Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136309
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.309, "V., M. E. s/ Queja en causa n° 102.204 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria , Genoud .
Del expediente digitalizado se deprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante la sentencia dictada el día 14 de diciembre de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el señor defensor oficial, doctor Carlos Carnevale, contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que condenó a M. E. V. a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravados por haber sido cometidos por el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, ambos en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por la convivencia con la víctima, en virtud de los hechos acaecidos en fecha indeterminada entre los años 2016 y 2017, en la ciudad y partido de Bahía Blanca, en perjuicio de T. A. R..
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado inadmisible por la Casación.
Ante tal situación, la defensa presentó una queja ante esta Suprema Corte que fue declarada procedente. En consecuencia, se admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, por considerar que las denuncias de errónea aplicación de los arts. 125 y 41 del Código Penal, junto con la tacha de arbitrariedad y los planteos de índole federal vinculados a la violación de los principios in dubio pro reo y ne bis in idem , así como la errónea revisión de la sentencia de condena, contaban con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, como primer agravio, denunció la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal, pues no se fundamentó debidamente de qué manera los actos de contenido sexual fueron suficientemente idóneos "...para provocar en la víctima el peligro de que se produzca un desvío en el normal desarrollo de la sexualidad".
Luego de reseñar la respuesta de la Casación, alegó que la decisión impugnada únicamente mencionó algunos actos sexuales y los vinculó con la edad de la niña sin explicar por qué tales actos fueron "...peligrosos en sí mismos como para afectar el bien jurídico protegido, y con ello, 'iniciar' la corrupción de la menor o bien 'facilitar' que ello sea posible [...] Así, la conducta que carece de tal peligrosidad para la normal evolución de la personalidad sexual de la víctima, es atípica".
Afirmó que en idéntico yerro incurrió el órgano de mérito. Luego de citar extractos del informe psicológico realizado por la licenciada Forclaz a la niña víctima opinó que "...no surge indicio alguno certero de peligro de provocar en la víctima perjuicio grave en su sexualidad a nivel psicológico: del informe no es posible concluir que los actos sexuales hayan tenido entidad suficiente como para afectar la evolución normal de la personalidad sexual de la menor ..." (el destacado figura en el original).
Insistió en que el Tribunal de Alzada no resolvió con base en elementos objetivos concretos la supuesta capacidad corruptora de la actividad sexual a la que fue sometida la niña.
Por otra parte, indicó que tampoco se acreditó el "aspecto subjetivo" de la figura de corrupción, que exige dolo directo. Notó que el tribunal de grado no precisó nada sobre el tipo subjetivo y que, pese a ello, la Casación avaló sin más la calificación legal de los hechos. A su entender, ello implicó una interpretación de la figura del art. 125 contraria al principio de legalidad, en tanto se confirmó la aplicación del citado delito sobre la base de la configuración del tipo objetivo, sin analizar el tipo subjetivo que la figura exige.
Añadió que la circunstancia de que "...la víctima 'aprendiera a masturbarlo' -como refirió la fiscalía y fue citado por [la Casación]- de ninguna manera puede considerarse como una fundamentación suficiente de la concurrencia del tipo subjetivo del delito de corrupción de menores".
I.2. En subsidio, tachó de arbitraria la aplicación de la figura de corrupción de menores y solicitó la absolución de su asistido a la luz del principio in dubio pro reo , por no existir certeza afirmativa sobre el tipo objetivo y subjetivo del delito previsto por el art. 125 del Código Penal (art. 18, Const. nac.) .
Nuevamente, afirmó que no se acreditó el dolo ni la configuración de un peligro concreto en su conducta de promover y facilitar la corrupción de la víctima.
I.3. Por otra parte, denunció la errónea aplicación del art. 41 del Código Penal, violación de la prohibición contra el doble juzgamiento e infracción de los principios de proporcionalidad y culpabilidad (conf. arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH y 14.7, PIDCP).
Cuestionó la valoración como agravante de "La edad del imputado frente a la juventud de la víctima [...] lo cual presupone el aprovechamiento de su superioridad física y psíquica" pues -a su entender- tal circunstancia está contemplada en la calificación legal de los hechos.
Alegó que el órgano revisor la confirmó sin analizar la denuncia de violación de las garantías contra el doble juzgamiento y culpabilidad.
De seguido, argumentó que la edad de la víctima constituye un elemento del tipo objetivo del delito de abuso sexual, por lo que ponderarla como agravante implica una doble valoración prohibida.
I.4. Finalmente, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto al monto de pena impuesto, así como también la violación del deber de fundamentación de los pronunciamientos judiciales derivado del sistema republicano de gobierno, del debido proceso y del derecho de defensa (conf. arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 1, 18 y 28, Const. nac.).
Luego de citar textualmente la respuesta del Tribunal de Casación Penal con relación al monto de pena, sostuvo que aquel trató las críticas de la defensa de modo parcial pues hizo referencia a la sanción decidida por el órgano de mérito, a las atenuantes y agravantes ponderadas, pero no abordó los planteos vinculados a la "ausencia de fundamentación debida respecto del monto de pena".
A su entender, se configuró un tránsito aparente en la instancia de revisión que frustró el derecho al doble conforme a la vez que incurrió en arbitrariedad, al confirmar la pena dictada por el fallo de mérito sin fundamento adecuado.
En lo que respecta a la "construcción de la pena" recordó que en el recurso de casación se cuestionó la falta de fundamentación de la condena a veinticinco años de prisión. Frente a ello, afirmó que de la lectura del fallo en crisis "...no surge cómo se llegó a determinar dicho monto punitivo. No se advierte [...] cuál ha sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso concreto...". En su apoyo, citó el voto del señor juez Zaffaroni en el fallo "Estévez" de la Corte nacional.
Aseveró que el punto de ingreso a la escala penal para fijar la sanción es el mínimo, por estimar que así lo indican la doctrina y la jurisprudencia.
De seguido, bajo el título "Fundamentación de una pena de prisión", insistió en que la Casación no trató el agravio relativo a la falta de fundamentación de la pena sino que se limitó a expresar que esta era justa, haciendo referencia a la multiplicidad de injustos, agravantes y atenuantes, restándole valor a aquella relativa al "arrepentimiento evidenciado en V.".
Así, el órgano de casación incurrió en un examen parcial y arbitrario, al no brindar respuesta al planteo sobre la falta de fundamentación del elevado monto de pena teniendo en consideración la escala penal aplicable.
Indicó que la evaluación de circunstancias atenuantes y agravantes "...no suple la fundamentación autónoma y concreta de por qué se resuelve la imposición de una determinada condena, sino que es necesario que sea cuantificado el significado que a cada pauta se le atribuyó y explicadas las razones para cada imputado en particular".
Alegó que la Casación se limitó a afirmar que ante la multiplicidad de ilícitos y la correcta valoración de atenuantes y agravantes la pena aplicada era justa, y dejó sin respuesta "...la falta de explicitación del razonamiento efectuado por el tribunal de juicio para determinar el monto punitivo finalmente impuesto a V." cuando -a su criterio- debió dar fundamentos que indicaran si resultó acertado alejarse del mínimo legal y por qué.
En función de ello, afirmó que se efectuó una revisión aparente del monto de la pena, desnaturalizando el derecho al recurso y quebrantando el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; CIDH caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica ).
En lo que respecta a la falta de debida fundamentación del monto de pena, citó los fallos "Ruiz" de este Tribunal, y "Miara" y "Squilario" de la Corte nacional.
Concluyó que el Tribunal de Casación al revisar la condena debió aplicar los arts. 40 y 41 del Código Penal, "...controlando que el tribunal de condena haya desarrollado lógica y razonadamente cómo ha valorado los atenuantes y agravantes, y de qué modo llegó a la conclusión final al fijar el quantum de la pena y expresar por qué impuso la misma...". A su entender, el fallo de mérito debió ser descalificado por la Casación por no estar debidamente motivado el monto de pena impuesto a su asistido.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no procede.
III.1. La denuncia de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal, vinculada a la tacha de arbitrariedad y al planteo de violación del principio in dubio pro reo, resulta manifiestamente insuficiente, pues evidencia un notorio viraje argumental respecto de los términos en que fue llevada -tardíamente- a la Casación (conf. art. 495, CPP). Veamos.
III.2. Tal como lo puso de manifiesto el órgano revisor, las críticas en torno a la aplicación del delito de corrupción de menores recién fueron introducidas en la memoria del art. 458 del Código Procesal Penal.
En efecto, tanto durante el juicio como en el recurso de casación, la defensa oficial de primera instancia nada dijo sobre la calificación legal de los hechos -durante el debate únicamente cuestionó la aplicación de las reglas del concurso real pero no las figuras delictivas empleadas-, limitándose en ambas instancias a criticar el monto de pena impuesto, atenuantes y agravantes.
Sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo, la Casación abordó la denuncia de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal llevada en la memoria, haciendo expresa referencia a los defectos formales y sustanciales en el modo en que fue desarrollada por la defensa oficial (se introdujo luego del "Petitorio", con un espacio en blanco en el escrito y sin permitir comprender con precisión los términos en que fue planteado el embate -conf. reseña de antecedentes del fallo de casación-).
A su vez, el órgano intermedio destacó que el tribunal de primera instancia, ante la falta de cuestionamientos durante el juicio por parte de la defensa oficial a la subsunción legal de los hechos, al momento de analizar la aplicación del art. 125 citado, hizo propios los argumentos expuestos por la acusación pública.
III.3. Hechas tales aclaraciones, el Tribunal de Casación, soslayando la introducción tardía del embate, así como también los graves déficits formales y sustanciales con que se introdujo en la memoria, lo abordó y rechazó.
En tal sentido, afirmó que la aplicación de la figura de corrupción de menores encontraba sustento en "...las circunstancias de haber perpetrado V. ataques sexuales contra la niña T. R. en diferentes oportunidades y con modalidades también diferentes (con acceso carnal vía vaginal y gravemente ultrajante al haberla obligado a que le realice movimientos masturbatorios hasta lograr eyacular), por lo que dicha sumatoria constituyen acciones que sin dudas poseen capacidad y entidad corruptora. En este sentido, como lo señaló el tribunal anterior, estos hechos implica[ron] que una menor que contaba entre 8 y 9 años de edad al momento de los sucesos tuviera conocimiento de prácticas sexuales en forma prematura, las que resultaban inadecuadas para su capacidad de madurez sexual [...] la que obviamente se vio perturbada de forma relevante, habiéndose menoscabado el bien jurídico tutelado por el artículo 125 del [Código Penal]...".
Por último, aclaró que "...si no hubo agravio de la defensa el tribunal pudo haber analizado y desechado variables que no se plasmaron por escrito, precisamente, porque no había obligación de abundar, en ausencia de concreto pedido de la parte, y resulta suficiente que manifestara compartir los argumentos de la fiscalía [...] en cuanto aluden a que el imputado 'le llevaba la mano a su pene y le hacía tocarlo, indicándole cómo debía hacerlo, con la intención que la niña aprendiera a masturbarlo' y se consignó que 'la niña presentaba conocimiento sexuales inapropiados'".
IV. Ahora bien, más allá de las consideraciones que cabría formular sobre la actuación del Tribunal de Casación en cuanto al abordaje de un agravio extemporáneo y con notorios vicios de fundamentación, lo cierto es que la defensa oficial se desentendió por completo de su actuación en las instancias previas (conf. art. 3, ley 14.442 en sentido contrario) y formuló críticas y reclamos que dan cuenta de un viraje argumental respecto de lo cuestionado -tardíamente- en la memoria (conf. arts. 451, 458, 495 y concs., CPP).
En efecto, los reclamos de profundidad y precisión en la respuesta de los tribunales de mérito y de casación, no se hacen cargo de que las críticas al delito de corrupción de menores no fueron planteadas durante el juicio -tal como lo expuso la Casación y la parte nada dijo- y que recién se introdujeron -de manera tardía y deficiente- en la memoria con términos diferentes a los que ahora postula en el recurso en trato.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar de plano, por manifiestamente insuficientes, los agravios vinculados a la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal, junto con la tacha de arbitrariedad y la denuncia de afectación del principio in dubio pro reo (conf. art. 495, cit.).
