Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133682
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, habiendo deliberado de conformidad con el Acuerdo N° 3971/2020, procede a dictar la sentencia definitiva en la causa P. 133.682-Q, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa N° 102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102.558 (habeas corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal".
El Tribunal de Casación Penal, integrado de manera unipersonal por su Presidente, por auto dictado el 23 de abril de 2020, denegó la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante dicho órgano, contra la sentencia de fecha 8 de abril del 2020 emanada del vicepresidente de aquel cuerpo de igual forma integrado, por la que -en lo que interesa destacar- hizo lugar durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio a una serie de medidas respecto de los habeas corpus colectivos presentados en la causa.
Deducida el 4 de mayo de 2020 la queja por denegatoria del recurso y admitida por esta Corte con fecha 5 del corriente mes y año, prosiguió el trámite, en el que ha dictaminado el señor Procurador General, sosteniendo el recurso de inaplicabilidad de ley. Luego, dictada la providencia de autos, presentada la memoria del señor defensor ante el Tribunal de Casación Penal y formuladas las presentaciones de los Amigos del Tribunal, la causa se encuentra en estado de pronunciar sentencia.
En tales condiciones la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari dijeron :
I. La presente causa se origina en dos habeas corpus colectivos (legajos 102.555 y 102.558) que fueron unificados y resueltos por sentencia única, según se explicará en los apartados siguientes.
I.1. Legajo 102.555:
I.1.a. El señor Defensor General del Departamento Judicial de La Plata, doctor Omar Ozafrain, junto con los Defensores Departamentales de otras jurisdicciones, que luego fueron enviando sus respectivas adhesiones, promueven habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Cuestionan las condiciones de detención en las que actualmente se cumplen la prisión preventiva y las penas en ese ámbito, por el estado de hacinamiento e inhabitabilidad. A lo que añaden la emergencia ocasionada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, por lo que sería procedente esta vía urgentísima para resguardar los derechos de los prisioneros. Después de alegar a favor de la competencia originaria del Tribunal de Casación y de aludir a la situación en las cárceles y comisarías, aducen que existe un contexto de agravamiento de las condiciones de detención, que obliga a judicializar la cuestión, con el fin de garantizar la vida y la salud de la población en encierro carcelario y en unidades policiales (v. fs. cit./3). Si bien afirman que el riesgo se extiende a todos los allí alojados, hay supuestos de especial vulnerabilidad que merecen un tratamiento urgente. Pretenden que los criterios destinados a proteger de un eventual contagio del coronavirus a la llamada "población de riesgo" también "tengan [...] aplicación en las decisiones judiciales" en lo que concierne a la población carcelaria (v. fs. 3).
De otro lado, anotician que el Poder Ejecutivo ha elaborado listados correspondientes. Piden, así, la intervención de ese órgano para hacer operativo el resguardo del grupo vulnerable, con inclusión de las personas mayores de 60 años, en coincidencia con los parámetros sanitarios que se aplican en el ámbito laboral.
Entienden que "deberá instarse al Poder Ejecutivo a un exhaustivo análisis y posterior clasificación de todas las personas hoy alojadas en base a tales criterios para su posterior derivación a sus jueces naturales, a fin de que resuelvan en el sentido aquí solicitado"; y, asimismo, que debe "disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema" de toda persona comprendida en los supuestos de riesgos, debiendo adoptarse "las medidas alternativas que el caso amerite" (fs. 3 vta.).
Aclaran que lo que demandan es una intervención urgentísima. Pues, en el contexto de pandemia del coronavirus, se requiere "que se encuentre abierta la jurisdicción en el marco de un litigio estructural y complejo, asumiendo jurisdiccionalmente el ‘comando y control’ abarcativo de todo lo [que] concierna a la protección de los detenidos" (fs. cit.).
Insisten en que la emergencia exige el ejercicio de la potestad jurisdiccional, abriendo un "paraguas de legalidad y constitucionalidad" a las medidas que pudieran adoptar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y "particularmente los Jueces de Tribunales inferiores" (fs. 7).
Refieren que el Procurador General instruyó mediante la resolución 158/20 del 16 de marzo de 2020 a que los defensores evaluaran la posibilidad de requerir medidas alternativas a la prisión preventiva o de prisión con detención domiciliaria u otras morigeradoras, al mismo tiempo que instruyó a los fiscales a que hicieran lo propio, "en coincidencia con los listados remitidos por el PE", procediendo con igual criterio respecto de menores de edad y madres con hijos. Dicen que no obstante ello, mayoritariamente, la respuesta de la judicatura no fue inmediata (v. fs. 7 vta.).
I.1.b. Por todo ello reclaman las siguientes medidas: i] la remisión a la sede de Casación y a los jueces de las instancias, de los listados elaborados por los Ministerios intervinientes, actualizados, de los penados y procesados (menores y mayores) alojados en todo el sistema, identificados dentro de grupos vulnerables, a efectos de que los jueces respectivos "puedan ponderar [...] la necesidad de mantener la detención, o bien dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas", reclamando una actualización semanal, con indicación de los nuevos casos y exclusión de los beneficiados por las medidas requeridas; ii] se ordene a los magistrados que informen al órgano de Casación la nómina de aquellos casos en que han decidido mantener el encierro, a fin de "revertir tempestivamente las decisiones que evidencien manifiesta ilegalidad o ignoren las razones humanitarias y/o sanitarias" (fs. 8 vta.); iii] se imponga que cada juez realice el escrutinio de la persona que estuviere en tales condiciones, incluso de oficio; iv] se inste a los jueces al uso racional de la prisión preventiva y a que de oficio revisen las impuestas de acuerdo a las previsiones del art. 168 bis del CPP; v] se disponga a los jueces de ejecución que adopten las medidas necesarias para resolver las libertades asistidas y condicionales, cuando estuvieren cumplidos los recaudos temporales, aunque no contaren con los informes carcelarios ni se encuentre operativo el Patronato de Liberados ; vi] reconociendo que los jueces naturales son quienes deben decidir sobre los detenidos que tienen a su disposición, se inste a que deberán hacerlo "en el breve término que [se] les fije"; vii] se exhorte al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial para que, con la premura del caso, evalúen introducir modificaciones a la Ley de Ejecución Penal n° 12.256 y en el Código de Procedimiento Penal para habilitar a los jueces a que puedan adoptar medidas del tenor a las reclamadas (v. fs. 9 vta. y 10).
I.2. Legajo 102.558:
I.2.a. Esta causa se origina en el habeas corpus colectivo iniciado el 17 de marzo próximo pasado ante el avance de la pandemia por el COVID-19. La defensoría departamental de Bahía Blanca pidió una serie de medidas preventivas en favor de todas las personas alojadas en las unidades carcelarias y comisarías de la jurisdicción, con especial preferencia a los grupos de riesgo. Se acompañó informe pericial que daba cuenta de las falencias para atender una posible propagación del virus en los lugares de encierro. Por ello se requirió el otorgamiento de arresto domiciliario a aquellos internos que presentaran factores de riesgo para el contagio de la COVID-19.
El pasado 20 de marzo el Juzgado en lo Correccional n° 3 de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a dicha presentación, en tanto, sólo las Unidades Penitenciarias 4 y 19 informaron tener alojadas personas que integraban el grupo de riesgo, señalando que no se habían detectado personas con síntomas compatibles con la sospecha de la enfermedad COVID-19. De modo que consideró que no existían "causas extraordinarias que habiliten el dictado de una medida como la requerida"; extremo que en todo caso correspondía peticionar ante la autoridad judicial a cuya disposición se encuentran.
Respecto de los alojados en las dos unidades penitenciarias indicadas, ordenó a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que en el término de 72 horas se le provean los insumos y medicamentos imprescindibles para la prevención de la COVID-19.
Apelada dicha decisión por la defensa, fue confirmada por el Tribunal de Alzada departamental en sentencia del 26 de marzo del corriente año.
Frente a ello el defensor departamental, doctor Germán J. Kiefl, promovió un habeas corpus en favor de todas las personas privadas de su libertad en las unidades carcelarias y comisarías ubicadas en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, por cuanto, según acreditó con un informe que agrega, se han negado judicialmente casi todas las medidas morigeradoras reclamadas, con especial hincapié en aquellas concernientes a las personas comprendidas dentro de los llamados "grupos de riesgo", actualmente amenazados frente a la propagación del virus SARS-CoV-2. Lo hace porque a su juicio es "...el medio idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales" en juego.
I.2.b. En concreto peticiona: i] que se disponga con carácter cautelar la medida de encierro domiciliario a favor de las personas privadas de libertad comprendidas en los grupos de riesgo, incluidas en las nóminas provistas por los titulares de las Comisarías y Unidades Carcelarias de la jurisdicción, en el marco del habeas corpus tramitado ante el Juzgado Correccional n° 3 antes reseñado; ii] se implemente el mecanismo de control que peticiona para quienes ingresen a comisaría o establecimientos penitenciarios, a efectos de constatarse si pertenecen a un grupo de riesgo y, en su caso, extender a ellos la aplicación de la detención domiciliaria; iii] se libren oficios a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la Provincia a fin de que provean con la urgencia del caso el resguardo sanitario de la población carcelaria de la referida jurisdicción, con adecuada provisión de asistencia médica, higiene, aislamiento, población, y alimentación que resulten pertinentes; iv] se inste a los jueces donde tramitan las respectivas peticiones a dar tratamiento con carácter de "urgente despacho" a las incidencias, mientras dure esta situación excepcional (v. fs. 42, íb.); v] de acuerdo a las resoluciones de esta Corte y de la Procuración General (52/20, en esp., punto 4, y 158/20, punto 2, respetivamente), se inste a los órganos jurisdiccionales a cuya disposición se encuentren los denominados "grupos de riesgo" frente al contagio de la COVID-19, a que consideren esa circunstancia como "criterio suficiente" para disponer su arresto domiciliario como medida alternativa o morigeradora de la prisión preventiva; vi] se declare la inconstitucionalidad de asignar efecto suspensivo al recurso fiscal para los casos en que las morigeraciones sean concedidas (art. 431, primera parte, CPP).
I.3. Agregados ambos legajos para su trámite en causa única, con fecha 7 de abril del corriente año se celebró la audiencia prescripta en el art. 412 del Código Procesal de la materia. Las partes fueron advertidas de la solicitud previa cursada por el juez interviniente (según providencia del 6 de abril del corriente) a los dos ministerios requeridos para que confeccionaran los "listados actualizados de los penados y procesados [...] alojados en las Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, Institutos Penales del Régimen Penal Juvenil y Comisarías [...] pertenecientes a grupos vulnerables" a la COVID-19, que se hizo extensiva al Jefe del Servicio Penitenciario federal respecto de personas bajo la jurisdicción del Poder Judicial de esta provincia.
II.1. En el intento de justificar su competencia, el órgano que dictó el fallo ahora recurrido, tras recordar que "es doctrina de [ese]...Tribunal que la interposición de un Habeas Corpus no autoriza [...] a sustituir a los jueces naturales..." y especular con que entonces "...la acción intentada resultaría inadmisible", sostuvo que ello era así "...a menos que [...] se verifiquen situaciones excepcionales que ameriten la injerencia de [esa] Sede de modo originario" (apdo. 5 del fallo). Luego, entremezclando consideraciones sobre el fondo del asunto, se refirió a lo planteado en los puntos "b", "d" y "e" del petitorio de la causa n° 102.555 y en el punto "b" del escrito presentado en la causa n° 102.558. Respecto de todo esto afirmó que no correspondía "...suplantar a los jueces naturales de la causa" ni "exhortar [...] a otro poder del Estado" (v. apdo. 6 del fallo). Sin embargo, para abordar otras peticiones articuladas y ordenar varias determinaciones generales asumió competencia originaria (v. apdo. 6 del fallo). Lo hizo, de una parte, en lo atinente a los puntos "a" y "c" del escrito traído en la causa n° 102.255 y a los puntos "a" y "e" del escrito presentado en la causa n° 102.558.
A suerte de corolario, el juez a quo invocó una serie de elementos de hecho y valorativos, tales como: la pandemia existente, la necesidad de resguardar la vida de los detenidos y de garantizar la seguridad de la sociedad, en el difícil contexto de encierro en lugares superpoblados (apdo. 6 del fallo).
II.2. En el fallo de fecha 8 de abril de 2020 (v. fs. 88/97) recurrido por vía de inaplicabilidad de ley, que hubo de ser complementado por la sentencia del 13 de abril del 2020, en prieta síntesis, y en lo que aquí interesa, el juez del Tribunal de Casación Penal, doctor Violini, declaró la procedencia parcial de las acciones de habeas corpus deducidas, sin costas.
II.2.a. De un lado, hizo lugar "durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el Poder Ejecutivo nacional, al arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se hallaran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, identificadas en los listados aportados "y las actualizaciones que se vayan agregando". Y resolvió que esa medida, así ordenada con alcance general, debía ser implementada por el Juzgado o Tribunal que tenga a su cargo a cada detenido. II.2.b.Por otra parte, en cuanto a las personas que se encontraran en situación de riesgo sanitario, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, y según aquellos listados, decretó que "cada situación sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario, o bien, asegurar el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado, si aquella medida no fuera posible".
II.2.c. También, encomendó a los órganos jurisdiccionales de las instancias inferiores evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición "...considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género, en todos aquellos procesos donde se encuentren cumplidos los plazos previstos en el artículo 141 del Código Procesal Penal".
II.2.d. A su vez, resolvió, en esa sentencia y en la ya mencionada aclaratoria, que los órganos de ejecución y los jueces que tengan a disposición condenados sin sentencia firme o con cómputo de pena pendiente, en aquellos supuestos en los que faltasen seis (6) meses o menos para alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional que, a su vez, cumplan con las exigencias previstas por el ordenamiento sustantivo y adjetivo, debían evaluar la posibilidad de disponer -de manera extraordinaria y por única vez- la detención domiciliaria sin control electrónico, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos, destacando que ello no abarcaba a "...quienes se encuentren condenados, con sentencia firme, por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y delitos cometidos en un contexto de violencia de género".
II.2.e. Reiteró "la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad".
II.2.f. Por último, dispuso que "a partir de esta resolución y en lo sucesivo, todas las acciones de habeas corpus pendientes o a iniciarse deber[í]an ser resueltas conforme los lineamientos sentados en la presente".
II.3. Ante la presentación efectuada por el Defensor ante la instancia y las asociaciones de protección de los derechos de las víctimas de delitos, el Presidente del Tribunal de Casación Penal, doctor Borinsky, emitió el 21 de abril del corriente otra aclaración que completa la sentencia de mentas (v. fs. 294/296).
II.3.a. Primeramente, descartó el reclamo de la defensa en el sentido de que ese Tribunal asumiera "el monitoreo y evaluación de la ejecución" del habeas corpus colectivo. La denegatoria se fundó en el criterio de que compete a "cada uno de los órganos a cuya disposición se encuentran los detenidos" resolver acerca de su situación, más allá de lo que les concede con el alcance que surge del petitorio.
II.3.b. En lo concerniente a las peticiones de las Asociaciones Civiles "Usina de Justicia" y "Fortalecidos por el dolor", tendientes a que se informaran los nombres y causas de los detenidos que fueron o habrían de ser liberados por la resolución vinculada a la pandemia de COVID-19, en el marco de la ley 27.372, sostuvo que carecía de esa información, pues se hallaba en cada uno de los órganos de las instancias inferiores (punto 4 de la decisión). No obstante, adujo que para resguardar "...la integridad psicofísica de las víctimas" los jueces que, en oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario en favor de los detenidos o de reevaluar las prisiones preventivas, debían comunicar a las víctimas las decisiones tomadas.
II.3.c. Por fin, trató las denuncias recibidas por incumplimiento de la sentencia del 8 de abril, centradas en que los jueces no habrían de ejecutar las medidas por ella dispuestas hasta que el fallo adquiriera firmeza. Al respecto, puntualizó que de lo dicho en los considerandos de la sentencia del 8 de abril surgía que: "...en función de lo normado por el artículo 431, interpretado en conjunción con el artículo 3, ambos del Código Procesal Penal, las libertades concedidas quedan exceptuadas de la regla que impone el efecto suspensivo de los recursos, por lo que, en consecuencia, deben ser efectivizadas de forma inmediata, situación que debe entenderse compatible con el otorgamiento de medidas morigeradoras". Y agregó que correspondía ampliar lo resuelto, con ese alcance. Por tanto, hizo saber a los jueces "que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza". II.4. Frente a ello, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo examen
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