Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134446
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
L a Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.446-Q, "Ruiz Escalante, Gregorio Gabriel. Queja en causa n° 101.760 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 28 de abril de 2020, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó a Gregorio Gabriel Ruiz Escalante a la pena única de veintidós años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas más declaración de reincidencia y revocación de la libertad condicional oportunamente otorgada, comprensiva de la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas dictada por ese Tribunal en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal (causa n° 5.214/18) y la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes (causa nº 5.315/1.558/12; v. fs. 96/100 vta.).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, presentó carril extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 107/115 vta. y 116/118 vta., respectivamente).
Ante tal situación, la defensa oficial dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal. Esta Corte, el 12 de mayo de 2021, declaró procedente la presentación directa y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que las denuncias de arbitrariedad y revisión aparente, ambas referidas a la determinación judicial de la pena, se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou"; v. fs. 131/134).
Oído el señor Procurador General a fs. 164/166 vta., dictada la providencia de autos a fs. 168 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, como primer agravio, tachó de arbitrario el fallo por falta de fundamentación en la determinación de la pena y violación a los derechos de defensa en juicio, razonabilidad y debido proceso (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; v. fs. 111).
Recordó que en el recurso de casación la defensa oficial solicitó la aplicación del método composicional y la imposición de una pena inferior a la resultante de la suma aritmética; asimismo, requirió que se computen como atenuantes las condiciones deteriorantes del encierro y la declaración de reincidencia, pues como consecuencia de esta última la condena deberá cumplirse íntegramente (v. fs. cit.).
De seguido, afirmó que -contrariamente a lo fallado por el Tribunal intermedio- se demostró que la pena de veintidós años y seis meses de prisión carece de debida fundamentación por no haberse ponderado las atenuantes vinculadas con los fines de resocialización de las penas y por haberse individualizado dicho monto con base en la suma aritmética (v. fs. 111 vta.).
Puntualizó que el Tribunal de Casación omitió considerar las circunstancias atenuantes relativas a las graves condiciones en que se encuentran las cárceles, el hecho de que su asistido no podrá acceder a la libertad condicional por ser reincidente y la necesidad de cumplir con los fines de resocialización de las penas (conf. arts. 41 inc. 2, Cód. Penal; 5.6, CADH y 10.3, PIDCP; v. fs. 112).
Insistió en que el fallo de casación incurrió en arbitrariedad al fijar la pena en el máximo posible sin atender a los específicos planteos llevados por la defensa, lo que resultó en una condena desproporcionada y contraria a las necesidades de prevención especial. En su apoyo, citó los precedentes "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola" de esta Suprema Corte, y los fallos "Castillo, Mercedes", "Ramírez", "Romano", "Silva" y "Marteau" de la Corte nacional (v. fs. 112 vta./113 vta.).
Como segundo embate, se agravió de la violación de la garantía de la doble instancia en lo que respecta a la revisión de la pena impuesta (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP). Alegó que los planteos de la defensa vinculados a la determinación judicial de la pena recibieron por parte de la casación una respuesta aparente. Trajo a colación los fallos "Casal" y "Martínez Areco", entre otros, del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 114/115).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso.
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario reseñar los antecedentes del caso.
Veamos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de la causa n° 5.214/18, con fecha 20 de noviembre de 2019, condenó a Gregorio Gabriel Ruiz Escalante a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. En el mismo acto, previo oír a las partes, fijó la pena única de veintidós años y seis meses de prisión, comprensiva de la anterior y de la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 19 de septiembre de 2014, en causa n° 5.315/1.558/12, en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal, y revocó la libertad condicional otorgada en esa última causa (v. fs. 64/74 vta.).
Recordó que el hecho por el que Ruiz Escalante fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes ocurrió en la medianoche del 22 al 23 de noviembre de 2011; asimismo, destacó que el 7 de febrero de 2017 se le concedió la libertad condicional, mientras que del cómputo oportunamente practicado surge que el vencimiento de dicha pena operaría el 22 de mayo de 2019 (v. fs. 70 vta.).
Por otra parte, señaló que el hecho por el que se lo juzgó en la causa n° 5.214/18 ocurrió el 18 de septiembre de 2017, momento en que Ruiz Escalante estaba gozando de libertad condicional en la causa n° 5.315.
En función de tales circunstancias, halló cumplidos los requisitos necesarios para proceder a la unificación de penas (conf. art. 58, Cód. Penal). Por otra parte, dado que el acusado cometió un nuevo delito durante el tiempo de libertad condicional, de conformidad con el art. 15 del Código Penal, la revocó.
Asimismo, estimó que "...la comisión de nuevos delitos durante el lapso de libertad condicional no deja margen de dubitación para la consideración del método que rige el ulterior proceso unificatorio comprensivo de la penalidad de la cual se dispuso su soltura anticipada y la sanción impuesta respecto del delito cometido durante el período de libertad vigilada; si por imperio [del citado art. 15] no debe tenerse en cuenta el tiempo de libertad condicional -que resulta el lapso restante para el vencimiento de la pena- solo cabe su adición al monto punitivo correspondiente a la segunda condena; ergo, el sistema aritmético edifica la solución del caso" (fs. 71 vta.).
Concluyó en que "...teniendo en cuenta la génesis de este procedimiento totalizador -producto de la comisión de un delito durante el término de la libertad condicional correspondiente a una pretérita penalidad en etapa de ejecución- habilita a tabular la sanción única en identidad al método escogido por la fiscalía..." (fs. 71 vta. y 72).
Por tales motivos, resolvió que, en función de la calificación de los hechos, manteniendo las atenuantes y agravantes valoradas por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes al momento de dictar sentencia, así como las circunstancias agravantes ponderadas por ese Tribunal al dictar la condena en ese expediente, era justo y razonable imponer la pena única de veintidós años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 72 y vta.).
III.2. Contra lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso de casación en el que solicitó la aplicación del método composicional en el trámite de unificación de penas, por ser más respetuoso de los principios de razonabilidad, culpabilidad y máxima restrictividad del derecho penal y por permitir, a su vez, cumplir más adecuadamente con la finalidad de readaptación del penado (conf. arts. 58, 15 y concs., Cód. Penal; v. fs. 81/83).
Alegó que la condición de reincidente de Ruiz Escalante le impide acceder a la libertad condicional, lo que implica que deberá estar una gran cantidad de años en cárceles que no cumplen con los estándares fijados por la Constitución nacional (v. fs. 83).
En definitiva, afirmó que, si bien no existe impedimento para que la unificación de penas se haga con el método aritmético, el respeto de los principios constitucionales antes citados se garantizaría de mejor manera si se practicara una composición, más aún teniendo en consideración el estado en que se encuentra el sistema carcelario y los efectos de la declaración de reincidencia (v. fs. 83 vta. y 84).
III.3. El señor defensor oficial, doctor José María Hernández, mantuvo el recurso sin agregar argumentos adicionales y desistió de la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 93 y vta.).
III.4. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 28 de abril de 2020, mediante el voto del juez Carral al que adhirió el juez Maidana, rechazó la impugnación.
Luego de reseñar los antecedentes puestos de manifiesto por el Tribunal de mérito, resaltó que el caso sometido a revisión es un supuesto de unificación de penas, pues la comisión del segundo delito -que motivó la aplicación de los arts. 15 y 58 del Código Penal- aconteció cuando la primera de las condenas se encontraba firme y aún no se había agotado pues -precisamente- Ruiz Escalante estaba gozando de libertad condicional cuando cometió el segundo hecho (v. fs. 97 vta. y 98).
Sostuvo que la denuncia de la defensa oficial referida a que la pena única es excesiva y desproporcionada no procede. Puntualizó que no se violaron las reglas del concurso de delitos, pues el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes condenó a Ruiz Escalante y, de conformidad con las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, fijó la pena en siete años y seis meses de prisión, fallo que quedó firme; y durante el cumplimiento de esa pena -en el período de libertad condicional- el imputado cometió otro delito por el que también fue condenado, fijándose la pena de quince años de prisión, según las reglas de los citados arts. 40 y 41 (v. fs. 98 y vta.).
Refirió que "...no tratándose de un supuesto donde se hubiesen afectado las pautas del concurso real, las condenaciones anteriores no desaparecen, sino que simplemente se nuclean las diversas respuestas punitivas. En consecuencia, las condenas mantienen incólumes las pautas valoradas en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y la pena única que en definitiva se adopte puede construirse mediante la acumulación de los montos punitivos establecidos por cada uno de los pronunciamientos" (fs. 98 vta.).
Por último, aclaró que al estar frente a un supuesto de "unificación de penas" no existe un imperativo para aplicar el sistema composicional y puede unificarse con la suma aritmética, tal como se hizo en el caso (v. fs. 99).
Concluyó en que la parte se limitó a exponer un mero criterio divergente con lo resuelto, lo que resulta insuficiente para evidenciar la trasgresión a la ley denunciada.
IV. De lo expuesto se advierte que la denuncia de arbitrariedad en la aplicación del art. 58 del Código Penal, vinculada con la violación del derecho de defensa, razonabilidad y debido proceso, es insuficiente, pues la parte no removió eficazmente los fundamentos del fallo en crisis y, en definitiva, no demostró que la decisión adolezca de graves defectos de fundamentación ni que se sustente en razonamientos que tornen ilusorios los derechos constitucionales que dice afectados (conf. art. 495, cit.; CSJN Fallos: 310:234).
IV.1. En efecto, la recurrente debió evidenciar los motivos por los cuales en el caso concreto correspondía aplicar el método de composición en lugar de la suma aritmética y no lo hizo, pues sus argumentos se reducen a meras opiniones genéricas que -como tales- son insuficientes para demostrar la arbitrariedad que alega. Ello en tanto, conforme se advierte de la reseña efectuada en el punto III, el fallo de primera instancia, confirmado por la casación (v. puntos III.1. y III.4.), tuvo en especial consideración para aplicar la suma aritmética -pedida por el fiscal- y descartar la composición -solicitada por la defensa- la circunstancia de que el delito de abuso sexual con acceso carnal por el que Ruiz Escalante fue condenado en la causa n° 5.214/18 se cometió durante la libertad condicional concedida en el marco de la ejecución de la pena impuesta por idéntico delito en la causa n° 5.315. Frente a ello, la defensa nada dijo, dejando incontrovertida la vinculación entre la aplicación del art. 15 del Código Penal y el método aritmético en la unificación de penas.
IV.2. Igual suerte corresponde a la crítica referida al silencio del Tribunal de Casación Penal sobre la necesidad de ponderar como atenuantes el estado de las cárceles, los efectos de la reincidencia y los fines de resocialización que deben tener las penas privativas de libertad.
Lo cierto es que dicho planteo resulta dogmático en tanto se desentiende de la afirmación del Tribunal de Alzada de que al no haberse violado las reglas del concurso de delitos (conf. art. 55, Cód. Penal en sentido contrario) las pautas atenuantes y agravantes valoradas por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes así como las agravantes ponderadas por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro al imponer las respectivas penas luego unificadas se mantienen inalteradas, correspondiendo únicamente sumar las condenas oportunamente impuestas.
Frente a ello, la parte sostiene que las atenuantes solicitadas no fueron abordadas, pero no se encarga de remover el obstáculo formal que surge del fallo en crisis relativo a que como no se violaron las reglas del concurso de delitos, las atenuantes y agravantes (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal) de las respectivas sentencias de condena mantienen autoridad de cosa juzgada y no corresponde discutirlas nuevamente en el proceso de unificación por suma aritmética.
IV.3. Para más, resulta pertinente agregar que el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación se corresponde con la doctrina de esta Corte que en reiterados pronunciamientos sostuvo que la sentencia que, para unificar las penas, las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del art. 58 del Código Penal, pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 37.041, sent. de 13-II-1990; P. 53.068, sent. de 27-XII-1994; P. 57.780, sent. de 13-V-1997; P. 58.385, sent. de 22-XII-1999; P. 65.324, sent. de 19-III-2003; P. 72.391, sent. de 22-XII-2004; P. 77.839, sent. de 10-X-2007; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; e.o.).
V. Tampoco prospera la denuncia de errónea revisión del fallo de condena, pues no cuenta con un mínimo desarrollo argumental que le dé sustento más allá de citas dogmáticas de diversos precedentes judiciales (v. fs. 114/115; conf. art. 495 cit.).
En definitiva, la parte no logró vincular la infracción constitucional con lo efectivamente debatido y resuelto en el caso, lo que pone en evidencia la insuficiencia del agravio.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:00:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:23:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:00:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:20:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:25:54 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 11:58:00 hs. bajo el número RS-15-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia