Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136690
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Raúl Alfredo Carrazán, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.690, "Carrazán, Raúl Alfredo s/ Queja en causa n° 103.468 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata condenó -el día 13 de diciembre de 2019- a Raúl Alfredo Carrazán a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de tentativa de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género y agravado por el vínculo -hecho I-, en concurso real con resistencia a la autoridad -hecho II-.
La defensa de Carrazán interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de junio de 2021, en lo que interesa destacar para el caso, hizo lugar parcialmente a la impugnación.
En consecuencia, casó el fallo con relación al hecho primero y ordenó el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para la realización de un nuevo juicio que subsane la violación del derecho de defensa que tuvo por acreditado (conf. arts. 210, 461 y concs., CPP).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 21-IX-2021), el que habiendo sido declarado inadmisible (v. resol. digital de 10-V-2022), motivó la deducción de recurso de queja (v. presentación digital de 23-V-2022).
Por resolución del día 2 de junio de 2023, esta Suprema Corte admitió la vía directa y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la violación de la garantía del ne bis in idem y la arbitrariedad atribuida a su respecto (v. resol. digital, pto. IV párr. tercero).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 30-XI-2023), dictada la providencia de autos el día 1 de diciembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente denunció la violación del debido proceso legal y la defensa en juicio, el quebrantamiento de la garantía del ne bis in idem y de los principios de preclusión y progresividad (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Afirmó que la decisión del Tribunal de Casación Penal de hacer lugar en forma parcial al recurso deducido por esa parte, y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para la realización de un nuevo debate en torno al hecho I, desconoció la operatividad de los principios citados y de la prohibición de la persecución penal múltiple. Asimismo, catalogó al fallo de arbitrario por desentenderse de la doctrina de la Corte federal sobre la materia, al pretender con su decisión, someter al imputado a un nuevo juzgamiento por el mismo suceso por el que recibiera condena. Agregó que su parte había solicitado al tribunal revisor que este asumiera competencia positiva y recalificara -a lo sumo- conforme la pretensión del Ministerio Público Fiscal.
Argumentó que una vez producida válidamente la acusación y el debate oral, no era posible retrotraer el proceso a esas etapas cumplidas por lo que, al detectarse violación de garantías y principios constitucionales (debido a que, según esa parte, los jueces se apartaron de la acusación efectuada por el agente fiscal), los magistrados del tribunal revisor debieron tener en consideración la acusación a la hora de fallar.
En sustento de su postura citó lo resuelto por la Corte federal en los fallos "Sandoval" y "Alvarado", como también en "Polak" y "Mattei", al entender esa parte que al someter a Carrazán a un nuevo juicio como consecuencia de una sentencia violatoria de garantías constitucionales -por circunstancias ajenas al imputado-, sería vulnerar la prohibición de la múltiple persecución penal por el mismo hecho.
Por todo lo expuesto, solicitó la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal y que se dicte -o que se mande a dictar- un nuevo pronunciamiento que restablezca la vigencia de la prohibición del ne bis in idem , así como del derecho al debido procesal legal y de los principios de preclusión y progresividad aludidos.
II. Coincido con la postura del señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen digital de 30-XI-2023).
III. A fin de un mejor entendimiento de lo acontecido, expondré una breve reseña de los estadios por los que atravesó el caso.
III.1. El día 13 de diciembre de 2019, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, condenó a Raúl Alfredo Carrazán a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de tentativa de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género y agravado por el vínculo -hecho I- en concurso real con resistencia a la autoridad -hecho II-.
Contra ello -en lo que importa para el análisis que aquí debe hacerse-, la defensa dedujo recurso de casación en el que formuló los siguientes agravios: errónea aplicación de los arts. 42 y 80 incs. 1 y 11 e inobservancia del art. 149 bis primer párrafo, todos del Código Penal; transgresión del derecho de defensa en juicio y debido proceso; violación del principio de congruencia; demasía decisoria por imposición de un hecho y una calificación legal que no fueron materia de acusación por la fiscalía que descartó expresamente la tentativa de homicidio calificado. A su vez, solicitó la competencia positiva del órgano casatorio (conf. art. 460, CPP) con relación al hecho I y la recalificación en la figura de amenazas simples (art. 149 bis primer párr., Cód. Penal). Finalizó señalando que no resultaba procedente un reenvío porque expondría a Carrazán a un doble riesgo de condena prohibido por la garantía del ne bis in idem .
En subsidio denunció: a) la inobservancia de los arts. 210, 366 y 373 del Código Procesal Penal; arbitrariedad en la construcción del plexo probatorio, la mujer víctima de sujeto de derecho a objeto de tutela; ausencia de escucha a su voz y opinión; desinterpretación y desnaturalización de sus manifestaciones y b) se quejó de la individualización de la pena impuesta (v. archivo digital adjunto en recurso de queja de 23-V-2022).
III.2. A su turno, la Sala V del Tribunal de Casación, ingresó al tratamiento de los agravios formulados y anticipó que el recurso debía prosperar de manera parcial por haber transgredido el tribunal de la instancia los límites fácticos expuestos por la acusación en su alegato final.
Comenzó con una reseña del hecho I en los siguientes términos: "...el día 6 de marzo del año 2018, siendo aproximadamente las 13:00 horas, en circunstancias en que M. J. P. se hallaba en su vivienda ubicada en calle Tosso nro. … de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, un sujeto de sexo masculino -ex pareja- la agredió y tras proferirle éste amenazas de muerte, amedrentándola, toda vez que le refirió '...cuando llames a la policía vamos a volar todos...', es que toma una garrafa, la abre e intenta encenderla con un encendedor, no logrando sus fines por razones ajenas a su voluntad, continuando su agresión, por lo que se retira luego del lugar la víctima quedando sus pertenencias...".
Destacó el órgano revisor que si bien el tribunal de grado no había especificado concretamente cuál era el objeto del particular dolo del autor del evento, dejó en evidencia la existencia de una tentativa al emplear la típica formulación del art. 42 del Código Penal, en cuanto a que el sujeto activo no consiguió consumar el hecho por razones ajenas a su voluntad. Según el tribunal de impugnación, ese aspecto fue relevante debido a que el dolo del autor "...no es una cuestión que se trate solamente en el punto de la calificación legal [...], sino que tiene su base ya en el propio veredicto, allí donde el tribunal debe discutir los hechos ventilados en el debate, puesto que tiene que partir de la base fáctica propia de la imputación, en el sentido de que el hecho atribuido en la acusación, lógicamente, conlleva un grado de conocimiento específico achacado al imputado, lo cual no es una discusión meramente jurídica, sino propiamente fáctica, traducida a responder una pregunta que en todo veredicto existe en algún grado: ¿sabía -y en su caso quería- el autor lo que hacía?".
En el mismo sentido, señaló que el sentenciante de origen afirmó dolo homicida por parte del imputado al referir que "... los hechos [...] constituyen [...] tentativa de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio) agravado por el vínculo -hecho I- [ ... ] de esta manera, me aparto de la calificación sustentada por el señor Agente Fiscal toda vez que el actuar del encartado en el ilícito descripto como hecho I, se vio encaminado a atentar contra la vida de su pareja P., cuestión que resultó emergente de la misma prueba que analizara el acuse en su alegato de cierre ..." (el destacado figura en el original).
Según Casación, si bien para el tribunal de mérito el dolo surgió de las pruebas ponderadas por la fiscalía al acusar, el elemento subjetivo del tipo -concretamente el dolo-, no es una discusión puramente jurídica, y el sentenciante de grado al estar limitado por los términos de la acusación, no pudo rebasar tales lindes sin incurrir en una nulidad de carácter absoluto por violación del principio de congruencia y del derecho de defensa en juicio.
Con ese marco, el Tribunal de Casación tuvo por verificado que los términos de la acusación fiscal habían sido efectivamente transgredidos provocando la afectación de la defensa en juicio. Así, refirió que del acta de debate el fiscal, al momento de alegar, había expuesto en lo pertinente que: "...iba a intentar acreditar que el día 6 de marzo del año 2018, siendo aproximadamente las 13:00 horas, en circunstancias en que M. J. P. se encontraba en el interior en su vivienda, ubicada en la calle Tosso nro. … de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, junto a su ex pareja Raúl Carrazán y tras proferirle éste amenazas de muerte, toda vez que le refirió '...cuando llames a la policía vamos a volar todos...', con la clara intención de provocar la muerte de P., es que toma una garrafa, la abre e intenta encenderla con un encendedor, no logrando sus fines homicidas por razones ajenas a su voluntad, comenzando luego a agredirla físicamente..."; luego remarcó que "...he de desistir parcialmente de esta acusación [...] luego de celebrada la prueba en este debate, entiendo que no se ha podido acreditar el dolo homicida de la figura a tenor del artículo 42 y 80 inc. 1 del Código Penal...". Luego de ello, valoró los dichos de la víctima en el debate.
Según el tribunal revisor, el encargado de la acusación dejó en claro que no consideró acreditado el dolo homicida, variando la propia descripción de la plataforma fáctica. De tal modo, la fiscalía expuso luego que "...el día 6 de marzo del año 2018, siendo aproximadamente las 13:00 horas, en circunstancias en que M. J. P. se encontraba en el interior de la vivienda, ubicada en la calle Tosso nro. … de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, junto a su ex pareja Raúl Carrazán y tras proferirle éste amenazas de muerte, amedrentándola, toda vez que le refirió '...cuando llames a la policía vamos a volar todos...', es que toma una garrafa, la abre e intenta encenderla con un encendedor, con la clara intención de obligar a P. a que no hiciera el llamado a la policía por lo que estaba sucediendo...".
Para el órgano intermedio, quedó claro que el representante del Ministerio Público Fiscal varió la descripción de la plataforma fáctica, lo cual lo llevó a abdicar de su pretensión de obtener una condena en orden a la tentativa de homicidio y, en cambio, sostener que el hecho I constituyó una coacción agravada a tenor del art. 149 ter inc. 1 del Código Penal. Frente a ello, la defensa, atento al cambio en la plataforma fáctica vinculado al elemento subjetivo, expuso su oposición contando con que la sentencia ya no recaería en torno del delito de mayor gravedad, lo que se vio reflejado en los términos del alegato de esa parte.
De tal modo, para la Casación la determinación de la plataforma fáctica del hecho en cuestión por parte del tribunal de juicio y su encuadre legal en los términos de los arts. 42 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal implicó una sorpresa para la defensa en tanto que la fiscalía había expuesto en su pretensión final un desistimiento parcial sobre el punto. Y si bien reconoció que los límites a los que se encuentran sometidos los jueces al sentenciar, con relación a la acusación fiscal, se vinculan con los hechos por los que ha sido intimado el acusado y no así con la calificación legal de los mismos, interpretó que en el caso existió una verdadera variación en la propia plataforma fáctica. En concreto afirmó que se produjo un recorte en la acusación en punto al "...conocimiento y voluntad del imputado de segar la vida de la víctima, variando ello por otra finalidad distinta -en la especie: 'con la clara intención de obligar a P. a que no hiciera el llamado a la policía por lo que estaba sucediendo'- aspecto del elemento subjetivo del tipo que fue determinado por el acuse con dicho alcance y que fue indebidamente modificado en el fallo, con sorpresa para la Defensa, la cual quedó en una clara imposibilidad de ejercer su ministerio, al verse impedida, en su alegato, de formular objeciones contra consideración dolosa del homicidio en grado de conato".
En suma, concluyó que a partir de los argumentos dados, debía hacerse lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la defensa, y reenviar a la instancia de origen para que se realice un nuevo juicio que subsane la violación del derecho de defensa provocada respecto al hecho I, considerando que con tal proceder no se vulnera la garantía del non bis in idem toda vez que dicha enunciación alude a la prohibición de realizar un doble juicio y no a las correcciones que, encarrilladas en las normas procesales de rigor, permiten tal saneamiento.
Finalmente, consideró que en función de lo decidido no correspondía ingresar al tratamiento de los restantes agravios, deviniendo los mismos en virtuales.
IV.1. En primer lugar, cabe destacar -en coincidencia con lo dictaminado por la Procuración General-, lo siguiente:
Las argumentaciones del recurrente vinculadas con el pedido de que el tribunal revisor asumiera competencia positiva en los términos del art. 460 del Código de rito, y califique el hecho I conforme la acusación fiscal, se vincula -en rigor- con una cuestión de neto corte procesal, referida a la interpretación y alcances de lo normado por los arts. 460 y 461 del Código adjetivo.
En efecto, tales artículos, en cuanto regulan en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o, en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido asumiendo competencia positiva, son dispositivos legales de procedimiento. Y tiene dicho esta Corte que, en principio, la interpretación de las normas procesales, escapan a la esfera de conocimiento de esta instancia por medio de la vía de inaplicabilidad de ley (conf. causas P. 101.036, sent. de 3-III-2010; P. 102.924, sent. de 24-X-2012; P. 118.470, sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
IV.2. Ahora bien, el planteo referido a la pretensa violación de la garantía que protege contra la persecución penal múltiple ( ne bis in idem ), así como su vinculación a otras garantías constitucionales, es insuficiente (art. 495, CPP).
Inicialmente corresponde recordar que esta Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía conocida como ne bis in idem frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Allí se sostuvo que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "...consideraciones rituales insuficientes" o "...al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. en CSJN causa "García", Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal, se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
En ese marco, la parte no pudo poner en evidencia que la decisión de Casación que implicó reconocer que en el caso se había violado el principio de congruencia -al desentenderse del desistimiento parcial del acusador- y el derecho de defensa en juicio lo cual acarrea una nulidad de carácter absoluto, y decidiendo el reenvío a la instancia de origen para que realice un nuevo juicio que subsane esa violación respecto del hecho I, lo fuera en detrimento de la garantía invocada. En definitiva, no demostró de qué manera la solución adoptada por el revisor en resguardo de sus derechos la habría quebrantado.
IV.3. Del mismo modo, la cita genérica de los precedentes "Mattei" y "Sandoval", entre otros, de la Corte nacional, no resulta eficaz para conmover lo decidido por el tribunal revisor y endilgarle arbitrariedad por el apartamiento infundado de la citada doctrina, si la parte no se encargó de evidenciar cómo resultarían aplicables al presente caso a pesar de las notas diferenciales fácticas y jurídicas.
IV.4. Por otra parte, dado que la parcela de la sentencia que fue anulada por violación del principio de congruencia -limitada al hecho I-, mal podría afirmarse que su reedición implique juzgar a Raúl Alfredo Carrazán dos veces por el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con las variaciones que corresponden-, en estos casos, hay solo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.). No obstante, dado que el juicio de reenvío es consecuencia del recurso únicamente promovido por la defensa, debe estarse a la consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf., por todos, CSJN Fallos: 329:1447, "Olmos").
Por lo demás, el imputado -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (conf. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Raúl Alfredo Carrazán, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Su
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