Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136269
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.269, "Verón, Leonel Maximiliano s/ Queja en causa n° 101.865 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante sentencia de 7 de octubre de 2019, condenó a Leonel Maximiliano Verón a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa , en concurso real (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 166 inc. 2 segundo párr. y 80 inc. 7, Cód. Penal).
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de abril de 2021, rechazó el recurso de su especialidad.
Frente a dicha decisión, el señor defensor adjunto ante aquel Tribunal -doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. resolución digital), lo que motivó la articulación del recurso de queja por la defensa.
Esta Corte, el día 27 de octubre de 2022, admitió la queja y concedió el recurso deducido (v. resolución digital).
Oído el señor Procurador General, presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa denunció la frustración del derecho a la doble instancia, que fue arbitrario el control de la sentencia de condena, y que se prescindió de la aplicación del principio in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Rememoró que ante el órgano casatorio se alegó, por un lado, la falta de certeza en la intervención de Verón en el hecho, en tanto la sentencia de mérito se habría basado en una única prueba, que fue el reconocimiento por fotografías efectuado por Lucas Landriel, y que ello sería solo un indicio; por otro lado, que se vulneró el principio de inocencia al descartarse, sin mayores argumentos, la hipótesis de la defensa.
Aseveró que frente a dichos agravios el Tribunal de Casación solo efectuó una mera reseña de las consideraciones del órgano de juicio referidas a la sindicación de la víctima sobre el imputado, sin abordar de forma integral los argumentos acercados por el recurrente.
Sostuvo que el pronunciamiento en crisis no satisface la doble instancia toda vez que, desatendiendo los cuestionamientos de la defensa, se reiteraron las razones expuestas en la sentencia de condena, sin que se procediera a verificar la correcta aplicación del método histórico, y que las respuestas brindadas sobre ellos no abastecen una debida motivación y, entonces, resultan arbitrarias.
Adujo, además, que la sentencia vulneró la defensa en juicio, el debido proceso y la presunción de inocencia garantizados por la Constitución nacional (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP).
Recordó las consideraciones que la defensa efectuó en las instancias anteriores al respecto de la valoración de la prueba, puntualmente, en cuanto al señalamiento de supuestas contradicciones y modificaciones en los relatos del testigo Lucas Landriel. Asimismo, argumentó acerca de las razones por las cuales se habrían producido los cambios efectuados en su versión.
Afirmó que la retractación del testigo resultó ser consecuencia de una serie de amenazas por parte de familiares de Sequeira que el mismo Lucas Landriel confirmó en el transcurso del debate y que ello bastaría para sostener que existió duda en el relato del testigo principal Diego Emiliano Vázquez, quien introdujo como sospechoso a Sequeira. También se refirió al testimonio de Leandro Valentín Rivero y a que sus manifestaciones no serían coincidentes con la descripción de Verón ni con las circunstancias de tiempo y lugar del suceso juzgado, aspectos estos que -en su opinión- no fueron revisados por el a quo.
Además, entendió que el abordaje de las críticas señaladas era especialmente relevante, máxime -destacó- teniendo en consideración el modo en que Verón fue inicialmente imputado, lo que "...resultaba notoriamente cuestionable y cubierto de un manto dudas que se extendieron al posterior reconocimiento por fotografías". Asimismo, criticó que no fueran atendidas las argumentaciones efectuadas por el imputado en su descargo.
En definitiva, cuestionó que la Casación validara una absurda valoración del testimonio de Landriel, otorgando a su reconocimiento por fotografías una "...entidad cargosa que de ninguna manera puede [...] llevar a afirmar la certeza necesaria para atribuir el hecho a Leonel Maximiliano Verón".
Con cita de jurisprudencia vinculada a la doctrina de la revisión amplia y de sentencias arbitrarias (CSJN causa "Casal", entre otros), reiteró la afectación del debido proceso, la defensa en juicio, del in dubio pro reo y de la garantía a la doble instancia, destacando la arbitrariedad del fallo revisor al efectuar el control de la sentencia de condena.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. La decisión del Tribunal de Casación Penal cumplió con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció, en tanto abordó y se expidió con la debida amplitud sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
Preliminarmente efectuaré un racconto del derrotero de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza tuvo por acreditado que: "El día 7 de junio del año 2017 promediando las 15:00 horas tres sujetos varones -uno de ellos prófugo y sin identificar a la fecha-, arribaron al comercio de autoradio denominado 'Lukas' sito en la calle Codero n° 5573 de la Localidad de Altos de Laferrere, de ésta jurisdicción tripulando un automóvil VW Voyage de color gris dominio JUF 166, y tras ingresar uno de ellos al local munido de una pistola, intimidó a su propietario Lucas Adrián Landriel ocasión en la que los dos restantes actuando de consu[n]o y previa división de tareas alcanzaron el interior del local, sustrayendo ilegítimamente equipos de música, parlantes y demás artículos del rubro, los que colocaron en el interior del rodado en el que habían arribado, no sin antes encerrar al mencionado Landriel en el baño del comercio para posteriormente darse a la fuga con el botín obtenido. Seguidamente al ser advertida la maniobra por Diego Emiliano Vázquez y Roberto Maximiliano Landriel vecinos del lugar, a fin de abortar la misma intentaron detener a los sujetos activos iniciando una persecución y mientras Diego Emiliano Vázquez lo hacía al mando de su rodado marca Peugeot 307 acompañado por Roberto Maximiliano Landriel, Kevin Nahuel Morel se unió al seguimiento a bordo de una motocicleta, hasta que al llegar al cruce de las calles Ipela y Azuduy de la Localidad de Altos de Laferrere, uno de los malvivientes que ocupaba el habitáculo trasero del rodado VW Voyage, a fin de asegurar el resultado y lograr sus impunidades efectuó con el arma que empuñaba, a través de la ventanilla trasera del lado derecho un disparo sobre la humanidad de Kevin Nahuel Morel, ocasionándole heridas en el tórax de tal magnitud que lo condujeron al óbito".
La sentencia de mérito estableció que Nicolás Alejandro Lazo y Leonel Maximiliano Verón resultaron coautores responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en concurso real y se los condenó a la pena de prisión perpetua.
III.2. En lo que aquí interesa, frente a ese fallo la defensa oficial de Verón interpuso recurso de casación en el que denunció: a) errónea apreciación de la prueba: señaló la existencia de serias contradicciones en los relatos de los dos testigos que aludieron a la presunta participación de Verón (Rivero y Landriel); aludió a las versiones que dio Landriel en el curso de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) y en el juicio, particularmente, en lo que respecta a la fisonomía que describió; cuestionó la valoración de diligencias de la IPP -concretamente el reconocimiento en rueda de personas en el que identificó a Sequeira-; bregó por la absolución de Verón; b) en subsidio, cuestionó el encuadre legal y peticionó que el hecho sea tenido como constitutivo del delito de homicidio en ocasión de robo, puesto que la víctima del homicidio y del robo son distintas; en su caso, solicitó una disminución de la sanción y c) se disconformó con el quantum punitivo impuesto a Verón.
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación rechazó el recurso de su especialidad.
Para así decidir, luego de reseñar la materialidad ilícita del hecho que se tuvo por acreditada, convalidó lo decidido por el órgano de mérito en cuanto a la valorización del plexo probatorio reunido en el proceso a los fines de establecer la coautoría responsable de Leonel Maximiliano Verón.
En orden a las críticas efectuadas por la defensa sobre los testimonios rendidos en el curso de la Instrucción Penal Preparatoria, tanto al inicio de las actuaciones, ante el personal policial, como las versiones prestadas ante la Fiscalía interviniente, señaló que, "...en todos los casos, se trata de testigos que depusieron en el contradictorio, ocasión en la que las partes tuvieron efectiva oportunidad de ejercer con amplitud el derecho de defensa -preguntar, confrontar, requerir careos, e/o -".
Explicó que "...ante la advertencia de contradicciones sobre lo que una persona aseveró percibir con anterioridad al debate -sin perjuicio de la estrategia de las partes- el art. 366 del CPP habilita el ingreso por lectura de la pieza de la IPP '...al solo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada'".
De seguido aludió a las declaraciones testimoniales brindadas por Lucas Adrián Landriel, Diego Emiliano Vázquez, Maximiliano Roberto Landriel, Leandro Valentín Rivero y Ulises Ricardo Lazo meritadas por el órgano de juicio; como también a las versiones de los imputados conforme el derecho constitucional que les asiste.
Refirió que Lucas Adrián Landriel expresó que "...en ocasión en la que se encontraba en el comercio de su propiedad, arribó un sujeto a quien describió 'alto, delgado, morocho y de ojos claros' y le consultó sobre el precio de una lámina; dicha persona se dirigió hacia el conductor de un auto modelo Voyage -estacionado sobre la vereda del local-, el primer agente que reingresa al local lo apuntó con un arma de fuego marca Bersa, e inmediatamente se apersonaron dos sujetos más; apoderándose de varios objetos. Explicó que '...visualizó muy bien el rostro de quien lo apuntó con el arma que era de tez morocha, de 1,70 m. aproximado de altura y ojos claros, mientras que al segundo sujeto lo vio de costado, era un poco más alto, y de tez blanca, y al restante solo le escuchó su voz...'".
Acerca de las inconsistencias y/o contradicciones señaladas por la defensa el a quo resaltó que la cuestión fue oportunamente abordada, transcribiendo -en lo pertinente- lo expresado por el sentenciante de mérito quien explicó: "Me detengo a esta altura sin pasar por alto que al deponer el testigo en la primera etapa de la instancia efectuó una descripción del sujeto que lo apuntó con un arma de fuego como de tez blanca y ojos claros cuando no menos cierto es que al prestar declaración el mismo día en que ocurrieron los hechos [...], lo describió de contextura física delgada, de tez morena, ojos claros y una altura de 1.75 m. aproximadamente, contradicción que en el marco de la audiencia a tenor del art. 366 del CPP se estableció, cuando sin dudar dijo al comenzar su relato era de tez oscura y ojos claros, lo vi bien cuando me apuntó, circunstancia manifestada por el testigo en la grada...".
El tribunal revisor agregó que el testigo participó de la diligencia de reconocimiento fotográfico, oportunidad en la que identificó al imputado "...indubitablemente como el sujeto que arribó a su comercio a bordo de un automóvil Voyage [...] lo apuntó con un arma de fuego tipo pistola...".
En cuanto al reclamo de la defensa de Verón sobre el reconocimiento que efectuó el testigo respecto de una persona de apellido Sequeira, como autora del hecho, quien fuera desvinculado del proceso en la etapa preliminar, destacó que el órgano de juicio reparó en tal cuestión y que precisó que en la deposición oral Landriel sostuvo que "...el sujeto en realidad era más joven que el sujeto que lo apuntó con el arma y no estaba seguro, dándole a esta diligencia un tinte dudoso de certeza".
Concluyó que el razonamiento desarrollado en el fallo originario partió de la valoración de las manifestaciones brindadas por Lucas Adrián Landriel quien "...suministró un relato creíble".
Respecto del cuestionamiento a la valoración del relato testimonial de Leandro Valentín Rivero, por hallarse vinculado el progenitor del coimputado, el revisor no encontró óbice alguno respecto de la ponderación que realizó el tribunal de origen, a un lado la menguada entidad convictiva que de por sí solo puede atribuírsele a los dichos del nombrado, en cuanto en la sentencia de condena se destacó el aporte que brindó Rivero para dar fundamento a la aprehensión de Verón, y que a partir de entonces se dispuso como medida de prueba el referido reconocimiento fotográfico.
A ello adunó el mérito otorgado a las declaraciones de Diego Emiliano Vázquez, Maximiliano Roberto Landriel, Walter Matías Ezequiel Carabajal -que corroboró la versión identificatoria de Vázquez- y la de Germán Beaufils.
En suma, el revisor desestimó la denuncia de vulneración de las garantías constitucionales invocadas por falta de suficiencia en su planteamiento, señalando que se trató "...de una simple enunciación de derechos, sin siquiera acompañar argumentos que intenten sustentarlo"; afirmó que la conclusión del fallo condenatorio constituyó la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; y no encontró infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 106, 209 y 210, CPP). Citó en apoyo de su decisión precedentes jurisprudenciales en los temas abordados.
Tampoco observó que se hubiesen infringido los criterios de la lógica, de la experiencia, ni la existencia de arbitrariedad o absurdo alegados por la defensa.
Finalmente, descartó el agravio sobre la calificación legal y estableció que quedó comprobado, con claridad, que el motivo determinante de la conducta de los imputados fue lograr el desapoderamiento y consumar el propósito delictivo, en tanto se demostró que los imputados se apoderaron de objetos del comercio y, para asegurar el resultado, terminaron con la vida de Kevin Morel.
Y concluyó que en el caso quedaron debidamente establecidas las circunstancias objetivas y subjetivas necesarias para la subsunción legal (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
IV. De todo lo expuesto resulta que el tribunal intermedio, sin limitación en su competencia revisora, abordó los reclamos de la defensa referidos a la acreditación de la prueba de la autoría de Verón, analizó todos los elementos probatorios reunidos y verificó el camino indiciario efectuado, lo que le permitió confirmar la coautoría de Verón en los sucesos ilícitos, procediendo al rechazo de los agravios que fueron llevados a su conocimiento.
En orden a las contradicciones que la defensa señaló en el testimonio de Lucas Landriel, con el objeto de desmerecer su fuerza acreditante, el revisor expuso que fueron analizadas en su momento por el sentenciante e indicó que el art. 366 del Código Procesal Penal habilita el ingreso por lectura de las declaraciones prestadas en la IPP al solo efecto de verificar las contradicciones, incongruencias u omisiones, pero que ello no suple la versión oral dada en el debate, la que finalmente tomó valor convictivo.
Frente a tal resolución, se advierte -en rigor- que las críticas de la parte impugnante están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores, dando una particular interpretación de lo sucedido, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP).
El control efectuado por la Casación abasteció la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos, toda vez que abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte, ni la defensa ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación del derecho al recurso.
Y si bien no se me escapa que el Tribunal de Casación hizo referencias a la sentencia recurrida -lo que resulta inevitable-, no se aprecia que pueda predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el de grado en el mérito que hizo de la prueba rendida. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el señor juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056; cons. 6° y sus citas).
Cabe recordar que tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' (Fallos 328:3399, sent. de 20-IX-2005, cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' -Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 71.958, sent. de 23-IV-2008), [...] no implica que el revisor 're evalúe' las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", pero "Sí debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción" (causa P. 125.444, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Por lo demás, la parte no demostró que la sentencia revisora padezca de algún vicio que, bajo el prisma de
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