Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134816
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.816, "P., C. A.. Queja en causa N° 101.708 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de septiembre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa de C. A. P., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la educación y guarda y contra una menor de dieciocho años aprovechando la relación de convivencia preexistente en concurso ideal con corrupción de menores agravado, en concurso real con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal (arts. 54, 55, 119, párrs. segundo y cuarto, letras "b" y "f", 125, tercer párr. y 189 bis, inc. 2, Cód. Penal; conf. copias digitalizadas adjuntas en el sistema informático Augusta).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 146/156), que declarado inadmisible por el órgano revisor (conf. resol. 193/20, de 21-XII-2020), motivó la queja ante este Tribunal, siendo concedido finalmente mediante resolución 1.398/21, de 18 de noviembre de 2021 (v. fs. 10/12).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 24/26 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 28), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensa denuncia como planteo principal la errónea calificación legal del hecho atribuido al imputado P. que resultó encuadrado en el delito de corrupción de menores agravado -conforme art. 125, último párrafo del Código Penal-, pues -en su opinión- no se acreditó la concurrencia del concreto elemento subjetivo exigido por el ilícito en cuestión.
Procura poner de manifiesto que el órgano casatorio solo reiteró los argumentos del tribunal de origen sobre los que se edificó el cuestionado encuadre normativo.
Aduce, en concreto, que la Casación confirmó el juicio de subsunción atacado por la mera consideración de los actos de abuso sexual que tuvo por acreditados, lo cual lleva a admitir graves incoherencias. A saber: por un lado, aceptar inexorablemente que toda violación de un menor de trece años configura siempre corrupción de menores y, por otro, que bajo esa inteligencia el juzgador en lugar de resolver la aparente concurrencia de tales ilícitos por el principio de consunción, entiende compatible una segunda adecuación típica.
Postula que en el supuesto de desestimarse "...semejante absurdo" respecto del criticado encuadre legal, se produciría la exclusión por vía interpretativa de los delitos tipificados en el art. 119, párrafos 2 y 4, letras "b" y "f" del Código de fondo al entenderlos siempre desplazados por el de corrupción -art. 125, tercer párrafo, Cód. cit.- y, en contrapartida, admitirse la hipótesis de que el concurso ideal sostenido por el tribunal a quo revela la posibilidad de que el acto abusivo sea comprendido por más de una calificación, ello sería posible en la medida que la intención del agente esté dada por satisfacer algo más que su desahogo sexual -ya abarcada por los delitos contra la integridad sexual del mencionado art. 119-, lo que la doctrina y jurisprudencia ha conceptualizado -a su juicio- como la búsqueda de la depravación del sujeto pasivo.
Entiende, con cita de doctrina de autores, que como consecuencia de la supresión del dolo específico, ahora el mismo es genérico, pero debe ser directo y consiste en la consciente y voluntaria actuación del autor en procura de la depravación de la víctima.
Sostiene, bajo tal marco teórico, que en autos la concurrencia del dolo de la figura no ha sido probado ni fundamentado, pues ninguna inferencia específica se ensaya a partir de los eventos tenidos por ciertos que dieran cuenta necesariamente de la ultraintención individual en el imputado P. de hacer entrar a la menor en un estado de corrupción, y este vacío no puede ser interpretado por sobre el silencio del encartado.
Reitera que no es válido inferir la corrupción del abuso de una menor de corta edad con la mera mención de los hechos que se dieran por acreditados.
Afirma que tampoco tal conclusión puede ser en modo alguno extensible a los casos, como el aquí analizado, en los que se establece que el medio comisivo es la violencia física -cachetadas en el auto- y la amenaza -de matar a la madre de la damnificada- y no la intención del autor -ausente- de transmitir "normalidad" a la persona en desarrollo a través de esos actos de abuso con el fin último de lograr su corrupción, sino la que logra extraerse es la de obtener una limitada o esporádica satisfacción de sus deseos sexuales.
Considera, en tales circunstancias, que no se encuentra verificada la tipicidad del delito de corrupción, por lo que la aplicación del citado art. 125 del Código sustantivo deviene desacertada en el caso bajo análisis.
I.2. Asimismo, precisa que el Tribunal de Casación debió verificar a partir de un íntegro examen de las circunstancias comprobadas en la causa si tal calificación legal era ajustada a derecho, por lo que al limitarse a reproducir las inferencias en las que el tribunal del debate derivó el dolo del autor, no satisfizo siquiera mínimamente la garantía prevista en los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incurriendo además el decisorio atacado en un supuesto de arbitrariedad por no resultar una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias comprobadas de la causa.
I.3. Solicita, finalmente, se haga lugar al reclamo, se anule parcialmente la sentencia en crisis, se case la aplicación del delito previsto en el art. 125, tercer párrafo del Código Penal y se reenvíe la causa para el dictado de un nuevo pronunciamiento sobre la determinación de la pena.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación en tratamiento (v. fs. 24/26 vta.).
Coincido en que el recurso no prospera.
III. Liminarmente, cabe advertir que el reclamo fue concedido sólo en cuanto contiene la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 125, tercer párrafo del Código Penal-, de modo que el planteo reseñado en el acápite I.2. de la presente ha quedado fuera del ámbito de conocimiento de este Tribunal.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "...entre los días 12 y 15 de agosto de 2015, el imputado C. A. P., que por entonces era pareja de D. E. B., aprovechando la situación de convivencia con la nombrada y con la menor de 8 años de edad Y. Y. Y. -nacida el 11 de abril de 2007- hija de B., y también en su calidad de encargado de la guarda, abusó sexualmente de la niña en forma reiterada en el interior del vehículo color blanco que utilizaba por ese entonces P.. Que estos abusos consistieron en realizarle tocamientos en la vagina introduciendo los dedos de su mano con la finalidad de desahogar su sexualidad, todo lo cual aconteció en el interior del referido vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones del hospital, aprovechando que su madre estaba al cuidado de otra hija recién nacida en el Hospital Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil. Asimismo, el imputado pegó al menos una cachetada a la menor cuando ésta se intentó bajar del automóvil y a la par que realizaba estos actos el imputado amenazaba a la niña con matar a su madre si contaba lo que ocurría. Que a partir de ese momento, durante ese mes de agosto del año 2015 y hasta diciembre de ese mismo año, pero ahora en el interior del domicilio de la calle [...] numeral [...] también de es[a] ciudad, el imputado en su calidad de conviviente encargado de la guarda de la menor Y. Y., precisamente por ser la pareja de su madre (B.), aprovechando los momentos de ausencia de la progenitora e inclusive a veces encontrándose la madre en el domicilio pero ocupada realizando alguna tarea, con ánimo libidinoso y con el fin de desahogar su sexualidad, trasladaba a Y. a la cama matrimonial y le tocaba la zona vaginal de manera reiterada e introduciéndole los dedos en el interior de la vagina, como asimismo se hacía tocar el pene por parte de la niña, siempre bajo amenaza de matar a su madre en caso de negarse o contarle a la nombrada. De este modo, durante el período señalado, P. utilizó a Y. Y. Y. para satisfacer sus apetitos sexuales, y por su corta edad (8 años) y su persistente reiteración, tales acciones tuvieron la entidad suficiente para desviarla en su normal crecimiento sexual, utilizando su rol de encargado de la guarda y coaccionando a la niña con las amenazas de muerte ya referidas" (v. apdo. 1.1. del veredicto que consta digitalizado en el sistema Augusta).
Consideró al imputado P. autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la educación y guarda contra una menor de dieciocho años aprovechando la relación de convivencia preexistente en concurso ideal con corrupción de menores agravada, en los términos de los arts. 54, 55, 119, párrafos segundo y cuarto, letras "b" y "f" y 125, tercer párrafo, todos del Código Penal (v. acápite I -parte dispositiva-, fallo condenatorio).
III.2. La Sala I del Tribunal de Casación Penal -a través del voto del juez doctor Carral, que concitó la adhesión simple del juez doctor Maidana-, en lo que importa destacar a los fines del tratamiento de la impugnación en abordaje, rechazó los motivos de agravios de la defensa oficial encaminados a cuestionar la calificación legal del delito de corrupción agravada de menores -conforme art. 125, tercer párrafo del Código Penal-, por entender que no se había comprobado el dolo específico que exige ese tipo penal (v. apdo. 25, sent. casatoria).
