Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135202
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.202, "I., A. s/ queja en causa n° 101.820 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 17 de julio de 2020, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por la defensa oficial, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a A. I. a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, por ser la víctima menor de 18 años de edad y con aprovechamiento de la convivencia preexistente.
Frente a lo así decidido, el señor defensor adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el que -por mayoría- fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. resol. de 15-III-2021). Presentada la queja pertinente en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. act. digital de fecha 2-VI-2021), esta Suprema Corte le hizo lugar a través de la resolución de 16 de diciembre de 2021, concediendo la impugnación extraordinaria articulada.
Oído el señor Procurador General a través del dictamen de 7-IX-2022, dictada la providencia de autos (v. act. dig. de la misma fecha), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse ponderado indebidamente -a su entender- circunstancias agravantes.
Sostuvo que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme, a la vez que incurrió en arbitrariedad al confirmar las pautas severizantes de la pena que fueron valoradas en la sentencia de primera instancia. Invocó los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 40 y 41 del Código Penal.
I.1. En primer lugar, alegó que oportunamente se cuestionó la ponderación de la "reiteración y el tiempo de duración" como un factor de agravación, así como el "aprovechamiento" de la circunstancia de que la madre de la menor no durmiera en la vivienda por cuestiones laborales, por considerar que ambos extremos ya se encontrarían dentro del tipo legal atribuido a I., y que -entonces- su mérito implicó una doble valoración prohibida. Asimismo, refirió que no se había logrado acreditar fehacientemente la existencia de un "daño psicológico" que excediera el que lógicamente acarrea este tipo de delitos.
Luego de transcribir la respuesta dada por el Tribunal de Casación a esos planteos, destacó que la forma de resolverlos resultó insuficiente y aparente.
En ese sentido expresó que el fallo en crisis no especificó el motivo por el cual la extensión de los abusos durante un determinado tiempo significó un plus pasible de ser evaluado al momento de imponer pena; como así tampoco lo hizo respecto del aprovechamiento de la ausencia transitoria de la madre en la vivienda, circunstancia que -según interpretó- derivaría de la convivencia preexistente y que es esa la situación ya contemplada en el tipo legal. También discrepó con el modo en que se tuvo por acreditado el daño psicológico padecido por la menor.
Entendió que la sentencia casatoria era arbitraria, toda vez que no explicó la incidencia concreta de tales circunstancias en los hechos juzgados, más allá del incremento de la sanción que ya se encuentra contemplado en la figura legal aplicada, y no satisfizo la doble instancia ni el derecho de defensa.
I.2. Como segundo agravio denunció la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Sostuvo que en el recurso de casación la defensa había cuestionado -además de las pautas en particular- el monto de pena aplicado, por excesivo y por carecer de fundamentación, y que frente a ello el tribunal revisor se limitó a afirmar que "...de la lectura de las actuaciones, no advierto -ni lo logra demostrar la quejosa- violación alguna a los artículos 40 y 41 del C.P., siendo el argumento de la parte por el cual se agravia de la pena impuesta un mero criterio subjetivo y de tinte dogmático, que deviene irrelevante a los fines de conmover lo decidido".
Consideró que tal modo de resolver implicó haber infringido el deber de revisión amplia del fallo condenatorio, al convalidar la ausencia de fundamentación y sin exponer el razonamiento efectuado para llegar a una pena muy superior al mínimo previsto en la escala penal aplicable al caso.
Seguidamente, adujo que su crítica se centraría en dos aspectos, por un lado, el proceso lógico de construcción de la pena y, por otro, su fundamentación.
Con relación al primer punto, señaló que no se advierte cómo se llegó a la determinación de la sanción, ni cuál fue la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso concreto, lo que habría privado a esa parte de un adecuado ejercicio de la defensa para controlar si esa operación intelectual resultaba razonable y ajustada a derecho.
En su opinión, en el proceso de determinación de la pena una vez evaluada la escala legal aplicable para adecuarla al caso concreto "...se obtiene un punto fijo -a su entender sería el mínimo legal- del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes", interpretación que surgiría de la "literalidad" del art. 40 del Código Penal, debiendo asignársele a cada una de tales circunstancias un monto de punición para luego de sumados y debitados -según el caso- llegar al "monto fijo final que será la pena a aplicar".
En aval de su posición reprodujo diversos extractos del voto minoritario del entonces juez Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez".
En cuanto a la crítica sobre la revisión de la fundamentación del monto de pena, refirió que la Casación no brindó una sola razón de cómo y por qué lo entendió razonable. Alegó que el fallo recurrido no explicó el modo en que las circunstancias atenuantes y agravantes impactó en el monto fijado ni cuál fue el punto de ingreso en la escala penal, por lo que -a su entender- las afirmaciones del tribunal resultaron infundadas.
Sostuvo que el órgano casatorio efectuó un examen parcial y arbitrario de los agravios llevados a su conocimiento. Señaló que no deben confundirse los fundamentos por los cuales se considera una circunstancia como atenuante o agravante con la fundamentación de cómo ellas impactan en el monto de pena. Tampoco con la fundamentación que debe dar cuenta de cuál es el punto de ingreso a la escala penal.
En suma, denunció que se afectó el derecho a la revisión amplia, pues nada se dijo acerca de los motivos que llevó al tribunal de origen a alejarse del mínimo legal, y que se desnaturalizó el derecho al recurso del imputado en un aspecto fundamental como es el monto de pena, con la consecuente violación del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
En su apoyo, citó el precedente "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, también precedentes de esta Corte y de la Corte federal (Fallos: "Ruiz"; "Miara"; "Squilario"; e.o.).
Por todo ello, solicitó que se case la sentencia dictada y se reenvíe el caso al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- pronuncie una nueva conforme a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. El órgano revisor, tras delimitar que se encontraban fuera de discusión los extremos relativos a la materialidad ilícita y la autoría responsable de I. en el hecho en juzgamiento, se abocó al análisis de las críticas dirigidas contra las circunstancias agravantes valoradas y sobre el proceso de determinación de la pena, de idéntico tenor a las aquí traídas, y juzgó que no podían tener favorable acogida.
Con relación a la "reiteración como el tiempo de duración de los abusos", consideró que la misma había sido correctamente valorada por el a quo , ya que su extensión implicó en el caso un mayor contenido del injusto y no una doble valoración de una misma circunstancia.
Coincidió con lo resuelto por el juzgador de mérito en la cuestión quinta del veredicto, en cuanto expresó que, si bien la figura de abuso sexual gravemente ultrajante prevé para su configuración la reiteración en el tiempo o el modo de realización ultrajante, el hecho de que las situaciones de los abusos se cometieran entre los 5 y 12 años de la víctima excede la exigencia típica de la agravante, pudiendo ser valorada sin que se vea afectado el principio de non bis in ídem.
Consideró que tampoco conculcaba la mencionada garantía, la valoración del "daño psicológico" causado a la niña. En ese marco, expresó que "... surgió del debate oral que la niña presentó dificultades en sus estudios secundarios, asimismo la licenciada María José Curbello, quien la entrevistara, dio cuenta de una vulnerabilidad emocional y que la misma padecía, baja autoestima, evidenciándose 'un cuerpo dañado'. [...], los sentenciantes en la inmediatez del debate que le es propia, observaron en la víctima: 'la huella que ha dejado el sometimiento sexual por parte de su propio padre, en algunos tramos debimos solicitarle que eleve el tono de voz para poder escucharla, ha bajado la mirada, exhibió profunda angustia y dolor a pesar de haber transcurrido varios años desde los abusos'(ver fs. 11 vta. y 12 del legajo)".
Afirmó así que dicha circunstancia excedió la calificante prevista en la figura legal aplicada (art. 119 inc. "f", Cód. Penal).
Por otra parte, los magistrados juzgaron que también había sido correctamente valorado en el carácter invocado el "aprovechamiento" del imputado de la ausencia de la madre del hogar para perpetrar los sucesos juzgados. Explicaron que el hecho de que la progenitora trabajara con cama adentro generó una situación que dejó a la menor en un grado de mayor vulnerabilidad y lejos de la contención de quien la podía proteger del agresor. También precisaron por qué esa circunstancia no estaba contenida en el tipo legal atribuido al imputado, en tanto la norma habla de convivencia preexistente, y en el caso no solo convivían bajo el mismo techo padre y víctima, sino que "...además se aprovechaba que quedaba sola sin la protección de la madre cuando ella se ausentaba, para cometer los ilícitos".
Por último, respecto de la queja sobre el procedimiento de determinación de la pena señaló la insuficiencia del agravio formulado. Además, señaló su coincidencia con la posición sentada por esta Corte en cuanto ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal, destacando que "...nuestra ley penal vigente no fija un parámetro vinculante para los jueces, lo que permite concluir que el legislador optó dejar este punto (la mensuración de la pena) a la decisión de aquellos", y que "...la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P. 79.708, sent. del 18-VI-03)".
Por otra parte, expresó que "...no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad -que en el caso no se evidencia- resulta improcedente el recurso casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el 'a quo'"
Con transcripción de doctrina de esa Sala consideró que "...la justa transmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes penales no es susceptible de establecerse en cantidades prefijadas legislativamente (más allá de los extremos en las escalas) o jurisprudencialmente dado que resulta imposible [...] estandarizar los juicios de valor para traducirlos en cantidades numéricas", por tanto "...para establecer el 'quantum' de pena a imponerse no puede apelarse a fórmulas matemáticas preestablecidas sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que debe tenerse en mira una adecuada reinserción social".
Con relación al punto de ingreso a la escala penal señaló que "...no debe seguir una escala de gravedad continua sino que, por el contrario, el mínimo y el máximo de la escala penal con que se reprima un delito deben ser tomad[o]s como indicadores del valor proporcional de las normas en cuestión", permitiendo al juez de juicio la elección de la sanción que considere adecuada para el caso concreto, en la inteligencia de que "...cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados".
Agregó que "...la determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes operaciones intelectuales. Éstas no tienen un orden sistemático, m[a]s es inevitable que se parta desde el marco legal que surge de la subsunción de la conducta a un tipo penal específico [...]. A partir de entonces y tomando como base al hecho cometido y su autor, será posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y descartar aquellas que no modifiquen la decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar. La ley estructura esa decisión como discrecional al juez del hecho, porque sólo él está en condiciones de valorar acabadamente la personalidad del autor, permitiéndose interpretar que detrás de esa concepción se encuentra la idea de decisión en la que se fija la pena no es estrictamente aplicación del Derecho, sino que tiene un componente irracional o intuitivo, puesto que la impresión que el autor deja en el juez durante el juicio no puede ser suficientemente trasmitida por escrito...".
IV. De la reseña efectuada resulta que la decisión en crisis abordó los agravios llevados a la instancia intermedia y revisó de manera amplia la pena impuesta, sin oponer limitaciones formales que evidencien una afectación al derecho al recurso, como denunció la defensa.
En efecto, el órgano revisor desestimó el reclamo vinculado con la dosimetría judicial de la pena confirmando lo decidido por el sentenciante de grado, conforme los fundamentos que han sido detallados en la presente, examinando las críticas respecto de las agravantes -las que rechazó- y proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento, sin que se advierta -ni el recurrente ha logrado evidenciarlo- la restricción cognoscitiva denunciada (art. 495, CPP).
En realidad, bajo la denuncia de una revisión aparente (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), el impugnante se limitó a insistir con las pretensiones planteadas por la parte y a dar una particular opinión discrepante que no alcanza para evidenciar la afectación de las garantías constitucionales que invocó (conf. causas P. 131.323, sent. de 14-VIII-2019; P. 131.481, sent. de 14-X-2020; P. 133.122, sent. de 3-VIII-2021; e.o.; art. 495, CPP).
También resulta infructuosa la cita de los precedentes "Ruiz", "Miara" y "Squilario", pues la defensa se limitó a transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos con las concretas circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían aplicables al presente caso, a pesar de las notorias diferencias fácticas existentes entre aquellos y este (art. 495, CPP).
La misma suerte adversa ha de seguir el reclamo dirigido contra la falta de cuantificación del significado asignado a las pautas atenuantes y agravantes, como el alegado apartamiento del mínimo de la escala legal. Al respecto, cabe consignar que -tal como lo advirtió el tribunal intermedio- el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como también ha establecido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (conf. causas P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 134.260, sent. de 14-IV-2021; P. 131.934, sent. 10-VIII-2021; P. 132.110, sent. 26-V-2021; P. 133.919, sent. de 13-IV-2022; e.o.).
V. En función de todo lo expuesto, el fallo en crisis, además de garantizar debidamente el derecho al recurso contra el fallo de condena, cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad denunciada (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del colega ponente doctor Genoud. Simplemente adiciono lo siguiente en lo que refiere al cuestionamiento de la defensa respecto de la respuesta dada por el Tribunal de Casación sobre la ponderación de la "reiteración y el tiempo de duración" de los abusos como pauta agravante de pena, y que dicho ministerio reputa lesivo del principio que impide la doble valoración prohibida de una misma circunstancia, a tenor de las constancias del caso.
El tribunal del juicio tuvo por acreditados que, en fechas y horarios no determinados con exactitud, pero en el lapso del año 2008 al 26 de enero de 2016, en la vivienda familiar en la que convivían, el imputado realizó en reiteradas oportunidades a su hija G.A., de por entonces 5 años de edad, tocamientos inverecundos en zonas pudendas (ano y vagina) y le practicó sexo oral a la niña, "configurando tal accionar en virtud de la corta edad de la víctima, la naturaleza y de la duración de tales actos, un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la misma".
Sobre tal plataforma fáctica, que tuvo por debidamente acreditada, subsumió los hechos en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, por ser la víctima menor de 18 años de edad con aprovechamiento de la convivencia preexistente, debiendo el acusado responder en calidad de autor (arts. 45, 119 segundo párrafo y cuarto párrafo, inc. "b" y "f", Cód. Penal). De seguido aclaró que, si bien la defensa había cuestionado la existencia del hecho, no ha proferido críticas en relación con la calificación legal reclamada por el fiscal, la cual compartió a excepción del postulado como "hecho nuevo" en el alegato, respecto del cual absolvió al encartado.
En lo concerniente a la determinación de la pena, al ponderar los extremos de índole severizante (conf. reglas de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal; cuestión quinta del veredicto y sentencia de 25-XI-2019), se expidió a favor "de los postulados que expusiera la Fiscalía [,] a pesar de los cuestionamientos de la defensa", pues estimó que "tanto la reiteración [de los hechos de abuso] como el tiempo de duración, puesto que si bien el marco jurídico que contempla
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.