Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132095
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.095, "Salvadores, Eduardo Daniel s/ Queja en causa nro. 0700-56694-19 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, por resolución del 27 de septiembre de 2018, resolvió -en lo que aquí resulta de interés-: rechazar el planteo de insubsistencia de la acción penal; rechazar los planteos de prescripción de la acción por los delitos de falsificación de documento público y estafa procesal en grado de tentativa; hacer lugar parcialmente al planteo de prescripción respecto del delito previsto en los arts. 45, 54, 292 y 296 del Código Penal, absolver a Eduardo Daniel Salvadores como autor del delito de falsificación de documento privado; y confirmar la sentencia condenatoria y la pena de tres años de prisión en suspenso y costas impuesta respecto del nombrado en calidad de coautor de los delitos de usurpación (hecho I), estafa procesal en grado de tentativa en concurso ideal con uso de instrumento privado falso equiparado a público (hecho III) y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (hecho IV), todos en concurso real entre sí (v. fs. 2.685/2.713 vta.).
Contra esa decisión, la defensa particular de Salvadores interpuso recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 2.747/2.773) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.774/2.874), que fueron declarados inadmisibles por el Tribunal de Alzada (v. fs. 2.895/2.897 vta.). Interpuestas las quejas por cada vía denegada (v. fs. 3.435/3.438 vta. y 3.893/3.899 vta.), esta Corte resolvió concederlas (v. fs. 3.440/3.443 y 3.901/3.905 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 3.911/3.966 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 3.967) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planeada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial por considerar que en la sentencia recurrida se omitió el tratamiento de diversas cuestiones esenciales, las que a continuación se detallan.
I.1. Expresa, en primer lugar, que al deducir recurso de apelación planteó que el juez correccional había incurrido en transgresión al principio de congruencia en el caso "Henderson" (hecho I), ya que condenó a Salvadores por el delito de usurpación cometida mediante clandestinidad cuando el fiscal no había mencionado tal hipótesis fáctica, sino que se había pronunciado por el supuesto de violencia sobre la puerta de ingreso a la vivienda. Alega que no obstante haber mencionado el agravio, la Cámara omitió tratarlo, cuando resultaba esencial pues de haberse hecho lugar al planteo la consecuencia hubiera sido la absolución de su asistido por ese hecho o la anulación de la condena y el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio (v. fs. 2.749/2.753).
I.2. En segundo término, sostiene que idéntico vicio advierte al no haberse analizado y decidido el agravio fundado en la falta de lesividad y violación al derecho penal de acto respecto del tipo de tenencia ilegal de arma de guerra (hecho IV).
Explica que la defensa oportunamente cuestionó ese ilícito desde dos aristas: por un lado, porque al momento de los hechos existía una amnistía otorgada por las leyes 26.216 y 26.792; por otro lado, porque la conducta atribuida a su representado era atípica por ausencia de afectación al bien jurídico. En este sentido, en el recurso de apelación expuso que el imputado entró en posesión del arma cuando tenía once años en su condición de heredero, que no se podía afirmar que hubiese sido disparada, que para conseguir proyectiles era necesario contar con una autorización legal, que no había munición de ese calibre ni de ningún otro compatible en el domicilio y que el arma era muy antigua y de colección (art. 19, Const. nac.).
Afirma que la Cámara rechazó mediante argumentos aparentes lo referido a la aplicación de las leyes 26.216 y 26.792 y no se abocó al análisis del agravio vinculado con la afectación del derecho penal de acto y del principio de lesividad. Señala también las razones por las que su abordaje resultaba esencial (v. fs. 2.753 vta./2.756).
I.3. En tercer lugar, alega que en el caso "Licenziato" (hecho III) la Cámara omitió el tratamiento de la cuestión esencial relativa a la violación de la defensa en juicio por cambio sorpresivo de enfoque jurídico, la referida a la posible existencia de un concurso aparente de leyes y a la atipicidad del uso del "supuesto testamento".
Explica que durante el juicio el fiscal sostuvo que el testamento se transformaba en documento público al presentarse en el expediente, en tanto que la defensa dijo que se trataba de un instrumento privado y que esa transformación no existía. Afirma que el juez correccional estuvo de acuerdo con esta última visión pero mantuvo la escala que proponía el fiscal acudiendo a un enfoque jurídico distinto, ya que calificó el hecho como uso de documento privado falso equiparado a público (art. 297, Cód. Penal). Por eso, al apelar, se planteó que el encuadre legal había variado de forma sorpresiva y se había violado la defensa en juicio.
Alega que la Cámara, si bien hizo mención de esos argumentos en la reseña de agravios, no abordó ni respondió la cuestión. Considera que el planteo resultaba pertinente y esencial ya que de haberse compartido la tesis esgrimida se hubiera anulado el pronunciamiento en el nivel del encuadre legal y reenviado la causa para realizar un nuevo debate contradictorio sobre el punto.
Asimismo, refiere que en el recurso de apelación también se había planteado que entre la tentativa de estafa procesal y el uso del testamento presuntamente falsificado existía un concurso aparente de leyes, de manera que la primera ilicitud contenida en el art. 172 del Código Penal desplazaba a la otra. Este agravio, al igual que en el supuesto anterior, fue reseñado pero el Tribunal de Alzada omitió su tratamiento, cuando resultaba esencial en razón de que, de habérselo receptado, se hubiese descartado la escala penal del delito de uso de documento falso, lo cual a su vez habría llevado a una reducción punitiva o a un reenvío para una nueva fijación de la sanción.
De igual modo, sostiene que resulta por lo menos discutible si el a quo trató o no el agravio relativo a que el documento bajo análisis no configuraba un testamento ológrafo por carecer de uno de los requisitos exigidos por el Código Civil, a saber, haber sido confeccionado de puño y letra del testador (art. 3.639), cuestión -a su entender- básica para luego afirmar la adecuación del suceso a la figura del art. 292 del Código Penal (v. fs. 2.756/2.759 vta.).
I.4. En cuarto lugar, afirma que en el recurso de apelación se había denunciado la omisión de tratamiento de la nulidad de los dos allanamientos practicados en el domicilio de Salvadores por violentar el art. 18 de la Constitución nacional, y la Cámara volvió a eludir el punto, que era esencial pues de haberse hecho lugar a su reclamo debía anularse el fallo condenatorio y reenviar las actuaciones para la realización de un nuevo juicio.
Agrega que el Tribunal de Alzada tampoco se expidió en lo tocante a la solicitud de nulidad de las escuchas telefónicas por carecer de motivación y justificación suficiente y resultar una medida innecesaria a la par que una incursión prohibida por diversas garantías constitucionales.
Añade que la Cámara sólo dio respuesta a la admisibilidad del agravio, que por otra parte ya había sido resuelta por el inferior, pero no se expidió sobre los planteos esgrimidos durante el juicio relativos a nuevos hechos o elementos de convicción pertinentes al tema.
Alega asimismo que se transgredió el art. 168 de la Constitución provincial al no haber abordado el embate que cuestionaba el secuestro de cuadros de la casa de Salvadores por resultar ilegítimo y nulo, cuando resultaba esencial (v. fs. 2.759 vta./2.770 vta.).
I.5. En quinto término, denuncia que el Tribunal de Alzada no resolvió la cuestión esencial oportunamente planteada referida a la omisión de tratamiento por parte del tribunal de mérito de la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso en todos los hechos. Afirma que sólo se expidió por la prescripción de la acción, pero no por la afectación de esta garantía que había sido expresamente sometida a consideración (v. fs. 2.770 vta./2.772 vta.).
En suma, solicita se haga lugar al remedio extraordinario y se reenvíe la causa al tribunal intermedio para el dictado de un nuevo fallo que aborde las cuestiones omitidas (v. fs. 2.772 vta. y 2.773).
II. Al igual que el señor Procurador General (v. fs. 3.911/3.915 vta.), considero que la impugnación debe ser rechazada.
III.1. En cuanto al primer agravio, la Cámara reseñó la materialidad fáctica que se tuvo por acreditada del hecho I "Henderson" en los siguientes términos: "...que conforme a un plan acordado, cinco personas despojaron clandestinamente de la posesión del inmueble sito en Aviador Fernández 393 de la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora que detentaba legítimamente la asociación de beneficencia británica (BABS). También que dos de ellos (que no fueron traídos a juicio) aprovechando la ausencia de morador alguno y luego de ingresar clandestinamente colocaron una cadena con candado en el inmueble" (fs. 2.689). Respecto al modo comisivo, estimó que el juez correccional había explicado "...sobradamente a partir de fs. 2434 y vta. las razones por las que entendió por certeramente probado que el despojo de la posesión fue efectuado el 7 de septiembre de 2011 mediante la modalidad clandestinidad, aclarando el margen de dudas que existía respecto a la violencia ejercida en las puertas de entrada de la vivienda que fue imputada por el fiscal..." (fs. 2.693 y vta.).
Así, la Cámara convalidó lo decidido por el órgano de primera instancia respecto del modo comisivo "clandestinidad" del art. 181 del Código Penal y las dudas generadas en torno a la "violencia" en la que -principalmente- basara su tesis el acusador.
De modo que el revisor abordó el análisis del extremo cuestionado por la defensa y su prueba y descartó implícitamente la vulneración del principio de congruencia.
Cabe señalar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; e.o.).
III.2. El segundo agravio tampoco puede tener acogida favorable.
Tal como refiere la defensa, en el recurso de apelación se cuestionó el delito de tenencia ilegal de arma de guerra (hecho IV) desde las dos aristas antes reseñadas (v. fs. 2.596/2.600 y 2.600 vta./2.603) y de la lectura del fallo en crisis se observa que al momento de resumir los agravios sólo se tuvo en cuenta la primera, relativa a la posible aplicación al caso de las leyes 26.216 y 26.792 (v. fs. 2.686 vta.), que fue abordada a fs. 2.709 y 2.710.
Si bien es cierto que el segundo argumento no tuvo un tratamiento explícito, también lo es que el recurrente no ha demostrado el carácter esencial de su planteo ni la incidencia que tendría en el resultado del proceso (cfr. causas P. 41.162, sent. de 16-IV-1991; P. 76.228, sent. de 4-VI-2008; e.o.).
Es doctrina de este Tribunal que la esencialidad que se atribuye a una cuestión omitida debe ser cabalmente demostrada por el recurso de nulidad, como así también que esa omisión tenga directa incidencia en el resultado del proceso (cfr. causas P. 124.663, sent. de 29-XI-2017; P. 121.005, sent. de 13-III-2019; e.o.).
En el caso, la parte no ha demostrado el carácter esencial de la cuestión, pues se limitó a afirmar que "...de haberse concedido la razón a la defensa en cuanto a que no existió lesividad ni acción típica relevante" la Cámara debió disponer la absolución de su asistido por ese delito y ello habría variado la escala penal aplicable (v. fs. 3.414).
Hay que recordar que el a quo sostuvo que la pena impuesta a Salvadores "...podría entenderse que importa lenidad, fundamentalmente si se repara en la concurrencia material de los delitos atribuidos en función de sus correspondientes escalas punitivas" y confirmó los montos de condena impuestos y la modalidad de cumplimiento, aun con la prescripción de la acción decidida (v. fs. 2.712 bis).
En este contexto, incluso de suprimirse el delito de tenencia de arma de guerra en el marco concursal de estos hechos, los recurrentes no demuestran qué incidencia real tendría en la pena de tres años de prisión de ejecución condicional impuesta a su defendido.
Eduardo Daniel Salvadores fue condenado por los delitos de usurpación (hecho I), estafa procesal en grado de tentativa en concurso ideal con uso de instrumento privado falso equiparado a público (hecho III) y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (hecho IV), todos en concurso real entre sí; de este modo, aunque se suprimiera el hecho IV, la escala penal de los hechos I y II sería de uno a nueve años de prisión. Así, los recurrentes no se han detenido a alegar ni demostrar por qué una hipotética absolución conllevaría indefectiblemente una reducción de la pena, sobre todo a la luz de las consideraciones de la Cámara en torno a la "lenidad" de la sanción impuesta a Salvadores y las pautas aumentativas que fueron convalidadas (v. fs. cit. y 2.710/2.711 vta.).
III.3. En cuanto al tercer agravio, donde se denuncia la falta de tratamiento de diversos planteos vinculados al caso "Licenziato" (hecho III), la Cámara describió los embates a fs. 2.696 y vta., reseñó los hechos que se tuvieron por demostrados en la sentencia (v. fs. 2.696 vta. y 2.697) y estimó acertada la decisión del inferior de aplicar al caso el art. 297 del Código Penal, que contempla expresamente al testamento ológrafo como instrumento asimilable a público (v. fs. 2.699). Señaló, además, que no venía controvertida la falsedad de su contenido ni su calidad de instrumento privado, salvo en lo atinente a su invalidez para la ley civil (cuestión sobre la que volveré en un momento; v. fs. 2.699 y vta.). De esta manera, respondió en forma implícita el planteo antes mencionado.
Sobre el concurso aparente, la Cámara dio razón a la defensa en el modo de computar la prescripción en los casos de concurso ideal (tesis del paralelismo), además de convalidar la aplicación del principio de absorción del delito más grave conforme reza el art. 54 del Código Penal respecto del concurso ideal entre la tentativa de estafa procesal y el uso de testamento ológrafo falso, a la vez que rechazó -separadamente- los planteos de prescripción de cada uno de esos ilícitos por entender que no había transcurrido el plazo respectivo (v. fs. 2.695 y 2.696; 2.699 vta. y 2.700). Ello permite advertir que abordó también implícitamente la cuestión que la parte dice omitida.
En tanto en otro tramo de la sentencia trató específicamente el tercer embate, al manifestar que pese a que el testamento ológrafo resultó nulo para la ley civil, ello no significaba que la maniobra no hubiera podido perpetrarse (al punto que los jueces habían dado curso a sendos procesos sucesorios), sino que se vio frustrada por circunstancias ajenas a los imputados. Además, el revisor coincidió con el juez de grado en que la falsedad del documento no había sido controvertida y que precisamente ésa era la nota que hacía del hecho un delito, de modo que la cita del art. 3.639 del Código Civil y doctrina de autores poco aportaba a la discusión (v. fs. 2.699 y vta., 2.708 y vta.).
III.4. Respecto del cuarto agravio, estimo que los planteos allí deducidos fueron tratados expresamente. Ello así, toda vez que el Tribunal de Alzada entendió que su inferior había abordado de manera diligente los embates que importaban conculcación a garantías esenciales del debido proceso, rechazándolos; con excepción de la declaración de nulidad parcial del allanamiento llevado a cabo en Colón 143, que ante el agravio de la parte acusadora, el a quo convalidó (v. fs. 2.687 y vta.). En tanto que con base en lo dispuesto por el art. 421 párrafo tercero del Código Procesal Penal, estimó que al resultar reeditadas las solicitudes de nulidad de los registros domiciliarios y de las intervenciones telefónicas sin invocación de nuevos hechos o elementos de convicción pertinentes, debían rechazarse (v. fs. 2.687 vta. y 2.688). A la vez, el órgano intermedio también convalidó lo decidido por el juez correccional respecto del secuestro de los cuadros en la casa de Salvadores y su entrega en custodia a las personas damnificadas, dando las razones para ello (v. fs. 2.708 vta. y 2.709).
III.5. En cuanto al quinto planteo, contrariamente a lo afirmado por el impugnante, el Tribunal de Alzada sí abordó la cuestión vinculada a la omisión de tratamiento por parte del juez de grado de la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso.
En efecto, explicó que su inferior había analizado con detalle la vigencia de las acciones penales, había declarado la prescripción de dos de los ilícitos juzgados y había rechazado el planteo de insubsistencia de las restantes acciones por la demora injustificada en el trámite del proceso, sin perjuicio de justipreciar tal retraso como pauta atenuante al momento de dosificar la sanción (v. fs. 2.688/2.689). Además, mencionó los motivos por los que, en su opinión, la duración del juicio no había sido irrazonable (v. fs. cit.).
IV. En definitiva, más allá de la mayor o menor profundidad con la que la Cámara abordó las objeciones antes resumidas (cuestión que es ajena al marco de este recurso), lo cierto es que se encargó de tratar los hechos esenciales que consideró suficientes para sustentar la condena.
En pos de su pretensión, los recurrentes debieron haber demostrado que el tratamiento de cada una de esas cuestiones, tal como fueron postuladas, era esencial para establecer si correspondía mantener o revocar la condena dictada en la instancia de juicio (arts. 161 inc. 3 "b", Const. prov. y 491, CPP).
Reiteradamente se ha resuelto que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, sino que basta con que se hagan cargo de aquellos conducentes para la decisión del litigio (CSJN Fallos: 291:62, 306:479; en igual sentido esta Suprema Corte, causas A. 70.972, sent. de 15-V-2013; A. 70.838, sent. de 22-V-2013; B. 58.938, sent. de 30-V-2012; P. 126.665, sent. de 6-XII-2017; P. 123.497, sent. de 20-XII-2017; e.o.).
Por lo que se lleva dicho, los recurrentes no han logrado justificar que hubiera existido infracción al art. 168 de la Constitución provincial.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Los recurrentes plantean, en primer lugar, que la Cámara no dio respuesta fundada y razonable a la denuncia de omisión del órgano de juicio de tratar la cuestión esencial relativa a la violación de la garantía de plazo razonable de duración del proceso y, por ende, de insubsistencia de la acción penal
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