Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135804
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.804, "Di Gregorio, María Laura -Fiscal Subrogante ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa n° 103.705 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, el día 27 de marzo de 2020 dictó veredicto absolutorio respecto de Víctor Ezequiel Palmero, quien había sido acusado por el delito de homicidio (art. 79, Cód. Penal).
El señor Fiscal de juicio interpuso un recurso de casación y la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el día 21 de abril de 2021, lo rechazó, confirmando la absolución dictada en favor de Palmero.
Contra lo así decidido, la señora Fiscal Adjunta ante la aludida instancia, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -que fue desestimado por inadmisible- lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 3 de marzo de 2022, hizo lugar a la presentación directa y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, por considerar que la tacha de arbitrariedad había sido planteada con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la representante del Ministerio Público Fiscal planteó los siguientes agravios:
I.1. Arbitrariedad por fundamentación aparente, apartamiento de las constancias objetivas del caso y ausencia de perspectiva de género en el análisis del material probatorio e inobservancia de la ley 26.485.
En su desarrollo, afirmó que el órgano revisor no examinó el caso -y en particular la prueba indiciaria- con perspectiva de género, incumpliendo por ello con la obligación convencional de actuar con la debida diligencia reforzada a la que se comprometió el Estado argentino al suscribir la Convención de Belém do Pará y sancionar la ley 26.485.
Cuestionó los argumentos que brindó el tribunal casatorio para no juzgar el caso como un supuesto de violencia de género: que no se había constatado una relación de violencia entre el imputado y la víctima o indicadores de que ésta estuviera en una posición subalterna, o haya padecido alguna clase de violencia física, psicológica, sexual, económica ni de otra índole.
Alegó que aquel tuvo una mirada sesgada y restrictiva de la normativa aplicable, lo que evidenció la arbitrariedad en lo decidido. Explicó que no se requería una relación previa de violencia entre las partes, sino que debió analizarse el contexto fáctico y jurídico para resolver si correspondía encuadrar los hechos en la convención de Belém do Pará.
Repasó la serie de datos comprobados: que el imputado era el yerno de la víctima; que convivía con ella -junto con la esposa de Palmero, la hija que tenían en común y el suegro-; que fue la persona que encontró a Mónica Beatriz Olañeta asesinada en el interior del domicilio y dio aviso a la policía; que en ese momento ninguno de los restantes convivientes se encontraba presente.
Concluyó que, la muerte por el empleo de violencia física contra la mujer y la circunstancia de ser el imputado conviviente y familiar determinaban el cumplimiento de la actuación con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, con cita de los arts. 1 y 31 de la Convención de Belém do Pará.
Agregó que las constancias objetivas del caso imponían la utilización de la perspectiva de género sobre el material probatorio para abordar el tratamiento de los agravios que el señor Fiscal había llevado a Casación: absurda valoración probatoria.
Insistió en que la arbitrariedad radicó en la negativa del tribunal intermedio a inaplicar la perspectiva correspondiente en la valoración de la prueba y en su apoyo, citó el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (UFEM-2018) que, según destacó, no establece como requisito indispensable que el autor haya ejercido violencia previa contra la mujer ni que se prolongue en el tiempo puesto que otros factores como la modalidad de comisión del hecho, la especial saña o violencia desplegada como medio de comisión, la forma de selección y abordaje de la víctima, la reacción defensiva de la víctima que escapa a la intención de dominación del autor, son factores que estuvieron presentes en el caso, por lo que enfatizó la configuración del supuesto a pesar de lo cual, el revisor negó tal perspectiva en la valoración de la prueba.
I.2. Como segundo embate, denunció arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, en particular, por no haber valorado la prueba indiciaria en su conjunto.
Recordó que en el recurso de casación la Fiscalía había planteado la arbitrariedad del veredicto absolutorio cimentado en el estado de duda respecto de la autoría del imputado Palmero, argumentando que -por el contrario-, diversos indicios daban cuenta de la culpabilidad del acusado y no habían sido debidamente valorados, a lo que agregó que no se ponderaron las conclusiones de las pericias psicológica y psiquiátrica que dieron cuenta de la personalidad fabuladora del acusado.
