Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Lautaro Ezequiel Pires, con costas (conf. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.608, "Pires, Lautaro Ezequiel s/ Queja en causa n° 104.421 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral, Bouchoux, Natiello.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 22 de diciembre de 2021, en lo que interesa destacar, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca que, el día 12 de febrero de 2020, declaró penalmente responsable a Lautaro Ezequiel Pires y, luego de cumplido con lo que dispone el art. 4 de la ley 22.278, con fecha 9 de marzo del mismo año, resolvió —por unanimidad— que era necesario aplicar sanción al nombrado y —por mayoría— lo condenó a la pena de quince años de prisión, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, robo simple, robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa y homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa, todos en concurso real (arts. 42, 55, 80 inc. 7, 164, 166 inc. 2 segundo párr., 167 inc. 2, 189 bis inc. 2 tercer párr., Cód. Penal; 4, ley 22.278; 56 inc. 2 y 58, ley 13.634 y 371 y 375, CPP).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 21-IV-2022), el que habiendo sido declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. resol. digital de 13-X-2022), motivó la deducción de recurso de queja ante esta Corte (v. presentación digital de 17-X-2022) que por resolución del día 17 de octubre de 2022 la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió a los efectos del tratamiento de las pretensas cuestiones federales involucradas.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 11-III-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció que el órgano revisor incurrió en arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas y apartamiento de los principios especiales del régimen penal juvenil —interés superior del niño, especialidad y excepcionalidad de la privación de libertad— al confirmar el procedimiento de imposición de pena y que también omitió evaluar el desarrollo del tratamiento tutelar del joven (conf. arts. 3, 12, 37 y 40, CDN; 18 y 19, Const. nac.; 9, CADH y 15.1, PIDCP; causa P. 132.257; Reglas de Beijing; lo emergente de CSJN causa "Maldonado" y CIDH caso Mendoza vs. Argentina).
Esgrimió que la Casación efectuó un desarrollo genérico de la normativa específica en la materia con ausencia de un análisis sustanciado que relacione dichos principios y normas con el caso concreto.
Adujo que la revisión aparente que habría desplegado el tribunal intermedio se patentiza en las razones brindadas para justificar la proporcionalidad de la pena aplicada de quince años de prisión, dado que no valoró el resultado del tratamiento tutelar anterior y posterior a la imposición de la sanción, ni pudo determinar cuál era el tiempo de tratamiento tutelar que necesitaba Pires.
En esa dirección, afirmó que el pronunciamiento impugnado se apartó de la doctrina legal de esta Corte que emana de los precedentes P. 132.174, "Benítez" y el citado P. 132.257, "Sosa", y que, al desconocer los principios que rigen el régimen penal juvenil, se encuentra por debajo del estándar que debe aplicarse en este fuero especial y no puede reputarse como un acto jurisdiccional válido (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH y 14.1 y 14.5, PIDCP).
Remarcó que lo más grave es que no se ponderaron las circunstancias y necesidades del joven y que, adicionalmente, se omitió toda consideración al contenido de los informes favorables y la entrevista mantenida con aquel. Para sustentar su razonamiento, citó los fallos "Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina c/ Laboratorios Alex S.A." y "Descole, Alicia N. y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros.
Insistió con que la sentencia impugnada no abordó los planteos efectuados en el recurso de casación y solo brindó respuestas genéricas, de modo que no abastece los estándares mínimos de revisión de condena en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni los específicos que impone el régimen penal juvenil para la revisión de la pena.
En definitiva, peticionó que se case el pronunciamiento recurrido y se disponga el reenvío de la causa al Tribunal de Casación Penal a efectos de que dicho órgano —integrado por jueces hábiles— dicte un pronunciamiento ajustado a derecho, solicitando asimismo la previa realización de una nueva audiencia de visu.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación (v. dictamen digital de 11-III-2024), solución que comparto.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Al formular sus agravios contra el fallo de origen, en lo que aquí interesa, la defensa de Pires denunció que el monto de pena de prisión impuesta a su defendido importó una clara desatención a la regulación normativa, doctrinaria y jurisprudencial que enmarca la evaluación de la necesidad de aplicación de pena en el proceso de responsabilidad penal juvenil.
Con sustento en el art. 37 inc. "b" de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en las Reglas de Beijing, destacó el carácter excepcional de la imposición de pena en ese fuero, siempre que no haya otra respuesta adecuada —último recurso—; y considerándose primordial, en el examen de los casos, el bienestar del menor (conf. Reglas n° 5, 17 y 19).
Criticó la imposición del monto máximo de pena conforme la escala que el tribunal de mérito fijó entre diez y quince años de prisión, desconociendo —en su parecer— los instrumentos legales vigentes en la materia, como los principios del fuero que tienden a que la privación de la libertad sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible.
III.2. Al momento de analizar esos agravios, la Sala II del Tribunal de Casación Penal expresó que "...la determinación de la pena no aparece enervada por arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de cuantificación punitiva, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales, siendo que la sanción tampoco espeja un quebrantamiento a la prohibición de exceso".
Adunó a ello que "...estando facultados los jueces de mérito a evaluar la incidencia que cada circunstancia tiene sobre el monto de pena a imponer sin que ello resulte un proceso matemático, no se advierte que al momento de fijar el monto punitivo los jueces lo hicieron en forma desproporcionada".
Continuó señalando que el monto de pena impuesto"...se encuentra dentro de la especie de pena y escala legal determinada por el tribunal —marco sancionatorio que no ha sido objetado— y de adverso a lo sostenido en el escrito de interposición del recurso, la sanción aplicada no resulta arbitraria ni infundada" y adicionó que la respuesta punitiva debe responder en forma proporcional a la intensidad antijurídica del hecho y, por ende, a la responsabilidad del autor.
Explicó que "[e]l principio de proporcionalidad de la pena se encuentra íntimamente vinculado con la justicia como valor primordial al que debe tender toda respuesta punitiva. Así, en la determinación concreta de la sanción por parte de los magistrados se refleja tanto la específica gravedad del hecho sancionado, como el grado de merecimiento de pena por parte del sujeto condenado".
Con relación al caso, remarcó que "...no se logra advertir que al momento de definir la sanción penal de Lautaro Ezequiel Pires el tribunal se lanzara a una interpretación y aplicación de la disposición del artículo 4 de la ley 22.278 que pueda tildarse de arbitraria, innovara en medidas por fuera de las legalmente previstas, importe un claro desconocimiento de las normas vigentes que rigen la determinación de las penas cuando se trata de menores de edad, ni que la decisión reconozca como único contenido y soporte la sola voluntad de los jueces" y que "[a]ún cuando sea irrevatible, desde el plano normativo, el fin 'reintegrador' que debe orientar el sistema punitivo minoril con sustento en los principios emanados de las Convenciones en juego, ello fue debidamente asumido por el tribunal en el marco legal de la ley 22.278". Agregó que "...se echó mano al resorte beneficiante contemplado en el ámbito minoril, procediéndose a la reducción de la escala penal de los delitos enrostrados, con los alcances previstos en el artículo 4 de aquella ley, lo cual permitió al juzgador moverse en una escala reducida en la forma prevista para la tentativa, sobre la que impactaron las circunstancias agravantes y atenuante fijadas por la mayoría, conforme se explicó en el pronunciamiento recurrido y sin desconocer las vicisitudes de un tratamiento tutelar que parece ahora encaminarse hacia un positivo rendimiento, conforme podría pensarse de la documentación acompañada por la defensa pública".
Finalmente, destacó que "[l]a proporcionalidad de la pena se deriva principalmente del grado de disvalor objetivo del hecho y del nivel de culpabilidad del condenado, y que la asignación de un merecimiento determinado de pena en función de tales conceptos, como así también la incidencia que deba otorgarse a cada concreta circunstancia mensurativa de la sanción (artículo 41 del Código Penal), resultan ser juicios de carácter valorativo sin correlato aritmético exacto".
Concluyó que solo puede ser deslegitimado el monto impuesto con exclusivo sustento en la propia cantidad de pena que se fijó "...cuando ella se revele manifiestamente desproporcionada con el grado de injusto y con la culpabilidad del sujeto, resultando de tal modo arbitrario, situación ésta que no se ha configurado en autos, ni ha sido acreditada por el impugnante".
IV. De la reseña efectuada, se aprecia que la Casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los reclamos de la parte, los descartó y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio en coincidencia con el tribunal de origen.
En tal sentido, se advierte que el revisor, luego de descartar que al momento de definir la pena de Pires el órgano de juicio interpretara y aplicara la disposición del art. 4 de la ley 22.278 de manera arbitraria, destacó el fin "reintegrador" que debe orientar el sistema punitivo juvenil y que ello fue debidamente asumido por las juezas de la instancia en el marco legal de la citada ley 22.278.
Resaltó, además, que se aplicó el beneficio contemplado en el régimen minoril, procediéndose a la reducción de la escala penal de los delitos imputados en la forma prevista para la tentativa (conf. art. 4, ley 22.278), sobre la que incidieron las circunstancias agravantes y atenuantes fijadas por la mayoría, conforme se explicó en el pronunciamiento recurrido y sin desconocer las vicisitudes de un tratamiento tutelar que parecía ahora encaminarse hacia un positivo rendimiento, conforme podría pensarse de la documentación acompañada por la defensa pública.
Aludió al principio de proporcionalidad de la pena y estimó que la sanción solo puede deslegitimarse cuando sea manifiestamente desproporcionada con el grado de injusto y con la culpabilidad del sujeto; circunstancia que no consideró configurada ni acreditada por la defensa en este caso.
Frente a ello, el planteo se devela como una mera opinión discrepante con el criterio opuesto sustentado por el tribunal revisor, que no logra demostrar que el razonamiento seguido para confirmar la sentencia de condena acerca de la imposición de la sanción penal de Lautaro Pires hubiese configurado un supuesto de vulneración de los principios especiales del régimen penal juvenil, ni de la normativa de jerarquía constitucional, convencional y local que rige en la materia, a la luz de las constancias comprobadas de la causa. Así, el recurso se devela insuficiente (art. 495, CPP).
Por lo demás, la afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación desconoció el resultado del tratamiento tutelar ha sido expuesta huérfana de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrada.
También luce dogmática e infructuosa la cita de los aludidos precedentes P. 132.174 y P. 132.257 de esta Suprema Corte y del fallo "Maldonado", entre otros, de la Corte federal, pues la parte se limitó a transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos con las concretas circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían aplicables a pesar de las notorias diferencias fácticas existentes (art. 495, CPP).
Así las cosas, el recurrente no ha logrado evidenciar en modo alguno la restricción cognoscitiva denunciada en función de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso (conf. arts. 8.2, CADH y 14.5, PIDCP).
Al respecto, cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Bajo ese entendimiento, y en base a las consideraciones expuestas, el impugnante lejos está de revelar la existencia de algún supuesto que, excepcionalmente, pudiera conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
I. Abro respetuosa disidencia al voto de los colegas preopinantes.
II.1. Los antecedentes ya han sido reseñados con detalle en el voto inaugural.
II.2. Considero que el recurso procede parcialmente.
Tal como lo señaló la defensoría, la Casación incurrió en arbitrariedad por defectos de fundamentación que descalifican el fallo como acto jurisdiccional válido (conf., mutatis mutandis, causas P. 90.213, sent. de 20-XII-2006; P. 88.382 y P. 91.483, sents. de 8-X-2008; P. 121.046, sent. de 13-VI-2018 y P. 134.711, sent. de 25-XI-2021; CSJN Fallos: 294:376; 308:641; 310:1707; 314:1404; 315:449; 318:495; 324:1721; e.o.).
En efecto, confirmó el monto de la pena oportunamente impuesto a L. E. P., sin contemplar aspectos puntuales de su tratamiento, su situación actual y la impresión causada en la audiencia (conf. arts. 3, 12, 37, 40 y concs., CDN; 5.6, CADH y 4, ley 22.278; v. fs. 372 vta. y 373).
De las actuaciones digitalizadas emerge que ninguna apreciación se hizo de la impresión causada por el imputado ni de lo acontecido en la misma ni de las actuaciones acompañadas por la defensa en dicho acto, omisión que entra en contradicción con el corpus iuris de la infancia y la jurisprudencia nacional e internacional dictada en consecuencia, lo cual tornaría arbitraria la resolución cuestionada.
De esta forma, el sentenciante hizo consideraciones genéricas tales como que "...sin desconocer las vicisitudes de un tratamiento tutelar que parece ahora encaminarse hacia un positivo rendimiento, conforme podría pensarse de la documentación acompañada por la defensa pública" pero sin dar motivos con anclaje en las particularidades del caso.
III. Es dable destacar que el interés superior del niño o niña en conflicto con la ley penal (art. 3, CDN), debe ser definido en forma individual "…con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales" específicas en cada caso (Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14 [2013], "Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial [artículo 3, párrafo 1]", párr. 32).
Recuerdo que el juicio sobre la determinación de la pena no puede estar desvinculado de los resultados que la intervención judicial provoca en la subjetividad del joven, en atención a las finalidades propias del fuero especializado, que se orienta a que "…asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas" (art. 33, ley 13.634) y en tanto todo el procedimiento judicial tiene que cumplir una función educativa (art. 36 inc. 3, ley 13.634).
En ese sentido, el apego o desapego del joven a las pautas impuestas, la existencia o inexistencia de proyectos, su posicionamiento subjetivo frente a la infracción a la norma penal y, en general, los aspectos positivos o negativos informados, son datos que permiten efectuar una razonable prognosis sobre la posibilidad cierta de cumplir los fines propuestos y calibrar la medida de la sanción, que todavía se considera necesaria para lograr la reintegración del joven en la sociedad.
Desde esa perspectiva, los datos que arroje el abordaje interdisciplinario del joven será la información más fiable para conocer su progreso, es decir, si las herramientas puestas a su disposición fueron efectivamente aprovechadas y se encaminan al cumplimiento de los fines del fuero.
IV. Conocida es la doctrina de la Corte federal, según la cual las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se las dicta, aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso (CSJN Fallos: 285:353; 313:584; 339:488; e.o.).
Frente a ello, se observa que la audiencia celebrada por la Casación se convirtió en acto meramente formal (conf. art. 12, CDN; CSJN causa "Maldonado", cons. 19° y sigs.; art. 4, ley 22.278, a contrario sensu).
V. Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia y devolver los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto (conf. arts. 3, 12, 37, 40 y concs., CDN; Reglas de Beijing; arts. 4, ley 22.278; 496 y concs., CPP; CSJN causa "Maldonado" y su progenie; CIDH caso Mendoza vs. Argentina).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Bouchoux, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Carral, votó también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Natiello, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Lautaro Ezequiel Pires, con costas (conf. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la cons
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