Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136218
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de I. J. S., se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos a la instancia anterior a fin de que, por quien corresponda, se dicte nueva decisión con arreglo a derecho (conf. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.218-Q, "S., I. J. s/ Queja en causa n° 103.247 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
Conforme se advierte del expediente digitalizado radicado ante esta Suprema Corte, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 27 de mayo de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de I. J. S. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro que, en el marco de un juicio abreviado, lo condenó a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y aprovechando la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.
Frente a lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible por el Tribunal de Alzada. Ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada con fecha 15 de julio de 2022, admitió la queja y concedió el carril extraordinario por considerar que los planteos de arbitrariedad y violación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso e imparcialidad del juzgador se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia la desnaturalización de las reglas de juicio abreviado y la afectación de la garantía del debido proceso, por haberse declarado reincidente a S. por fuera de los términos del acuerdo, "...lo que implicó la imposición de un quantum punitivo superior al acordado por las partes" (conf. art. 18, Const. nac.).
I.1. En primer lugar, afirma que "No surge, ni de la letra ni de la exégesis del artículo 396 del Código Procesal Penal argumento alguno que autorice a sostener que la declaración de reincidencia no es un tema que pueda ser objeto de pacto entre las partes en un acuerdo de juicio abreviado".
Sostiene que, como la reincidencia impide acceder a la libertad condicional -y puede eventualmente traer aparejada la aplicación del art. 52 del Código Penal- debe interpretarse que integra la pena en tanto implica un plus sancionador.
Denuncia que al imponerse una pena superior a la acordada por las partes (pues, aunque el monto de nueve años de prisión es el convenido, la calidad de reincidente hace que su cumplimiento se vuelva más oneroso), se ha desnaturalizado el acuerdo y el instituto en sí del juicio abreviado. En todo caso, dice, "ese aspecto punitivo debió, eventualmente, ser alcanzado por el mutuo consentimiento de las partes".
A su entender, la afirmación del Tribunal de Casación respecto a que la declaración de reincidencia no es susceptible de formar parte del acuerdo de juicio abreviado incurre en arbitrariedad y afecta las garantías de debido proceso, defensa en juicio e interpretación pro homine de la ley.
I.2. Como segundo agravio, denuncia la violación de la garantía de imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio (conf. arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1., CADH y 14.1., PIDCP).
Cuestiona el aserto del Tribunal de Casación relativo a que la reincidencia es un "estado". Destaca que su declaración es un presupuesto ineludible para la aplicación del art. 14 del Código Penal y, como tal, depende de la ponderación de hechos, por lo que debe estar sujeta al debate, permitiendo al imputado defenderse.
Puntualiza que "Al pronunciarla sin más el Tribunal Criminal, veda al imputado toda posibilidad de prueba, debate y defensa sobre los tópicos que pueden ser materia de litigio sobre la reincidencia, a modo de ejemplo: la existencia de sentencia firme, el tiempo en prisión en calidad de penado, la verificación de un verdadero tratamiento penitenciario como presupuesto ineludible y, por otra parte, los planteos y reparos constitucionales que pueden hacerse sobre el instituto en sí. En el caso del juicio abreviado, las partes en pos de llegar a una solución rápida del proceso, deciden resignar la realización del debate oral, acordando entre otras cosas, el máximo de la pena a imponer. En el caso concreto, nueve (9) años de prisión sin declaración de reincidencia. Por lo tanto, si el Tribunal impone consecuencias penales mayores a las pactadas, como lo es la reincidencia, está desnaturalizando el acuerdo y vulnerando el derecho de defensa por cuanto el imputado se vio privado de discutir la existencia de los datos objetivos necesarios para que se configure la misma, conforme lo previsto por el art. 50 del Código Penal".
Agrega que el tribunal de mérito, en su caso, debió haber generado una instancia de diálogo entre las partes previo al dictado de la reincidencia, dando la posibilidad a los interesados de reformular el acuerdo.
Concluye que el Tribunal de Casación Penal no tomó en consideración tales circunstancias y confirmó el fallo de mérito, todo lo cual implicó la violación de las garantías de imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. No coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso procede con el alcance que sigue (conf. art. 496, CPP).
Los hitos relevantes del caso dan cuenta de que:
III.1. En ocasión de puntualizar la prueba de cargo de la que intentaría valerse en el juicio, la señora agente fiscal en el apartado II, titulado: "Criterios de abreviación del proceso", ofreció -en los términos del art. 395 del Código Procesal Penal- a I. J. S., la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente (conf. art. 119 tercer y cuarto párrafos, en función de los incs. "b" y "f", Cód. Penal). A ese fin, valoró como agravantes la edad de la menor víctima y las condenas penales que registra el nombrado (arts. 40 y 41, Cód. cit.).
Anoticiados de esa presentación, la defensa oficial y el imputado adhirieron "al acuerdo de juicio abreviado (art. 395 y concs. CPP) ofrecido a fs. 283/284 por la Dra. Laura Elizabeth Zyseskind, representante del Ministerio Público Fiscal", prestando conformidad tanto con la calificación legal como con la pena requerida.
III.2. De la lectura del fallo de condena surge que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, el 20 de diciembre de 2019, de conformidad con lo pactado por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, condenó a S. a la pena de nueve años de prisión convenida y en virtud de la calificación legal antes indicada, por el hecho cometido entre el 10 de junio de 2015 y el 21 de noviembre de 2015.
Asimismo, de oficio, lo declaró reincidente, tomando en consideración que el Tribunal en lo Criminal n° 1 de ese departamento judicial, en el marco de la causa n° 4.732/16, lo había condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y las costas del juicio, en orden al delito de robo agravado por el uso de arma blanca, cuyo vencimiento operó el 7 de abril de 2021 y que se ejecutó con efectiva privación de libertad, habiendo sido incorporado al régimen de libertad asistida el 28 de diciembre de 2018. En su apoyo, se remitió a las fs. 253/255 del expediente (conf. art. 50, Cód. Penal).
Finalmente, indicó que una vez firme el fallo deberá darse curso al pertinente proceso unificatorio, con respecto a la condena del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental citada (arts. 18, CPP; 27 y 58, Cód. Penal).
III.3. Del recurso de casación surge que la defensa oficial se agravió de la declaración de reincidencia de oficio pues ello no formó parte del acuerdo de juicio abreviado y configuró un agravamiento de la pena.
Alegó que se inobservó el deber de interpretar de manera restrictiva las normas que restringen la libertad del imputado (conf. art. 3, CPP) y que se quebrantaron los principios de legalidad y debido proceso.
III.4. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del señor juez Natiello, al que adhirió la señora jueza Budiño, rechazó la impugnación.
En tal sentido, se puso de resalto que "La sentencia recurrida justifica correctamente y de acuerdo a las exigencias legales la declaración de reincidencia, en tanto del cotejo de la condena anterior se desprende que S. fue condenado a la pena única de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, cuyo vencimiento opera el 7 de abril de 2021, habiendo cumplido parcialmente, dicha pena y obtenido el régimen de libertad asistida el 28 de diciembre de 2018. La reincidencia no es una materia que pueda ser motivo de pacto entre las partes en el instituto del juicio abreviado. La misma no constituye una de las denominadas 'cuestiones penales' pasibles de ser convenidas entre fiscal, imputado y Defensor. Por tanto, tal declaración no violenta las disposiciones relativas al procedimiento abreviado".
Se agregó que las sentencias deben atender a las circunstancias vigentes al momento en que estas se dictan. Asimismo, se destacó que no se advirtió afectación al derecho de defensa en juicio "...en tanto la constatación de los recaudos legales del art. 50 del Código Penal tornan operativa su aplicación, pudiendo luego la parte cuestionar la acreditación de los extremos tenidos en cuenta por el juez para su declaración, más ello no ocurrió en el caso, dado que no controvirtió la comprobación de los presupuestos legales para su aplicación".
IV. El recurso procede. Si bien no por los específicos motivos denunciados por la defensa, es cierto que la decisión se apoya en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento solo aparente.
En vinculación con el agravio de que la declaración de reincidencia no formó parte del acuerdo abreviado, esta Suprema Corte resolvió en un supuesto análogo al presente (conf. causa P. 130.063, sent. de 7-VIII-2020, voto del señor juez Torres, al cual adherí), que ello no resulta en sí mismo un impedimento ni conlleva a la afectación de las garantías constitucionales, más aún, cuando -al igual que en este caso- los antecedentes penales valorados por el órgano de mérito surgen del expediente principal al que las partes tuvieron acceso, tanto que lo acordaron en los términos del art. 41 inc. 2 del Código Penal con cariz severizante de la pena convenida.
Ahora bien, siendo que el Tribunal del recurso decidió no solo justificar el actuar del a quo de declarar de oficio la reincidencia de S., sino también avalar el acierto de esa declaración, ninguna explicación se aporta vinculada a las constancias comprobadas de la causa, que permita sostener la concurrencia de sus presupuestos, más que la mera voluntad de los jueces.
Pues, pese a que cabe reconocer la deficitaria actuación de la defensa oficial, quien refiere haber actuado a impulso del imputado en cuanto manifestó in pauperis su voluntad impugnativa, en ese quehacer revisor la Casación debió proveer la adecuada fiscalización de tal extremo.
Porque, surge de los antecedentes del caso, en el marco de las presentes actuaciones, que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con fecha 20 de diciembre de 2019 condenó a I. J. S. por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado, hechos que el fallo de condena ubicó temporalmente entre los días 10 de junio de 2015 y el 21 de noviembre de 2015 .
Del cómputo provisorio practicado surge que, con relación a este hecho, S. fue detenido el día 28 de diciembre de 2018, fijándose como fecha de vencimiento de la pena el día 27 de diciembre de 2027.
Ahora bien, en lo que respecta al antecedente penal valorado por el órgano de mérito para declararlo reincidente -cuyas copias digitalizadas fueron remitidas a esta Suprema Corte- se advierte que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de la causa 4.732/16, con fecha 18 de agosto de 2016, lo condenó a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de robo agravado que se tuvo por cometido el 23 de junio de 2015 , y con fecha 15 de septiembre de 2016 se declaró que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. En esa misma fecha se practicó cómputo de pena, del cual surge que el nombrado fue aprehendido el 8 de octubre de 2015 y se fijó como fecha de vencimiento de la pena el día 7 de abril de 2021.
De tales constancias no parece corroborarse -o, al menos, no viene debidamente explicado a los efectos de convalidar ese extremo de la sentencia de condena que se revisa- que para el momento en que S. cometió los abusos sexuales por los que fue condenado en el marco de las presentes actuaciones -reitero, ubicados temporalmente entre el 10 de junio de 2015 y el 21 de noviembre de 2015- hubiera cumplido pena privativa de libertad en calidad de condenado por hechos cometidos con anterioridad, como recaudo necesario para la declaración de reincidencia (conf. doctr. art. 50, cit.; CSJN Fallos: 330:4476 –"Mannini"-; e.o.).
Lo expuesto evidencia la arbitrariedad del fallo, en tanto no aparece respaldado en las constancias objetivas de la causa.
En consecuencia, corresponde casar la sentencia impugnada y devolver los autos a la instancia anterior a fin de que, por quien corresponda, se dicte nueva decisión con arreglo a derecho.
Por ello, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de I. J. S., se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos a la instancia anterior a fin de que, por quien corresponda, se dicte nueva decisión con arreglo a derecho (conf. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/12/2023 09:15:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 11:22:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 17:58:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 18:30:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2023 08:15:51 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/12/2023 10:17:02 hs. bajo el número RS-175-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia