Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135985
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.985, "G. B., V. A. s/ queja en causa n° 102.376 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores el día 16 de octubre de 2019 -en lo que interesa destacar- condenó a V. A. G. B. a la pena de once (11) años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autora penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo (hecho I) y promoción y facilitación de la prostitución agravada por la minoría de edad de la víctima y por el parentesco (hecho II), ambos hechos en concurso real.
Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso un recurso de casación. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de mayo de 2021, rechazó el recurso interpuesto.
El señor defensor oficial adjunto de casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, declarado inadmisible por el órgano revisor (conf. resol. de 8 de junio de 2021), motivó la queja ante este Tribunal, siendo concedido finalmente mediante la resolución del día 20 de junio de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 19 de diciembre de 2022), dictada la providencia de autos (de fecha 21 de diciembre de 2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor de la imputada V. A. G. B. se agravió de la revisión del fallo de condena respecto de la aplicación del in dubio pro reo , así como también de la frustración del derecho a la doble instancia y de la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2 y 5, PIDCP).
Sostuvo que Casación no dio respuesta a las concretas críticas expuestas por su parte y la propia imputada, en puntos que resultaban determinantes para la solución del caso.
Afirmó que no se lograron acreditar los hechos con la certeza que exige un pronunciamiento condenatorio, así como tampoco se verificó la aplicación del método histórico como límite normativo impuesto por la regla del in dubio pro reo .
Tras dar cuenta de los agravios sobre la prueba llevados a conocimiento de esa sede, alegó que la tarea del órgano intermedio se limitó a señalar que el material probatorio había sido valorado adecuadamente en la instancia de juicio, sin efectuar un examen concreto sobre los cuestionamientos formulados, dejando insatisfechos los lineamientos fijados en el fallo "Casal" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En relación con el hecho I, expresó que oportunamente señaló que el testimonio de la víctima presentó inconsistencias y contradicciones con el resto de los elementos valorados, además de no haberse podido corroborar por otros medios de prueba disponibles, y ese modo de resolver colisionó con los principios constitucionales denunciados.
Agregó que "...si no se contó con testigos o prueba alguna de aquello que la víctima describió como una golpiza, habrá que considerar como válido que los hechos pudieron no haber sucedido, al menos en los términos acusados".
A su entender, no era posible descartar -como lo hizo el tribunal- la insuficiencia probatoria relativa a la existencia de las lesiones en el brazo de la víctima producto de una caída contra el filo de una ventana, que habría tenido su origen en cachetadas y golpes de puño en la espalda, en tanto el informe médico en el que se sustentó la conclusión sólo constató una excoriación en el brazo derecho, descartando rastros de los golpes referidos.
Al respecto observó que la Casación no hizo referencia ni valuación ninguna de los testimonios cuyo examen había reclamado esa parte por su trascendental relevancia para fundar una conclusión distinta. A su vez argumentó que se desentendió de la prueba que -a su modo de ver- confrontó "al menos parcialmente" la versión de la víctima y que permitiría poner en duda sus dichos y su credibilidad.
En cuanto al hecho II sostuvo que, si bien en la sentencia se decidió descartar los argumentos dirigidos a cuestionar el valor convictivo de la víctima, los magistrados omitieron toda consideración de las diversas situaciones planteadas por la imputada, como las variaciones en su relato, las contradicciones con lo declarado por su entonces novio D., que de tal modo no fueron sopesadas y resultaban relevantes.
También denunció que no pudo acreditarse que la acusada era quien se contactaba telefónicamente con hombres adultos, a los que les entregaba a la menor para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, porque a su entender sólo los dichos de la víctima dieron cuenta de tal circunstancia, ya que de los seis teléfonos secuestrados la acusación no pudo aportar ningún mensaje que avalara esa tesis, ni se convocaron testigos, ni se llevó prueba alguna al debate que permitiera sostener, con cierto grado de certeza, que la víctima era retirada de su casa por extraños o llevada a la ruta a efectos de ofrecer sexo a cambio de dinero, o que había sido obligada a abortar en varias oportunidades, cuando habría concurrido al hospital a realizarse controles. Entiende que no se aportó prueba de esas supuestas circunstancias.
Adujo que el tribunal se limitó a corroborar la inexistencia de absurdo, cuando lo que se había cuestionado era la insuficiencia de las pruebas aportadas para acreditar los extremos de la imputación, y esa limitación, ha impactado en el rechazo de la queja fundada en el in dubio pro reo .
Concluyó expresando que con ese modo de resolver el órgano casatorio no solo ha prescindido de valorar de manera armónica y conjunta la totalidad de las constancias de la causa, sino que ha excluido del control las críticas de la parte recurrente dirigidas a demostrar que no había sido destruido el principio de inocencia.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. Adelanto que, desde mi punto de vista, el Tribunal de Casación brindó una adecuada respuesta a las objeciones que la defensa formuló ante esa sede, ajustando su labor revisora a los parámetros que establecen los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su doctrina, así como también a los estándares fijados por el precedente "Casal" de la Corte federal.
En el recurso de casación, la defensa se agravió del absurdo en la apreciación y la valoración de la prueba y de la insuficiencia de la misma para acreditar la materialidad ilícita y la autoría, por entender que la condena se había sustentado únicamente en los dichos de la denunciante. Reclamó que debía imperar en la causa el principio de in dubio pro reo .
El Tribunal de Casación Penal, al fiscalizar el fallo de la instancia a tenor de los agravios formulados por la parte, juzgó que allí se habían valorado integralmente, sin advertir yerro alguno, los elementos de prueba por los cuales se tuvieron por acreditados los extremos de las materialidades ilícitas y la intervención -en lo que interesa- de G. B. en las mismas.
Expresó que el examen de las constancias de la causa impedía convalidar el argumento de la impugnante, tanto en lo que hacía al testimonio de la víctima como al valor probatorio del resto de las evidencias presentadas en el juicio.
Abordó los cuestionamientos dirigidos a poner en crisis la credibilidad del relato de la víctima, y los descartó, señalando que si bien resultaba de fundamental entidad convictiva, no fue el único elemento de cargo en el que se sustentó el fallo, dado que encontró corroboración de relevancia con otros testimonios, como los de Ana Daniela Casas y Mariana Passo, profesionales del Hospital y del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, quienes permitieron conocer el estado emocional en el que se encontraba la víctima el día en que fueron convocadas, a raíz de la denuncia efectuada en un contexto de violencia familiar; los testimonios de M. A. B., F. A. y D. D.; los informes del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño; el informe victimológico realizado por la asistente social, María Mercedes Repetto; el informe médico correspondiente a la víctima; y la evaluación psicológica de la menor, realizada por la licenciada Paola Brum del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Luego, hizo expresa mención a la declaración prestada por la víctima, considerando que "...en su relato no se detectaron contradicciones o incongruencias que hicieran dudar de la veracidad de su revelación, en torno a la conducta de su progenitora que consistió en acordar contactos sexuales de la niña con distintas personas a cambio de dinero" (Sala I del Tribunal de Casación Penal, sent. de 4-V-2021, voto del señor juez Carral).
Respecto a las lesiones sufridas, el tribunal intermedio afirmó que también concurrían elementos que complementaban y corroboraban lo denunciado, como el informe médico en el que se constataron las excoriaciones en su brazo derecho y los restantes testimonios que analizó.
Así, se refirió a la evaluación de la licenciada Brum, quien descartó la existencia de signos de fabulación, motivación o inducción de terceros en la niña, observando el intento de la imputada de manipular a su hija.
También hizo mención a los testimonios de Casas y Passo quienes explicitaron que, pasados unos días de realizada la denuncia, la víctima reveló diversas situaciones de abuso sexual que su progenitora facilitaba, observando el estado emocional en que se encontraba la niña originado por el contexto de violencia familiar y los encuentros sexuales que su madre promovía a cambio de dinero.
El revisor destacó que no resultaba ilógico el hecho de que la víctima hubiera contado la situación de violencia familiar en que se encontraba inmersa con el correr de los días, debido a la confianza originada con la asistencia profesional recibida.
Asimismo, mencionó las declaraciones de D. y A., quienes relataron conocer la situación desde antes de que la niña se la revelara a las profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
Se refirió a lo manifestado por G. S. (hermana de la víctima e hija de la imputada), considerando que su versión de los hechos resultaba incompatible con todas las pruebas producidas en el debate; el órgano revisor expresó que "[...] no se ha detectado que los testimonios y la documentación considerada por la magistrada de la instancia como prueba de cargo, haya sido valorada en forma ilógica o contrariando las constancias del legajo, y en cambio, se advierte una ponderación de los distintos medios de prueba presentados por la acusación en sostén de su pretensión, dando cuenta de las razones que formaron el ánimo y/o convicción del tribunal al examinar con sentido crítico el conjunto probatorio " (Sala I del Tribunal de Casación Penal, sent. de 4-V-2021, voto del señor juez Carral, apdo. VII).
IV. Del contenido de lo reseñado se advierte que el órgano casatorio abordó los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de la especialidad, y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se observa, ni la parte recurrente ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (art. 495, CPP).
En efecto, es que, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación de la condena de la imputada y -específicamente- a descartar la incorrecta aplicación del principio in dubio pro reo , se advierte que el tribunal recurrido efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal" de la Corte federal -Corte Suprema de Justicia de la Nación Fallos: 328:3399-.
Entonces, tanto la denuncia de arbitrariedad por infracción a la revisión integral de las pruebas como la crítica referida a la vulneración del principio de in dubio pro reo , no prosperan. Pues sin perjuicio de que el recurrente sostiene que el revisor desatendió los agravios llevados ante su instancia -fundamentalmente el referido a la insuficiencia de la prueba para tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de su asistida-, de lo ya expuesto se visibiliza que el Tribunal de Casación Penal sí abordó los planteos, explicó que la prueba había sido valorada en forma lógica y razonable, que el plexo probatorio no se componía únicamente de la declaración de la víctima, y hasta detalló la prueba periférica producida dando cuenta de su valor.
Frente a ello, los argumentos del recurrente no abastecen para demostrar que en el caso concreto con las evidencias disponibles no se haya podido superar el umbral de exigencia probatoria del proceso penal (art. 495, CPP cit.; conf. -entre otras- causa P. 135.709, sent. de 10-XI-2022).
Voto por la negativa
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2023 15:41:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2023 09:46:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:42:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 11:02:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 11:11:25 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/03/2023 13:11:41 hs. bajo el número RS-17-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia