Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136130
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de María Fabiana Ríos, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.130, "Ríos, María Fabiana s/ queja en causa n° 103.404 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 3 de noviembre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de María Fabiana Ríos, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que, en el marco de un proceso de juicio abreviado y en lo que importa destacar para el caso, la condenó a la pena de cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autora de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5 inc. "c", ley 23.737 y 189 bis inc. 2 primer párr., Cód. Penal).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor José María Hernández, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto en recurso de queja digital de 29-XII-2021) que, declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 6-IX-2021) motivó la deducción de una queja (v. archivo adjunto cit.). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario (v. resol. digital de 23-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 22-IX-2023), dictada la providencia de autos el día 25 de septiembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la arbitrariedad de la sentencia atacada por haber rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la pena de multa por infracción de los principios de proporcionalidad, racionalidad e igualdad ante la ley, al desconocer la situación económica de la imputada como una de las variables determinantes que -a su juicio- debía ser tenida en cuenta para dosificar dicha sanción.
Destacó que, para descartar el agravio sobre la inconstitucionalidad de la pena de multa del art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, la Casación limitó su control mediante la invocación del "postulado de prudencia" y la doctrina de los actos propios, con la indicación de que se trataba de una pena que fue impuesta en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.
Sostuvo que la manera en que el tribunal resolvió la cuestión vulneró el derecho de su asistida a obtener una revisión amplia del fallo condenatorio (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP), y constituyó una infracción de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa. En tal sentido, criticó que el órgano intermedio determinara que la cuestión constitucional no había sido deducida en la primera oportunidad procesal, es decir, ante el juez de la instancia.
Finalmente, se quejó de que se haya negado la actualidad del agravio invocando los mecanismos alternativos a la ejecución de la sanción económica previstos en el art. 21 del Código Penal, sin advertir que la situación será irrevisable cuando la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada, y admitiendo así la imposición de una pena de imposible cumplimiento. Consideró que tal temperamento implica negar dogmáticamente que la situación económica fuera una variable en la dosificación de la multa.
Por todo lo expuesto, solicitó la nulidad de la sentencia cuestionada y el dictado de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto que declare la inconstitucionalidad de la pena de multa impuesta o, en su caso, que se reenvíe para el dictado de una nueva sentencia conforme a derecho.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso extraordinario (v. dictamen digital).
III. Coincido con su opinión. Desde mi punto de vista, el recurso es insuficiente para revertir lo resuelto (conf. art. 495, CPP).
III.1. Al presentar el recurso de casación contra la sentencia de condena, la defensa oficial se agravió -en lo que importa destacar para la solución del caso- de la pena de multa por considerarla inconstitucional. Argumentó que para la fijación de las multas debe ponderarse la situación económica del penado, según lo establece el art. 21 del Código Penal, además de las reglas emergentes de los arts. 40 y 41 del mismo ordenamiento, las cuales -a su entender- pasaron inadvertidas en el fallo de condena. Afirmó que la imposición de una multa tan elevada deviene de imposible cumplimiento para su asistida y lesiona la racionalidad y proporcionalidad que debe regir en materia de punición. Finalmente, propuso de manera subsidiaria que se aplique la solución ideada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en cuanto ofrece como alternativa una conversión favorable a la persona imputada.
III.2. La Sala I del Tribunal de Casación rechazó el planteo sobre la tacha de inconstitucionalidad que se predicó de la pena de multa contemplada por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737.
Luego de mencionar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad y de ultima ratio del orden jurídico (CSJN Fallos: 342:697, "Canales, Mariano E.", cons. 14°), sostuvo que, analizada la pretensión y las constancias del caso, no podía soslayarse el medio procesal elegido voluntariamente por las partes, el señor fiscal, el imputado y su defensa, quienes acordaron la imposición de la pena de cuatro años de prisión y multa de cuarenta y cinco unidades fijas; agregó a ello, que el recurrente no había cuestionado la constitucionalidad de la multa conjunta establecida por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 al admitir el acuerdo ofrecido por el Ministerio Público Fiscal o durante el desarrollo de la audiencia normada por el art. 398 del Código Procesal Penal, ocasiones que -según el tribunal revisor- hubiesen sido efectivas y útiles a esos fines.
Recordó que "...las partes no pueden ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfme., CSJN, 'Bidone, Guillermo J.', Fallos 316:1802, consid. 6°; 'Syntex SA', Fallos 323:3765, consid. 8°, e/o)"; en ese marco, consideró que "Si la recurrente no solicitó en tiempo oportuno lo que hoy intenta en estos estrados, dejando expresa una voluntad distinta al suscribir el acuerdo de juicio abreviado o aun desechando la posibilidad de reclamarlo al judicante en la audiencia de visu, como venimos sosteniendo desde esta Sala (v., por todas, causas n° 82600 'Godoy, Cristian E.' y n° 99120, 'Santos, Maximiliano A.'), carece de agravio alguno que soporte su pretensión en esta Sede (art. 421, 3° párr. y 451 C.P.P.; Palacio, Lino E., Los recursos en el proceso penal, 3ª ed., p. 155)".
Añadió que la parte vio satisfecha su pretensión en este punto, dado que el tribunal sentenciante aplicó la normativa que expresamente se había peticionado -y que ahora tachaba de inconstitucional- al momento de reclamar la tramitación del proceso en los términos del art. 395 y concordantes del Código Procesal Penal.
Concluyó que en el caso "...no cabe prescindir de los mecanismos establecidos por el art. 21 del Código Penal, si al momento que se deba ejecutar la sanción económica la incusada careciera de medios para solventarla".
IV.1. Como se adelantó, la impugnación debe ser rechazada. Como quedó en evidencia en la reseña que antecede, la Sala I del Tribunal de Casación, con sustento en la doctrina de la Corte federal referida a que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad y de ultima ratio del orden jurídico, consideró que dicha cuestión exigía un "examen prudente"; para luego -también con base en la doctrina de la Corte nacional- expedirse sobre la oportunidad del planteo y los actos propios, y finalmente decidir desestimar la petición de inconstitucionalidad de la pena de multa conjunta establecida por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737.
Cabe recordar que lo resuelto es conteste con la doctrina de esta Suprema Corte en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como último recurso del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera las normas cuestionadas contrarían la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. causas P. 82.601, sent. de 1-VI-2005; P. 105.301, sent. de 9-VI-2010; P. 119.505, sent. de 21-IX-2016; P. 131.690, sent. de 23-X-2019; e.o.).
En efecto, la parte ha incurrido en el dogmatismo que le atribuye a la decisión cuestionada, puesto que sostuvo la irrazonabilidad y desproporción de la multa con argumentos totalmente genéricos, sin referirse en concreto a circunstancias particulares del hecho o de la imputada que habilitasen la solución requerida.
IV.2. A su vez, también es criterio de esta Suprema Corte que la parte debe formular tal grave pretensión de confrontación constitucional en la primera ocasión posible a fin de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (v., por muchos, causa P. 137.820, sent. de 24-X-2023; conf. CSJN Fallos: 328:3165). Circunstancia que no ocurrió en el caso, en tanto ninguna manifestación de tal índole realizó la defensa de Ríos ante el tribunal de origen.
También, conviene aclarar que la Casación no dijo que la doctrina de los actos propios impidiera impugnar una sentencia dictada en el marco de un juicio abreviado -como parece sostener la defensa en el remedio extraordinario- sino algo diferente : que la específica conducta de la parte al suscribir el acuerdo y en la audiencia prevista por el art. 398 del Código Procesal Penal era la que estaba en contradicción con lo que posteriormente reclamó en el recurso de casación. Porque podría haber dejado a salvo su postura sobre la inconstitucionalidad de la pena de multa al firmar el acuerdo, o haberla desarrollado en la audiencia de contacto de visu con la imputada; sin embargo, no lo hizo. Esto es lo que la Casación le reprochó a la defensa, y frente a ello no se ha ensayado ninguna respuesta, dejando este aspecto de la decisión completamente incontrovertido (art. 495, CPP).
IV.3. Por otro lado, tampoco logra demostrar el recurrente que la respuesta dada por el Tribunal de Casación haya sido dictada en violación del derecho al recurso en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y doctrina del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ello debido a que, de lo expuesto, puede advertirse que el órgano revisor abordó la cuestión, convalidó la pena de multa impuesta y con ello rechazó la petición de inconstitucionalidad, al entender no sólo que existió un acuerdo de partes sin que la defensa cuestionara en tiempo oportuno la constitucionalidad de la multa para el caso concreto, sino también a la luz de las posibilidades que brinda la legislación de fondo para su cumplimiento.
De tal modo, lo hasta aquí expuesto deja huérfana de sustento argumental tanto la alegada violación del derecho al recurso, como la tacha de arbitrariedad por haber rechazado la inconstitucionalidad de la citada norma; quedando igualmente sin apoyo -por formar parte del agravio principal- las denuncias de afectación de las garantías constitucionales postuladas (art. 18, Const. nac.).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de María Fabiana Ríos, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:48:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 09:00:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:52:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:17:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:22:16 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 13:34:46 hs. bajo el número RS-64-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia