Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135008
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.008, "Lucero, Abel Daniel s/ Queja en causa N° 100.013 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las presentes actuaciones y de las partes digitalizadas se desprende que, con fecha 3 de septiembre de 2019 el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Junín condenó a Abel Daniel Lucero, a la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término de la condena y costas procesales, por resultar autor del delito de homicidio simple -en tres oportunidades- en concurso ideal.
Contra lo así decidido, los defensores particulares, doctores Darío R. De Ciervo, Ramiro Pérez Duhalde y Juan Isidro Pérez Duhalde, interpusieron un recurso de casación.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de febrero de 2021, rechazó el recurso interpuesto y confirmó la condena contra Lucero.
La defensa particular articuló entonces un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -en el marco del cual plantearon la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal- (v. fs. 25 vta.), que fue desestimado por inadmisible por el Tribunal de Alzada, lo que derivó en la presentación de una queja ante esta Corte.
Por resolución del día 4 de abril de 2022, este Superior Tribunal admitió la vía directa, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió únicamente en lo referido a las cuestiones federales planteadas (v. fs. 24/26 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 35/40 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 42) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. De acuerdo con el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte, se abordarán solo los agravios relacionados con las pretensas cuestiones federales invocadas (v. fs. 24/26 vta.).
II. En dicho marco, los defensores particulares denunciaron arbitrariedad por revisión aparente de la sentencia de condena en el nivel de la subsunción legal, en particular, respecto a los argumentos vinculados con la verificación de la intencionalidad homicida con dolo eventual adjudicada a Lucero.
Sobre el punto, plantearon la consecuente vulneración de los principios de legalidad y reserva, división de poderes, culpabilidad, taxatividad penal, prohibición de analogía y de interpretación extensiva de la ley penal, y debido proceso (arts. 1, 18, 19 y 75 inc. 12, Const. nac; 8 y 9, CADH y 3, CPP).
En primer lugar, señalaron la omisión de tratamiento vinculada con las causas del siniestro, el momento en que se produjo la ingesta de alcohol por parte de Lucero y el tipo de riesgo creado para la vida.
Criticaron que el Tribunal de Casación para imputar el obrar doloso de Lucero, haya valorado su dosaje alcohólico (1,60 gramos/litro de alcohol en sangre) y el toque de bocina efectuado por otro conductor momentos antes de la fatal colisión -ante una maniobra de similares características a la que ocasionó el suceso-. Aseveraron también que el revisor omitió tratar adecuadamente los planteos de la defensa que -afirman- habrían sido determinantes para subsumir el obrar del acusado en términos de imprudencia.
Refirieron que el tribunal intermedio no se hizo cargo de los fundamentos que esa parte le había llevado, relativos a: el carácter de riesgo creado a partir de la ingesta alcohólica -con sustento en que al momento de su creación, el riesgo era remoto e impreciso-; los efectos de esa ingesta ubicada entre 1,5 y 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre que supone un estado de ebriedad completa; la afirmación del órgano de juicio, en cuanto a que Lucero se encontraba imposibilitado de poder obrar de una forma distinta a como lo hizo; y la cita de un precedente de la misma Sala en un caso de similares características fallado de modo diverso.
Enfatizaron que, con tal omisión, el órgano revisor -en primer lugar- se apartó de un precedente propio sin dar razón alguna para ello, y -en segundo término-, se negó a transcribir la conclusión fáctica del órgano de juicio que dio sustento a la postura de la defensa.
Manifestaron que, a su entender, lo relatado por los testigos reforzó la tesis de la defensa en lo referido a un actuar totalmente errático de Lucero que denotó una fuerte disminución de sus facultades.
En su criterio, un debido tratamiento de esos planteos habría llevado a la conclusión de que a partir de la ingesta voluntaria (y evitable) de alcohol -con mucha anterioridad al momento de la colisión-, ya habían sido puestas las condiciones de producción del resultado.
Asimismo, subrayaron que el dosaje alcohólico que se tuvo por acreditado implicó una seria disminución de la capacidad de visión del imputado, como de su representación y evaluación del riesgo. En dichas condiciones, ningún efecto disuasorio podría tener el toque de bocina efectuado por López, pues para ser relevante debió referirse a la concreta maniobra que generó el peligro de colisión frontal con las víctimas.
Estimaron contradictorio el reproche del estado de ebriedad, al mismo tiempo en que se lo consideró en uso de sus facultades como para evaluar y representarse los riesgos.
También alegaron autocontradicción en la construcción del dolo a partir de las actitudes posteriores al hecho por parte del imputado.
Señalaron que la sentencia impugnada intentó salvar esa crítica, afirmando que el intento de evasión de Lucero no ocurrió luego de colisionar sino en ese momento, estimando que ello constituyó una flagrante autocontradicción del sentenciante y un grosero yerro lógico.
Añadieron que tampoco la actitud negadora de Lucero permitió a la sentencia impugnada, sustentar la conclusión de que su defendido se representó y aceptó la realización del riesgo creado.
Seguidamente denunciaron que el órgano revisor incurrió en una arbitraria utilización de las circunstancias abarcadas por el riesgo permitido, como elemento de imputación. Sobre dicho extremo aducen que las características del vehículo, sea que impliquen o no un mayor riesgo para la circulación, al estar autorizadas conforme surge del informe de inspección técnica emitido por la Secretaría de Transporte, configura un riesgo permitido y, por lo tanto, resultaban irrelevantes para fundamentar la tipicidad de la conducta de su defendido.
Criticaron, además, la utilización de parámetros de subsunción de tipicidad imprudente para fundar la tipicidad dolosa.
Así, cuestionaron que el sentenciante argumentara que la formación profesional de Lucero en el rubro de seguridad ferroviaria le haya permitido saber que una conducción libre de alcohol es un presupuesto básico de cualquier medio de transporte. Al respecto, señalaron -con apoyo en doctrina de autor- que las capacidades individuales constituyen directrices que resultan útiles para la determinación de la imprudencia.
Asimismo, alegaron tergiversación del sentenciante al tratar el planteo de la defensa dirigido a cuestionar la errónea utilización de una construcción dogmática como el dolo eventual, para ampliar indebidamente los alcances del tipo penal contenido en el art. 79 del Código Penal y aplicar, en consecuencia, una pena ilegal, afectando así el principio republicano de división de poderes.
En esa dirección, argumentaron que no es correcto que esa parte hubiera planteado que las reformas legislativas operadas en el art. 84 bis importaron "...la exclusión del dolo eventual".
Finalmente, denunciaron arbitrariedad por autocontradicción del órgano revisor al tratar el planteo relativo a la subsunción del aborto en el art. 79 del Código Penal. Explicaron que, de aceptarse que uno de los tipos penales integrantes del concurso ideal es un delito menos grave, no podrían mantenerse incólumes los baremos empleados por el órgano de primera instancia en la determinación de la pena, ya que la modificación de la calificación legal necesariamente repercute sobre el monto de la pena estimado.
III. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 35/40 vta.).
IV. En primer lugar corresponde hacer un repaso de la respuesta brindada por el Tribunal de Casación Penal que, como fuera indicado en los antecedentes, abordó el recurso de la defensa y rechazó todas las críticas contenidas en el mismo.
El órgano revisor comenzó por precisar que el tribunal de origen dio por acreditado que "...en el partido de General Arenales, el día 2 de Septiembre de 2016, siendo las 20:00 horas aproximadamente, en la Ruta Provincial Nº 65, Abel Daniel Lucero -con una concentración de 1,60 gramos/litro de alcohol en sangre-, conducía una camioneta Ford F 100 dominio KXP 348 dotada en su parte frontal y trasera con un sistema de guías para uso bivial, y desplazándose en dirección Arribeños-General Arenales invadió la mano de circulación contraria y colisionó frontalmente a un automóvil marca Peugeot modelo 207 dominio JBP489 que circulaba en sentido contrario, conducido por la Sra. María Valeria Moravito, la que se encontraba cursando un embarazo de 32 semanas de gestación, quien era acompañada por su hija Clara Martínez. A consecuencia de este impacto frontal, perdieron la vida la mencionada Moravito, Inés -su hija en gestación- y Clara Martínez".
Luego, se abocó al análisis de los cuestionamientos formulados por la defensa de Lucero.
Inicialmente advirtió que, distinto a lo reclamado, la reforma en el Código Penal no implicó la exclusión del dolo eventual dado que la modificación solo introdujo -junto al tipo básico de homicidio culposo causado por la conducción de un vehículo automotor- figuras calificadas.
En cuanto a la discusión planteada acerca de si la conducta del imputado era de índole dolosa o culposa, comenzó señalando que las circunstancias objetivas del caso permitían advertir y comprobar el actuar doloso.
Sostuvo que correspondía analizar los actos realizados por el sujeto, puesto que los aspectos del fuero íntimo no eran verificables. En carácter de tales, identificó que Lucero se desplazó en una ruta de doble sentido de circulación, con significativo tránsito, en óptimas condiciones meteorológicas y de visibilidad. Que conducía una camioneta Ford F-100, dotada en su parte frontal y trasera con un sistema de guías para uso bivial, lo que dotaba al vehículo de mayor ofensividad y porte (conviene aquí una aclaración: el sistema bivial es una adaptación que le permite al vehículo -en este caso la pick-up - transitar por vías férreas -el imputado trabajaba en seguridad ferroviaria-).
También ponderó que, al momento de la conducción, Lucero se encontraba alcoholizado, según la constatación pericial, con un dosaje de 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando el tolerado para conductores según la normativa entonces vigente.
De igual manera, se tuvo en cuenta que, instantes previos al hecho y a raíz de una maniobra abrupta de invasión del carril contrario de circulación, Lucero fue advertido por otro conductor a través de un intenso toque de bocina. Esa advertencia resultó desatendida por Lucero, que continuó su marcha del modo como lo venía haciendo, para finalmente producir otra maniobra de similar característica que provocó la colisión frontal con el vehículo en que se desplazaban las víctimas.
A su vez se dijo que, la diferencia entre los portes de los vehículos involucrados quedó patentizada tras la colisión frontal, evidenciando el mayor poder ofensivo del conducido por Lucero. El automóvil en el que viajaban las damnificadas presentó destrucción total mientras que la camioneta solamente daños no significativos. De igual modo, Lucero sólo presentó una herida en el labio superior, frente al múltiple resultado mortal del vehículo embestido.
Finalmente, también se ponderó la conducta de Lucero inmediatamente luego de colisionar, quien trató de irse del lugar, negó el accidente y procuró que lo sacaran del sitio.
Casación concluyó así que, la sumatoria de los riesgos que calificó de extremadamente graves, fueron elevados por Lucero, lo que, desde un plano objetivo y ex ante , impedían ponderar la viabilidad de introducción de una conducta evitativa del resultado representado como posible, lo cual -a su modo de ver- excluía de la psiquis del acusado la culpa con representación.
Destacó que ese criterio de imputación del dolo eventual resulta ampliamente aceptado, y en esa dirección citó un precedente de otra Sala, culminando en que prácticamente todos los factores enumerados bastaban para sostener la alta probabilidad, casi rayana en la certeza, de la producción del resultado lesivo.
Continuó señalando que la confianza en la evitación, exigida como elemento estructural de la culpa con representación, debe ser confirmada por datos objetivos, los cuales no aparecieron en el caso juzgado. En dicho marco, agregó que, frente a la ingesta alcohólica en más del triple de lo permitido, con una advertencia previa al haber invadido la mano contraria y casi colisionar con Juan Alberto López, y no obstante seguir con las mismas maniobras de invasión de carril, no parecía posible que el resultado de colisionar a otro vehículo que circulara por la misma ruta en sentido inverso pudiera evitarse.
Sostuvo, además, que el dolo eventual presupone necesaria y suficientemente que la voluntad del autor cree un peligro no permitido y no controlado. Y que, en esas condiciones, el hecho probado permitía abastecer, tanto el riesgo serio de lesión de bienes jurídicos como su aceptación, elementos requeridos por el dolo eventual que prevé, en el plano subjetivo, la figura de homicidio por la que Lucero fue condenado.
En respuesta al planteo de la defensa acerca de que la sentencia reconocía que Lucero se encontraba imposibilitado de dirigir sus acciones y de procurar cualquier evitación de un resultado típico, expresó que lo que se le imputó a Lucero es haber creado un peligro no permitido y no controlado, sin rastros de ninguna introducción de una conducta evitativa del resultado representado como posible, tal y como se expuso a fs. 68 y vta., 69 y vta., 70 y 80, y se lo basó en las constancias causídicas de fs. 71 a 72 vta. Con ello se tuvo por demostrado que la realización del tipo imputado fue reconocida como posible y no obstante ello, Lucero mantuvo su plan de acción, por lo que negó autocontradicción alguna en el pronunciamiento de instancia.
De seguido, en contestación a la afirmación de que ninguna conciencia de criminalidad existió en el accionar de Lucero, sostuvo que ello se contraponía con lo relatado por los testigos que llegaron al momento del accidente, y que no resultaba irrelevante la conducta demostrada por el acusado -destacando que se valoraba su comportamiento al momento del hecho y no con posterioridad, en respuesta a la crítica del recurrente- a través de la cual se tuvo por acreditado que comprendía la criminalidad de su accionar, así como también podía dirigir sus acciones.
Como sostén de esa aseveración, se destacó que Lucero procuró irse del evento, haciendo avanzar y retroceder a la pick-up para lograr salir del lugar, lo que no logró por encontrarse el vehículo encajado en el terreno.
Puntualmente destacó la Casación que los testimonios de Gonzalo Caruso y Ricardo Giles -las primeras personas en tomar contacto con Lucero-, dieron cuenta de su postura, por la cual negó su intervención en el siniestro, lo que fue ratificado por el policía Adolfo Epifanio Corvalán, quien al llegar al lugar y hablar con Lucero, éste le dijo que no había hecho nada.
Concluyó que el juzgador sostuvo que Lucero, al tiempo de embestir el vehículo de las víctimas, conocía -efectivamente- todos los elementos del tipo objetivo del homicidio y aceptó seriamente como probable -casi segura- la producción del resultado, descartando así la tacha de ilogicidad sobre la sentencia de juicio, que luego de un análisis racional de las constancias arribó a esa conclusión.
Estimó equivocado el planteo de la parte impugnante puesto que no se advertía contradicción en las razones del órgano de juicio, pues analizadas en su conjunto -y no fragmentariamente como proponía la defensa- alcanzaban con suficiencia para fundamentar válidamente lo atribuido.
Reiteró, entonces, que Lucero no podía ignorar los riesgos de una conducción vial en el estado de alcoholemia en que se encontraba, riesgos aprehensibles para el ciudadano común, máxime cuando el imputado poseía una formación profesional en el rubro seguridad ferroviaria con más de treinta años de trabajo en la empresa Belgrano Cargas y Logística, conociendo que una conducción libre de alcohol es presupuesto básico en cualquier medio de transporte, destacando que dicha empresa había implementado controles diarios de alcoholemia y tóxicos para el personal de conducción de los trenes, desde aproximadamente un año y medio antes del debate.
En resumen, concluyó que el dolo eventual no se excluye por la simple esperanza de que la lesión no se produzca o porque no haya sido deseada por el autor, y que, en el caso, la acción tomada por el sujeto activo reflejó una peligrosidad tal que solo puede ser entendida como -por lo menos- un dolo eventual, dando lo mismo si la delimitación entre dolo eventual e imprudencia consciente se lleva a cabo según criterios cognitivos como volitivos.
A ello agregó que el sentenciante de grado no había incurrido en una valoración absurda o arbitraria de los elementos de juicio recabados, sino que había logrado reconstruir prolijamente lo acontecido, estructurando un razonamiento consistente y sin fisuras con motivación adecuada al temperamento adoptado, por lo que la decisión jurisdiccional debía permanecer incólume (arts. 79, Cód. Penal y 210 y 373, CPP).
Por último, la mayoría del tribunal revisor integrada por los doctores Borinsky y Maidana, sostuvo que, derogada la figura del infanticidio, no existía fundamento legal alguno para considerar a la muerte del feto como homicidio. Sin embargo, en virtud de la imputación de un hecho único "...con pluralidad de víctimas", la solución no cambiaba las penas impuestas y que éstas, a su vez, resultaban justas en función de los baremos estimados por la instancia y ratificados por el voto del doctor Violini, a cuyos fundamentos adhirieron.
V. Esta reseña -en extenso- es demostrativa de que la función revisora del tribunal intermedio en modo alguno fue indebidamente restringida y, por el contrario, se ajusta al deber que imponen los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este punto, se advierte que el órgano revisor dio respuesta a los reclamos de la defensa, brindó las razones que lo llevaron a mantener la calificación del delito contra la vida adoptada en el tribunal de origen, con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas.
En tal sentido, los argumentos esgrimidos por los impugnantes con sustento en que el fallo presenta una fundamentación aparente no resultan idóneos para demostrar el vicio que se alega.
En efecto, más allá de lo opinable que pueda resultar la solución legal decidida en el caso, la impugnación presenta insuficiencias en la técnica recursiva que impiden su progreso (art. 495, CPP). Pues las consideraciones del recurrente sobre la ausencia del elemento subjetivo (dolo), y las críticas que en función de esa mirada desarrolla, develan que se trata de la formulación de una divergencia valorativa que excede e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.