Cabe precisar que el tribunal revisor efectuó liminarmente una reflexión sobre ciertas expresiones empleadas en la descripción de la materialidad ilícita por el tribunal de la instancia originaria, observando que "...la descripción de finalidades tales como el 'desahogo sexual' o el de 'apetito sexual' presentes en el acusado al momento de cometer los delitos, remiten a la idea de una necesidad natural o biológica, a una satisfacción de necesidades físicas, que invisibiliza la violencia sexual. En efecto, pensar la infracción penal desde esa óptica remite a nociones estereotipadas que presentan a los varones como personas con deseos sexuales imposibles de controlar, a la idea de que cargan, con una pulsión descontrolada que deben desahogar y, como contracara, conciben a las mujeres como cuerpos disponibles para la satisfacción o descarga masculina. Es cierto que ese tipo de fórmulas son usuales en manuales y tratados de doctrina penal utilizados frecuentemente como fuentes en la aplicación de la ley, pero corresponden a otro contexto histórico -ya superado- donde, por ejemplo, existía el débito conyugal y se negaba la violación de la mujer dentro del matrimonio, imponiéndose -entonces- una relectura acorde al momento histórico y social en el que vivimos y respetuoso de los derechos de las mujeres. En efecto, una adecuada perspectiva de género implica, en el sistema judicial, reflexionar también sobre la utilización del lenguaje que reproduzcan o invisibilizan las causas reales de la violencia sexual: no es 'desahogo' ni 'apetito', es violencia y nunca tiene que ver con la satisfacción de una necesidad. En definitiva, el derecho puede ser usado como un medio de perpetuación o de eliminación de los estereotipos patriarcales y ello muestra la importancia de identificarlos como tarea elemental para su deconstrucción y erradicación" (pto. 2 -primera cuestión-, sent. de Casación).
Sostuvo luego, en lo que resulta de interés, que la figura penal prevista en el mencionado art. 125 del Código de fondo presenta algunas dificultades, por lo que formuló algunas consideraciones tendientes a recalcar que si bien no constituía un supuesto de aquellos que ameriten declarar su inconstitucionalidad, era necesario extremar los recaudos al momento de su aplicación (v. apdo. 25 -primera cuestión-, sent. casatoria cit.).
Refirió, desde la perspectiva indicada, que eran dos las vías vinculadas estrechamente por las cuales debía transitar la operatividad de la norma. Así, señaló -con cita de doctrina de autores- que "...una de ellas consiste en la adecuada conceptualización del bien jurídico afectado", que consiste este en "...la interferencia en el proceso de formación de la sexualidad o el normal desarrollo de ella [...] lo que se reprime es la influencia o interferencia negativa en el libre crecimiento sexual de las personas, mediante la realización de prácticas sexuales, que tengan la capacidad de pervertir o depravar sexualmente a la víctima". Luego, consignó que la restante vía que posibilita corregir la aludida indeterminación de la norma es aquella que permite realizar "...una adecuada interpretación del contenido ideológico del verbo típico", en tanto la "...acción de 'promover' la corrupción es siempre indicativa de que la intención del autor no es únicamente obtener una limitada o esporádica satisfacción de su pulsión sexual, sino lograr el fin último de obtener la corrupción o depravación de la víctima".
Consideró, de tal modo, que ambas dimensiones posibilitan dilucidar si los hechos constitutivos, en sí mismos, como supuestos autónomos de abuso sexual tienen entidad suficiente para ser considerados corruptores, pues de lo contrario todo abuso sexual en perjuicio de un menor implicaría la materialización de la figura penal denominada corrupción, verificándose -en este último supuesto- "...un concurso aparente de tipos penales en el cual, mediante la operatividad del principio de consunción, uno de los injustos estaría íntegramente contenido en otro".
Observó, en lo concerniente al caso bajo análisis, que "...el tribunal [del debate] ponderó la calidad y frecuencia de los abusos (introducción de dedos en la vagina y hacerse tocar el pene), que acontecieron en varias oportunidades y durante aproximadamente cuatro meses, como asimismo el contexto de violencia, temor y amenazas en que se practicaron; y los puso en comparación con la temprana edad de la niña (8 años), su inexperiencia sexual y su grado de madurez, estableciendo -desde el aspecto objetivo- que tuvieron entidad e idoneidad suficientes para afectar el normal desarrollo de su sexualidad...", expresando que dicho razonamiento "...no merece objeción alguna".
Indicó, seguidamente, que "...los jueces [que intervinieron en la instancia de origen] estimaron que P., de 32 años de edad y con experiencia en la esfera de lo sexual, no podía desconocer -desde una apreciación ex ante- que la práctica de aquellos actos sobre el cuerpo de una niña de ocho años tendría capacidad para afectar su desarrollo [...] y conforme lo establecieron en la materialidad ilícita, el [mencionado] imputado -durante el período señalado- utilizó a Y. [Y.] Y. para satisfacer su propia sexualidad".
Concluyó, en función de tales antecedentes, que "...las conductas señaladas permiten completar los elementos del tipo penal que requiere la prohibición contenida en el artículo 125 del Código Penal. En efecto, no caben dudas que las acciones disvaliosas que desarrolló P. estuvieron dirigidas a satisfacer sus deseos sexuales y también es posible afirmar -en base a las proposiciones fácticas que se dieron por acreditadas- que dicho objetivo se abasteció promoviendo la desviación sexual de la menor, pues bajo amenazas abusó sexualmente y en forma periódica de la niña durante toda su convivencia, hasta que la menor dejó el hogar en atención a la medida de abrigo dictada a su respecto".
Coligió, con mención de doctrina judicial de la Corte federal, que "...lo anterior demuestra el tipo subjetivo que reclama la norma. En ese sentido, recuerd[a] que 'el resultado corruptor debe estar contenido en la intención del agente, siendo imprescindible el dolo directo, esto es, que el agente no sólo busca satisfacer sus propios deseos sino que además piensa obtener satisfacción de la posterior actividad corrompida de la víctima. El verbo 'promover' indica la existencia de una actividad destinada a lograr la efectiva corrupción, aunque la misma no se concrete'".
Coincidió, en definitiva, con el tribunal departamental en que "...la base fáctica atribuida a P. permite sostener la concreción de un dolo directo distinto al correspondiente a la figura penal del abuso sexual gravemente ultrajante, pues se acreditó que el autor persiguió, con la realización de su conducta, la efectiva corrupción de la víctima".
IV. El planteo referido a la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal es insuficiente.
Lo resuelto en su fallo por el tribunal intermedio antes transcripto -en lo pertinente- no mereció por parte del recurrente una crítica idónea y concreta, desde que la impugnación reedita en lo sustancial los agravios llevados en el recurso de casación -ver especialmente fs. 26/39 de la pieza citada-, pero sin ocuparse de los específicos fundamentos sobre los cuales el órgano revisor convalidó el encuadre legal objetado, con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa que han sido descriptas en el punto III.1. de la presente.
El cuestionamiento de la defensa técnica se centró sustancialmente en afirmar que no es válido inferir la corrupción del abuso sexual de una menor de corta edad -en el caso, de ocho años- con la mera mención de los hechos que se dieran por verificados, pues sostuvo que -a su criterio- es evidente que en autos la concurrencia del dolo "directo" propio de la figura actuada no ha sido probado ni fundamentado, dado que ninguna inferencia específica se ensayó a partir de las conductas tenidas por ciertas que dieran cuenta necesariamente de la ultraintención individual en el imputado P. de hacer entrar a la menor en un estado de corrupción y que tal vacío no podría ser interpretado por sobre el silencio del encartado. Además, entendió que resultaba desacertada la tipicidad del evento en el delito de corrupción agravada -art. 125, tercer párrafo del Código Penal- en aquellos supuestos como el debatido en la causa en que se estableció que el medio comisivo fue la violencia física y la amenaza, pero que estuvo "ausente" la intención del autor desarrollada a través de actos de abuso contra la víctima "...con el fin último de lograr su corrupción", razón por la cual señaló que -bajo esa inteligencia- en lugar de resolverse el juicio de subsunción de aparente concurrencia por el principio de consunción, se entendió compatible una segunda adecuación típica.
Pero, tales alegaciones no son más que una conclusión opuesta a la del tribunal revisor desprovista de toda relación con el contenido de esa figura delictiva, y sin ningún desarrollo eficaz que permita corroborar por qué los hechos investigados -tal como fueron tenidos por ciertos- no podían ser tipificados en los términos del art. 125, tercer párrafo del Código Penal, conforme lo resuelto en las dos instancias previas (art. 495, CPP).
En tal sentido, cabe recordar que es doctrina de esta Corte que "...no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien 'promoviere' o 'facilitare' la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que
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