Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.668-RQ, "G., O. D. s/ queja en causa n° 102.813 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, mediante integración unipersonal, condenó a O. D. G. a la pena de dos años de prisión, costas y declaración de reincidencia por cuarta vez, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de armas, daño y hurto (hecho I), y desobediencia (hecho II), todos en concurso real, acaecidos los días 23 de septiembre de 2017 y 29 de marzo de 2018 en perjuicio de M. S. G.. A su vez, impuso al nombrado la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria, en los términos del art. 52, último párrafo del Código Penal, y ordenó que durante ese tiempo realizara tratamiento psicológico y psiquiátrico por medio de la Dirección de Salud Penitenciaria en coordinación con las estrategias de la Secretaría de Políticas de Género del ámbito penitenciario, con el objeto de tratar su cuadro de adicciones y de violencia de género.
La señora defensora oficial de G. interpuso recurso de casación, que fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento del día 30 de noviembre de 2020.
Contra esa decisión, la señora defensora adjunta ante el órgano casatorio -doctora Ana Julia Biasotti- articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley que, declarada inadmisible por el Tribunal de Alzada, motivó la interposición de queja. Finalmente, esta Suprema Corte hizo lugar a la presentación y concedió el recurso extraordinario para el abordaje del planteo de inconstitucionalidad del art. 52 del Código Penal (conf. CSJN Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324; v. fs. 12 y vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 23/26), dictada la providencia de autos (v. fs. 28) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa de D. O. G. denunció la errónea revisión de la sentencia de condena por aplicación al caso de una norma inconstitucional, en contradicción con los principios de culpabilidad por el acto y ne bis in idem (conf. arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 incs. 2.h y 4, CADH y 14 incs. 5 y 7, PIDCP).
Destacó que el agravio posee actualidad desde el momento en que se dictó el pronunciamiento definitivo, en tanto la declaración de reincidencia impone de forma automática la pérdida de la posibilidad de su asistido de acceder a la libertad condicional, extremo que importa el agravamiento de su condena en razón de un hecho anterior por el cual fue condenado.
En esa línea, se refirió a la inconstitucionalidad del instituto desde la perspectiva del ne bis in idem . Adujo que el agravamiento de la pena hace foco sobre un hecho ya juzgado y condenado, consecuencias que se ven agravadas por el alargamiento del plazo para obtener la libertad condicional previsto en el art. 53 del Código Penal. En consecuencia, sostuvo que los arts. 14, 50 y 52 del digesto de fondo, en la medida en que permiten imponer consecuencias en virtud de un hecho anterior ya condenado, vulneran aquella garantía.
Luego, en cuanto al sustento del instituto en la peligrosidad, con cita de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Gramajo" y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala , expuso que constituye un pronóstico de conducta que se formula intuitivamente, sin base en un serio estudio o peritaje psicológico.
Expresó que la declaración de reincidencia -múltiple en el caso- fundada en la peligrosidad del sujeto, vulnera el principio de culpabilidad en la medida en que importa la imposición de un plus de pena por una circunstancia que no determina una mayor reprochabilidad por el hecho, sino una probabilidad sobre un evento futuro.
Concluyó que la peligrosidad como fundamento de la medida accesoria es tributaria de un derecho penal de autor, incompatible con el principio de culpabilidad por el acto (conf. arts. 18 y 19, Const. nac.).
En cuanto a este último principio, hizo alusión a la teoría de la advertencia y refirió que suponer que una condena anterior genera una mayor conciencia de antijuridicidad en los hechos posteriores cometidos, no es más que una expectativa sin sustento, por lo que el incremento de pena no responde a la culpabilidad por el hecho.
En definitiva, requirió que se case el pronunciamiento impugnado y se declare la inconstitucionalidad del art. 52 del Código Penal, en relación con los arts. 14 y 50 del mismo digesto.
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la impugnación.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que el recurso fue concedido por esta Corte exclusivamente para el abordaje de la petición de inconstitucionalidad del art. 52 del Código Penal, habiendo por tanto quedado incólumes los restantes extremos de la sentencia cuestionada.
III.2. Sentado ello, la vía extraordinaria no prospera, pues ha sido articulada de modo insuficiente para evidenciar la falencia constitucional argüida (conf. art. 495, CPP).
III.3. Al momento de evaluar la imposición de la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, y frente al planteo de inconstitucionalidad ya esgrimido por la defensa en esa oportunidad con arreglo a lo resuelto en el precedente "Gramajo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el señor juez del tribunal de grado, doctor Ezequiel Augusto Medrano, ponderó que la medida procedía, no solo atendiendo al dato objetivo de la reincidencia múltiple registrada por G., sino "...especialmente teniendo en vista las particularidades de las conductas ventiladas y reiteradas en el temperamento del encartado".
Consignó el magistrado que parecía difícil imaginar un supuesto, por fuera del presente, en el cual la medida resultara tan adecuada, en atención al "...desprecio del encartado a las distintas mandas judiciales, una de las cuales resulta el objeto de este proceso, [y a] la violencia creciente a la que ha sometido a su pareja y al grupo familiar conviviente...". Así las cosas, dispuso la aplicación de la reclusión accesoria y la urgente implementación de tratamiento psicológico y psiquiátrico por medio de la Dirección de Salud Penitenciaria en coordinación con las estrategias de la Secretaría de Políticas de Género del ámbito penitenciario a fin de que se tratara el cuadro de adicción y violencia en el que aquel se encontraba inmerso.
III.4. Frente al planteo de inconstitucionalidad del citado art. 52 llevado a conocimiento del Tribunal de Casación Penal, la señora jueza Budiño, cuyo voto concitó la adhesión simple del señor juez Mancini, centró su argumentación en la calidad de pena que la reclusión accesoria reviste y consideró que no se acreditaba la violación del principio de culpabilidad ni del derecho penal de acto.
Luego se refirió al problema constitucional que puede surgir en torno al principio de proporcionalidad de las penas, mas estimó que para tal análisis correspondía ceñirse al caso de G., tras lo cual afirmó que en este supuesto la cuarta reincidencia surgía a raíz de la condena por un concurso de varios delitos que, si bien no tienen penas altas individualmente, la suma de sus máximos es incluso mayor que los cinco años que prevé el art. 53 del Código Penal para obtener la libertad condicional, y casi igual que los diez años que duraría la pena accesoria hasta su extinción.
Estimó que la pena accesoria no era inconstitucional "...porque incluso la suma de los máximos que arroja el concurso real juzgado en esta última condena, habilitaba la imposición de una pena similar a la que resulta de la imposición de la accesoria del 52".
En esa dirección, destacó que el recurso de casación era insuficiente al no vincularse con las particularidades del caso, y sostuvo que tampoco se demostraba la alegada indeterminación de la pena accesoria desde que el art. 53 del Código Penal establece la manera de extinguirla por medio de la obtención de la libertad condicional y del cumplimiento de un período determinado en dicha condición.
III.5. De lo expuesto, se advierte que el contenido del recurso es totalmente genérico, dedicado al análisis de la violación de los principios de culpabilidad y ne bis in idem que en criterio de la defensa genera la declaración de reincidencia -con mínimas menciones al art. 52 del Código Penal-, pero sin hacer pie en los fundamentos brindados por las instancias previas para justificar la aplicación de la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, basados en las particularidades del caso (art. 495, CPP).
Precisamente la Casación había puesto de relieve la falta de análisis del recurrente de las características del sub lite , a lo que cabe agregar -sin perjuicio de otras consideraciones que podrían también formularse- que dicho examen cobraba especial relevancia en un supuesto en el que la instancia de grado había sustentado la medida en el contexto de violencia de género en el que habían sucedido los hechos juzgados y en los graves problemas de adicción que padecía O. D. G..
Nada de esto fue siquiera mencionado en la impugnación en estudio (art. 495 cit.).
Por lo demás, en cuanto alude a lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Gramajo, Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa (causa n° 1573)" (G.560.XL, sent. de 5-IX-2006), lo cierto es que ningún esfuerzo ha hecho la defensa por demostrar que lo resuelto en aquella oportunidad sea asimilable a este caso, frente a las particularidades descriptas en los párrafos anteriores.
Al respecto, es dable recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.), por lo cual no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados (conf. CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y cons. 21 del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, in re "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/ acción de amparo", sent. de 5-III-2003).
Para ello se requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. CSJN Fallos: 306:1597 y, en especial, 325:1201, in re "T.V. R. S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 F. s/ daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8; causas P. 100.629, sent. de 6-V-2009; P. 108.276, sent. de 11-V-2011; P. 128.072, sent. de 9-V-2018; P. 133.549, sent. de 27-V-2022; e.o.). Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2022 11:56:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 12:02:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:06:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:04:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:43:06 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/11/2022 12:05:18 hs. bajo el número RS-131-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia