Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134387
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.387, "Roldán, Jorge Armando -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal-. Queja en causa N° 100.922 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a U. G. E.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
Conforme surge del expediente que se radicó electrónicamente y de la causa principal remitida en formato papel ante esta Suprema Corte, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 28 de julio de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes que, por mayoría, absolvió a U. G. E. del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su comisión contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia.
El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por el Tribunal de Alzada, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 21 de mayo de 2021, admitió la queja y concedió el carril extraordinario por estimar que las denuncias de arbitrariedad, "...junto con la invocación de normativa convencional y la vulneración del derecho de la víctima a ser oída" cuentan con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Corresponde previamente aclarar que, de acuerdo con el auto de admisibilidad, los agravios a tratar se limitan a la denuncia de arbitrariedad por fundamentación aparente y a la violación del derecho de la niña víctima a ser oída, como derivación del derecho de defensa en juicio. De modo que en dicho restringido marco será abordada la vía impugnativa, en línea con la doctrina del Tribunal (conf. causas P. 117.199, resol. de 21-V-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 133.392, sent. de 27-V-2021 y P. 134.739, sent. de 23-II-2022).
I.1. En lo que concierne a la denuncia de arbitrariedad de la sentencia del a quo por falta de debida fundamentación al convalidar la absolución del imputado, el representante fiscal recuerda que ante Casación se quejó de la errónea valoración de la prueba respecto de los dichos de la menor. En su apreciación, la declaración prestada en el juicio por la víctima fue creíble, respondiendo con coherencia las preguntas formuladas.
Sostiene que su retractación durante la investigación preliminar debió valorarse de manera contextualizada con el núcleo familiar hostil en que vivía la niña: su madre y su hermana nunca le creyeron, la maltrataban al punto tal que el día después de la detención del imputado la echaron del domicilio. Agrega que el informe de la perito Nievas refrenda que dicha retractación se debió a las presiones que la niña sufría dentro de su círculo familiar.
Por eso estima que la afirmación del Tribunal de Alzada relativa a que no se demostró que el voto mayoritario hubiera incurrido en arbitrariedad no repara en lo efectivamente denunciado en el recurso de casación.
Refiere que, si bien el sentenciante dijo ponderar la declaración de la víctima con perspectiva de género, en rigor, no lo hizo. Pues, pese a reconocer que la niña sufría maltrato físico y psicológico, igualmente estimó que su relato no resultaba creíble debido a los sucesivos cambios en la versión de los hechos. Cita en su apoyo la doctrina de la causa P. 125.687.
Luego, transcribe el voto de la minoría del órgano de mérito en el que -a su entender- se realiza una debida ponderación del relato de la niña junto con el resto de las pruebas del caso. En tal sentido, destaca que se valoraron las supuestas inconsistencias como un rasgo típico de los testimonios de niñas víctimas de abuso sexual intrafamiliar que, además, padecen violencia dentro de su hogar, agregando que el relato de la damnificada fue ratificado por las testigos A. E. G. (vecina y denunciante) y Patricia Cuello (profesora del colegio de la niña).
También refiere a la secuencia temporal en que el voto en minoría analizó los acontecimientos: "...primera denuncia acompañada por [la] vecina G., ulterior retractación, denuncia al vecino P. al día siguiente en que se dispuso la exclusión del hogar del imputado; posterior denuncia del director del colegio, Leguizamón, a instancias de la docente Patricia Cuello". Suma a ello el testimonio de la asistente social Doret. Luego examina los informes psicológicos realizados por la licenciada Liliana Nievas -integrante del gabinete victimológico de las fiscalías descentralizadas de Berazategui- (v. fs. 29 vta./31 del expediente formato papel), y el de la licenciada Adriana Sanguinetti quien destaca la situación de vulnerabilidad en que se encontraba M. (v. fs. 31 vta. y 32). Adiciona el informe de la Dirección General de Políticas de Género, Familia y Diversidad (v. fs. 32 vta. y 33), y analiza el testimonio de la madre de M. en cuanto afirmó que "no vio nada" y el de su hermana G., en cuanto brindó más detalles "...que permiten reconstruir la dinámica familiar".
En razón de lo expuesto, afirma que el voto minoritario efectuó una adecuada ponderación de la prueba acorde con la perspectiva de género que el caso reclama, así como en relación con la especial situación de vulnerabilidad de la niña.
Frente a lo expuesto, descalifica por dogmáticas y genéricas las alegaciones del Tribunal de Casación Penal que reprodujo los argumentos de la mayoría del tribunal de primera instancia sin abordar los planteos llevados en el recurso de casación.
I.2. Como segundo embate, aduce que se afectó el derecho de la niña a ser oída pues no se tuvo en consideración su situación de vulnerabilidad por ser víctima de abuso sexual (conf. art. 34, CDN).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado.
No coincido con lo dictaminado.
III. El embate deviene insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. De la lectura del fallo de primera instancia, surge que -por mayoría- las juezas María Cecilia Maffei y Marcela Alejandra Vissio concluyeron que no advertían elementos de convicción que permitieran justificar la materialidad ilícita intimada por la fiscalía consistente en que: "...desde mediados del año 2013 hasta mediados del año 2017, en el domicilio ubicado en la calle … entre … A y … de la localidad de Gutiérrez, partido de Berazategui, el aquí imputado, U. G. E. abusó sexualmente de [...] M.E. de tan solo quince años de edad, con tocamientos en sus partes íntimas y accediéndola carnalmente vía vaginal, mediante golpes de puño y amenazas, aprovechando la situación de convivencia con la menor".
En primer lugar, analizaron los diversos testimonios de M. E. a lo largo del juicio, apreciando inconsistencias insuperables entre sí tales como: diversas contradicciones en cuanto al autor del hecho, y también en referencia a circunstancias de modo, tiempo y lugar (citó las denuncias policiales de fechas 6-II-2014 contra U. G. E.; la realizada el 10-VI-2014 contra H. H. P., la ratificación efectuada el 11-IX-2014 contra P.; el testimonio prestado durante el juicio).
Asimismo, confrontaron los dichos de la nombrada con los de su madre M. E. L. y con los de su hermana G. E., quienes manifestaron descreer de la denuncia contra U. G. E. y dijeron que era materialmente imposible que este hubiera abusado de M. en el domicilio porque nunca estuvieron solos.
También ponderaron el informe victimológico, en el marco del cual la licenciada Nievas mantuvo diversas entrevistas con L. y con M. E. (los días 13 y 26 de marzo de 2015 -conforme expediente en formato papel-). Expresaron que la niña "...varió sustancialmente su relato, circunstancia que ni siquiera la perito pudo explicar, ni tampoco darle un contenido asequible para fundamentar tal inconsistencia". A su vez, indicaron que el relato de M. "...estuvo caracterizado por la inconsistencia en algunas de sus afirmaciones, la ausencia de recuerdos respecto de las entrevistas mantenidas con psicólogos en el ámbito judicial, resistencia a hablar del motivo que dio paso a la investigación, así como también una actitud reticente frente al pedido de aclaraciones y detalles, acompañado de tono negativo y una conducta oposicionista y, por momentos, improcedente". Explicaron la decisión de "...no repetir la batería de técnicas, teniendo en cuenta los antecedentes de la pericia anterior, su reticencia y la mala predisposición, recomendando una evaluación psiquiátrica". Por último, concluyeron que "M. evidenció, en comparación al 2014, una posición más reticente y desorganizada, así como un cambio en el discurso respecto del padre en comparación con la pericia de aquel año, cuando negó que éste hubiese abusado sexualmente de ella".
Luego, citaron la denuncia efectuada el 14 de septiembre de 2015 por el director de la escuela de M. a raíz de una conversación mantenida por esta última con la maestra Patricia Cuello a quien le dijo ser víctima de abuso. Y, además, la testimonial de la docente Cuello quien dijo que M. le contó que su papá la abusaba y que su mamá le pegaba y la maltrataba todo el tiempo.
En el mismo sentido, rememoraron la declaración de Elvira Isabel Mattey Doret, trabajadora social de la escuela a la que iba M., quien relató que esta última le contó que su papá la abusaba y que su madre la maltrataba y no le creía, circunstancia esta última que constató en una oportunidad en que se constituyó en el domicilio de la niña y advirtió que su mamá y su abuela no le creían, que M. no estaba integrada a su grupo familiar y no tenía la contención necesaria y que la trataban mal, en particular su madre y su hermana. Indicó que "...M. inició tratamiento psicológico y psiquiátrico en una primera instancia cuando presentaron el caso en la Fiscalía y se dio intervención al Servicio Zonal, desconociendo si en la actualidad continuaba haciéndolo. Manifestó que en aquel momento lo comenzó sin continuidad ya que le costaba mucho llegar al Centro Sábato desde donde vivía".
A continuación, resaltaron que en el reconocimiento médico legal para delitos contra la integridad sexual "...confeccionado el 1 de abril de 2016, es decir, más de seis meses después de la denuncia, la médica de policía María Victoria Barboza, dejó asentado que el examen se hizo en presencia y con el consentimiento de Cristina Isabel Martínez, preceptora de la EES N° 16 de Berazategui [...] Al examen, presentó excoriaciones a nivel paragenital -cara anterior de ambos muslos, en el tercio medio del muslo derecho y en el tercio superior del muslo izquierdo -compatibles con lesiones provocadas por choque o roce contra elemento de superficie con filo de una evolución de 72 hs. A nivel ginecológico se observaron lesiones compatibles con las producidas por la penetración de un elemento duro y romo, como un pene en erección o con similar, no siendo posible establecer la fecha de producción de las mismas ya que se encontraban cicatrizadas [...] no había lesiones extragenitales ni anales, así como tampoco genitales de reciente data".
A su vez, dieron cuenta de los mensajes de whatsApp enviados por M. a su amiga Z. en los que dio cuenta de su estado de embarazo, que este era producto de los abusos sexuales de su padrastro, del maltrato sufrido en su casa y de su intención de suicidarse.
Adunaron que la Dirección General de Política de Género, Familia y Diversidad de la Municipalidad de Quilmes dejó constancia de "...la situación que atravesó M.E., de los diversos lugares donde habitó luego de ser echada de su hogar por su madre y de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, concluyendo que M. se encontró sometida a una vulneración crónica debido a su historia de vida y la violencia padecida desde su seno familiar. Además, la Directora dejó asentado, que en la primera entrevista la joven le relató que se encontraba transitando la semana 23 de embarazo [...] que resultó ser producto de los acosos y violaciones sistematizadas desde los seis años por parte de G. E., además de referir situaciones de violencia psicológica y física por parte de M. L.. También que el 7 de septiembre de 2017 nació la bebe por cesárea".
En definitiva, concluyeron que "...la damnificada ha dado diversas versiones de lo sucedido, [...] que a esta altura ponen en crisis la veracidad de sus dichos, puesto que se evidencian diferencias sustanciales en lo que hace a la multiplicidad de vías y los horarios en que ocurrían los abusos, así como también en lo que hace a la sorprendente circunstanciación de los hechos que habría cometido P. en oposición a la falta de detalles que se vislumbraron respecto de lo vivido con relación a su [padrastro]. Sin perder de vista que la versión brindada por M. E. durante el juicio es la que debe prevalecer, de acuerdo a los principios que rigen el debate oral y público, lo cierto es que su credibilidad se torna frágil a la luz de los restantes elementos tornándose insuficiente la explicación que ante los jueces diera de lo sucedido, imposibilitando de este modo arribar a la certeza necesaria para tener por acreditada la existencia del hecho". Ni siquiera la perito Nieves pudo brindar una explicación que permita entender los cambios en el discurso de la joven, los que se reputaron "inconsistentes, reticentes, desorganizados y desarrollados con mala predisposición".
Insistieron con la existencia de serias inconsistencias en cuanto a las vías de acceso carnal (en algunas oportunidades dijo haber sido accedida vía anal y vaginal y en otras solo vía vaginal); en cuanto al horario en que acontecían los hechos de abuso sexual y a la dinámica familiar que según G. E. y M. E. L. tornaba imposible concretizarlos.
Reforzaron tales contradicciones e imprecisiones con las circunstancias de que M. E. "...fue categórica en afirmar que el padre de su hija N. era U. E. y que la criatura había sido concebida en el marco de los abusos sexuales" cuando el resultado de la prueba de ADN excluyó al imputado como padre de la niña.
"En síntesis, las contradicciones e inconsistencias que se advierten en el relato de M. E. no pudieron ser justificadas a través de la prueba valorada, ni tampoco a partir de las conclusiones que la licenciada Nievas informó en sus diferentes intervenciones".
Sumaron a ello que "...no se ha citado a prestar declaración durante el debate a la Licenciada Nievas para que explique sus conclusiones ni se ha acompañado la historia clínica de la atención psiquiátrica de M. E. en el Dispensario de Quilmes, y/o el expediente de abrigo. Tampoco se ha practicado sobre la víctima un amplio análisis psicológico-psiquiátrico. Todo ello podría haber despejado las cuestiones que tiene que ver con el cuadro que evidentemente presenta la víctima y que ha merecido la ingesta de medicación psiquiátrica durante un tiempo o las inconsistencias en su discurso".
Por último, destacaron que en la pericia psicológica-psiquiátrica practicada al imputado las especialistas concluyeron que "...no presenta alteraciones morbosas ni insuficiencia de sus facultades mentales que le impidan comprender y/o dirigir sus acciones, destaca que se evidencia en el encartado una organización psíquica estable y ordenada con utilización de defensas con primacía de la represión, que presenta control de impulsos, identidad y efectividad ordenada e integrada. Agrega que presenta reconocimiento de los otros, diferenciando su rol social y familiar, es capaz de percibir y transmitir la verdad, tanto de ocultarla y/o desvirtuarla. Finalmente, que no detectan en el imputado signos de psicopatía durante el examen, no presenta peligrosidad derivada de un cuadro orgánico específico, siendo capaz de discernir, reconocer la gravedad del delito que se imputa y de afrontar las consecuencias, aunque niega protagonismo en la presente causa".
Por su parte, el voto minoritario de la jueza Julia Márquez, entre otros aspectos, destacó que la perito psicóloga, licenciada Nieva, que realizó los dos informes psicológicos de M. recomendó que "...'frente a la reticencia y situación familiar se sugiere que se informe al Asesor de Incapaces, como al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescente' [...] concluyendo que no estaban dadas las condiciones para que M. brinde declaración testimonial".
A su vez, analizó cada una de las entrevistas psicológicas realizadas a la niña, poniendo de manifiesto el momento temporal en que estas se realizaron, así como también distintas medidas dispuestas por las profesionales que entrevistaron a M. en función de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la niña, que a medida que fue transcurriendo el tiempo, fueron empeorando cada vez más. De esta manera, se hace referencia a que "...con fecha 2 de noviembre de 2016 la entrevista otra Psicóloga la Lic. Adriana Sanguinetti (fs. 75/vta. IPP 13-00-23045-15) quien refiere 'Se ha mantenido entrevista en el día de la fecha a fin de prestar declaración testimonial ante vuestra Fiscalía. Que a lo largo de la misma la joven presentó una actitud de amedrentamiento, producto de amenazas recibidas en su hogar por parte de su progenitora y padrastro. Según refiere con palabras propias ambos se alcoholizan, y son violentos físicamente con ella. Se observó que la joven presenta lesiones autolesivas en la muñeca y refiere ideación de tipo suicida al momento de la entrevista. Manifestando al momento de la entrevista que hará unas semanas «tomé pastillas»(SIC). Se observó cierta introversión libidinal y dificultad de poner en palabras los hechos que dieran lugar a la presente IPP. Que refiere intentar realizar la declaración testimonial ante vuestra fiscalía. Atento al estado psíquico actual, el desarraigo de la trama familiar que se presenta como falta de contención y desamparo. Ubican a la joven en una situación de vulnerabilidad y riesgo subjetivo por esta razón es que se sugiere interconsulta con Psiquiatría, a fin de evaluar riesgo subjetivo y realizar diagnóstico diferencial'".
III.2. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Carral -al que adhirió el juez Maidana- rechazó el recurso fiscal y confirmó la absolución.
Afirmó que la parte se limitó a expresar una interpretación distinta sobre la valoración de la prueba sin demostrar absurdo ni arbitrariedad.
Agregó que el voto mayoritario analizó los elementos probatorios conforme las reglas de la sana crítica y de la lógica. Puntualizó que la absolución se basó en las contradicciones en el relato de la víctima como así también entre este y el resto de la prueba producida.
Explicó que "Las reiteradas variaciones del relato de M.E. no pueden pasar desapercibidas, ni aun ponderando sus dichos bajo una adecuada perspectiva de género, mucho más cuando no sólo varían las circunstancias de tiempo y lugar en el que se habrían producido las agresiones sexuales, sino que además señala a personas diferentes como los sujetos activos".
A continuación, indicó que, si bien las retractaciones de las víctimas de abuso sexual suelen ser frecuentes, para que la rectificación tenga consecuencias jurídicas, es preciso que sea refrendada por el resto de la prueba, extremo que no se abasteció en el presente pues "...la credibilidad de la joven se vio dañada a partir de la inconsistencia interna de su relato, el cual además se encuentra
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