las instancias departamentales [...] deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo de Actuación para Supuestos de Personas Incapaces de Culpabilidad en Conflicto con la Ley Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires".
Concluyó que "...si bien del legajo no surge el límite temporal de la medida de seguridad impuesta, se deberá obrar conforme los argumentos expuestos más arriba y los lineamientos dados por la SCBA en el P. 126.897".
Por todo lo expuesto, rechazó la queja por improcedente, sin perjuicio de lo cual, dispuso la remisión de copias de lo resuelto al Juzgado de Ejecución y a la Cámara.
III.2. Con posterioridad a dicho pronunciamiento casatorio (resol. de 30-III-2021) y a la presentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen (deducido el 5-III-2021), la defensa oficial de primera instancia renovó su pretensión al efectuar pedidos posteriores en idéntico sentido (conf. compulsa MEV).
Con fecha 13 de junio de 2022, la defensa oficial, sobre la base de nuevas pericias producidas respecto de su asistido, reiteró ante el Juzgado de Ejecución Penal n° 2 del Departamento Judicial de Azul, la solicitud del cese de la medida de seguridad y —en subsidio— la internación fuera del Servicio Penitenciario, advirtiéndose que mantuvo esta petición en la vista evacuada el 24 de agosto de 2022.
Frente a ello, el Juzgado de mérito, mediante resolución dictada el 9 de septiembre de 2022, rechazó la petición de la defensa por considerar que la medida de seguridad impuesta a Pérez Andiarena debía continuar en el tiempo y cumplirse dentro de la Unidad Penal n° 34 (causa n° 3.693).
Contra lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso de apelación (19-IX-2022).
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, mediante sentencia dictada el 28 de marzo de 2023, rechazó la impugnación. Sin perjuicio de ello, recordó a la jueza de grado la necesidad de cumplir con el "Protocolo de Actuación para Supuestos de Personas Incapaces de Culpabilidad en Conflicto con la ley Penal", en particular lo previsto en el apartado III.
La defensa oficial, con fecha 5 de mayo de 2023, articuló recurso de casación.
La Cámara lo desestimó por inadmisible (resol. de 26-VI-2023).
Por otra parte, cabe destacar que como consecuencia de la recomendación que efectuó la Cámara al Juzgado de Ejecución, vinculada con la necesidad de cumplir con el punto III del "Protocolo de actuación para supuestos de personas incapaces de culpabilidad" de esta Suprema Corte —también efectuada con anterioridad por el Tribunal de Casación en la decisión aquí impugnada; v. punto III.1. del presente—, el juzgado de mérito fijó el correspondiente tope máximo de duración a la medida, primero en veinte años y luego, como consecuencia del recurso de apelación deducido por la defensa —declarado procedente—, lo readecuó en quince años (v. cómputo de fecha 5-IV-2023; sent. de la Cámara de fecha 26-X-2023; nuevo cómputo de fecha 15-XI-2023).
IV. En razón de lo expuesto, el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad articulado contra la sentencia casatoria de fecha 30 de marzo de 2021 perdió virtualidad toda vez que, con posterioridad, la defensa oficial de primera instancia, sobre la base de nueva prueba pericial, renovó su pretensión (pedido formulado el 13-VI-2022) y el juzgado de mérito dictó un nuevo pronunciamiento judicial en el que la rechazó (resol. de 9-IX-2022; v. punto III.2.).
Cabe destacar que este último decisorio modificó el cuadro de situación jurídico del accionante pues si bien Pérez Andiarena no obtuvo el cese de la medida ni la modificación en su modalidad de ejecución (internación fuera del SPB), lo cierto es que las condiciones fácticas que originaron la presente impugnación se modificaron.
Por todo lo expuesto, resulta inoficioso el abordaje del recurso en los términos en que fue interpuesto (conf. art. 488, CPP).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión previa también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Dado el modo en que fue resuelta la cuestión previa, no corresponde que me expida en la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada en igual sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Darío Fabián Pérez Andiarena (art. 488, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:14:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:41:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 15:10:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:21:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:26:20 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 10:53:30 hs. bajo el número RS-96-2025 por SP-CATALDI MARIA VICTORIA.
Fin de la sentencia