Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136015
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.015, "Olivera, Luis Ángel s/ queja en causa n° 101.812 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Torres, Genoud, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de agosto de 2020, rechazó por inadmisible el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, que confirmó el auto impugnado, a saber, aquel que aprobó el cómputo de pena según el cual la sanción única dictada contra Luis Ángel Olivera vencerá el 2 de octubre de 2033 y caducará el 2 de octubre de 2043.
Contra ese pronunciamiento el señor defensor oficial adjunto ante casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio mediante resolución del 25 de noviembre de 2021. Ello motivó la deducción de una queja ante esta Suprema Corte, la cual por resolución del 7 de junio de 2022 se receptó y se concedió el recurso extraordinario deducido.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital del 30-11-2022), dictada la providencia de autos el 1° de diciembre de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto de casación, en el apartado dedicado a la procedencia del recurso, en primer lugar, tildó la sentencia recurrida de arbitraria por indebida fundamentación (arts. 18, Const. nac.; 171, Const. prov. y 106, CPP).
Sostuvo que el Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa que reclamaba la aplicación de la ley 24.390 al cómputo de pena e invocaba la violación de los arts. 2 del Código Penal y 7 de la ley 24.390, y la errónea aplicación del art. 2 de la ley 27.362. Para ello, la casación sostuvo que el recurso no era admisible porque la decisión impugnada no está incluida entre las previstas por el art. 450 del Código Procesal Penal y no advertía en el caso el planteo de una cuestión federal que obligase a habilitar el tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
Pues bien, la defensa afirmó que lo decidido por el tribunal revisor fue arbitrario y violatorio de los arts. 2 del Código Penal y 7 de la ley 24.390 con relación al art. 2 de la ley 27.362.
Refirió que el planteo de la defensa se había basado en que al aplicarse una pena única a Olivera debían contabilizarse todos los períodos de encierro como único en forma simple, y luego de los dos primeros años de detención en forma doble, hasta la firmeza de la pena única impuesta; todo ello con sustento en que el primer proceso por el cual fue detenido -y que formó parte de la unificación- ocurrió en el año 1999, en plena vigencia del art. 7 de la ley 24.390 que contemplaba el cómputo de pena privilegiado. Añadió que la decisión de recurrir a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 27.362, para negar la aplicación de dicho beneficio, implicó la violación al principio de ley penal más benigna.
Sostuvo que el Tribunal de Casación no brindó ninguna respuesta a los argumentos dados por esa defensa, los cuales -según dijo- no se centraron en el tiempo de encierro sufrido por Olivera, en el año 1999, sino en el deber de contabilizar todos los períodos de encierro como únicos en razón de haberse dictado una pena única. De ese modo, consideró que el inadecuado control casatorio afectó lo dispuesto por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convirtiendo al pronunciamiento en arbitrario.
I.2. En segundo lugar, la defensa alegó la violación del art. 7 de la ley 24.390 con relación al cómputo de pena privilegiado (por su no aplicación) mediante la errónea aplicación del art. 2 de la ley 27.362, y apartamiento de la doctrina sentada por la Corte Nacional en el fallo "Miranda".
Señaló que la Corte nacional, en el precedente "Arce", consolidó la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cómputo de la prisión preventiva. Destacó que todas las leyes que regulan cómo debe computarse la prisión preventiva son leyes penales y no procesales o meramente reglamentarias, y de ahí derivó la necesidad de respetar las directrices que emanan del principio de legalidad, esto es, irretroactividad de la ley penal más gravosa y ultraactividad de la ley penal más benigna.
Adujo que de acuerdo con el art. 2 del Código Penal, siempre se aplicará la ley penal más benigna en todos los supuestos donde se analice la prisión preventiva por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390; a su vez, refirió que el art. 3 del Código Penal reconoce que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, lo que importa la consagración de una excepción a la regla general que impide combinar los elementos más benignos de dos leyes.
Agregó que frente a la necesidad de acordarle una correcta inteligencia a los presupuestos fácticos que puedan presentarse en cada caso en concreto por las modificaciones legales producidas, el principio de legalidad y la seguridad jurídica determinan la necesidad de aplicar siempre y, aun separadamente -en materia de cómputos-, la ley penal más benigna (arts. 2 y 3, Cód. Penal). Por aplicación de ese precepto es que -a su juicio- debe observarse el art. 7 de la ley 24.390 por sobre los arts. 2 y 3 de la ley 27.362 considerando, por el carácter material que revisten las reglas referidas al cómputo, la vigencia de la ley en relación con la fecha de comisión del delito; lo que no ocurrió en el caso.
Sostiene que si la ley 27.362 se titula "Conductas delictivas. Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra", si su art. 1 hace referencia a la ley 27.156, y dado el contexto sumarísimo en que fue debatida y sancionada, todo ello demuestra a las claras que la "intención del legislador" no fue reglamentar la interpretación de la ley 24.390 para todos los delitos que el Código Penal y leyes complementarias sancionan, sino de hacerlo pura y exclusivamente para los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Se refirió al precedente "Miranda" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 342:2362) donde -según dijo- quedó claro que ese es el alcance de la ley 27.362, y afirmó que la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal resulta arbitraria por apartarse infundadamente de tal doctrina.
Por todo lo expuesto, solicitó que se case la sentencia recurrida por arbitraria, y reclamó el reenvío del caso nuevamente al tribunal de casación para que -debidamente integrado- dicte un nuevo fallo acorde a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen digital).
III. Preliminarmente, cabe destacar que según la resolución que admitió la queja y declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, este fue concedido a los efectos de abordar la denuncia de pronunciamiento arbitrario por afirmaciones dogmáticas y vulneración a la defensa en juicio y debido proceso (al declarar infundadamente la inadmisibilidad del recurso de casación), la violación al art. 7 de la ley 24.390 con relación al cómputo de pena privilegiado (por su no aplicación) mediante la errónea aplicación del art. 2 de la ley 27.362, el apartamiento del precedente "Miranda" de la Corte federal, y la transgresión a los principios de irretroactividad de la ley penal más gravosa y de ultraactividad de la ley penal más benigna.
IV. Sentado ello, adelanto mi coincidencia con lo propiciado por el Procurador; la impugnación no prospera.
Pero antes de ingresar al fondo del reclamo es necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Morón realizó cómputo de pena con relación a Luis Ángel Olivera y estableció que la sanción impuesta al nombrado vencerá el 2 de octubre de 2033, y que el registro de dicha sanción caducará el día 2 de octubre de 2043.
Para resolver de ese modo, tuvo en cuenta que con fecha 1° de abril de 2016 Luis Ángel Olivera fue condenado a la pena única de 21 años, 1 mes y 24 días de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de:
-el tiempo incumplido en el marco de la causa n° 1.473 del registro de ese tribunal (7 años, 7 meses y 24 días), en la que mereció pena única de 17 años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la de 12 años impuesta en esa causa y de la impuesta en la causa n° 810 de 5 años y 8 meses (dictada el 10 de octubre de 2003 por parte del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón) (el hecho de la causa n° 1.473 se cometió el 15 de marzo de 2003; el de la causa n° 810, el 10 de enero de 1999); esta pena única se impuso por sentencia del 9 de mayo de 2012, quedó firme el 26 de mayo de 2012, y el cómputo -también firme- ubicó el vencimiento de la sanción el día 2 de abril de 2020;
-la pena impuesta en el marco de la causa n° 2.841 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental, de 13 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas; pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2013, por un hecho ocurrido el 10 de agosto de 2012; en esta causa Luis Ángel Olivera fue detenido el 10 de agosto de 2012 y permanecía en esa situación hasta la fecha del cómputo.
IV.2. Contra ello, la defensa oficial interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio. Dijo que el cómputo aprobado por el tribunal era incorrecto pues, al tratarse de una sanción única, las penas conglobadas perdían su individualidad y, por ende, como el primero de los procesos -causa n° 810- se inició durante la plena vigencia del art. 7 de la ley 24.390, correspondía aplicar el 2x1 a todos los períodos de detención preventiva sufridos por el condenado, desde los 2 años de prisión preventiva y hasta la firmeza de la pena única. Eso la llevó a ubicar el vencimiento de la sanción el día 12 de diciembre de 2025 y la caducidad registral el 12 de diciembre de 2035.
IV.3. El citado tribunal, por pronunciamiento del 29 de agosto de 2019, rechazó el recurso de reposición y concedió el de apelación interpuesto en subsidio.
Para así decidir, sostuvo de manera puntual que "...el encartado Olivera en el marco de la causa n° 810 del Tribunal en lo Criminal n° 2, fue detenido el día 10 de enero de 1999 [...], concediéndosele la libertad por falta de mérito con fecha 16 de febrero de 1999 [...], por lo que en dicho proceso estuvo privado de su libertad durante un mes y seis días, que si bien es cierto que [durante] este período de detención se encontraba vigente la aplicación de la ley 24.390, resulta evidente que el mismo permaneció detenido por un plazo notoriamente inferior al requerido por la citada ley para su efectiva aplicación".
IV.4. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través del pronunciamiento dictado el 7 de noviembre de 2019, rechazó el recurso interpuesto de manera subsidiaria y confirmó la decisión que había aprobado el cómputo de pena.
El Tribunal de Alzada sostuvo que si bien Olivera estuvo privado de su libertad durante un mes y seis días durante la vigencia de la citada norma (art. 7 de la ley 24.390) en el marco de uno de los expedientes que compusieron la acumulación de sanciones que se hallaba purgando, "...permaneció detenido por un plazo notoriamente inferior al requerido por la citada ley para su efectiva aplicación"; y señaló que la ley 27.362 vino a delimitar, mediante interpretación auténtica, el alcance de las previsiones del art. 7 de la 24.390, determinando que el 2x1 "...será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de la libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella" (art. 2). Indicó que bajo el influjo de tal precepto debía hallarse la solución al caso, y destacó que conforme surgía del pronunciamiento apelado, Olivera estaba cumpliendo una pena de prisión por la que estaba en prisión preventiva desde el 10 de agosto de 2012, es decir, después de la derogación del 2x1, de modo que no correspondía admitir la pretensión de la defensa.
IV.5. Contra ese pronunciamiento, la defensa oficial de Luis Ángel Olivera dedujo recurso de casación a través del cual volvió a insistir con la aplicación del cómputo privilegiado previsto en el art. 7 de la ley 24.390. Reiteró los argumentos del recurso de apelación y sumó que "...no importa el tiempo de detención sufrido en el marco de la causa iniciada en 1999".
A su vez, como la cámara invocó la ley 27.362 para el rechazo de su pedido, la defensa contestó que se pretendía, mediante la aplicación de una ley claramente más perjudicial y posterior, no solo al hecho sino también a la detención de Olivera, establecer un cómputo de detención erróneo.
Finalmente, dijo que lo resuelto atentó contra lo dispuesto por los arts. 2 y 3 del Código Penal vinculado con el principio de aplicación de la ley más benigna.
IV.6. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento del 3 de agosto de 2020, rechazó por inadmisible el recurso deducido.
Para así decidir, el juez Kohan -a cuyo voto adhirió el juez Natiello- dijo que una consecuencia de la sentencia de condena como lo es el cómputo de la pena no puede tener más instancias de control o revisoras que la propia condena, porque ello importaría consagrar una inconsecuencia legislativa. Y que, por lo tanto, solo correspondía abrir la competencia del tribunal de casación frente al planteo de una cuestión federal que obligase a habilitar el tránsito al superior tribunal de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48; planteo que, en el caso, no se advertía.
Sin perjuicio de ello, repasó los antecedentes del caso, reseñó la decisión de la cámara y consideró que la solución brindada era razonable. Citó un fallo de la Sala IV ("Ardura") donde se sostuvo que en un caso así no existe conflicto en el análisis de la aplicabilidad de las normas del Código Penal en los términos del art. 2, porque los preceptos de la ley 27.362 brindan precisión a los alcances de las leyes 24.390 y 25.430, constituyendo una verdadera norma interpretativa. En otras palabras, afirmó que la 27.362 constituye una suerte de "reglamentación" de las otras dos, y pese a que fue tardíamente dictada, debe imperar en la determinación del ámbito de aplicación de las leyes 24.390 y 25.430. "Por lo tanto, el cómputo privilegiado establecido en las referidas legislaciones queda circunscripto a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley exclusivamente (ley 24.390 -B.O. 22-11-1994- derogada por ley 25.430 -B.O. 1-6-2001-)".
Finalmente, la casación dijo que si bien Olivera permaneció detenido durante la vigencia de la ley 24.390 en el año 1999 (en el marco de la causa n° 810), estuvo privado de libertad solo por un mes y seis días, razón por la cual resultaba inaplicable el cómputo privilegiado allí establecido, y por ende no correspondía realizar ningún análisis de mayor benignidad. De modo que no había razón para analizar la aplicación del 2x1 respecto de la pena unificada.
V.1. El primer planteo traído por el recurrente, vinculado con la denuncia de arbitrariedad y el inadecuado contralor casacional, con afectación al art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. punto I.1), no prospera.
En efecto, el tribunal de casación, si bien decidió que el recurso era inadmisible, se expidió sobre los agravios planteados por la defensa y concluyó que, en el caso, no resultaba aplicable el cómputo privilegiado de la ley 24.390, porque si bien Olivera había estado detenido durante el tiempo de vigencia de esa norma, había sido por un lapso de un mes y seis días, es decir, no había llegado a los dos años exigidos por la ley (v. reseña efectuada en el punto IV.6).
En función de lo resuelto, no demuestra el recurrente la arbitrariedad ni el inadecuado contralor endilgado de conformidad con las normas internacionales invocadas en sustento de su postura, pues el tribunal revisor abordó y descartó los agravios llevados por la defensa de Olivera ante esa instancia, más allá de la inadmisibilidad del recurso declarada, coincidiendo con lo razonado por la cámara de apelación y garantías. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
V.2.a. Por otro lado, coincido con el señor Procurador General en que el segundo planteo traído tampoco es de recibo.
Inicialmente, cabe aclarar que -contrariamente a lo sostenido por la defensa oficial en el recurso- la ley 27.362 no solo contempla a los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, sino que su art. 2 abarca a los delitos comunes. Ello se desprende de la interpretación literal y sistemática del texto de la ley y también del debate parlamentario (conf. mis votos en causas P. 131.819, sent. de 24-II-2023; P. 132.179, sent. de 5-VII-2023 y P. 133.005, sent. de 13-VII-2023).
Asimismo, resulta necesario destacar que, en el caso "Miranda", lo que la Corte nacional puntualizó fue que los delitos que motivaron la condena cuyo cómputo de pena se impugnó no habían sido calificados como de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra y que, por lo tanto, no resultaba aplicable la exclusión del cómputo privilegiado prevista en el art. 1 de la ley 27.362 . Pero no dijo nada sobre el art. 2 de la ley 27.362, posiblemente porque, se lo aplicara o no, la solución del caso era la misma: la disposición del art. 7 de la ley 24.390 era el derecho aplicable, a pesar de haber sido posteriormente derogada, en tanto la persona condenada inició su detención y cumplió 2 años de prisión preventiva durante la vigencia del 2x1.
Al margen de eso, la discusión pasó por el modo en que debía ser computado el 2x1 ante condenas a penas de reclusión.
V.2.b. Sentadas estas aclaraciones, se advierte a partir de la reseña efectuada que el pronunciamiento dictado el 1° de abril de 2016, en el que se basó el cómputo, es un supuesto de unificación de penas y no de condenas; ello así porque la pena única dictada en causa n° 1.473 quedó firme el 26 de mayo del 2012, mientras que la causa n° 2.841 se inició por un hecho cometido el 10 de agosto de ese año. Es decir, con posterioridad a la firmeza de la primera sentencia unificatoria (causas n° 1.473 y 810) y antes del vencimiento de dicha pena (2-4-2020).
En este punto, comparto lo expuesto por el Procurador General en su dictamen en cuanto a la innecesaridad de abordar la problemática interpretativa sobre si se requieren los dos años de prisión preventiva durante la vigencia de la ley 24.390; ello en tanto que para ocuparse de ese tema la defensa debió demostrar primero que, al tratarse de un proceso de unificación de penas y no de condenas, no correspondía analizar los efectos de la ley 24.390 al tiempo de detención sin condena firme que el penado sufrió en cada proceso en particular y en forma independiente. En cambio, el recurrente se limitó a insistir con los mismos argumentos que había llevado ante las instancias previas, los cuales fueron descartados (art. 495, CPP; conf., mutatis mutandis , causa P. 126.956, sent. de 20-XII
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