Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135774
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 493 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Mauricio Muñoz en doce (12) jus, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.774, "Quevedo, Carlos Gabriel s/ queja en causa n° 1.280 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Genoud, Kogan .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de septiembre de 2021, rechazó el recurso deducido y confirmó la sentencia del Juzgado Correccional n° 3 departamental, que condenó a Carlos Gabriel Quevedo a la pena de dos meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar autor responsable del delito de robo (art. 164, Cód. Penal); en el mismo pronunciamiento, impuso la pena única de dos años y diez meses de prisión, comprensiva de la anterior y de la causa n° 283/19 del Tribunal Criminal n° 1 departamental por los delitos de robo calificado por uso de arma blanca en tentativa y lesiones leves en concurso real y resistencia a la autoridad, todo en concurso real.
Contra esta decisión, el defensor particular, doctor Mauricio Muñoz, interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. presentación digital de 7 de octubre de 2021), el cual fue declarado inadmisible por resolución del Tribunal de Alzada (v. resol. digital de 14 de octubre de 2021). Habiendo deducido queja por denegatoria del recurso extraordinario (v. presentación digital de 18 de octubre de 2021), esta Suprema Corte admitió la presentación directa, declaró mal denegado el recurso receptado en el art. 491 del Código Procesal Penal y lo concedió con el alcance allí indicado (v. resol. digital de 18 de abril de 2022).
El señor Procurador General dictaminó el día 6 de diciembre de 2022, dictada la providencia de autos el día 7 de diciembre de 2022, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con el auto dictado por esta Suprema Corte al admitir la queja deducida por la defensa de Carlos Gabriel Quevedo por denegatoria del recurso extraordinario de nulidad, la concesión quedó ceñida al abordaje de las denuncias de "omisión de tratamiento de una cuestión esencial y falta de fundamentación legal", ambas vinculadas con el método de unificación de las sanciones (aritmético, en lugar del composicional reclamado), de modo que con esos lindes cabe expedirse sobre los agravios traídos.
II.1. En lo que concierne a la denuncia de violación del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de cuestión esencial, la defensa particular refiere que ante la instancia previa se había agraviado por la aplicación del método aritmético y no del composicional al proceder a la unificación de penas (art. 58, Cód. Penal).
Destaca que la Cámara de Apelación no resolvió esta cuestión, limitándose a señalar que "... el margen para unificar que ha tenido el sentenciante de grado ha sido marcadamente escaso, desde el momento que la pena anterior ya firme era de dos años y ocho meses ", y que "... la escasa relevancia del motivo de queja, desde que el monto cuestionado (un mes), equivale solo al 3% (tres por ciento) de la pena a cumplir (un mes sobre dos años y diez meses)... " (el destacado figura en el original).
Estima la defensa que la circunstancia apuntada lesiona el debido proceso, el derecho de defensa y no garantiza el doble conforme sobre la revisión reclamada.
II.2. En segundo término, señala que el caso no fue resuelto conforme a derecho. Ello, con menoscabo del art. 171 de la Constitución de la Provincia, pues, a su entender, debían aplicarse las normas del concurso real cuando se trata de la unificación de penas ya que supone la composición de la sanción con miras a una más justa dosificación de la pena. Sostiene que el tribunal debió ponderar las circunstancias personales del imputado, su educación nula, su condición de indigente, su efímera edad, su amplio grupo familiar compuesto por su mujer e hijo, todos indicadores que no se vieron reflejados en la decisión en crisis.
A continuación, destaca que esa falta de fundamentación con relación al método de unificación de penas y, en consecuencia, la falta de motivación sobre el tópico -art. 106 del Código Procesal Penal-, conlleva a la nulidad del pronunciamiento por resultar absolutamente arbitrario.
En esa línea argumental expone acerca de la necesidad de motivar y fundamentar las resoluciones judiciales como mecanismo de garantía, que permite la fundamentación a nivel recursivo facilitando la revisión de la legalidad por un tribunal superior, exigencia que opera -a su juicio- bajo pena de nulidad. Añade que esa motivación deberá comprender "...las circunstancias de hecho, las pruebas y el derecho aplicable al caso".
Por último, cita un fallo de la Cámara de Casación Penal nacional y solicita se declare la nulidad de la sentencia y se ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento.
III. Al igual que el señor Procurador General (v. dictamen digital de 6 de diciembre de 2022), considero que la impugnación debe ser rechazada.
III.1. En el recurso de apelación, la defensa particular de Carlos Gabriel Quevedo denunció la errónea aplicación de los arts. 41 y 58 del Código Penal en el marco de la graduación de la pena única impuesta al nombrado. Al respecto, dijo que el señor juez correccional unificó la pena de dos años y ocho meses de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal departamental con la impuesta en la decisión en crisis de dos meses de prisión, imponiendo finalmente una pena única de dos años y diez meses de prisión mediante el método aritmético, en lugar del composicional. Luego, razonó en torno a la aplicación de las normas del concurso real cuando se trata de unificación de penas con base en el sistema composicional, y, finalmente, cuestionó la falta de reflejo en el pronunciamiento de unificación de la ponderación de las circunstancias personales del imputado antes aludidas.
III.2. A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal abordó el recurso deducido y desestimó los agravios planteados (v. sent. digital de 28 de septiembre de 2021).
Al respecto, señaló que "...si bien el art. 41 del C.P. establece ciertas reglas o parámetros que los jueces deben observar al momento de imponer penas, estas pautas objetivas y subjetivas no son taxativas, y nada les impide evaluar otro tipo de cuestiones relacionadas con la mayor o menor gravedad del hecho o de la peligrosidad del condenado". De tal modo, señaló que la determinación de la pena deberá tener en cuenta las condiciones personales y socio-culturales del autor, y que "Su edad, su educación, sus costumbres y su conducta precedente a la comisión del delito deben ser justipreciadas por el juez a la hora de fijar la pena en concreto". Es decir "...debe tener en cuenta cuáles son las circunstancias al momento de enfrentar la imposición de pena, y dicha imposición debe estar guiada por la razonabilidad tanto de su dosificación como de su ejecución".
Con ese piso de marcha, el Tribunal de Alzada entendió que la decisión del juzgado correccional fue acertada en tanto "...impuso en la causa en la que sentenció una sanción levemente por encima del mínimo legal, atento a que evidentemente tuvo en cuenta los extremos supra apuntados, los que sin lugar a dudas también fueron valorados por la fiscalía al momento de estimar pena". Consideró esto como un dato no menor dado que la escala penal en abstracto (cuyo máximo alcanza los seis años de prisión), y el hecho de que Quevedo ya registraba una condena anterior dictada por un ataque al mismo bien jurídico -la propiedad-, escasos meses antes de la comisión del nuevo ilícito, marcaban el espacio de actuación jurisdiccional.
Respecto a la actitud asumida por el imputado, destacó -con cita de jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal nacional, fallo "Barrionuevo", sentencia de 22-XI-2002-, que "...la confesión del imputado carecerá de toda virtualidad como atenuante de la pena cuando no consista en otra cosa que la aceptación de los hechos irrefutables acreditados [...] por otros medios...". En el caso, señaló que el imputado había sido aprehendido in fraganti con la motocicleta, sustraída momentos antes, en su poder.
Así justificó que el margen que tuvo el sentenciante para unificar fue escaso desde que la pena anterior firme era de dos años y ocho meses; a lo que sumó la escasa relevancia del motivo de queja desde que el monto cuestionado (un mes), equivale solo al tres por ciento (3%) de la pena a cumplir (un mes sobre dos años y diez meses).
En consecuencia, estimó razonable y carente de arbitrariedad la decisión atacada, sin que importe que el a quo no haya efectuado una pormenorizada argumentación de los motivos que tuvo en cuenta para resolver como lo hizo, si es que se advierte que hizo una valoración del "cuadro completo de situación".
IV.1. Con relación a la denuncia de omisión de tratamiento de cuestión esencial, el planteo no prospera.
Cabe destacar que, de la lectura del fallo del Tribunal de Alzada antes reseñado, se advierte que más allá de una específica mención al método utilizado para unificar las penas -aritmético o composicional-, planteo que según la defensa no fue tratado, lo cierto es que brindó concretos fundamentos sobre el monto de pena a aplicar en el marco del proceso unificatorio. Es decir que el revisor se refirió con precisión respecto a cómo se arribó a la pena única conformada por una pena firme de dos años y ocho meses de prisión impuesta por el Tribunal Criminal n° 1 departamental, y la de dos meses de prisión dictada por el Juzgado Correccional n° 3 departamental por el delito de robo.
De este modo, el Tribunal de Alzada concluyó que "...la decisión atacada luce absolutamente razonable y carente de arbitrariedad", a tenor de la ponderación que hizo del "cuadro completo de situación", previo desechar los agravios dirigidos contra la dosificación de la pena única cuestionada.
Al menos en forma implícita, pero inequívoca, la Cámara de Apelación descartó la queja de la defensa sobre la pena única impuesta al nombrado mediante el método aritmético, el cual convalidó.
Cabe señalar que es doctrina de esta Suprema Corte que, aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.). Cuando, por lo demás, es ajeno a la vía intentada la discusión del acierto o el sentido de lo resuelto (doctr. causas P. 69.211, sent. de 17-VII-2003; P. 119.418, sent. de 5-XII-2018; P. 132.096, sent. de 17-II-2021; entre muchas).
Para más, y compartiendo lo dictaminado por el señor Procurador General, debe destacarse que lo decidido por el Tribunal de Alzada departamental sobre la determinación del monto punitivo se compadece con lo establecido por esta Suprema Corte en cuanto tiene dicho que para unificar penas la suma lisa y llana no hace incurrir al tribunal del caso, por esa sola circunstancia, en violación legal alguna, toda vez que el Código Penal no excluye esa metodología (conf. doctr. causas P. 134.446, sent. de 23-II-2022; P. 134.321, sent. de 14-X-2021; e.o.).
Por lo que se lleva dicho, el recurrente no ha logrado justificar que por eso hubiera existido infracción del art. 168 de la Constitución provincial.
IV.2. En cuanto a la alegada falta de fundamentación legal en los términos del art. 171 de la Constitución provincial (v. auto que admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de nulidad), de la lectura del fallo dictado por el Tribunal de Alzada se puede apreciar que se encuentra fundado en ley (arts. 41 y 58, Cód. Penal y 106, 434, 439, 440, 441, 530 y 531, CPP), respetando de ese modo la exigencia prevista en la norma citada.
V. En atención a todo lo expuesto, corresponde rechazar la vía extraordinaria de nulidad por improcedente (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 493 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Mauricio Muñoz en doce (12) jus, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/03/2023 17:49:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 19:06:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/03/2023 23:23:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 09:07:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 09:30:09 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 08:00:31 hs. bajo el número RS-20-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia