Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136711
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de J. L. C. C., con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.711, "C. C., J. L. s/ Queja en causa n° 100.490 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El día 2 de septiembre de 2019, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -en el marco de un juicio abreviado- condenó a J. L. C. C., a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en forma reiterada (arts. 119 párrafos tercero y cuarto inc. "b", 55 y concs., Cód. Penal).
La defensa del imputado interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 5 de agosto de 2021, lo rechazó. Sin perjuicio de ello, readecuó la calificación legal de los hechos en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravada por el vínculo en forma reiterada (conf. arts. 119 párrafos segundo y cuarto inc. "b", 55 y concs., Cód. Penal -t.o. según ley 25.087-).
Ante tal situación, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible. Ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada con fecha 8 de marzo de 2023, declaró procedente la presentación directa y admitió la vía extraordinaria por estimar que la tacha de arbitrariedad y la denuncia de violación del derecho al recurso se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñarán los agravios:
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció arbitrariedad por exceso en la jurisdicción y desnaturalización de las reglas de juicio abreviado. A su vez, sostuvo que ello derivó en la afectación del derecho al recurso contra el fallo de condena (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Puntualizó que el Tribunal de Alzada recalificó los hechos en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por el vínculo y pese a que dicho delito era menos grave al aplicado por el órgano de mérito (abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo) mantuvo la pena oportunamente impuesta en la instancia (once años de prisión, accesorias legales y costas).
Frente a ello, alegó que se desvirtuó la voluntad en común plasmada en el acuerdo de juicio abreviado, privándose a las partes de expedirse sobre la diferente calificación legal asignada y sobre la respectiva cuantía de la pena.
A su entender, se alteró la proporción entre el delito atribuido y la pena impuesta sin respetar lo pactado por las partes y quebrantando las reglas del trámite de juicio abreviado.
Argumentó que, en su caso, el órgano revisor debió haber anulado la sentencia de grado en punto a la calificación legal y devuelto a la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento; o, eventualmente, retrotraer el proceso a conocimiento del tribunal de grado para que las partes se pronunciasen sobre los términos del acuerdo abreviado, y en particular sobre la medida de la pena, en función de la nueva calificación legal establecida.
Por último, afirmó que se afectó el derecho a la revisión amplia del fallo de condena y del monto de pena (conf. art. cit.)
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 495, CPP), por los motivos que a continuación desarrollaré.
III. Veamos.
III.1. En el marco de la revisión del fallo de condena y luego de descartar las críticas vinculadas con la acreditación de la materialidad ilícita, el magistrado doctor Violini -a quien adhirió el señor juez Borinsky-, afirmó que se demostró con certeza positiva que "...en fecha indeterminada, pero comprendida aproximadamente entre el mes de agosto del año 2016 y el 9 de noviembre de 2017, en el interior de la vivienda sita en calle [...] el imputado abusó sexualmente en forma reiterada de su hija menor de edad, A. B. C. R., al realizarle tocamientos en sus genitales, como así también, accederla carnalmente vía vaginal al practicarle sexo oral (cunnilingus)".
Sin perjuicio de ello, efectuó una corrección en el encuadre legal de los hechos con sustento en que dicha conducta "...configura un abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización" reiterado en por lo menos dos oportunidades (conf. arts. 55, 119 párrs. segundo y cuarto inc. "b", Cód. Penal -t.o. según ley 25.087-).
De seguido, explicó que la modificación de la calificación legal era más benigna para el imputado y no incidía en la dosimetría de la pena. Consecuentemente, consideró justa la pena impuesta (con única pauta atenuante de buen concepto vecinal y sin agravantes), por el hecho reprochado, de conformidad con los indicadores de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Agregó que el proceso de determinación de la pena no consiste en un mero cálculo matemático vinculado a atenuantes y agravantes, sino que atiende a las particularidades del hecho y de la persona. Resaltó que la ausencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no exige partir del mínimo de la escala penal, así como tampoco existe un único punto de ingreso a la escala penal.
Concluyó que el fallo de mérito respeta los arts. 40 y 41 del Código Penal sin que el apartamiento del mínimo de la escala penal configure arbitrariedad.
III.2. Ahora bien, más allá de las consideraciones que cabría efectuar sobre la aplicación que el Tribunal de Casación hizo en el presente caso de la ley 25.087 con relación a hechos ubicados temporalmente entre el año 2016 y el día 9 de noviembre de 2017 (dos hechos en concurso real, conf. arts. 2, 55 y concs., Cód. Penal) -extremo que no fue puesto en discusión por la parte-, lo cierto es que la tacha de arbitrariedad resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
En efecto, la parte no demostró arbitrariedad en el cambio de calificación legal pues este, de conformidad con el principio iura novit curia , queda dentro del ámbito de competencia del órgano juzgador, siempre que no genere cambios sorpresivos que afecten el derecho de defensa, situación que la parte no demostró que haya acontecido en el caso (conf. art. 18, Const. nac. a contrario sensu ).
Tal como lo puso de manifiesto el señor Procurador General, la calificación legal modificada en Casación se asentó sobre idéntica base fáctica a la que se tuvo por probada en la instancia y la parte no evidencia que haya empeorado en aspecto alguno la situación procesal de su asistido.
De ahí que las manifestaciones dogmáticas en torno al impacto que ello debió tener en la pena no resisten el menor análisis pues la defensa oficial no se hizo cargo de que ambas figuras legales (abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal) cuando se agravan por alguna de las causales del cuarto párrafo -tal como aconteció en el presente- tienen la misma escala penal.
De ello se desprende que la defensa no demostró que la calificación legal aplicada por la Casación -más allá de su acierto o error- hubiera agravado la situación del causante dado que la escala penal resulta idéntica a la del delito acordado por las partes, manteniéndose así los términos del acuerdo de juicio abreviado pactado, en lo referente a la eventual aplicación de pena y a su modalidad de cumplimiento (conf. art. 399 y concs., CPP).
En definitiva, las manifestaciones de la parte se reducen a meras opiniones genéricas y como tales insuficientes para demostrar la arbitrariedad que alega, cuyo objeto "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Por todo lo expuesto, siendo que el recurrente no explica cuál sería el inconveniente de adoptar una calificación que es distinta a la pactada por las partes y a la impuesta por el órgano de mérito pero que por lo dicho (misma escala de punibilidad) no perjudica la situación procesal que traía el acusado, el reclamo incumple -también- con la demostración del interés directo en su reclamo (conf. art. 481 tercer párr., CPP; conf. en lo pertinente, mi voto en causa P. 122.204, sent. de 2-XI-2016).
IV. Finalmente, en función de lo expuesto en el punto anterior, corresponde -sin más- rechazar la denuncia de violación del derecho al recurso -directamente vinculada a la tacha de arbitrariedad- por haber quedado huérfana de sustento argumental (conf. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de J. L. C. C., con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 15:12:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:25:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:55:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:16:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:21:56 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:12:23 hs. bajo el número RS-106-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia