Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de Juan Gabriel Acosta, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.696-Q, "Acosta, Juan Gabriel. Queja en causa nro. 103.911 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Bouchoux.
De las actuaciones digitalizadas, surge que, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, el 28 de febrero de 2020 condenó a Juan Gabriel Acosta a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 41 bis y 79, Cód. Penal).
La defensa particular —a cargo del doctor Gabriel Cecilio González Carabajal— recurrió la condena y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el 23 de diciembre de 2020, rechazó el recurso confirmando la sentencia en todos sus términos.
Frente a dicha decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia —doctor José María Hernández— interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. resolución digital de 10-V-2022), lo que motivó la articulación de queja por parte de la defensa (v. presentación digital de 23-V-2022).
Esta Corte, por resolución de 28 de febrero de 2023, la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y lo concedió (v. resolución digital).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 14-VII-2023), dictada la providencia de autos el 31 de julio de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la afectación del derecho al recurso, invocó arbitrariedad del pronunciamiento y prescindencia de la aplicación de la regla por la cual la duda debe favorecer al imputado (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14 inc. 2 y 5, PIDCP).
I.1. Al desarrollar el agravio cuestionó la tarea revisora del Tribunal de Casación por considerar que no se dio respuesta a los cuestionamientos que había llevado esa parte y se omitió verificar si el tribunal del juicio había aplicado correctamente el método histórico y la regla del beneficio al imputado ante una situación de duda.
Puntualmente afirmó que la sentencia no logró explicar de qué manera se despejó la duda razonable respecto a la autoría de Acosta, teniendo en cuenta que ninguno de los familiares de la víctima —testigos presenciales— lo señaló como uno de los autores, como así tampoco aportaron descripción alguna sobre características físicas como para identificarlo.
Con cita de jurisprudencia vinculada a la doctrina de la revisión amplia y de sentencias arbitrarias (CSJN causa "Casal", entre otros), reiteró la afectación del debido proceso, la defensa en juicio, del in dubio pro reo y de la garantía a la doble instancia, destacando la arbitrariedad del fallo revisor al realizar el control de la sentencia de condena.
Por todo lo expuesto, solicitó que se declaren las infracciones legales invocadas y se dicte o se remita para el dictado de un pronunciamiento en el cual se declare la absolución de Juan Gabriel Acosta (aplicación del in dubio pro reo mediante).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. A contrario de lo propiciado por el recurrente, considero que la decisión del Tribunal de Casación Penal cumplió con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció, en tanto abordó y se expidió con la debida amplitud sobre los motivos de agravios llevados a su conocimiento.
Preliminarmente efectuaré un racconto del derrotero de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, en lo que importa para el caso, tuvo por acreditado que: "El día 10 de marzo de 2009, Maximiliano Monteverde ya condenado en la causa 3196 del Tribunal en lo Criminal nro. 4 Departamental, transportó en su motovehículo a Juan Gabriel Acosta Alias Juanchi, quien portando un arma de fuego hizo uso disparándola contra un grupo de individuos que estaban en la calle Merlo Gómez a la altura del 2300 de la localidad de Libertad, partido de Merlo, luego de consumados esos disparos siguieron la marcha hasta la esquina de Doblas y Soria de la misma localidad, donde Acosta tras bajar del rodado volvió a emplear el arma de fuego tomando posición de parado y de frente efectuando varios disparos contra José Luis Gómez que lo perseguía, ello con intención de quitarle la vida, hiriéndolo en la región lateral del cuello lado izquierdo provocándole una herida de tal magnitud que lo llevó a la muerte tras lo cual su subió al motovehículo conducido por Monteverde escapando del lugar" (la cursiva me pertenece).
La sentencia de mérito determinó que Juan Gabriel Acosta apodado "Juanchi", fue el autor del disparo letal que terminó con la vida de José Luis Gómez condenándolo a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas (conf. arts. 41 bis y 79, Cód. Penal).
III.2. En lo que aquí interesa, frente a ese fallo la defensa de Acosta interpuso recurso de casación denunciando la errónea y arbitraria valoración de la prueba en lo referente a la autoría de su defendido en el hecho, solicitando su absolución.
III.3. La Sala V del Tribunal de Casación rechazó el recurso y convalidó lo decidido por el tribunal de mérito. Consideró que la materialidad ilícita y la autoría habían sido correctamente fundadas por el órgano de grado y objetó que los planteos de la defensa reeditaran las cuestiones ya articuladas en el debate.
También se ocupó de los testimonios brindados en el juicio por varios de los familiares de la víctima José Luis Gómez, los que se encontraban junto a este en el marco de una fiesta que se estaba llevando a cabo en su casa. Rememoró los dichos de Joaquina Rolón Cardozo, madre de la víctima, y los de María Soledad Gómez —hermana de la víctima—. Con la información de ambas, corroboró una secuencia de disparos y corridas desde el frente de la casa del grupo familiar del damnificado. También se refirió al testimonio de Miguel Alejandro González —primo de la víctima—, quien dio cuenta del arribo de dos o tres motos desde las cuales efectuaron varios disparos, e identificó al acompañante de una de las motos como "Juanchi" quien le disparó a su primo José Luis, luego de que este los corriera. Respecto de Ricardo Ezequiel Gómez Rolón —hermano de José Luis—, abordó la cuestión vinculada con la credibilidad del testigo y evaluó como atinada la respuesta del tribunal de mérito que decidió no valorarlo (ni siquiera como indicio) por no poder determinar si ese testigo había mentido en el anterior juicio (seguido contra coimputados).
Por último, se refirió a lo declarado en debate por el testigo Iván Gabriel Chazarreta quien contó que "...vio una muchedumbre corriendo a dos sujetos en moto" y que uno de los ocupantes "era 'Juanchi' y portaba un arma de puño con la que efectuaba disparos". En este punto el tribunal revisor destacó que su par de grado, para dar respuesta a la duda que planteaba la defensa sobre la autoría de Acosta, se remitió al testimonio que Chazarreta había prestado poco tiempo después de los hechos, "...cuando el tiempo aún no había realizado marcas en su memoria".
Indicó que no podía obviarse que el juicio se llevó a cabo casi once años después del hecho, por lo que las explicaciones brindadas por Chazarreta en esta oportunidad respecto de las dificultades que tendría para reconocer al sujeto resultaban razonables, y reconoció como lógico que ciertos detalles (como, por ejemplo, la altura del sujeto sindicado) escaparan a su memoria.
En tal sentido, señaló que en el anterior juicio —más cercano al tiempo del evento— celebrado contra otros imputados intervinientes en este mismo hecho —llevado a cabo ante el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón (causa n° 3.169)—, Chazarreta dijo que se había cruzado a "Maxi y a Juanchi", refiriendo que este último era Juan Acosta a quien conocía del barrio. Agregó que Acosta apuntaba con un arma de puño en dirección a un montón de gente que los perseguía.
Por otro lado, de la prueba incorporada al debate por su lectura, el revisor destacó —entre otros elementos— las declaraciones prestadas en el anterior juicio por los coimputados Negreti y Monteverde quienes también señalaron a Juanchi como el autor de los disparos.
En definitiva consideró que el Tribunal de primera instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión de los hechos y la participación en ellos del imputado Acosta para dictar un fallo de condena, pues en ese sentido expuso que, de manera coincidente, todos los testigos que estuvieron presentes aquella noche del 10 de marzo de 2009, describieron el contexto en el que se produjo el violento ataque y señalaron a "Juanchi" como el sujeto que, luego de recibir un arma de fuego de manos de un tal "Coco", probablemente desde el piso tras caer de la moto que conducía Maximiliano Monteverde (condenado por este hecho en el otro juicio), efectuó múltiples disparos contra el gentío que los perseguía a raíz de la primer balacera desencadenada instantes antes frente a la casa de los Gómez, uno de cuyos proyectiles impactó en el cuello de José Luis Gómez ocasionando su muerte.
El tribunal revisor aseveró que el recurrente omitió toda consideración a lo decidido por el sentenciante de origen y en su lugar se dedicó a insistir con su línea argumental de los alegatos en torno al modo en que debieron haber sido valorados los testimonios recibidos en el juicio pero en forma independiente, sin ponerlos en contexto y sobre la base de hipótesis que carecen de sustento fáctico, descartando el vicio que pretendió endilgarle al fallo de condena.
Luego de exponer sobre los criterios valorativos divergentes y las argumentaciones personales inapropiadas en la etapa recursiva, en la que consideró que debe primar una labor crítica que, en materia de hechos, no se cumple con la mera exposición de razonamientos paralelos al que se pretende cuestionar, como así también sobre la amplitud que pueda tener el examen casacional respecto de los pronunciamientos judiciales; indicó que algunas de las cuestiones que son propias y exclusivas de la inmediación quedan fuera del ámbito de lo revisable. A su vez, afirmó que no debía perderse de vista que los magistrados de juicio son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento.
Sentado ello, aseguró que había quedado claramente acreditado que "Juanchi" fue el autor del disparo que segó la vida de José Luis Gómez, el cual no era otro que el imputado Juan Gabriel Acosta, y para ello, no solo se basaron en los dichos de Chazarreta vertidos poco tiempo después de acaecido el hecho, sino también a partir del resultado del allanamiento practicado en esa época en el domicilio en el que, según se pudo averiguar durante la pesquisa, vivía el nombrado, y que a raíz de dicha diligencia, se pudo establecer que "Juanchi" es Juan Gabriel Acosta, nacido el día 22 de abril de 1989, hijo de Javier Federico y Roxana Alejandra Alejo, con DNI 34518729; datos filiatorios que coinciden con aquellos que fueron puestos de manifiesto en el interrogatorio de inicio del debate. Asimismo, fue meritado como un indicio de autoría la circunstancia de que Acosta no se encontraba desde hacía una semana en la casa allanada, habiendo mantenido la condición de prófugo durante más de diez años, y ello —a juicio del sentenciante—, lo observó con extrañeza que una persona que sea ajena a cualquier suceso delictivo, no se haya presentado ante el órgano judicial a averiguar los motivos del allanamiento a su morada.
IV.1. Del contenido de lo reseñado se advierte que el Tribunal Casatorio abordó los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de la especialidad, y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se observa, ni la parte recurrente ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (art. 495, CPP).
En efecto, es que, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación de la condena del imputado y —específicamente— a descartar la alegada violación al principio de la duda beneficiante ("in dubio pro reo") por coincidir con el tribunal de juicio que en el caso se acreditó sin margen de duda la autoría de Acosta en el homicidio de Gómez, se advierte que el tribunal recurrido efectuó una revisión compatible con la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de conformidad con el citado precedente "Casal" de la Corte federal —Corte Suprema de Justicia de la Nación Fallos: 328:3399—.
IV.2. Frente a tal resolución se aprecia que las críticas de la parte están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores, dando una particular interpretación de lo sucedido, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP).
En efecto, el tribunal intermedio sin limitación en su competencia revisora, abordó los reclamos de la defensa referidos a la acreditación de la prueba de la autoría de Juan Gabriel Acosta, analizó los elementos probatorios reunidos —particularmente— las declaraciones testimoniales vertidas en debate y verificó que el camino del razonamiento efectuado en la instancia permitió aseverar que el acusado, alias "Juanchi", resultó ser el autor del disparo que segó la vida de José Luis Gómez, procediendo al rechazo de los agravios que fueron llevados a su conocimiento; por lo que no puede predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el órgano juzgador en el mérito que hizo de la prueba rendida y confirmar lo fallado en esa instancia.
De tal modo, la parte no demostró que la sentencia revisora padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el catálogo de la arbitrariedad que se alegó (conf. causas P. 98.744, sent. de 3-VI-2009; P. 102.167, resol. de 11-XI-2009; P. 106.355, resol. de 18-XI-2009; P. 103.399, resol. de 25-XI-2009; P. 116.250, resol. de 13-XI-2013; e.o.).
IV.3. Desarticulados los reclamos vinculados con la transgresión a la revisión amplia de la sentencia de condena, como así también de la arbitrariedad, quedó vacía de fundamento la referencia que hizo el señor defensor en torno a la conculcación del debido proceso y la defensa en juicio, relacionada intrínsecamente con aquellos.
IV.4. Por último, con relación a la regla de que ante la duda debe favorecerse la situación del acusado cabe destacar que esta Suprema Corte tiene dicho que la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, y que no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio antes indicado, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto —tal como ha sido expuesto en el caso por el tribunal revisor— haya impedido alcanzar ese grado de convencimiento de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 135.042, sent. de 13-IX-2022; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Bouchoux, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de Juan Gabriel Acosta, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2025 10:28:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2025 13:13:27 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2025 17:30:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 10:02:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 10:27:46 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/04/2025 10:54:26 hs. bajo el número RS-53-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia