Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136881
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.881, "D'Gregorio, María Laura E. -Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal- S/ Queja en causa 108.238 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a T., E. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El 17 de junio del año 2020, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, declaró -en el marco de un acuerdo abreviado- a E. A. T. autor responsable de los delitos abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de parentesco y ser contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo (hecho 1); abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 2); y abuso sexual con acceso carnal (hecho 3); todos en concurso real entre sí.
Asimismo, le impuso un (1) año de tratamiento penal reeducativo a partir de la firmeza y difirió la aplicación de pena acordada a ser aplicada para la oportunidad prevista en el art. 4 incs. 2 y 3 de la ley 22.278.
La defensa oficial interpuso un recurso de casación y, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento dictado el 29 de marzo de 2022, hizo lugar parcialmente al planteo. En consecuencia, casó el auto y recalificó los hechos 1 y 3 del que resultaran víctimas A. T. y M. E. respectivamente, como abuso sexual gravemente ultrajante.
Contra ese pronunciamiento, la señora Fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 11-V-2022), que fue declarado inadmisible por resolución del 7 de junio de 2022.
Frente al recurso de queja deducido por la señora Fiscal (v. presentación digital de 23-VI-2022), esta Suprema Corte admitió la presentación directa y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que la arbitrariedad fáctica y por fundamentación aparente, vinculadas también al valor probatorio de los testimonios de las víctimas de abuso sexual infantil, se desarrollaron prima facie con la suficiencia y carga técnica necesarias y guardaban relación directa con lo decidido (v. resol. digital de 9-V-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 8-XI-2023), dictada la providencia de autos el 9 de noviembre de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, la señora Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció absurdo y arbitrariedad por: fundamento aparente, apartamiento de las constancias de la causa y valoración de prueba en forma parcial, fragmentada y contradictoria en cuanto se tuvo por probada la materialidad ilícita de los hechos I y III (en ambos casos abuso sexual con acceso carnal), a la vez que hubo omisión de valorar circunstancias de hecho debidamente acreditadas y decisivas para la correcta solución del pleito.
Seguidamente, hizo una reseña de los hechos que tuvo por acreditados el juez de Responsabilidad Penal Juvenil, como así también de los elementos de prueba que se tuvieron en cuenta.
Afirmó que, sobre la base de los testimonios pormenorizados de los menores, robustecidos por el resultado de las pericias psicológicas, se concluyó en un veredicto condenatorio sobre los sucesos I y III por los delitos de abuso sexual con acceso carnal.
I.1. Sentado ello, sostuvo que se incurrió en arbitrariedad por ausencia de motivación, en tanto se resolvió que las declaraciones de las víctimas A. T. y M. E. no resultaron demostrativas de que hubiesen sufrido penetración durante tales hechos de abuso, sin explicar por qué, si uno de los niños sintió dolor y sangró, tales afirmaciones no fueron consideradas para arribar a la conclusión de que no hubo -al menos- una penetración parcial.
Criticó también el argumento utilizado por el Tribunal de Casación para restarle valor convictivo a las declaraciones de los menores, referido a los resultados de ambos reconocimientos médicos legales en los que se concluyera en la falta de signos y/o lesiones genitales compatibles con indicadores de abuso sexual, refiriendo que resultó absurda la conclusión por la que se otorgó valor dirimente a dichos reconocimientos.
También consideró absurdo el valor que se le otorgó a los "RML" sin considerar lo expresado por el juzgador inferior, respecto al tiempo transcurrido desde los hechos perpetrados y la realización de tales experticias; estimación que según la recurrente estuvo en línea con lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa P. 122.143, "Altuve, Carlos Arturo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 47.988 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a M.E.G.".
Tachó de dogmática la afirmación respecto a que las pericias psicológicas no arrojaron luz acerca de la existencia de penetración y que ello se compadecía con la falta de lesiones compatibles con los accesos carnales, pues, a su modo de ver, el tribunal casatorio no brindó una explicación lógica que sustentara esa postura.
I.2. Por otro lado, volvió a denunciar arbitrariedad por omitir la ponderación de elementos de prueba corroborantes de las declaraciones de los menores, ya que no realizó una referencia conglobada junto con las pericias psicológicas que conformaban el plexo probatorio -corroboraciones periféricas que dieran sustento a las fundamentales declaraciones de las víctimas- conforme la doctrina de esta Corte que cita (causa P. 122.143, cit.).
Postuló que el tribunal revisor dejó de lado las declaraciones de la tía de A., del primo del imputado, de la víctima del hecho II y de la mamá de M..
I.3. Por último, sostuvo que el fallo recurrido era arbitrario por apartamiento de la doctrina y jurisprudencia que rigen en la materia con relación a las reglas y criterios sobre valoración probatoria en delitos contra la integridad sexual; debido a que el revisor incurrió en contradicción al valorar el testimonio de la menor L. M. (hecho II).
Citó normativa internacional en torno a las investigaciones cuyo objeto radica en el esclarecimiento de ilícitos perpetrados en desmedro de la libertad sexual, y que el testimonio de la víctima se presentó como central para probar el injusto, dado el ámbito íntimo en cuyo interior los mismos suelen consumarse.
Destacó también la existencia de otros instrumentos como las Guías de Buenas Prácticas o Protocolos de Intervención establecidos por organismos con competencia relevante en la materia, de los cuales pueden extraerse estándares diferenciales que deben ser aplicados en el proceso que tiene por víctimas a niñas y niños.
Por todo ello, refirió que al haberse descreído de manera arbitraria de los dichos de las víctimas el tribunal casatorio se apartó de las reglas de la experiencia, el sentido común y la enseñanza de la psicología en la evaluación de este tipo de hechos, a la par que desconoció la normativa internacional de rango constitucional (arts. 1, 19 y 34, CIDN) y la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Afirmó que las víctimas brindaron un relato claro y locuaz de lo sucedido -en lo que aquí interesa, con detalle de la penetración anal sufrida por ambos-, expresando circunstancias precisas de lugar y de oportunidad e indicaron a E. T. -hermano y primo respectivamente de los menores víctimas- como el autor de los abusos sexuales con acceso carnal. Y que sus dichos debieron ser valorados con el resto de las pruebas obrantes en el expediente (declaraciones de R. N. E., S. C. E., T. B. M., L. M., pericias psicológicas) a los fines de tener por debidamente acreditados los hechos tal como sucedieron (con acceso carnal vía anal).
Concluyó que mediante la articulación del presente recurso de inaplicabilidad de ley pretende que, una vez declarada su procedencia, se deje sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, se asuma competencia positiva y se restablezca el veredicto condenatorio para E. A. T. conforme la significación jurídica que el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Dolores diera a los hechos I y III (abuso sexual con acceso carnal).
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. dictamen digital del 8 de noviembre de 2023). Coincido con su temperamento.
III. A fin de ilustrar adecuadamente el sentido de lo que se está expresando, cabe realizar una breve reseña de los antecedentes del caso.
III.1. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Dolores, en virtud del acuerdo de juicio abreviado arribado entre el Ministerio Público Fiscal del Joven, el señor defensor oficial y el encausado T. E. A., estimaron correcta la calificación legal de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de parentesco y ser contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo (hecho I); abuso sexual gravemente ultrajante (hecho II); y abuso sexual con acceso carnal (hecho III), todos en concurso real entre sí (art. 55, Cód. Penal), y la pena de siete (7) años de prisión de efectivo cumplimiento sujeto a un año de tratamiento, haciendo uso de la reducción prevista en el art. 4 de la ley 22.278.
El señor juez de la especialidad resolvió, con fecha 17 de junio de 2020, declarar penalmente responsable al nombrado, de conformidad con el acuerdo arribado.
III.2. Contra ello, dedujo recurso de casación el señor defensor oficial y, en lo que interesa destacar para el caso, respecto del hecho I, sostuvo que no se pudo acreditar el acceso carnal del menor víctima A. T.. Con relación al hecho III -víctima M. E.- también denunció al igual que respecto del suceso I la no acreditación del acceso carnal.
Concluyó en que -como mínimo- debió haberse generado la duda en favor de su asistido, por lo que consideró afectada la garantía del "favor rei".
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el 29 de marzo de 2022, hizo lugar parcialmente al recurso y recalificó los hechos I y III como abuso sexual gravemente ultrajante (v. reseña de antecedentes en acápite I de la presente).
En lo que importa, en el apartado "II.a" de su sentencia, comenzó con una reseña de los hechos acreditados del siguiente modo: "...sin poder precisar hora y fecha exacta pero siendo en el margen horario tarde-noche, del año 2016 en época invernal cuando el niño A. T. (nacido el 21 de enero de 2008) contaba con 8 años de edad, T. E. A. (nacido el día 29 de enero de 1999), hermano de la víctima, en el domicilio sito en la calle … nro. … de General Madariaga, donde ambos habitaban con el grupo familiar, más precisamente en el dormitorio de A., previo acostarse en la cama detrás del menor, desvestirse y sacarle la ropa, ejerciendo para ello tanto violencia física sobre el niño, tomándolo de las dos manos para que no pueda defenderse, como violencia moral, lo accedió carnalmente vía anal, logrando la víctima hacerlo cesar con dicha actitud, al aplicarle un codazo en la cara lastimándole la boca..." (hecho I) ; "...sin poder precisar fecha pero con posterioridad al 01 de mayo de 2015 y previo al 01 de mayo de 2016, en horas del mediodía, al menos unas cuatro veces en ese lapso de tiempo, E. T., primo del joven M. E. -quien contaba a esa fecha con 11 años de edad-, en el interior del galón en el que el sujeto habitaba, sito en calle … N° … al fondo de la ciudad de Gral. Madariaga, lo accedió carnalmente vía anal, ejerciendo a su vez para ello tanto violencia física sobre el niño, doblándole el brazo y tomándolo del cuello, como violencia moral, refiriéndole que si hablaba contaría a sus amigos lo que sucedía y diría que era gay..." (hecho III) .
Destacó que el sentenciante de origen había tenido en cuenta las declaraciones de las víctimas A. T. y M. E. quienes imputaron directamente a E. T.. A su vez, consideró que, del caudal probatorio valorado por el juzgador, resultaba claro que los abusos denunciados efectivamente existieron. Sin embargo, aclaró que, del plexo probatorio no surgía fehacientemente el acceso carnal por el cual se lo declarara responsable a T..
III.4. En primer lugar, se refirió al hecho I y destacó que la víctima A. T., en su declaración en Fiscalía acompañado por la licenciada en psicología Claudia Daguerre junto a la representante de la Asesoría de Incapaces, que: " Que él estaba con el T. y como vio que E. no se iba a acostar a él le dio miedo y se encerró. Que eso fue cuando iba a primer grado, siendo época de clase haciendo frío, después de las vacaciones de invierno. Preguntado qué es lo mismo que le hizo a su primo, refiere que le puso la cosa atrás, le apoyó la cosa. Que él estaba acostado y le puso la cosa atrás. Que él lo había violado. Que él se pone atrás se tapa él y luego al dicente, lo agarró con la ropa, le dejó la ropa puesta mientras él tenía la ropa puesta, fue a cortar el hilo que ató la cadena, las desató y se vino a la cama con él [...] Preguntado que es el coso que le puso, refiere que es el pene, que él tenía la ropa puesta, pero le corrió el calzón y le puso el coso [...] que ahora que recuerda se bajó la ropa de él y del dicente, le metió el pene en la cola de atrás, mientras estaba detrás de él, sintió que le metió el pene en la cola, no le dolió pero el dicente le pegó un codazo y lo lastimó. Que luego E. le mostró que le salía semen del pene [...] Agrega que a los ocho años sabe que lo agarró, que a los seis no fue ya que él en esa época le daba miedo. Que fue cuando tenía ocho años cuando iba a tercer grado ..." (el destacado figura en el original).
El Tribunal de Casación destacó a su vez, que del reconocimiento médico legal realizado al menor por la doctora Mariana Ribé, perito médico del Cuerpo Técnico Auxiliar de Responsabilidad Penal Juvenil, surgió lo siguiente: "... Del examen físico realizado a T., A. L. de 11 años de edad, pre-adolecente, se puede concluir que presenta parámetros clínicos semiológicos acordes a su sexo y edad. Sin Patologías clínicamente evidenciables. Del examen genital: Se puede determinar que al momento del examen no se advierten signos y/o lesiones en genitales (genitales externos y región anal), paragenitales ni extragenitales compatibles con indicadores físicos de abuso sexual. Según la clasificación de uso para víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI) se corresponde con la Categoría o Clase 1: Sin datos de abuso sexual infantil. Examen genital normal. (Recordar que la ausencia de signos físicos no invalida la posibilidad de ASI) ..." (el destacado figura en el original).
III.5. Respecto del hecho III, tuvo en cuenta también que el menor M. U. E. había manifestado: " Que quien declara era muy chiquito, que su mamá trabajaba en el Center Play en Pinamar, que tenía siete quien declara, que quedaba a cargo de E., que E. tiene ahora 20 y quien declara 15, que es cinco años más grande que quien declara, que él en esa época tenía 12 [...] Que él iba y quien declara estaba durmiendo y ahí empezaba, que a veces lo amenazaba y otras no, que quien declara le decía que no, y otras veces le pegaba [...] que se le ponía en la espalda, que luego lo obligaba a acostarse boca abajo, que le sacaba la ropa, que le intentaba pegar, que le doblaba e brazo y lo sometía, que él también se sacaba la ropa, que lo que hacía era ponerle el miembro en el ano, que lo violaba, que muchas veces intentó ponérselo en la boca pero no llegaba porque quien depone se defendía mejor, porque cuando estaba acostado le doblaba los brazos y no se podía defender que iba a poder hacer él, que cuando estaba de frente se podía defender mejor por eso nunca le pudo poner el pene en la boca [...] Que esto ocurría dos o tres veces por semana, que esto pasó de los siete a los nueve años. Que luego cuando quien depone tenía once años volvió a pasar unas cuatro veces [...] Que ya había cumplido los once años que lo hizo el primero de mayo, que recuerda que cuando volvió a pasar estaba con un pantalón azul y una remera de Barcelona [...] que fue tranquilo como iba siempre al mediodía a la casa de E. al galpón y allí él lo volvió a someter, que intentó irse ya estaba casi saliendo del galpón y lo manoteó del brazo y lo agarró fuerte y le volvió a hacer lo mismo, que lo llevó adentro, lo tomó del cuello, lo apretó fuerte, le sacó la ropa y lo violó de nuevo, que le dolió mucho, que cuando iba al baño le salía sangre ..." (el destacado figura en el original).
Señaló que el informe médico realizado al menor dio cuenta de que: "... Del examen físico realizado a E., U. M. de 15 años de edad, adolescente, se puede concluir que presenta parámetros clínicos semiológicos acordes a su sexo y edad. Del examen genital: Se puede determinar que al momento del examen no se advierten signos y/o lesiones en genitales (genitales externos y región anal), paragenitales ni extragenitales compatibles con indicadores físicos de abuso sexual. Examen genital normal. Nota: Examen genital normal: Recordar que la ausencia de signos físicos, indicadores o lesiones o examen genital normal o examen físico/genital negativo, no invalida la posibilidad de ASI ..." (el destacado figura en el original).
III.6. Sentado lo anterior, el tribunal revisor consideró que el relato de los menores se halló corroborado no solo por los "RML" realizados sobre ellos, sino también por las denuncias formuladas por S. C. E. -madre de M.-; R. N. E. -tía de A. T.- y las pericias psicológicas. Que todo ello fue determinante para concluir en la acreditación de los abusos sexuales adjudicados al imputado, aunque afirmó que, de ese plexo probatorio, no surgieron de modo fehaciente los accesos carnales por los que fuera condenado y declarado responsable con la certeza que exige un pronunciamiento de ese tipo.
Luego de hacer referencia a la pacífica doctrina y jurisprudencia respecto a que "...el acceso carnal consiste en la penetración del órgano masculino en el cuerpo de la víctima, con el propósito de practicarle coito, siendo indiferente que la penetración sea total o parcial, que se produzca o no desfloración o que se llegue o no a la eyaculación" .
Afirmó que ello no estaba demostrado desde que A. T. había manifestado que el imputado le había puesto el "coso" o pene atrás, que no le dolió y que luego le mostró que le salía semen. Mientras que, por el lado de M. E., este había declarado que en el galpón, T. lo apretó fuerte agarrándolo y lo "violó", que le dolió mucho y luego le salió sangre en el baño.
A juicio del Tribunal de Casación, estas declaraciones no pudieron ser demostrativas de que hayan sido penetrados. Agregó que ambos reconocimientos médicos legales concluyeron que no se advertían signos y/o lesiones en genitales (genitales externos y región anal) compatibles con indicadores físicos de abuso sexual; y que, si bien la ausencia de signos físicos no invalidaba la posibilidad de "ASI", es decir no descartaban la posibilidad de penetración por esa vía, tampoco la confirmaba.
Adunó a lo expuesto que, las pericias psicológicas sólo revelaron la veracidad en los dichos de las víctimas, pero no arrojaron luz acerca de la existencia de penetración que se correspondió con la ausencia de lesiones compatibles con los aludidos accesos. Explicó que si bien estaba claro que las situaciones abusivas se comprobaron, al momento de establecer la calificación legal no existía medio probatorio alguno que acreditara fehacientemente el acceso carnal. Consecuentemente, casó el encuadre legal para los hechos I y III en los térmi
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