Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135295
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.295, "Ponce, Hugo Narciso s/ queja en causa n° 101.256 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes condenó a Hugo Narciso Ponce a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa (hecho I), los que, a su vez, concurren materialmente con tenencia ilegal de arma de guerra (hecho II), declarándolo reincidente por segunda vez.
Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso un recurso de casación. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de diciembre de 2020, rechazó el recurso interpuesto.
La señora defensora oficial adjunta de casación, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, declarado inadmisible por el órgano revisor (conf. resol. de 3 de junio de 2021), motivó la queja ante este Tribunal, siendo concedido finalmente mediante resolución de 20 de octubre de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 18 de noviembre de 2022), dictada la providencia de autos el 22 de noviembre de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal, por considerar que la configuración del homicidio agravado por la finalidad de consumar otro delito, no resultó debidamente acreditado, en tanto ese elemento subjetivo fue inferido arbitrariamente de la prueba producida en autos.
Sostuvo que, contrariamente a lo resuelto, no aparece demostrada con certeza la conexión ideológica que se requiere entre la acción de matar y el propósito de consumar el robo.
Aseveró que en la causa se carece de referencias acerca de la manera en que se produjeron los disparos y la herida mortal recibida por la víctima, lo que impide tener por acreditados los requerimientos subjetivos entre los delitos y la intencionalidad del autor, aun a través de prueba indirecta.
En esa senda, alegó que los elementos valorados por Casación, solo permiten formar convicción sobre la existencia de una muerte violenta por herida de arma de fuego y un desapoderamiento ilegítimo, pero resultan insuficientes para resolver los aspectos que incluyen las conductas tipificadas para la configuración del tipo agravado cuestionado.
Se explayó luego sobre la valoración probatoria, haciendo referencia a que los testigos Jorge Scholholzer y René Olazar, solo pudieron aportar que escucharon dos disparos, pero ningún detalle o precisión de cómo se desarrollaron los sucesos, ni el desenlace del episodio que culminó con la vida de Portillo. Agregó que las heridas constatadas en su cuerpo tampoco logran arrojar claridad sobre el punto; por el contrario, podrían indicar un forcejeo o un acto intimidatorio.
De tal modo, concluyó, el tribunal revisor escogió una de las hipótesis posibles sobre las circunstancias que rodearon el hecho, lo que configura una simple elección arbitraria que no obtiene respaldo en la prueba producida.
En definitiva, expresó que, por aplicación del principio in dubio pro reo , debió encuadrarse el suceso enjuiciado en la figura del art. 165 del Código Penal, lo cual solicita que sea aquí enmendado.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que, dado el modo en que ha sido formulado el agravio alegado al deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es arbitrariedad e incorrecta interpretación de la norma de fondo, están inescindiblemente ligados entre sí. De manera que la no concesión del tramo vinculado a la arbitrariedad implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante, por lo que resulta necesario analizar conjuntamente los agravios admitidos en la órbita del derecho de fondo y el motivo de arbitrariedad desde la perspectiva conexa (conf. CSJN Fallos: 340:1149; causa P. 133.182, resol. de 11-III-2020; e.o.).
III.2. La recurrente solo cuestionó el hecho I, por lo que, en lo que aquí es de interés, corresponde destacar que el tribunal de mérito tuvo por acreditado que: "...el día 28 de junio de 2016 alrededor de las 14.45 horas en el interior del comercio de venta de artículos comestibles sito en la calle El Gringo en la intersección con la calle Malambo de Florencio Varela, un sujeto de sexo masculino efectuó disparos mediante el uso de un arma de fuego calibre 9 mm que portaba en condiciones de uso inmediato y sin autorización legal para ello contra Mario Alberto Portillo causándole de ese modo la muerte con el evidente fin de consumar el apoderamiento ilegítimo del dinero en efectivo que se encontraba en el interior de la caja registradora, de propiedad de la nombrada víctima, dándose a la fuga en posesión de lo sustraído logrando de este modo completar el proceso ejecutivo iniciado".
III.3. Al dar respuesta a similar planteo al aquí esgrimido, el órgano revisor expresó que la queja vinculada a la falta de acreditación de la conexión subjetiva exigida entre la tentativa de robo y el homicidio, no lograba evidenciar el vicio que la defensa le atribuía.
Coincidió con la ponderación de los elementos probatorios efectuada por el tribunal, y señaló que del contexto del hecho surgían distintas circunstancias que daban cuenta de que Ponce había matado para consumar el robo "...entre ellos, los accidentes balísticos, sus lugares, la reiteración de disparos con alto poder vulnerante y los testimonios de los empleados presentes, que lograron dar cuenta con claridad de lo que percibieron y de la exigencia de dinero -más allá de estar encerrados- [...] Puntualmente, René Olazar refirió que 'escuchó un disparo, luego como un forcejeo, se caían cajas, escucha un segundo disparo y escucha la caja, la campanita, que se abre' [...] Por su parte el testigo Jorge Olazar Caballero agregó que 'escuchó dos disparos' y Scholholzer agregó que 'escucharon un ruido, se caen cosas y dos disparos de bala, escucharon que decía 'dame todo', le decía a su jefe que le dé, la misma persona que lo apuntó en la cabeza' [...] Asimismo, surgió de la autopsia -documentada a fs. 193/196 de los autos principales- que Portillo presentó (además de la herida mortal de proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo) una lesión de bala en la cara externa de la muñeca derecha, lo cual, sugiere una evidente actitud defensiva (como cubriéndose con los miembros superiores) [...] Todo ello, ponderado en conjunto y a contrario de lo sostenido por la defensa, permite inferir razonablemente que la muerte se produjo para eliminar cualquier resistencia y poder llevar adelante el desapoderamiento" (sentencia digital).
Destacó que el fallo originario debía ser interpretado como un todo inescindible y que resultaba probado que el accionar del imputado estaba vinculado con el robo del comercio que se desarrollaba simultáneamente. En cuanto al aspecto objetivo sostuvo que se estableció la conexión del homicidio para consumar el apoderamiento de dinero en efectivo de la caja registradora del local. Para ello consideró el disparar "...del modo y en las condiciones que lo hizo", es decir, al disparar contra el comerciante al mismo tiempo que le exigía la entrega de todo. Interpretó que ello ponía de relieve una conducta querida y dirigida contra la vida del damnificado al emplearse un medio letal con el cual se reiteran los disparos contra Portillo, lo que le permitió afirmar la existencia del dolo específico que requiere el tipo del art. 80 inc. 7 del Código sustantivo.
Descartó de ese modo la tipificación pretendida por la defensa y reiteró la convicción a partir de las circunstancias ya referidas, concluyendo que el imputado quiso culminar con la vida del damnificado para consumar el robo, "...por sobre cualquier otra hipótesis" (sentencia digital).
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
Con los indicios concatenados y valorados en su conjunto, ambas instancias concluyeron en que Ponce ingresó al comercio con fines de robo, y que, en ese quehacer, mientras le exigía la entrega de dinero a Portillo le efectuó dos disparos para luego huir del lugar con parte de la recaudación tomada de la caja registradora.
La defensa se ha pronunciado por una interpretación alternativa de la prueba, poniendo énfasis en la ausencia de prueba directa respecto del accionar homicida y tomando como base el dato de los lugares -mano y muslo- en que la víctima recibió los disparos, proponiendo como factible "un forcejeo o acto intimidatorio".
Sin embargo, ese argumento no permite revertir lo decidido en las anteriores instancias pues, en efecto, esta Suprema Corte ya ha explicitado que si la muerte se produce a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) esa circunstancia no obsta ni al dolo de matar ni a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 128.192, sent. de 9-V-2018; e.o.).
En síntesis, no demuestra que lo decidido haya incurrido en el vicio denunciado, ni en un error en la aplicación de la ley sustantiva o en la doctrina legal de esta Corte que deba, por ende, ser aquí remediado, sino que se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/04/2023 15:17:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 15:23:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2023 22:41:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2023 09:03:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2023 09:11:27 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/04/2023 11:06:26 hs. bajo el número RS-30-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia