Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.338, "R., A. F. s/Queja en causa n° 100.624 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata condenó a A. F. R. a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente y por el resultado muerte (arts. 40, 41, 119 letra "b" y 124, Cód. Penal).
Recurrida la condena por la defensa de R., la Sala II del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento de fecha 8-X-2020, rechazó el recurso deducido.
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por el tribunal revisor (resol. de 3-VI-2021).
Presentada la queja pertinente en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. act. digital de fecha 2-VI-2021), esta Suprema Corte le hizo lugar a través de la resolución de fecha 7-XII-2021, concediendo la impugnación extraordinaria articulada.
Oído el señor Procurador General a través del dictamen de fecha 8-IX-2022, dictada la providencia de autos (v. act. digital de 13-IX-2022), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En primer lugar la defensa oficial denunció la desnaturalización de la tarea revisora de la sentencia de condena (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
Sostuvo que el órgano intermedio realizó una errónea revisión del fallo condenatorio, desentendiéndose de los concretos agravios de la defensa, a los que dio respuesta -a su entender- de un modo totalmente divorciado del concepto amplio de revisión.
Alegó que luego de reeditar la materialidad ilícita que el órgano de origen tuvo por acreditada, y dar cuenta de la valoración del testimonio de P. R. -al que ponderó como sustancial-, de las demás declaraciones valoradas y las conclusiones médicas, se limitó a coincidir con las conclusiones a las que llegó el tribunal de la instancia sin hacer un análisis propio de las circunstancias de la causa.
En lo que respecta a la autoría responsable, adujo que tampoco logró efectuarse una revisión conforme la normativa citada, en tanto habrían quedado sin respuesta los agravios vinculados a la posibilidad de una versión diferente a la que se arribó en el debate, a la aplicación del in dubio pro reo , y la ausencia de explicación por parte del tribunal acerca de cómo llegó a concluir que el hecho se produjo dentro de un rango inferior a 12 horas al ingreso de la menor al hospital.
Expresó que a través de fórmulas genéricas y remisiones al fallo de la instancia se confirmó la condena de su asistido, pero contrariando el doble conforme, en tanto se omitió compulsar la totalidad de las actuaciones a fin de responder los planteos de su parte.
Por otra parte, luego de dar cuenta de los agravios llevados por su par de la instancia, refirió que los argumentos incorporados en el memorial no excedían el marco delimitado por la defensora recurrente, sino que intentaban reforzar la denunciada transgresión de la garantía antes mencionada , y en especial, los agravios relativos a la hora y las circunstancias de lugar de comisión de la agresión sexual ya que, a su entender, ese extremo no se hallaba fundado en prueba objetiva.
Reiteró las críticas a la tarea revisora, destacando que tampoco consideró lo plasmado en el referido memorial del art. 458 -parte final- del Código de Procedimiento Penal y solicitó se case la sentencia impugnada y se reenvíen los autos al tribunal de instancia a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho.
II. En segundo término, denunció arbitrariedad por apartamiento injustificado de los precedentes jurisprudenciales de la Corte federal y defectuoso tratamiento del agravio vinculado a que la pena de reclusión se encuentra derogada y el planteo de inconstitucionalidad en subsidio.
Discrepó con lo resuelto por el Tribunal de Casación y consideró que la cuestión relativa a la pena de reclusión puede suscitar una cuestión federal. Expresó que se convalidó su vigencia sin una argumentación atendible para hacer a un lado la derogación virtual operada a partir de la sanción de la ley 24.660, tal como -desde su óptica- definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Méndez, Nancy Noemí s/ Homicidio Atenuado" y en contradicción con los instrumentos internacionales suscriptos por el Estado argentino como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Dijo que, contrariamente a la postura asumida por Casación, la derogación de la pena de reclusión implica la derogación de todas las normas en que aparezca en el Código Penal.
Finalmente, reiteró que hace tiempo que la reclusión ha dejado de diferenciarse de la pena de prisión en cuanto a su modo de cumplimiento, por lo que el revisor debió brindar razones valederas sobre cómo, a pesar de la identidad material en la ejecución de ambas penas, puede colegir que subsiste la pena de reclusión a partir de otras disposiciones del Código Penal.
En función del análisis histórico, normativo y doctrinario que hizo sobre el tema en discusión, sostuvo que la conciencia desarrollada en la actualidad jurídica impide considerar racional una pena aflictiva, y una pena infamante sería inconstitucional.
Concluyó en que la ausencia de argumentos que permitan comprender el criterio seguido para prescindir de la doctrina de la Corte aplicable al caso importa una decisiva falta de fundamentación que vicia a la sentencia como acto jurisdiccional.
III. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no prospera.
IV. El Tribunal de Casación Penal, abordó el recurso y rechazó todas las críticas contenidas en el mismo.
Comenzó por precisar que el tribunal de origen dio por acreditado que "...el 16 de febrero de 2015, en horas de la tarde, en el domicilio ubicado en las calles [...] de la localidad de Coronel Brandsen, un sujeto de sexo masculino, progenitor de M. V. M. C., de ocho meses de edad, la accedió carnalmente vía anal, ocasionándole lesiones que dos días después le ocasionaron la muerte..."; y también la intervención del imputado R. en el suceso antes narrado, con suficiente sustento probatorio y brindando un adecuado desarrollo de las razones que guiaron su convicción (conf. arts. 106, 209, 210 y 373, CPP).
Luego, se abocó al análisis de los cuestionamientos formulados por la defensa. En primer término, a la comprobación de la materialidad ilícita y la precisión del momento de ocurrencia del hecho en trato.
Dio cuenta del valor convictivo otorgado por el tribunal de primera instancia al testimonio prestado en Cámara Gesell por P. R., sobrina del acusado, que dio detalles de modo, tiempo y lugar respecto de lo que recordaba de aquel día; a la declaración de L. M. R. V. que corroboró el testimonio de su hija y agregó que cuando llegó el imputado corriendo a su casa dijo " ...se me cayó, no sé qué le pasa... "; y también al de M. A. A. que confirmó que R. refirió que la menor se había caído.
A fin de respetar la secuencia temporal, el revisor mencionó que la niña ingresó el 16 de febrero de 2015 a las 22 hs. al Hospital de Brandsen en paro cardiorrespiratorio, y luego trasladada en helicóptero al Hospital de Niños de La Plata, con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave, abdominal, sospecha de maltrato infantil y abuso sexual.
Señaló que a partir de allí el tribunal de mérito valoró las conclusiones médicas que emergen del reconocimiento médico de la doctora Méndez y el informe de la autopsia -a cargo del doctor Bergués-.
A lo anterior sumó la pericia médica realizada en conjunto por las doctoras Méndez y Tinto quienes, en un trabajo más pormenorizado, otorgaron precisiones acerca del tiempo de producción de las lesiones y concluyeron que todas las lesiones constatadas al ingreso al Hospital de Niños -incluyendo las de abuso sexual- eran de reciente data, pudiendo estimar por las características (coloración azul violácea, sangrado, congestión y eritema perilesional) una evolución menor a 12 horas.
Tras reseñar los elementos probatorios tenidos en cuenta, y las respuestas otorgadas por el tribunal de primera instancia a los planteos de la parte sobre los mismos, el revisor juzgó que existió prueba suficiente del extremo sometido a control, sin que se advierta la arbitrariedad alegada por la recurrente. Luego respondió a los cuestionamientos de la defensa. Expresó que la médica Méndez había sido clara en cuanto a que el primer reconocimiento se había realizado teniendo especialmente en cuenta el estado crítico de la menor, quien aún se encontraba con vida, y que fue debido a esa circunstancia y en esas condiciones que practicó el informe y estimó una evolución de las extragenitales y paragenitales dentro de un rango inferior a las 72 horas, mientras que las lesiones genitales y las observadas en la región anal, eran de reciente data.
Luego, en un informe realizado en conjunto con la doctora Tinto, frente al específico punto de pericia solicitado acerca de si era posible aproximar la data de las lesiones de índole sexual, ambas profesionales precisaron una data menor a 12 horas de evolución desde su ingreso al hospital, conclusión que reafirmaron en el debate oral.
A partir de ello, explicó que no compartía el desajuste alegado por la defensa en tanto los dictámenes, lejos de descartarse entre sí, se complementan, en atención a la mayor exactitud que el segundo otorga a las conclusiones del primero, y avalado por la opinión coincidente de dos profesionales que, tras el estudio de todas las constancias médicas, brindaron la debida explicación en sustento de dicha conclusión.
Finalmente, analizó y justificó el rechazo de los planteos de la defensa, que había esgrimido que la agresión podría haber ocurrido en cualquier momento en el rango de las 72 horas previas, en el que la víctima estuvo al cuidado de otras personas, fundándose para ello en constancias de la causa, para concluir que el horario de ocurrencia del suceso no resultó escogido de manera discrecional e infundada, sino que surge razonablemente acreditado a partir del plexo probatorio valorado.
En cuanto a la autoría responsable, reseñó los elementos de convicción ponderados por el tribunal de origen, desestimó los agravios de la defensa por insuficientes y confirmó el análisis realizado por el de mérito a partir de la ponderación de un conjunto de indicadores que de manera unívoca permitieron cimentar la certeza de la autoría de R. en el mismo sin ninguna hesitación.
Consideraron los magistrados que el intento recursivo no trascendía de una discrepancia subjetiva, que no había puesto en evidencia transgresión alguna y tampoco quedaba espacio para la alegación de la duda.
V. Tal como lo dictamina la Procuración General, el recurso no progresa.
VI. El recurrente denuncia una revisión aparente de la sentencia de condena en vulneración -según adujo- al derecho al recurso y al doble conforme, sin embargo su planteo no pasa de ser una mera opinión discrepante con el criterio opuesto sustentado por el tribunal revisor, sin lograr demostrar que el razonamiento seguido por aquel al confirmar la sentencia de condena a partir de la prueba producida, hubiese configurado una interpretación arbitraria o contradictoria a la luz de las constancias comprobadas de la causa.
De la reseña efectuada se aprecia que la Casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte, los descartó, y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio. El recurrente no ha logrado evidenciar la restricción cognoscitiva que denuncia.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
El esfuerzo por "revisar todo lo que pueda revisar" no implica que "re evalúe" todas las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a este corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2 "h", CADH), pero sí que verifique, que efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción (causa P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017, primera cuestión). Y en ese punto como fuera dicho, Casación confirmó la hipótesis incriminante para R. a partir de corroborar todo un cuadro probatorio, sin advertir la existencia de las falencias denunciadas.
En rigor, las críticas del recurrente están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido- y de los elementos de convicción tenidos en cuenta y por ello, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (arts. 494 y 495, CPP).
VII. El reclamo que hace referencia a la arbitrariedad del fallo atacado por aplicación de una pena que se encontraría virtualmente derogada del sistema penal argentino, corre la misma suerte adversa.
El órgano casatorio sostuvo que "...no puede afirmarse que la pena de reclusión se encuentre derogada tácitamente por las leyes que regulan la ejecución de las penas privativas de libertad, en virtud de las diferentes disposiciones aún vigentes en la parte general del Código Penal que dan tratamiento diferenciado a las distintas especies de pena"; y que "...si bien es cierto que en la actualidad se cumple en forma idéntica a la pena de prisión, también lo es que ambas modalidades de pena tienen previstas soluciones diferentes en lo concerniente a las posibilidades de obtención de beneficios tales como la libertad condicional (art. 13, CP) o el cómputo de la tentativa. Lo mismo sucede con la determinación de la escala penal prevista para la tentativa de delitos en los supuestos de participación secundaria (art. 46, CP)".
Continuó señalando que "...aun cuando la ejecución diaria de la pena de reclusión sea idéntica en la práctica a la de la pena de prisión, entre ambas modalidades de pena todavía existen diferencias legales que impiden entender que la primera de ellas se encuentra derogada".
Lo así resuelto es coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte, a partir del precedente P. 102.332 (sent. de 22-IV-2009), en el que se sostuvo que la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Código Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y por ende de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno pone en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal.
El mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento, la existencia de normas que dan cuenta de las diferencias entre dichas clases de pena a los fines de acceder a diferentes institutos (por ejemplo los arts. 26, 44 y 46, Cód. Penal) y las múltiples reformas operadas en el Código Penal con posterioridad a la sanción de la Ley de Ejecución Penal mediante las cuales se conminó con pena de reclusión a diversos tipos penales (leyes 25.061, 25.087, 25.188, 25.601, 25.742, 25.816, 25.882, 25.886, 25.890, 25.892, 25.893, 25.928, 26.394, 26.524, 26.791, 26.842, 27.352 y 27.401) demuestran que, pese a la identidad en su ejecución, siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (conf. causas P. 126.413, sent. de 23-V-2017; P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; e.o.).
En el reciente fallo P. 133.869 (sent. de 5-VII-2021) se afirmó que la reclusión es la pena más grave de las que componen el catálogo del Código Penal (art. 5), pues otros aspectos que no se relacionan directamente con las condiciones materiales en las que debe cumplirse, permiten distinguirla de la de prisión y acentúan ese cariz diferencial y más severo, sin que las alegaciones de la parte logren conmover dicha conclusión.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2023 15:41:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2023 09:46:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:42:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 11:01:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 11:11:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/03/2023 13:11:02 hs. bajo el número RS-15-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia