Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135777
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3.971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.777, "Vergara, Lucas Adrián. Queja en causa n° 102.877 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada causa P. 136.145, "Arias, Brian Cristian. Queja en causa n° 102.877 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante sentencia de 17 de diciembre de 2019, en lo que interesa, condenó a Lucas Adrián Vergara a diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad -Hecho I- (arts. 41 bis, 41 quater , 45 y 165, Cód. Penal) y a Brian Cristian Arias a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad; en concurso real con robo agravado por el empleo de arma y por ser cometido en poblado y en banda -hechos I y III- (arts. 41 bis, 41 quater, 45, 55, 165, 166 inc. 2 y 167 inc. 2, Cód. Penal).
Frente a ello la defensa oficial en representación de ambos imputados interpuso recurso de casación.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de febrero de 2021, rechazó por improcedente -con costas- el recurso de la especialidad (v. sentencia digital).
El señor defensor oficial adjunto ante ese tribunal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de los dos imputados, que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. resol. digital de 13-X-2021). Ello derivó en la presentación de dos quejas en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal: una articulada por los doctores Mariano Parodi y Juan Carlos Tucci -letrados defensores de Lucas Adrián Vergara (causa P. 135.777-Q)-, y otra por la defensa oficial, en favor de Brian Cristian Arias (causa P. 136.145-Q).
Esta Suprema Corte, por sendas resoluciones del 13 de abril de 2022, admitió parcialmente la queja interpuesta a favor de Lucas Adrián Vergara y declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 y 486 bis y concs., CPP); y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta al planteo federal (revisión aparente de la sentencia de condena, en desmedro del doble conforme y el in dubio pro reo ). Asimismo, admitió la queja interpuesta en favor de Brian Cristian Arias, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y concedió la vía extraordinaria incoada en los términos del art. 494 del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada por los actuales defensores particulares de Lucas Adrián Vergara, doctores Mariano Parodi y Juan Carlos Tucci, la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal en la que solicitaron la absolución de su defendido y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente sostuvo que la decisión atacada constituyó un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme en tanto no se revisó la intervención de Arias y Vergara en el Hecho I (arts. 8.2. "h", CADH; 14.5., PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
Señaló que la respuesta del intermedio fue una reiteración de las razones del revisor, con agregados de algunos argumentos de esta Suprema Corte sin verificar la correcta aplicación del método histórico. Citó en apoyo a su postura el fallo "Casal" de la Corte federal.
Aseveró que el fallo impugnado se limitó a reiterar la valoración probatoria efectuada por el tribunal de la instancia, sin dar respuesta al cuestionamiento llevado en el recurso de casación donde se criticaba la acreditación de la participación de los imputados mayores a partir de lo declarado por el coimputado menor y condenado L. O., en su acto de defensa, y ponderando también lo referido por sus familiares directos en relación a lo que este les habría relatado, siendo dichas fuentes -en su opinión- no fiables.
Criticó la ponderación efectuada de la declaración testimonial brindada por Ailén Micaela Juárez Berdasco.
Postuló que ningún otro medio de prueba ha permitido ubicar a los imputados Vergara y Arias en el hecho juzgado, quienes a su vez negaron su presencia en el suceso y aportaron prueba en apoyo de sus dichos.
Adujo que la decisión atacada frustró la doble instancia al convertir el tránsito por el tribunal intermedio en uno meramente aparente.
En este punto, invocó el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos "Casal" y "Carrera" de la Corte federal y precedentes de esta Suprema Corte de Justicia.
Concluyó expresando que la sentencia impugnada frustró el derecho al doble conforme y quiebra el in dubio pro reo derivado del principio de inocencia.
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja. Coincido con él.
III.1. El órgano de juicio tuvo por acreditado que el 25 de noviembre de 2016, siendo aproximadamente las 22:00 hs., Brian Cristian Arias y Lucas Vergara, junto a dos menores de edad, circulaban en sendas motocicletas y en la intersección de la avenida Eva Perón (ex Camino Negro) con la calle Larrea de la localidad de Villa Rita, partido de Lomas de Zamora, interceptaron la marcha de Néstor Hugo Romano -quien se desplazaba a bordo de su motocicleta marca Honda, modelo Tornado 250, dominio 943-JUQ-, intimidándolo con armas de fuego que portaban con fines de robo, pero Romano, en su calidad de sargento de la Policía Federal Argentina intentó repeler la agresión con su pistola. Frente a ello, Brian Cristian Arias le efectuó varios disparos que le ocasionaron heridas de tal gravedad que provocaron su muerte, para luego apoderarse de un par de esposas antes de darse a la fuga (Hecho I).
También se acreditó que el 23 de octubre del año 2017, aproximadamente a las 23:00 hs. en la intersección de las calles doctor Malber y José Hernández de la localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, Brian Arias junto a cuatro hombres no identificados, quienes circulaban a bordo del rodado Chevrolet Onix, dominio ABI 119KC, mediante el empleo de armas de fuego intimidaron a Fabián Marcelo Palaoro y a Cristina Mabel Atienza y se apoderaron del rodado marca Audi, modelo Q5, dominio IYY-347, propiedad de Palaoro, no logrando disponer del vehículo pero sí del dinero en efectivo propiedad del mencionado, dándose a la fuga para luego ser aprehendido por personal policial del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora (Hecho III).
Lucas Adrián Vergara fue declarado coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad -Hecho I-. Se lo condenó a la pena de diecisiete años de prisión. Brian Cristian Arias fue declarado coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad en concurso real con robo agravado por el empleo de arma y por ser cometido en poblado y en banda -Hechos I y III-. Fue condenado a veintidós años de prisión.
III.2. Del recurso de casación surge que la defensa cuestionó el razonamiento probatorio efectuado por el tribunal de grado para sostener la intervención de ambos en el hecho que derivó en la muerte del Sargento Néstor Hugo Romano -Hecho I-. Se agravió de que, para formar su convicción, el tribunal haya valorado la declaración oportunamente recibida al joven L. O. (en los términos del art. 308, CPP), con más la declaración de algunos testigos, quienes solo hicieron referencia a los supuestos dichos de otras personas, ya que no presenciaron los sucesos.
En cuanto al suceso del robo agravado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda, se agravió del rol que se le asignó a Arias, toda vez que -en su parecer- el tribunal no había logrado destruir la presunción de inocencia, teniendo en consideración que dicha imputación fue desvirtuada por la verosimilitud de las pruebas aportadas por el propio Arias.
III.3. El tribunal intermedio, para descartar los planteos casatorios relativos a la absurda y arbitraria valoración de la prueba en orden a la coautoría atribuida a Arias y a Vergara en el Hecho I, indicó que el tribunal apreció los dichos del menor coimputado y condenado (L. O.), al confesar su injerencia en el hecho, el rol que le cupo, e individualizar a los restantes sujetos que, junto a él, intervinieron en el hecho.
Sumando a ello, tuvo en cuenta los dichos de la madre del nombrado quien en el marco del debate reprodujo lo que oportunamente le manifestó su hijo.
Consideró "contundentes" a las manifestaciones de J. J. O. quien relató las circunstancias expresadas por su hermano L., en cuanto al modo de ocurrencia del hecho juzgado, así como el rol atribuido a cada uno de sus intervinientes. También expuso que después de ocurrido el suceso, esa misma noche, Lucas Vergara llegó a su casa informándole que a su hermano le habían pegado un tiro y que lo habían llevado al hospital. Agregó además que luego supo que fue Lucas Vergara quien, inmediatamente después de ocurrido el suceso, llevó a L. a la casa de un familiar antes de trasladarlo al hospital donde lo dejaron y se fueron para que lo atiendan en virtud del disparo recibido.
También ponderó la declaración de otro hermano del menor L., H. N. O., quien se expresó en similares términos.
Destacó que la invocación de la prohibición prevista por el art. 234 del Código Procesal Penal también fue tratada por parte del tribunal de origen, descartándola, bajo el justificativo de que no fueron valoradas en un proceso en el que se juzgue al propio familiar, esto es, a L. O..
Resaltó que también se apreció la declaración, ingresada por su lectura al debate, que O. brindara en el marco de la causa que tramitó ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en la que se dictó sentencia condenatoria en su contra y donde el joven, además de confesar su intervención en el hecho, sindicó a las personas con las que participó.
También destacó la importancia de lo declarado por Ailén Micaela Juárez Berdasco quien expuso que Brian Arias le manifestó que andaba "camuflado" porque L. O. (alias "P.") lo había mandado "en cana" por matar a un policía, confirmándole que en ese hecho había estado el propio Arias junto a Lucas Vergara (alias "Rata"), O. y "Nachito".
Así el revisor entendió desvirtuada la presunción de inocencia invocada con base en el valor probatorio asignado a la declaración constitucionalmente válida de L. O., considerada veraz en virtud de la corroboración de los datos y circunstancias externas antes indicadas.
En esa senda coincidió con el órgano de juicio en cuanto descreyó de los dichos de Vergara, quien en lo esencial dijo que ese día estuvo en unos cumpleaños familiares y que se quedó en la casa de su padre, lo que aparece desvirtuado por los dichos de los hermanos de L. O. quienes afirmaron que fue Vergara quien esa noche se presentó en su domicilio anoticiándolos sobre el disparo que había recibido L. y que, por esa razón, se hallaba en el hospital.
También descartó el segundo reclamo defensista, al señalar que el tribunal apreció el indicio de presencia y oportunidad a partir de la aprehensión de Arias en las inmediaciones del lugar del suceso. A lo que sumó la coincidente descripción de las vestimentas que las víctimas formularon respecto de uno de los asaltantes, conjuntamente con el dato de que tenía un tatuaje en la mano.
Hizo referencia a los dichos de Fabián Palaoro a quien después del suceso, y una vez detenido Arias, lo identificó a través de una fotografía, como aquel sujeto que durante el asalto tenía camiseta blanca, jeans, pelo corto y tatuaje en la mano.
Puntualizó que el tribunal también analizó las pruebas de descargo aportadas, entre ellas los dichos de Arias quien en lo esencial sostuvo que nada tuvo que ver en el hecho imputado, indicando que ese día estuvo en un cumpleaños proporcionando como prueba una foto y el nombre de varias de las personas que estuvieron con él.
Agregó que, si bien los testigos propuestos por Arias se reconocieron en la foto aportada, el acontecimiento en cuestión, no habría tenido lugar el día del hecho.
Destacó que de la lectura del fallo surgía que se analizaron pormenorizadamente las diversas declaraciones brindadas durante el proceso por Arias, y en ese camino el tribunal señaló las plurales contradicciones que mediaron entre ella, y el cúmulo de detalles que el encartado fue agregando a medida que la investigación avanzaba, concluyendo que las mismas se presentaban mendaces, señalando dos cuestiones que resultaron fundamentales en la atribución de la autoría enrostrada. La primera de ellas tuvo que ver con que Arias, al momento de ser aprehendido no tenía la ropa que lucía en la foto en cuestión. La segunda, que tampoco tenía el tatuaje en la mano, que sí tenía al tiempo de su aprehensión y que, además, -como se dijo- fue apreciado por las víctimas como una seña particular de uno de los intervinientes en el suceso juzgado.
IV.1. Dicho todo esto, toca decidir. Como se dijo, el recurrente denunció una revisión aparente de la sentencia de condena con relación a la verificación de la prueba de autoría, en vulneración -según adujo- al derecho al recurso y al doble conforme (arts. 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 143 vta.).
Sin embargo, de acuerdo con el repaso de la respuesta brindada por el tribunal revisor, su planteo no pasa de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por aquel, sin lograr demostrar que el razonamiento seguido al confirmar la sentencia de condena a partir de las pruebas ponderadas, hubiese configurado una interpretación arbitraria o contradictoria a la luz de las constancias comprobadas de la causa. Así, el recurso se devela insuficiente (art. 495, CPP).
En efecto, de la extensa reseña efectuada en el apartado anterior, podemos observar que el Tribunal de Casación explicó razonadamente el material probatorio sobre el que se asentó la motivada convicción del tribunal de primera instancia que, a su vez, dio válido sustento a la condena sin menoscabar el principio de inocencia alegado por la defensa. Por el contrario, hubo sólidos argumentos para llegar a la condena impuesta.
De tal modo, el control realizado por Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8.2. "h" del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
El esfuerzo por "...revisar todo lo que pueda revisar" no implica que "re evalúe" todas las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a este corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2. "h", CADH), pero sí que verifique, que efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo a los imputados, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción (causas P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017, primera cuestión; P. 132.713, sent. de 20-X-2021).
Cabe destacar que esta Corte tiene dicho que no resulta arbitrario el hecho de que el revisor haya coincidido con las respuestas dadas por el órgano juzgador para repeler las críticas a la valoración probatoria. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056, cons. 6º y sus citas; causa P.132.953, sent. de 16-XII-2021).
En definitiva, el quejoso no logra poner en evidencia la existencia de graves defectos en el fallo cuestionado, sino que se trata tan solo de un desacuerdo valorativo con la prueba ponderada.
IV.2. En relación con el principio in dubio pro reo derivado del de inocencia (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.), traído por la defensa no logra evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y la de revisión, no quedaron márgenes de duda alguna respecto a la acreditación del hecho y la participación de los imputados en el mismo.
Para más, esta Corte tiene dicho que, para cuestionar el umbral de suficiencia probatoria exigido para condenar en el ámbito penal, debe ponerse en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar al decisor el grado de convencimiento requerido (ver, con palabras similares, la doctr. de las causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 132.301, sent. de 23-II-2021; P. 133.109, sent. de 21-V-2021; P. 132.657, sent. de 23-V-2022; P. 135.101, sent. de 9-V-2023; e.o.), extremos que en el caso no han sido demostrados.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/11/2023 16:53:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2023 11:18:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:04:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:32:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 11:03:55 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/12/2023 12:28:10 hs. bajo el número RS-164-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia