Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135871
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.871, "De Marco, Diego Ezequiel s/ Queja en causa n° 101.012 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud, Kogan, Soria .
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, el 15 de octubre de 2019, condenó a Diego Ezequiel De Marco a la pena de once años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar partícipe necesario y autor responsable respectivamente, de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real entre sí (v. sentencia digital).
La defensa oficial de De Marco interpuso un recurso de casación, que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 11 de mayo de 2020, rechazó por improcedente.
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio, lo que motivó la interposición de queja ante esta Corte.
Por resolución del 18 de abril de 2022, este Superior Tribunal admitió la vía directa, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial alegó arbitrariedad de la sentencia atacada por apartamiento de las constancias de la causa y violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso, como consecuencia de la violación al principio de congruencia (arts. 18, Const. nac. y 8, CADH).
Aseveró que el imputado llegó al debate oral acusado de determinados hechos y que resultó condenado por otros diferentes, sin contar con la oportunidad de defenderse.
Expresó que la fiscalía imputó a De Marco el hecho de haber disparado a un grupo de personas y producir un homicidio y que, al no poder probarse dicha circunstancia en el debate oral, el tribunal de juicio lo condenó por haber suministrado un arma a otra persona con conocimiento de que la misma la utilizaría para cometer el ilícito y luego esconderla para facilitar su fuga.
Afirmó que dichas situaciones resultaban bien diferentes y que el revisor confirmó ese pronunciamiento en violación al principio de congruencia.
Especificó que, si bien el órgano judicial tiene la posibilidad de mutar la calificación legal durante el procedimiento, en este caso dicha modificación se produjo sobre el aspecto fáctico imputado.
Por último, indicó que la afirmación efectuada por el tribunal intermedio en el sentido de que De Marco fue acusado, juzgado y condenado por el mismo hecho descripto por el Ministerio Público Fiscal resultaba arbitraria por apartarse de las constancias de la causa, resultando por ende descalificable como acto jurisdiccional válido.
En consecuencia, peticionó que se case el fallo impugnado y se absuelva a su defendido.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación.
Coincido en que el recurso no progresa.
III. Preliminarmente, corresponde efectuar una reseña de algunos hitos procesales pertinentes de la presente causa.
III.1. La señora agente fiscal, al momento de efectuar los alegatos finales en el debate oral, en lo que interesa, indicó que el imputado Diego Ezequiel De Marco junto con Juan Manuel Figueroa efectuaron disparos contra un grupo de personas con la intención de darles muerte, ocasionando el fallecimiento de Aldana Díaz. Explicó que fue De Marco quien entregó el arma de fuego a Figueroa y que, luego de los sucesos que causaran la muerte aludida, detentó el arma utilizada por su consorte de causa en su custodia.
Aseveró, aludiendo a diversos testimonios, que De Marco, previo al homicidio de Díaz, se había retirado del lugar de los hechos, volviendo con su auto y efectuando disparos al aire de forma intimidatoria para, posteriormente, entregar un arma de fuego a Figueroa, quedándose a su lado mientras comenzaron los disparos contra las personas que se encontraban en el lugar.
Finalmente, sostuvo que De Marco y Figueroa (junto con el acusado Ortiz) actuaron de manera colectiva, con una decisión común al hecho, valorando como datos objetivos la escasa distancia existente entre ellos y el grupo de personas a las que dispararon (mujeres y niños), el hecho de ser de día, el importante alcance del calibre del arma utilizada para disparar y la sorpresiva agresión armada, sumado a las condiciones de vulnerabilidad del grupo que recibió la agresión.
Entendió que, en dichas circunstancias, los imputados debían representarse que su accionar podía causar la muerte de alguno de los presentes, tal como sucedió.
III.2. A su turno, el tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "...el 8 marzo de 2018 alrededor de las 15.00 hs., y mientras se desarrollaba un conflicto entre varias personas en el asentamiento 'Villa El Mercado' de la localidad de Villa Pineral, Partido de Tres de Febrero, Diego Ezequiel De Marco entregó a Juan Manuel Figueroa -prófugo a la fecha y contra quien pesa orden de captura-, un arma de fuego; y conociendo la intencionalidad de Figueroa quien disparó, contra un grupo de personas que se encontraban en la arteria Mendoza entre Bolivia y Perú del barrio mencionado, impactando uno de los disparos en la cabeza de Aldana Leonor Díaz, ocasionándole una lesión cerebral al ingresar el proyectil en la región occipital izquierda, que le produjo la muerte. Concluido lo cual el sujeto hoy prófugo entrega el arma de fuego de marras nuevamente a De Marco y momentos después alrededor de las 18 hs. del mismo día 8 de marzo de 2018, en la vivienda ubicada en Trenque Lauquen 4114 de la localidad de Villa Pineral, Partido de Tres de Febrero, Diego Ezequiel De Marco tenía bajo su esfera de custodia y sin autorización legal, la pistola marca FM -Fabricaciones Militares-, modelo Hi-Power Detective, cal. 9mm, número de serie 382865, clasificada como de guerra, utilizada en el hecho" (sentencia digital del 15 de octubre de 2019).
Los jueces de la instancia consideraron acreditada la participación de De Marco en los sucesos como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por haber realizado un aporte de tal entidad al autor del hecho sin el cual el delito no se hubiera cometido -difiriendo con el grado de coautoría sostenido por la acusadora fiscal- y autor de tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real.
III.3. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de casación donde efectuó -en lo que aquí importa- un planteo análogo al presente vinculado con la violación al principio de congruencia. En líneas generales, entendió que el tribunal oral había modificado la materia de acusación y asignado al suministro de arma de fuego un momento subjetivo que nunca fue atribuido y, de esa manera, construyó la participación necesaria en el homicidio asignado a Figueroa. Explicó que De Marco fue interrogado y llevado a juicio acusado de haber efectuado disparos con arma de fuego, con intención de matar, resultando la muerte de Aldana Leonor Díaz y de haber suministrado un arma de fuego a Juan Figueroa; pero que nunca se atribuyó una conexión subjetiva entre el suministro de un arma y el disparo de ella para matar o con relación a cualquier otro uso. En consecuencia, solicitó la anulación del fallo.
III.4. El órgano intermedio abordó los agravios y los descartó.
Para así decidir, indicó que "...la descripción de la materialidad ilícita coincide con el supuesto fáctico que sostuvo el Ministerio Público Fiscal. El encartado pudo defenderse de los hechos por los que fue acusado en debida forma, en tanto su defensa técnica se opuso al mismo instando la absolución. Esto demuestra el claro ejercicio de la defensa en juicio y que el encartado tomó conocimiento del objeto procesal que fuera imputado. Máxime cuando los testimonios recabados inclusive antes del debate daban cuenta del suministro del arma de fuego por parte de De Marco a Figueroa" (sentencia digital).
Aseveró que no encontraba violación alguna a la garantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional, ya que el imputado había sido acusado, juzgado y condenado por el mismo hecho descripto por la representante de la fiscalía desde el comienzo del proceso, manteniéndose de esta manera la identidad fáctica requerida.
Explicó que el hecho histórico enjuiciado se mantuvo inalterado a lo largo de todo el proceso, cambiando tan solo el encuadre jurídico otorgado al mismo, por lo que la garantía mencionada tutelada por la carta magna y contemplada en los instrumentos internacionales incorporados a la misma se vio debidamente resguardada, ello también en estricto cumplimiento de las normas rituales bonaerenses.
Con cita de precedente del Superior Tribunal de la Nación, destacó que, si se admitiera la posibilidad de condenar por un hecho distinto al contenido en la requisitoria de elevación a juicio, se arribaría a la inadmisible consecuencia de dejar en manos del tribunal la determinación del objeto mismo de la acusación, lo que además de violar el principio de contradicción afectaría el principio de imparcialidad.
Subrayó que el principio acusatorio -plasmado en el ordenamiento procesal provincial por la reforma introducida por la ley 11.922- supone como regla de garantía que el juzgador queda ligado a la acusación en el sentido de su imposibilidad de condenar a persona distinta de la acusada y por hechos distintos de los imputados en el requerimiento de elevación a juicio.
Reiteró que el hecho histórico fue siempre el mismo, ampliándose tan solo la calificación legal, en lo atinente a las agravantes del homicidio; es decir, que la cuestión fue de puro derecho, variando el encuadre legal del mismo suceso fáctico.
Señaló que el acusado conoció perfectamente los términos de la acusación, los cuales se mantuvieron desde un comienzo -ya que el sustrato fáctico no varió-, por lo que su derecho de defensa en juicio no se vio conculcado.
Entendió que el argumento de la queja se agotaba en la referencia dogmática, pero sin demostrar un perjuicio real, preciso y concreto, requisito ineludible para que proceda un pedido nulificante.
Apuntó que existió necesariamente un acuerdo tácito entre el encausado y quien ejerció la acción típica, pues De Marco fue y volvió de su domicilio a buscar el arma que suministró a Figueroa y con la cual efectuó los disparos.
Agregó que el aporte del imputado fue aprovechado por el autor del disparo -Figueroa-, tanto en el tramo ejecutivo del hecho como en la modalidad fáctica posterior, y que De Marco estuvo presente en el desarrollo del suceso y sabía de las posibles consecuencias de su accionar, para que el autor pudiera fugarse del lugar.
Para así decidir, analizó diversas declaraciones testimoniales brindadas en el debate y una incorporada por lectura, que resultaron contestes en afirmar el suministro del arma de fuego por parte de De Marco a Figueroa, así como en la descripción del hecho.
V. Como adelanté, el recurso debe rechazarse.
V.1. Las alegaciones que porta la pieza impugnativa -y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por apartarse de las constancias de la causa- no logran superar una mera discrepancia con el criterio de la casación, sin evidenciar los déficits de motivación que reprocha al pronunciamiento.
De la lectura del fallo impugnado surge que el revisor se valió de los testimonios brindados realizando una descripción de lo declarado por cada uno de ellos y de las coincidencias encontradas.
El órgano intermedio desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte, ni la defensa ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada ni la violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.
V.2. Por otra parte, cabe señalar que lo atinente al quebrantamiento del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto involucraría una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN Fallos: 308:490 "Strada" y 311:2478 "Di Mascio"), corresponde ingresar a su análisis.
Hecha esta aclaración, cabe recordar que el principio de congruencia se refiere a la correspondencia fáctica entre acusación y sentencia, es decir, que el hecho por el que se condena al imputado debe ser el mismo hecho por el que se acusó. Por lo tanto, lo que se exige es una correlación de hechos, más allá de las calificaciones jurídicas propiciadas.
En el caso, la base fáctica descripta por la señora fiscal en los alegatos se mantuvo en las instancias previas, solo se varió el grado de participación que se atribuyó al imputado De Marco (partícipe necesario). El tribunal de juicio no tuvo por probada la coautoría respecto al hecho que causara la muerte de la víctima -como lo solicitó la acusación fiscal-, pero sí la participación necesaria del imputado; y el revisor convalidó dicha circunstancia, lo que no aparece como violatorio del principio de congruencia, toda vez que el hecho histórico permaneció inalterado.
Tal como lo indica el señor Procurador General, se logró acreditar que De Marco fue quien entregó el arma homicida, que estaba presente cuando sucedió el hecho y que era ilógico creer que no sabía lo que Figueroa iba a realizar con el arma, teniendo en cuenta la situación conflictiva que se estaba atravesando y la escasa distancia que los separaba del grupo atacado. Así las cosas, tanto el imputado como su asistencia técnica en todo momento tuvieron la posibilidad de confrontar debidamente esas cuestiones durante el juicio oral, a punto tal de haber realizado el señor defensor en su alegato, conforme surge del acta de debate, críticas concretas sobre la imputación que la acusación dirigió a De Marco de haber suministrado el arma de fuego a Figueroa en las circunstancias señaladas. En modo alguno puede entonces sostenerse que ello hubiera resultado sorpresivo para la defensa o que se le hubiera impedido ejercer eficazmente su tarea.
En definitiva, las críticas de la defensa no pasan de ser, además de una reedición de las ya planteadas en el recurso de casación, una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el sentenciante que desoye los fundamentos dados (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2023 13:17:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2023 14:46:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 08:42:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 13:58:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:18:08 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 14:54:24 hs. bajo el número RS-125-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia