Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133298
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 133.298-RC, "Altuve, Carlos Arturo, Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires s/ queja en causa n° 49.832 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 10 de febrero de 2015, por mayoría, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza que condenó a Ezequiel Martín Páez a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma fuego y lo absolvió respecto del delito de homicidio ciminis causae (v. fs. 66/72).
Contra lo así decidido, el señor fiscal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido por la mencionada Sala III con fecha 7 de julio de 2015 por estimar que se planteó de modo suficiente la afectación del debido proceso y la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba (v. fs. 83/84).
Con fecha 25 de noviembre de 2019, la secretaria de dicho órgano jurisdiccional, doctora Andrea Karina Echenique, informó que con posterioridad a la admisibilidad del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, el expediente no fue remitido a esta Corte sino que fue devuelto a la instancia. En función de ello, el señor juez Borinsky ordenó la extracción de copias, la formación de actuaciones administrativas y la remisión a la Presidencia del Tribunal para su sustanciación; cumplido ello, dispuso la remisión de las actuaciones a esta Corte (v. fs. 106).
El 9 de diciembre de 2019, esta Corte tuvo por recibidas las actuaciones y, sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 106, se ordenó la extracción de copias y su remisión a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte a sus efectos (v. fs. 109).
Oído el señor Procurador General a fs. 111/117, presentada la memoria a fs. 124, dictada la providencia de autos a fs. 119 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de de Lázzari dijo:
I. El fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, denunció arbitrariedad por fundamentación aparente de la sentencia que impugnó (v. fs. 74/80).
Recordó que el tribunal revisor, mediante el voto mayoritario del señor juez Violini, consideró que existía un estado de duda insuperable en lo que respecta a la demostración de la tipicidad subjetiva del delito de homicidio criminis causae por considerar que aun teniendo por cierto los dichos de la testigo Rodríguez que escuchó decir "tirá" (en relación a que se disparara el arma de fuego que portaba el coautor), dicha expresión resulta ambigua. Indicó que, para el a quo, frente a tales manifestaciones se contraponen los dichos del acusado, no existiendo ningún otro elemento de prueba para superar el estado de duda. Por tales razones, la Casación resolvió que el testimonio único de Rodríguez carecía de suficiencia legal y constitucional para sustentar una condena (v. fs. 77).
Sentado ello, la fiscalía explicó que la decisión se sustentó en dos argumentos: a) la ambigüedad de la expresión "tirá" a los fines de probar la intencionalidad homicida en cabeza del encartado -y no, eventualmente, la de solo lesionar o intimidar- y b) la insuficiencia legal y constitucional de un único testimonio para fundar un fallo de condena (v. fs. 77 vta.).
A continuación, destacó que el tribunal de mérito tuvo por demostrado el delito contra la propiedad principalmente con el testimonio de Rodríguez por lo que -a su entender- resulta contradictorio no otorgarle igual mérito en lo que concierne al de homicidio (v. fs. cit.). Explicó que resulta arbitrario tener por ciertos los dichos de la nombrada para tener por demostrada la utilización de armas de fuego en el robo "...ello pese a la negación del encartado, circunstancia que fue considerada por el tribunal criminal como utilizada para ubicarse en una mejor situación procesal y desmerecer los dichos de la testigo en cuanto escuchó decir a uno de los agresores 'tirá', por el solo hecho de que el encartado lo niega" (el destacado figura en el original; fs. 78 vta.). Frente a ello, el recurrente destacó que respecto del robo, la prueba de la utilización del arma de fuego se fundó exclusivamente en la declaración de Rodríguez, pese a la negación del imputado. "Sin embargo, y de modo absolutamente incoherente el tribunal de origen consideró que en torno al ilícito contra la vida, los dichos de Rodríguez ya no eran suficientes a los fines de fundar la condena por no resultar contundentes y carecer de una apoyatura probatoria que los refuerce" (fs. 78 vta.).
Alegó que dicha afirmación resulta arbitraria pues no explicitó de modo coherente las razones por las que el testimonio de Rodríguez carecía de suficiente valor convictivo a los fines de probar el elemento subjetivo requerido por la figura penal prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal cuando esa misma prueba fue utilizada para tener por acreditado el delito contra la propiedad (v. fs. 79).
Asimismo, tachó de arbitraria la calificación de "ambigua" de la expresión "tirá" que la testigo Rodríguez dijo haber escuchado pues esto se aparta de las constancias de la causa y resulta consecuencia de un análisis descontextualizado de la misma. Puntualizó que "...si se aprecia que los dichos escuchados por Rodríguez fueron espetados por Páez luego de haber cometido un robo con otro sujeto que se encontraba portando un arma de fuego en oportunidad en que eran perseguidos por el damnificado y encontrándose ambos a corta distancia del mismo [...] la pretendida ambigüedad de la frase 'tirá' se desvanece prontamente y cabe preguntarse ¿qué otro sentido puede darse a la frase vertida por el imputado a instantes de cometido el robo hacia quien lo acompañara en el desapoderamiento y portara un arma de fuego en ocasión en que eran perseguidos por la víctima" (fs. 77 vta. y 78).
Por todo lo expuesto, afirmó que el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad y afectó el debido proceso y el principio de racionalidad de los actos republicanos de gobierno (art. 18, Const. nac. -v. fs. 79 y vta.-).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso es procedente.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, se hará una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. La sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza tuvo por debidamente probado que "...el día 8 de junio del año 2008, en el cruce de las calles [...] dos sujetos de sexo masculino, uno de ellos menor de edad, desapoderaron ilegítimamente a Raúl Alberto Romero de al menos un DNI -duplicado-, y a fin de asegurar su cometido ilícito y procurar su impunidad, el sujeto menor de edad efectuó al menos un disparo de arma de fuego contra la humanidad de la víctima, el que impactó en su cabeza ocasionándole una herida de tal magnitud que le causó su deceso" (fs. 11 vta. y 12).
Sentado ello, en lo que respecta a la participación de Páez -joven de 19 años de edad al momento del hecho- (conf. art. 371 inc. 2, Cód. Penal), afirmó que resultó coautor del robo calificado por el uso de arma de fuego y lo absolvió respecto del delito de homicidio criminis causae (v. fs. 16/28).
En lo que aquí interesa, en lo que respecta a la utilización del arma de fuego en el delito de robo, descartó los planteos de la defensa y afirmó que dicha agravante se acreditó debidamente. En tal sentido, indicó que "...el acusado manifestó no haber visto el arma utilizada -evidentemente para colocarse en una mejor situación procesal-; y digo utilizada, desde el momento en que lo doy por acreditado con los dichos de la testigo Gladys Alejandra Rodríguez, quien manifestó que uno de los sujetos ya venía corriendo con un arma en la mano cuando eran perseguidos por la víctima, quien les reclamaba la devolución del documento, como así también el disparo de arma de fuego que impactó en la humanidad de Romero, lo que no sólo viene a acreditar la utilización del arma, sino también la aptitud de la misma, sin perjuicio de que sea o no la misma que fuera secuestrada con posterioridad" (fs. 24 vta. y 25). Por tales motivos, estimó que se demostró la participación activa de Páez en el robo cometido mediante la utilización de un arma de fuego (v. fs. 25).
En lo que respecta al delito de homicidio criminis causa afirmó que no se pudo comprobar la coautoría "...desde que no se ha logrado demostrar su dolo o voluntad de quitar la vida a la víctima de autos" (fs. 25). Computó que Páez declaró "...no tener nada que ver con ese homicidio" y, frente a tal afirmación, sostuvo que "Creíble o no, dicha versión debe contrarrestarse para acreditar su participación; y en el contexto del debate solo han surgido como elementos incriminantes las expresiones de la testigo Alejandra Gladys Rodríguez, quien manifestara que uno de los dos sujetos que corría hacia su lado, gritó 'tirá', y bien, como apreciara el Sr. Fiscal, si uno de ellos dijo 'tirá' y otro es el que pose[ía] el arma y dispar[ó], lo cierto es que debe entenderse que quien dijo 'tirá' es el restante sujeto, es decir, el imputado..." , ya que quedó establecido que quien disparó fue el menor Martín Ezequiel Bravo (v. fs. 25 y vta.).
Sin embargo, al valorar el testimonio de Gladys Rodríguez el tribunal indicó que carecía de apoyatura para justificar la intención de Páez de matar a la víctima, "...más aún cuando no resultó muy locuaz al referir sobre el extremo indicado en el párrafo anterior; tal es así que en momento de su relato se le solicitó la aclaración para que diga cuáles fueron las palabras emitidas por uno de los desconocidos, si 'esta cerca', 'tirá' o 'ahí viene', ello en virtud -como se dijera más arriba- de que a lo largo de su deposición refirió estas diferentes alternativas, expresando la testigo textualmente 'uno le dijo al otro, tirá ahí viene, como le dijo no estoy segura'" (fs. 25 vta.).
A partir de ese argumento, el tribunal entendió que "No resultaría para nada prudente tener certeza de la participación del imputado en un homicidio, cuando la única testigo que pudo aportar algo en concreto no está segura de sus dichos" (fs. 25 vta. y 26; el destacado me pertenece).
De seguido, se ocupó de las que consideró diferencias entre las figuras del art. 165 del Código Penal y la contemplada en el art. 80 inc. 7 del mismo, para apuntar que el encuadre en el homicidio criminis causae "requiere de un dolo directo de conducta homicida que bajo ningún aspecto ha quedado demostrado respecto de Páez".
Concluyó, entonces, que no se pudo establecer con la certeza necesaria que la acción dolosa de Páez haya ido más allá de robar, objetivo previamente acordado del desapoderamiento a la víctima de sus pertenencias, no habiéndose acreditado en modo alguno el dolo homicida (v. fs. 27).
En suma, afirmó que no puede sostenerse que Páez sea coautor del homicidio criminis causae "...sobre un componente subjetivo de eventualidad que no resulta compatible con la conexidad causal que afirma la Fiscalía en cuanto a la voluntad homicida del mismo [...] la actuación del encartado se limitó a lo ocurrido en el delito contra la propiedad, donde sí puede afirmarse que tuvo un rol ejecutor (coautor) en el robo, hasta allí agravado por el uso de armas, aunque no aparece por no venir adecuadamente acreditado, de qué modo podría considerárselo como codominante del curso causal desarrollado en el evento posterior [...] el testimonio de Gladys Rodríguez que podría dar una pauta en tal sentido, no ha sido muy contundente y ha carecido de una apoyatura probatoria para reforzar esa hipótesis" lo que a su entender conduce a una duda insuperable (v. fs. 27 vta.).
III.2. Por su parte, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 10 de febrero de 2015, por mayoría, rechazó el recurso fiscal que requirió el encuadre en el art. 80 inc. 7 del Código Penal.
III.2.a. El voto del señor juez Violini, al que adhirió el señor juez Sal Llargués, destacó que el hecho que se tuvo por probado y que llegó indiscutido consiste en que "...el imputado junto a otro sujeto menor de edad, se apoderaron ilegítimamente del documento de identidad de Raúl Alberto Romero, como así también que a efectos de procurar su impunidad, el menor efectuó al menos un disparo con un arma de fuego contra el damnificado, el que impactó en su cabeza y produjo su deceso". Indicó que el recurso fiscal se centró en el modo en que se valoraron los dichos de Gladys Rodríguez (v. fs. 67).
Aclaró que "El punto de divergencia, entonces, es sólo la tipicidad subjetiva en orden al delito de homicidio, pues el justiciable manifestó haber aceptado la propuesta de robar al damnificado, y haber advertido que el menor portaba un arma sólo después de logrado el apoderamiento cuando ya emprendían la fuga y observaban que la víctima los perseguía; manifestó que ante tal constatación, siguió corriendo, escuchando luego el disparo, y que efectivamente, ambos estuvieron luego en su casa. Por último, relató que, anoticiado por su consorte de que había 'bajado' al damnificado, interpretó dicha frase en el sentido de que lo había herido, enterándose luego en la sede preventora del fallecimiento" (fs. 68).
De seguido, afirmó que la sentencia de mérito resulta acertada pues "...aun teniendo por cierto que la testigo Rodríguez escuchó decir 'tirá' [...] dicha expresión resulta ambigua en un punto esencial, esto es, la intencionalidad del hablante, pues puede indicar la intención de que se tire para matar, pero también para lesionar, o aún solo para intimidar a la víctima y lograr que desistiera de la persecución, por lo que en ausencia de otra prueba, cualquiera de las tres interpretaciones sería posible" (fs. 68 y vta.).
Agregó que "...frente a dicho testimonio que afirma que esas palabras se pronunciaron se alza la versión del encartado, que niega haberlas proferido, no existiendo ningún otro elemento, ni siquiera indiciario, que permita dirimir la cuestión a favor de una u otra versión" (fs. 68 vta.).
Concluyó que el plexo probatorio reunido se reduce a una testigo que afirma que el encartado pronunció una orden (en cierto sentido ambigua), que este niega, y sobre este solo elemento se pretende la imposición de la pena de prisión perpetua (v. fs. cit.).
Trajo a colación la regla prevista en el art. 151 del Código de procedimiento y refirió que de ella puede extraerse que no es posible imponer una pena con base en un único testimonio. Aclaró que no debe confundirse la "...'credibilidad' que pueda tener el testigo con la suficiencia 'legal' y 'constitucional' de un plexo probatorio sustentado únicamente en un solo testimonio a los efectos de pronunciar condena" (fs. 69).
Por último, manifestó que no es posible hacer caer la presunción de inocencia con el argumento de que el testimonio único es creíble pues ello "...implicaría preconstituir una premisa falsa, esto es, que el justiciable miente por el hecho de revestir calidad de imputado" (fs. cit.).
III.2.b. Por su parte, el señor juez Borinsky, en minoría, hizo lugar al recurso fiscal por estimar que existe prueba suficiente para afirmar la coautoría de Páez en el delito de homicidio criminis causae (v. fs. 69 vta./72).
Luego de recordar el hecho que se tuvo por probado así como el contenido de las testimoniales producidas durante el juicio, afirmó que "si dos sujetos roban portando al menos un arma de fuego y uno de ellos le dice al otro que tire, realizan ambos, actos necesarios para procurar la impunidad del delito planeado, uno diciendo que dispare y el otro haciéndolo, estando presente en los dos imputados la ultrafinalidad requerida por la figura del art. 80 inciso 7°, se trata de un obrar en común que los convierte en coautores en los términos del art. 45 del Código Penal, como igualmente se los considera por los adscriptos a la teoría del dominio funcional del hecho, pues, dentro su marco y de lo que se da en llamar, elemento objetivo de coautoría en el dominio del hecho [...] se dice que cabe afirmar la participación en casos como el de autos" (fs. 71 vta.).
Aseveró que existe prueba concluyente para relacionar la expresión de Páez "tirá" con quien efectuó el disparo "...y así cabe deducir la decisión conjunta del hecho" (fs. 72).
IV. Como se adelantó, el fallo debe ser casado. En efecto, el pronunciamiento impugnado es arbitrario pues no constituye una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias comprobadas en la causa, lo que lo descalifica como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 18, Const. nac.; conf. mutatis mutandis en causas P. 113.511, sent. de 6-VIII-2014; P. 117.839, sent. de 9-IX-2015; P. 121.248, sent. de 22-II-2017; P. 128.026, sent. de 9-VIII-2017; P. 130.562, sent. de 20-II-2019; P. 130.056, sent. de 10-IV-2019 y P. 122.143, sent. de 24-IV-2019).
IV.1. El primer argumento de la Casación, según el cual la expresión "tirá" -si en realidad fue proferida- en el contexto de este caso puede tener diferentes sentidos, carece de razonabilidad si se tiene en cuenta que, además, claramente el coautor lo interpretó como una indicación que lo hizo disparar impactando en la cabeza de la víctima.
Tiene razón el recurrente en cuanto sostiene que la expresión "tirá" que la testigo Rodríguez habría escuchado por parte de uno de los sujetos que venía corriendo, dirigida al otro que corría junto con él con un arma de fuego en la mano, debió analizarse en el contexto de los hechos. Frente a la potencial ambigüedad que pueden presentar las palabras del lenguaje natural "...el significado de las [mismas] está en función del contexto lingüístico en que aparecen y de la situación humana dentro de las que son usadas. Claro está que el contexto y la situación, en la generalidad de los casos, disipan toda posibilidad de confusión" (Carrió, Genaro R., Notas sobre derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pág. 29).
Entonces, el tribunal revisor debió interpretar esa expresión en el contexto situacional en el que habría sido proferida y luego de ello, dar razones coherentes para sostener -en su caso- que la ambigüedad pese a ello persistía.
IV.2. También debe desestimarse el segundo argumento del a quo, según el cual el acusado negó haber incitado a disparar a su compañero y, frente a ello, no basta la declaración de un testigo que dice lo contrario. Sin embargo, un testimonio que contradice a un imputado, bien puede ser valorado para descreer a quien no depone bajo juramento ni tiene obligación de decir la verdad, verificadas la ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de un móvil espurio; la verosimilitud del relato con base en corroboraciones periféricas; la persistencia en la incriminación; la ausencia de ambigüedades y contradicciones, etcétera -según los casos-, conforme doctrina de esta Corte (causa P. 128.926, sent. de 20-XI-2019).
Así, es arbitraria la afirmación de la Casación que considera que las condenas que se sustentan en un único testimonio presentan problemas de orden "lógico jurídico" por entender que esa única prueba no resulta suficiente para conmover el estado de inocencia (art. 18, Const. nac.; v. fs. 69 y vta.; 115 vta. y 116).
Tal como lo expone el señor Procurador en su dictamen (v. fs. 115 vta. y 116), esta Corte tiene dicho en diversos precedentes que si el único testimonio que da sustento a la condena está debidamente valorado y motivada su credibilidad, tiene vi
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