Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140493
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de hurto en grado de tentativa por el que Llambí viene condenado (conf. arts. 62 inc. 2, 67 —según ley 25.990— y 162, Cód. Penal y 495, CPP).
Asimismo, se declara inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular (conf. art. 481 última parte, CPP).
Finalmente, se difiere —para su oportunidad— la regulación de los honorarios profesionales del doctor Matías Cúneo Libarona por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.493, "Llambí, Diego s/ Queja en causa n° 85.212 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
Del expediente radicado electrónicamente se desprende que, el día 14 de marzo de 2023, el Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro condenó a Diego Llambí a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional y costas, con la imposición de diversas reglas de conducta, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa.
Frente a ello, el defensor particular, doctor Matías Cúneo Libarona, articuló recurso de apelación.
Por su parte, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, mediante sentencia dictada el día 19 de diciembre de 2023, confirmó parcialmente el fallo impugnado, en consecuencia, redujo la pena impuesta a un (1) mes de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de hurto simple en grado de tentativa.
Contra lo así decidido, el citado defensor particular dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible por el tribunal revisor (resol. de 16-II-2024).
Frente a la queja en los términos del art. 486 bis del Código de rito presentada por la defensa, esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 18 de junio de 2025, la declaró procedente y concedió la vía extraordinaria.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la prescripción de la acción penal conforme lo advertido por la Procuración General en su dictamen?
En caso negativo:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el defensor particular de Diego Llambí, en primer lugar, denunció la violación del debido proceso legal, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa y de ser juzgado por un tribunal imparcial.
Como segundo embate, planteó la arbitraria valoración de la prueba y revisión aparente por parte de órgano intermedio
En tercer término, tachó de absurda y arbitraria la interpretación de los arts. 42, 162 y 164 del Código Penal.
Finalmente, denunció la revisión aparente con respecto a la aplicación de los arts. 34 inc. 3 y 35 del Código Penal.
II. El señor Procurador General sostuvo que el tratamiento del recurso devino abstracto por encontrarse, en principio, prescripta la acción penal (v. dictamen de 11-II-2026).
III. Tal como lo advirtió la Procuración General, la acción penal por el delito de hurto en grado de tentativa —delito por el que viene condenado Llambí, sin que mediara recurso fiscal ni de la particular damnificada sosteniendo la calificación legal más gravosa fijada en primera instancia— se encuentra prescripta (conf. arts. 62 inc. 2, 67, 162 y concs., Cód. Penal).
III.1. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67 apdo. cuarto incs. "b" a "e") hace necesario que el tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito impugnado se ha extinguido.
III.2. Cabe recordar que esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015, entre otras.
Si bien en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso, es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aún bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979 cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de hurto en grado de tentativa, de todos modos, está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional (sent. de 14-III-2023) o desde el pronunciamiento de la Cámara (sent. de 19-XII-2023), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal.
III.3. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67 cuarto párrafo inc. "a" (ley 25.990) —actual sexto párrafo inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015—, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia (conf. sistema "Augusta", v. oficios recibidos con fecha 18-II-2026 y 9-III-2026, respectivamente).
IV. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción, corresponde declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de hurto en grado de tentativa por el que Diego Llambí vino condenado (arts. 62 inc. 2, 67 —según ley 25.990— y 162, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
En el caso en análisis, sea que se compute el término legal de prescripción de acuerdo con la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Farina" (sent. de 26-XII-2019), es decir, desde la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional del día 14 de marzo de 2023; o que se lo haga de acuerdo con la interpretación de esta Suprema Corte en "Salinas" (P. 121.979, resol. de 16-VIII-2015), esto es, a partir del pronunciamiento dictado por la Cámara el día 19 de noviembre de 2023, por ambas vías se arriba a la misma conclusión: ha transcurrido el plazo prescriptivo.
Por lo tanto, y cumplidos los restantes requisitos legales, coincido en que corresponde declarar la extinción de la acción penal respecto del delito de hurto en grado de tentativa por el que se había condenado a Diego Llambí (arts. 42, 44, 62 inc. 2, 67 y 162, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la colega preopinante doctora Kogan por compartir sus fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Adhiero al sufragio del doctor Torres y, por los mismos fundamentos, voto en el mismo sentido en cuanto a que corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tentativa de hurto por el que el imputado Llambí viene condenado.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Dado el resultado al que se ha arribado en la cuestión previa, en la cual se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de hurto en grado de tentativa por el que venía condenado Llambí, deviene inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. art. 481 última parte, CPP).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión planteada en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de hurto en grado de tentativa por el que Llambí viene condenado (conf. arts. 62 inc. 2, 67 —según ley 25.990— y 162, Cód. Penal y 495, CPP).
Asimismo, se declara inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular (conf. art. 481 última parte, CPP).
Finalmente, se difiere —para su oportunidad— la regulación de los honorarios profesionales del doctor Matías Cúneo Libarona por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2026 15:57:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2026 11:48:54 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:27:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 15:56:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 16:43:00 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 31/03/2026 19:01:34 hs. bajo el número RS-18-2026 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia