Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135509
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.509-Q, "D’ Gregorio, María Laura Elvira -Fiscal Adjunta del Tribunal de Casación Penal-. Queja en causa n° 100.480 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a A. D. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
Conforme surge del expediente que se radicó electrónicamente, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 14 de febrero de 2020, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo deducido por la defensa oficial de A. D. A., contra la decisión del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Morón que lo declaró coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae , en concurso real.
En consecuencia, casó el auto de responsabilidad al nivel de las atenuantes y la calificación legal, y estableció que el joven resultó coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, ingresando como disminuyente la circunstancia de haberse criado en el contexto de una familia numerosa donde aportaba el sustento familiar con vulneración de sus derechos.
Contra lo así decidido, el señor fiscal ante dicha sede, doctor Jorge Armando Roldán, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible por el Tribunal de Casación por considerar que la decisión en crisis no cumplía con las exigencias del 482 del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 13 de abril de 2022, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar que, teniendo en consideración las particularidades que presenta el régimen de responsabilidad penal juvenil, el fallo en crisis, que confirmó el auto de responsabilidad penal sin imposición de pena, cumple las exigencias del art. 482 del código de rito. A su vez, agregó que las denuncias de absurdo y arbitrariedad, vinculadas al cambio de calificación legal, cuentan con la suficiencia y carga técnicas necesarias para superar la etapa de admisibilidad (conf. art. 494, CPP, CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou").
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El fiscal ante el Tribunal de Casación, doctor Jorge Armando Roldán, denuncia absurdo y arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, todo lo cual derivó en un incorrecto cambio de calificación legal que dejó sin efecto el art. 80 inc. 7 del Código Penal y aplicó el art. 165 del citado cuerpo de leyes.
Luego de reseñar los antecedentes del caso y recordar el hecho que se tuvo por probado, alega que el a quo no analizó debidamente la conducta asumida por A. a lo largo de todo el iter criminis.
Puntualiza que "...la sentencia es autocontradictoria ya que al tiempo que concluye que no median elementos que permitan asumir con certeza la directa y extendida imputación de la específica ultraintencionalidad [del art. 80 inc. 7 del Código Penal] en cabeza de A., sostiene que las circunstancias acreditadas en la causa -principalmente con el testimonio de la señora Aranega- llevan a descartar la posibilidad de que el encartado resultara simplemente un sorprendido espectador de lo que su consorte hacía, [desestimando] su intervención a título de partícipe secundario". Según el recurrente, ambas afirmaciones resultan incompatibles entre sí.
Agrega que entre los dos coautores hubo un obrar mancomunado y preordenado pues "...decidieron ir por las pertenencias de la víctima, marchándose coordinadamente en posesión de la res furtiva luego de ultimarlo de un disparo".
A su entender, el sentenciante no ponderó debidamente diversos extremos fácticos que daban cuenta de la configuración de los elementos necesarios para afirmar la coautoría en el homicidio criminis causa respecto del joven imputado. En tal sentido, resalta que se produjeron dos disparos efectuados por S. D. G., uno al aire y recién instantes después el segundo apuntando directamente al pecho de la víctima; la actitud de "espera" de A. D. A., impidiendo que la víctima se escapara por la puerta del acompañante; luego de que el damnificado cayó muerto, el acusado se subió al automóvil y huyó del lugar; al momento de su aprehensión, A. tenía en su poder el celular sustraído a la víctima. En su apoyo, cita nuevamente los dichos de la testigo Aranega.
A su entender, la prueba producida demuestra que se dan todos los elementos necesarios para condenar a A. como coautor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causa , frente a lo cual, el fallo de Casación efectuó consideraciones arbitrarias y absurdas sobre la base de las cuales pretendió fundar la recalificación en el art. 165 del Código Penal.
Explica que la diferencia entre el art. 80 inc. 7 y 165 no pasa por el dolo, sino por la conexión subjetiva que requiere el primero -a su entender acreditada en autos- y la desvinculación subjetiva final que rige la figura del segundo. Resaltó que "Poner el foco de atención en la actitud asumida por el consorte de causa que fue quien jaló el gatillo, desatendiendo la actitud de A. asumida antes, durante y después del desapoderamiento y la muerte de la víctima, implica efectuar un recorte injustificado de la materialidad ilícita sobre la que debía decidir".
Insiste en que la conexión final exigida en el homicidio criminis causa se demostró con el testimonio de Marta Clara Aranega "...quien alertada por los gritos provenientes de la calle presenció desde la ventana de su dormitorio el homicidio del novio de su hija".
Reitera que el Tribunal de Alzada ponderó dicha declaración de manera contradictoria pues, por un lado, la utilizó para tener por probada la coautoría funcional del encausado y, por el otro, para recalificar los hechos como homicidio en ocasión de robo. En su apoyo, cita los precedentes P. 98.529 (sent. de 20-III-2005); P. 82.042 (sent. de 30-III-2005), P. 131.345 (sent. de 29-V-2019), P. 129.693 (sent. de 20-II-2019), entre otras.
Afirma que en el caso se dieron todos los elementos para condenar a A. en orden al delito de homicidio criminis causa : al momento en que el coautor realizó los disparos, el acusado no mostró sorpresa sino que -por el contrario- esperó a que la víctima cayera muerta para subirse al automóvil y huir del lugar, apoderándose ilegítimamente de sus pertenencias.
Concluye que A. participó del plan criminal común con quien ejecutó de propia mano la muerte, realizando acciones tendientes a lograr el desapoderamiento ilícito aun después de que el coautor efectuara el disparo mortal sobre la víctima.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado. Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso procede (conf. art. 496, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario reseñar lo decidido sobre el punto por el órgano de mérito y por el revisor.
Veamos.
III.1. De la lectura de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Morón, en lo que aquí importa, surge que el hecho que se tuvo por probado y que llegó incontrovertido a esta instancia fue el siguiente: "...el día 7 de octubre de 2018, siendo alrededor de las 23:30 hs., en momentos en que Jonathan Rico se encontraba a bordo de su vehículo marca Chevrolet modelo Astra dominio GFW-293 estacionado sobre la calle Acasuso al 2500 de la localidad de Hulingham, partido homónimo, de la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por dos sujetos varones, uno de ellos identificado a la postre como A. D. A. de 17 años de edad y su coequiper también menor de edad, quienes mediante el empleo de un arma de fuego, pistola Bersa 380 sin numeración visible, se apoderaron ilegítimamente del rodado mencionado, de su celular y demás pertenencias y tras la resistencia opuesta por la víctima, le efectuaron dos disparos con el adminículo ofensivo con el claro designio de causarle la muerte a fin de lograr su cometido, provocándole heridas de tal magnitud que ocasionaron su deceso, para inmediatamente después darse a la fuga a bordo del rodado descripto. Alertado que fue el personal policial por los vecinos de tal situación, minutos después agentes policiales visualizaron el desplazamiento del vehículo en cuestión, dándole la voz de alto, la cual no fue acatada, lo que generó el inicio de una persecución vehicular que culminó en Av. Roca y Río Segundo de la localidad de San Miguel, donde uno de los sujetos, precisamente el que oficiaba de conductor, luego de detenerse, descendió del vehículo apuntando al personal policial con el arma de fuego que detentaba, produciéndose en ese instante un intercambio de disparos, para luego continuar su huida a pie, lográndose a escasos metros la aprehensión de este individuo y el secuestro del arma de fuego. Asimismo, respecto de Alves, se lo aprehendió dentro del Chevrolet incautándole el celular de la víctima".
Sobre la calificación legal sostuvo que "De los hechos acreditados surge que, frente a la legítima reacción de la víctima en pos de la protección de sus bienes, el coequiper de A. lo atacó con el adminículo de fuego que ostentaba efectuando un disparo al aire para luego gatillar por segunda vez" provocándole la muerte "...todo ello mientras que A., esperaba con la puerta [abierta] del lado del acompañante, expectante para subirse al mismo y consumar -al fin- su designio".
Aclaró que la conexión ideológica entre el robo y el homicidio que requiere el art. 80 inc. 7 del Código Penal no implica preordenación. De ahí que la decisión de matar puede surgir de improviso durante la ejecución del hecho.
Concluyó que la decisión de A. y su coequiper de utilizar un arma de fuego, que finalmente fue accionada contra la víctima a una corta distancia y en dirección al pecho, como consecuencia de la resistencia que esta opuso frente al robo que estaba sufriendo, abastece la conexión ideológica del homicidio criminis causae.
En particular, en lo que respecta al rol desempeñado por A., resaltó que no se trata solamente que permitió que su consorte accionara el arma, sin hacer nada para evitarlo, sino fundamentalmente que -conforme surge de los dichos de la testigo Arenaga- "...'estaba parado con la puerta abierta esperando el desenlace'" y que cuando la víctima cayó al piso el imputado se subió al auto objeto del desapoderamiento y se dieron a la fuga.
III.2. Por su parte, el Tribunal de Casación, si bien confirmó el carácter de coautor de A. en los hechos y rechazó el pedido de la defensa de valorar sus aportes en calidad de partícipe secundario, hizo lugar al cambio de calificación legal y subsumió los hechos en la figura del art. 165 del Código Penal.
De esta manera, al abordar las críticas vinculadas con la participación de A. como coautor, argumentó que conforme la prueba producida, el imputado se encargó de evitar que la víctima se pudiera escapar por la puerta del acompañante mientras que el otro coautor intimidaba a la víctima con el arma de fuego. "Ello muestra una distribución de roles en la faz ejecutiva que, además, no resulta antojadiza, pues hace evidente que la función de ir hacia la víctima para intimidarla con arma en mano y forzar su descenso fue asignada, precisamente, a quien tenía -desde la privilegiada posición que le otorgaba la detentación de la pistola calibre 38- mayor capacidad de ofensa, resultando lógico concluir en dicho marco que A. y su socio -de antemano- sabían lo que querían y como lo querían".
"Es que si el encartado acompañado por otro sujeto, van hacia el automóvil de una persona que se encuentra estacionado en la vía pública con su conductor a bordo, lo fuerzan a abandonar el mismo a punta de pistola, y uno de ellos lo ultima en el lugar, luego de lo cual ambos sujetos asumen poder sobre el vehículo ajeno y demás pertenencias de la víctima, con las cuales se marchan disponiendo de las cosas, ninguna duda puede abrigarse sobre el efectivo conocimiento del tenor de la empresa delictiva en la que A. estaba empeñado".
De seguido, el Tribunal de Alzada calificó de mendaces los dichos de A. en cuanto manifestó que se sorprendió y se asustó cuando su consorte realizó el disparo y que se fue "...a la esquina". En contraposición a dicha versión, citó el testimonio de Aranega que manifestó que vio la secuencia de los hechos desde la ventana de su casa. Advirtió que el imputado permaneció en todo momento al lado de la puerta del acompañante del auto de la víctima; y que luego de que su consorte efectuó el disparo, ambos se subieron al auto de la víctima y se dieron a la fuga. Destacó que la versión de esta última, fue refrendada por los funcionarios policiales que intervinieron en la persecución (Márquez, Romano y Salvatierra) que indicaron que la persona que manejaba el vehículo de la víctima era el joven que estaba armado mientras que A. estaba sentado en el lugar del acompañante, en posesión del teléfono celular de la víctima y sin armas.
En razón de lo expuesto, el Tribunal revisor afirmó que existió un obrar mancomunado y preordenado entre "...el imputado y su socio", con una clara división de tareas.
En lo que respecta al encuadre legal de los hechos, el órgano casatorio recordó que el art. 80 inc. 7 del Código Penal exige que el autor enlace ideológicamente el homicidio a otro hecho típico con una finalidad específica. Sentado ello, consideró que "...la acción en sí misma evidencia que su motivo determinante fue la intención de facilitar la concreción del desapoderamiento, aspecto que en el marco de las circunstancias que emergen de la prueba valorada, resulta una inferencia con adecuada razón lógica, al menos para quien adoptó la decisión de dar muerte a la víctima en dicho contexto. Sin perjuicio de ello, también se ha establecido asertivamente que no fue el acusado A. quien puso en acto la acción que, nacida con aquel específico propósito, buscó la muerte de Rico". Estimó que no existen elementos dirimentes que permitan afirmar con certeza la ultraintención en cabeza de A., por lo que el principio de culpabilidad exige dejar sin efecto la aplicación del art. 80 inc. 7 citado.
A su vez, la Casación afirmó que existe una fisura lógica en el fallo de mérito en lo que respecta a la calificación legal de los hechos respecto de A. en tanto "...no hay indicios suficientes que permitan determinar -más allá de la posibilidad- que la acción con intencionalidad homicida puesta en acto por el autor de los disparos gobernada por el 'animus' del sujeto activo de facilitar consumación del robo, haya sido una ultraintención también presente en quien no fue fuente de aquella decisión".
A su entender, las circunstancias previas, concomitantes y posteriores al hecho de robo con armas al que se sumó A., no permiten afirmar con la certeza necesaria "...la existencia de intención homicida de su parte, sólo -y no es menor- su convalidación sobre una consecuencia que ex ante no emergía de improbable producción. Esto, que no lo excluye del dolo homicida en su modalidad eventual, resulta insuficiente" para aplicar el art. 80 inc. 7 citado.
En función de lo expuesto, hizo lugar al pedido de la defensa de encuadrar los hechos en el art. 165 del Código Penal en tanto contempla la ocasionalidad del homicidio respecto del robo y la directa asociación entre el acto de apoderamiento y la muerte verificada a través de un nexo causal vinculante, en el que el homicidio surge como un resultado de las violencias o fuerzas ejecutadas con motivo u ocasión del robo, sin importar si la muerte fue precedente, concomitante o posterior a la apropiación.
Concluyó que "La muerte del damnificado Rico fue, entonces, desde el punto de vista subjetivo, alcanzada cuanto menos por el dolo eventual del acusado que cogobernó el robo mediante el uso de arma de fuego".
IV. Como se adelantó, el recurso procede pues el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad al dejar sin efecto la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (conf. art. 496, CPP).
IV.1. Tal como lo puso de manifiesto el recurrente y el Procurador General en su dictamen, el Tribunal de Alzada no analizó debidamente la conducta de A. a lo largo de todo el iter criminis, a efectos de concluir que la coautoría funcional afirmada no incluyó el tramo de la ultraintencionalidad propia del art. 80 inc. 7 del Código Penal por no haber sido el imputado quien efectuó los disparos del arma de fuego.
De la lectura del fallo en crisis se advierte que el a quo, al sostener el carácter de coautor funcional de A., tuvo por comprobado que este se encargó de evitar que la víctima se pudiera escapar por la puerta del acompañante del vehículo objeto de desapoderamiento mientras que G. la intimidaba con el arma de fuego que portaba, incluso cuando este realizó un primer disparo anticipatorio. De seguido, G. efectuó el segundo disparo directo a la humanidad del despojado dándole muerte. En todo este tramo fáctico: de comienzo a fin del iter criminis , el aquí acusado permaneció siempre en el lugar de los hechos en la posición activa descripta; y luego de ello, ambos coautores se dieron juntos a la fuga en el vehículo de la víctima, teniendo A. en su poder el celular de esta al momento de su detención.
Sobre dicha base fáctica, el Tribunal de Casación afirmó que entre A. y G. existió un plan en común, hubo división de tareas; aseveró que "...A. y su socio -de antemano- sabían lo que querían y como lo querían" y que "...ninguna duda puede abrigarse sobre el efectivo conocimiento del tenor de la empresa delictiva en la que A. estaba empeñado".
Sentado ello, la circunstancia de que no haya sido quien efectuó el disparo del arma de fuego, no descarta la existencia de la conexión ideológica entre el robo y el homicidio criminis causa , cuando -se insiste- previamente había afirmado que ambos tenían un plan en común en el que sabían "...lo que querían y como lo querían".
IV.2. De lo expuesto se desprende que, las particulares circunstancias en que se desarrollaron los hechos -que llegaron incontrovertidas ante esta Suprema Corte- y la actitud asumida por A. durante su ejecución confirman el acierto de la subsunción jurídica dada en la instancia de grado.
En particular, la intervención de A. de impedir que la víctima pudiera salirse por la puerta del acompañante del rodado, concomitantemente al momento en que su consorte dispara no una sino dos veces, la segunda al pecho de la víctima, de modo que ya después del primer disparo decae el argumento de la sorpresa que invoca, es demostrativa de que todo el acontecer fáctico -no solo el robo con armas sino también los disparos contra la víctima cuando esta intentó resistirse al desapoderamiento ilegítimo con la finalidad de consumar el robo- formó parte del quehacer común.
De ahí que los alcances que el a quo pretende dar a la circunstancia de que A. no haya sido quien efectuó los disparos, se contrapone a la previa afirmación de la coautoría funcional merced a los presupuestos fácticos antedichos, a la par que desatiende doctrina de esta Suprema Corte que establece que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 117.581, sent. de 1-VII-2015; P. 123.527, sent. de 26-X-2016; P. 128.
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