Detalló cada uno de los indicios comprobados y señaló que la Fiscalía había propuesto que el revisor hiciera una valoración conglobada y en conjunto de aquellos, para evidenciar así el desacierto de la equivocidad achacada por el tribunal de la instancia. Afirmó que Casación incurrió en arbitrariedad pues -a su modo de ver- se limitó a reproducir el fallo de mérito y abordó los indicios -nuevamente- de una manera aislada y sin la perspectiva de género que el caso exigía.
A su vez, cuestionó la prescindencia de las conclusiones periciales que señalaron que Palmero poseía caracteres de fabulación y mendacidad y analizó sus dichos los que -según la parte impugnante- no fueron consistentes con los testimonios de G. A. (pareja del imputado e hija de la víctima) y de Rosa Bonasera (amiga de la víctima).
Tildó de ilógica la explicación del imputado de haberse sacado las zapatillas al arribar al domicilio y advertir la puerta abierta y todo el lugar revuelto y con vidrios. Adujo que ese calzado que se quitó al ingresar es el que -según la médica de la policía- tenía restos de sangre. Agregó que, de haberse razonado con lógica, el calzado que el imputado dijo haberse quitado apenas ingresó al domicilio y previo a hallar muerta a su suegra, no debería haber tenido las manchas de sangre.
Agregó que también otro indicio de mendacidad se constató en lo referido a las condiciones en que Palmero aseguró haber encontrado a su suegra: boca arriba y con las manos atadas; cuando en rigor, la policía la halló boca abajo y sin ataduras. Alegó que la experiencia y el sentido común indican que si efectivamente el imputado hubiese zamarreado a su suegra para auxiliarla o prestarle auxilio -tal como refirió y en base a lo cual justificó las manchas de sangre en su cuerpo y ropa-, escapa a toda lógica que el cuerpo fue hallado por la policía boca abajo. Señaló la recurrente que se trata de una posición contraria a la que cualquier persona pondría un cuerpo si su intención es saber si respira o si puede auxiliarla.
También cuestionó por dogmática la respuesta del Tribunal de Casación Penal en cuanto descartó las críticas con sustento en que el personal policial y la médica legista dijeron no recordar la posición en que se encontraba el cuerpo. Sostuvo que el acta de procedimiento -incorporada por lectura- dio cuenta de que el cuerpo estaba "...'boca abajo, sin signos vitales, con los brazos inclinados hacia la cabeza y las palmas hacia abajo, cabeza cara contra el piso'...".
En igual sentido criticó lo referido a las supuestas ataduras en las manos de la víctima, dato que el Tribunal de Alzada manifestó no poder utilizar como indicio de mendacidad en contra del imputado por haber negado éste su responsabilidad en el hecho.
La recurrente tachó de arbitraria esta respuesta y afirmó que, por el contrario, esas divergencias (respecto de si el cuerpo se hallaba maniatado o no, o si se encontraba boca arriba o boca abajo) demostraron no solo la mendacidad del imputado, sino que también son indicios incriminantes de autoría, tal como se había peticionado en el recurso.
En igual línea expresó que la falsedad de la versión del imputado (haber encontrado a su suegra en las condiciones antedichas, y haberse manchado de sangre al intentar auxiliarla) quedó evidenciada frente al resto del material probatorio al que alude la sentencia, el que contradice esos datos, por lo que refirió que la afirmación de que el relato del imputado no se vio debilitado por la prueba de cargo, resultó una aseveración arbitraria por notorio apartamiento de las constancias de la causa.
De igual manera, le reprochó arbitrariedad a los argumentos por los cuales se desestimaron las lesiones en el cuerpo del imputado como indicio cargoso. Argumentó que las manifestaciones de Palmero respecto a que se las produjo trabajando, no lograron explicar los rasguños en el pecho, en los dorsales, en el cuello, los hombros, y oreja derecha, así como tampoco el hecho de que se cambió el calzado y que al quitarse los pantalones de jean tenía manchas de sangre en su calzoncillo, adelante y atrás.
A todo lo expuesto, agregó que en el recurso de casación también se había hecho referencia al cambio de ropa del imputado (calzado y bermudas por pantalones) y al hallazgo de la bermuda ensangrentada como indicios de culpabilidad; cuestionó que el Tribunal de Alzada los haya desestimado con base en la circunstancia de que el imputado permaneció en el escenario de los hechos y dio aviso a las autoridades, a lo que agregó que todos los elementos quedaron en el interior de la casa.
A su entender, no resultó lógico lo expuesto en el fallo en crisis en tanto se descartó el indicio de ocultamiento de las prendas y el cambio de las mismas -todas ellas con restos hemáticos- con sustento en la presencia del imputado en el domicilio. A modo de ver del recurrente, tanto la permanencia de Palmero en el domicilio, como el llamado al 911 y el pedido de ayuda a los vecinos, más que denotar ajenidad, fueron hechos demostrativos de la intención de mejorar su situación frente al homicidio consumado.
Concluyó en que el Tribunal de Casación Penal convalidó una interpretación fragmentaria de los elementos de prueba, apartada del sentido común y de la perspectiva de género y aseverando de manera dogmática que la sumatoria de indicios no resultaba suficiente para condenar al encausado, todo lo cual configuró desde su punto de vista, un supuesto de arbitraria aplicación del art. 1 del Código Procesal Penal.
II. El señor Procurador en su dictamen, propició el acogimiento del recurso. Coincido con él.
Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que se invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que -como se explicará- no se aprecia en el caso (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
III. Aunque los antecedentes del caso han sido reseñados, corresponde precisar algunas cuestiones que permitirán una mejor comprensión de la cuestión en examen.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón en su fallo del día 27 de marzo de 2020, tuvo por acreditado que: "...el día 3 de marzo de 2018, entre la []1:00 y 6:00, por lo menos una persona, en el interior del domicilio sito en [...] atacó a Mónica Beatriz Olañeta y con el designio de darle muerte, la golpeó con un elemento contundente, en especial en su rostro y cabeza, provocándole lesiones consistentes en: cefalohematoma importante en región frontal, equimosis biparpebral en ambos párpados superiores, heridas contusas en cavidad bucal, lesiones equimóticas en ambos miembros superiores de carácter defensivas, herida contuso cortante en región parietoccipital derecha, equimosis en franco abdominal izquierdo, provocándole un paro cardiorrespiratorio traumático con signos de violencia cervical potencialmente compatibles con maniobras compresivas a nivel del cuello, que finalmente desencadenaron su óbito".
En cuanto a la participación del acusado Víctor Ezequiel Palmero, consideró que la prueba indiciaria no brindaba certeza sobre tal extremo, por lo que, aplicando la regla del in dubio pro reo , dictó veredicto absolutorio en su favor respecto del delito de homicidio reprochado.
III.2. El Ministerio Público Fiscal articuló un recurso de casación. En esa impugnación, el representante de la acusación denunció la incorrecta aplicación del in dubio pro reo . Para ello explicó una serie de indicios cargosos que se tuvieron por probados en la instancia y que -desde su punto de vista- permitían reprocharle al acusado el homicidio comprobado.
Cuestionó el descarte de cada indicio por separado que realizó el tribunal de la instancia, así como también la omisión de valorar la personalidad del acusado que surgía de prueba pericial. Explicó que el órgano de juicio, en un caso compuesto por prueba indiciaria, había equivocado la metodología de análisis dado que había ponderado en solitario cada indicio "procediendo al descarte de uno por uno".
Por ello, le solicitó al órgano revisor que evaluara "todo el material de manera conjunta", "focalizando en la vinculación" de los indicios, a contrario del examen realizado por el tribunal del juicio.
Expresó que el análisis "conglobado" de todos los indicios reunidos, disipaba la duda razonable, por lo que solicitó que, tras esa tarea, revocara la decisión y, asumiendo competencia positiva, dictara un veredicto condenatorio en orden al delito de homicidio simple.
Durante la etapa recursiva, la señora Fiscal Adjunta ante Casación, como mejora de argumentos introdujo la cuestión referida a la falta de perspectiva de género en el análisis de la prueba.
Fundamentó que, tratándose de un hecho de violencia contra una mujer, correspondía la aplicación de la Convención de Belém do Pará, de conformidad con la ley 26.485. Así, tras enmarcar el caso en los parámetros convencionales, la necesidad de una debida diligencia reforzada conllevaba la obligación de su juzgamiento utilizando el método de la perspectiva de género.
III.3. De la lectura de la sentencia del Tribunal de Casación Penal surge que mediante el voto del señor juez Maidana, al que adhirió el señor juez Carral, se confirmó el veredicto absolutorio.
En tal sentido, el señor juez Maidana afirmó que el tribunal de mérito evaluó, a través de la inmediación, los testimonios prestados en el debate, las pruebas periciales incorporadas (autopsia, rastros biológicos y comparativa de ADN) y, sostuvo que el inferior, ante la falta de prueba directa, justificó el alcance convictivo de los indicios, calificando como razonable y detallada la relación de los motivos, que llevaron a concluir ausencia de certeza sobre la participación de Palmero.
Resaltó que el tribunal de mérito también sostuvo que la declaración del imputado no fue desvirtuada con la prueba producida.
Asimismo, repasó el descarte de los indicios por parte del tribunal de origen:
"a) El imputado, quien fue el primero en hallar el cuerpo sin vida de su suegra Mónica Beatriz Olañeta, dio aviso inmediato a la policía y pidió ayuda a sus vecinos. Diversos testigos dieron cuenta de que el encausado pidió ayuda a los gritos en la madrugada, corroborando la versión de Palmero.
b) De las pruebas periciales practicadas (autopsia, análisis de muestras biológicas tomadas de la víctima y del imputado y análisis comparativo de ADN), no se desprende ningún resultado concluyente ni aproximativo que vincule a Palmero con la ejecución del curso lesivo [...] Del mismo modo, los resultados no permiten excluir a Olañeta ni a Palmero como contribuyentes al material genético mezcla detectado en los hisopados de mano derecha 'MI' (del imputado) y de oreja derecha 'OD' [...] Tales resultados aparecen coherentes con los dichos del imputado en tanto afirmó haberse abalanzado sobre su suegra, haberla zamarreado para socorrerla.
c) No hay testigos directos de la ejecución del hecho ni tampoco de los momentos inmediatos anteriores y/o posteriores que aporten alguna información útil.
d) Los testigos indirectos, o bien corroboraron la versión exculpatoria del imputado o bien no aportaron información concluyente ni aproximativa que lo involucre ni siquiera de manera indirecta".
Citó los dichos de G. M. A. -hija de la víctima y pareja del imputado- quien respaldó la versión de Palmero; de N. E. A., exmarido de la víctima quien acusó al imputado de robar a los vecinos, de tener una mala relación con su suegra y de haber intentado violarla previamente "más no aportó nada relevante en torno al hecho aquí juzgado " .
Finalmente, hizo mención a los dichos de las testigos Graciela Elena Laurenti, Sandra Leticia Ramírez Soto, Beatriz Ángela Barovecchio, Rosa María Bonasera y Julieta Celeste Memoli, amigas de la víctima y sostuvo que "...fueron coincidentes en torno al presunto intento de violación a Olañeta, confirmando como testigos de oídas, las circunstancias relatadas por la víctima en torno a que un hombre no identificado ingresó de madrugada a su habitación e intentó violarla, que Olañeta sospechó de su yerno pero no lo confirmó y se negó a hacer la denuncia. Ramírez Soto, Barovecchio y Bonasera declararon que estuvieron con la víctima la tarde y noche previas al hecho [...] cenaron luego con Olañeta y posteriormente, alrededor de las 0:40 del 3 de marzo, fueron a una remisería para regresar a sus casas. Bonasera señaló que en ese momento el celular de Mónica se encendió al entrar un mensaje de su yerno que le preguntaba dónde estaba, a lo que ésta respondió 'yendo a casa' [...] Memoli declaró que acompañó en remis a Mónica hasta su casa, alrededor de la hora 1:00, señaló que en la casa las luces estaban apagadas y las persianas cerradas que la vio entrar a Mónica y se fue".
Frente a ello, estimó que de los citados elementos de prueba no se desprendía ningún hecho previo que justificara un móvil en el imputado para matar a su suegra. Reconoció que, si bien las motivaciones del autor no integran el dolo, operan como indicadores válidos que podrían agregar información adicional y complementaria.
Agregó luego que:
"e) Del mensaje de audio enviado por la víctima a sus allegados, donde relató el presunto intento de violación, no se desprende una incriminación directa hacia el imputado".
"f) La falta de constatación de fuerza sobre el ingreso a la vivienda de la víctima, no conduce directamente a afirmar que el agresor era alguien conocido ya que varias personas que no visitaban esa vivienda, sabían cómo hacer para ingresar sin llave...".
"g) La acusación descartó la constatación de otro móvil en el hecho, por ejemplo, de robo. Sin embargo, existe duda al respecto en tanto la testigo Ramírez Soto que la vio a la víctima esa noche afirmó que tenía dinero ($8.000) en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.