Para más, cabe destacar que lo fallado por la Casación se corresponde con la doctrina legal de esta Corte sobre los alcances del tipo objetivo y subjetivo de la figura de corrupción (conf. causas P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.550, sent. de 9-XII-2020; P. 134.873, sent. de 12-XI-2021; P. 135.118, sent. de 24-V-2023; e.o.).
V. Igual suerte corresponde a los agravios relativos a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, vinculados con la violación de la garantía contra el doble juzgamiento y los principios de culpabilidad en lo que respecta a la ponderación de la pauta agravante relativa a "...la edad del imputado frente a la juventud de la víctima [...] lo cual presupone un aprovechamiento de su superioridad física y psíquica".
V.1. En la sentencia impugnada se confirmó la agravante en cuestión por estimar que dicha pauta contemplaba un supuesto fáctico diferente al de los delitos por los que fue condenado V..
En tal sentido, la Casación recordó que el órgano de mérito sostuvo que "...'la edad del imputado frente a la juventud de la víctima [...] presupone un aprovechamiento de su superioridad física y psíquica' en relación a esta [...] Entonces, la queja de la parte es inatendible, pues la focaliza en lo atinente a la edad de la damnificada, pero soslaya que no fue ese el fundamento de la severizante, pues claramente los jueces la asentaron en el aprovechamiento de la superioridad física y psíquica que la edad del imputado -en relación [con] la víctima- supone".
Por tales motivos, concluyó que la agravante en cuestión debía ser confirmada, pues se tuvo en consideración el "...estado de mayor indefensión y mayor vulnerabilidad de la víctima ante este tipo de hechos provocada por la concreta situación en que se ubica el agresor [...] independientemente de la edad de la damnificada".
V.2. Frente a dicha respuesta, la parte se limitó a insistir dogmáticamente en la afectación del principio de ne bis in idem sin hacerse cargo de rebatir que mientras el tipo penal mira a la edad de la víctima, la pauta aumentativa de pena, por el contrario, se centró en la del imputado, y en la superioridad física y psíquica de este. Sobre tal argumento, la parte nada dijo, dejando incontrovertido este tramo del fallo.
De ahí que la denuncia de afectación de la garantía contra el doble juzgamiento no se hace cargo de demostrar de qué modo quedaría configurada la identidad fáctica entre el encuadre legal y la agravante de pena ponderada (conf. arts. 8.4, CADH y 14.7, PIDCP en sentido contrario; 41, Cód. Penal; 495, CPP).
Por tales motivos, siendo que el agravio de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la afectación del principio de culpabilidad están directamente relacionados con la denuncia de violación del ne bis in idem , también corresponde desestimarlo por haber quedado huérfano de sustento argumental (conf. art. 495, cit.).
VI. Por último, tampoco procede la denuncia de errónea revisión del monto de la pena, vinculada con la tacha de arbitrariedad y la afectación de las garantías de proporcionalidad, culpabilidad, debido proceso y derecho de defensa por falta de debida fundamentación (art. 496, CPP).
VI.1. De la lectura del fallo de casación se advierte que, en el marco de la revisión de la determinación judicial de la pena, el órgano intermedio recordó los hechos que se tuvieron por probados: que "...en fecha indeterminada, pero situada entre los años 2016 y 2017, en el domicilio de la calle [...] de la ciudad de Bahía Blanca, M. E. V. le efectuó tocamientos en la vagina y en los glúteos, por debajo de las prendas de vestir, a la hija de su pareja, T. A. R.. Asimismo, le tomó la mano a la niña llevándosela hasta su pene para que le reali[zara] movimientos de masturbación hasta eyacular y la penetró con su miembro viril vía vaginal. Estos hechos ocurrieron de forma reiterada durante los fines de semana, por las mañanas o las tardes, en el lapso indicado, aprovechando que la menor quedaba a su cuidado. Estas prácticas implicaron que la infante, de entre 8 y 9 años cuando acontecieron los hechos, tuviera conocimiento de prácticas sexuales de forma prematura, las que por la corta edad de la víctima resultaron inadecuadas para su capacidad de madurez sexual...".
Asimismo, agregó que el tribunal de mérito los calificó como abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravados por haber sido cometidos por el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, ambos en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por la convivencia con la víctima (arts
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