Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.505, "Benítez Ovejero, Jonathan Adrián s/ Queja en causa n° 104.458 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de junio de 2021, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón que había condenado a Jonathan Adrián Benítez Ovejero a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, más la declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio agravado criminis causae cometido con el empleo de arma de fuego, todos en concurso real.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por la referida sala el 14 de septiembre de 2021 y provocó la deducción de un recurso de queja por parte de la defensa.
El 10 de noviembre de 2022, esta Suprema Corte admitió parcialmente la vía de hecho deducida, únicamente para el tratamiento de los agravios vinculados con la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) y la infracción a los principios de inocencia e in dubio pro reo , y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Como se indica en el relato de antecedentes, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley fue concedida parcialmente para el abordaje de la denuncia de infracción a la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), vinculada con la infracción a los principios de inocencia e in dubio pro reo .
I.2. En ese marco, el recurrente centró su crítica en la falta de acreditación del especial elemento subjetivo del ánimo que habría motivado el homicidio y que permitió conectarlo ideológicamente con el robo para la aplicación de la norma cuestionada.
En tal sentido, señaló que de la plataforma fáctica acreditada -que transcribió- no se advierte que su asistido hubiera efectuado el disparo hacia la víctima con la ultraintención de lograr su impunidad, porque no resultó óbice para cometer el robo que Loza apareciera de repente y se colocara en su lateral en el momento en que se estaba desapoderando a Capelli y Gallinal, pues "...si bien su arribo resultó ser inesperado, en nada modificaba la situación de robo ni corría riesgo alguno, más allá del que estaba Benítez asumiendo en ese momento".
Añadió que, luego de aquel disparo, su asistido se acercó al cuerpo de la víctima y lo revisó, pero no para corroborar si portaba armas como supusieron los sentenciantes, sino que -en su parecer- "...palpó la herida que le había producido, o bien [buscó] algún otro elemento de su interés para desapoderarlo", y concluyó que no existe ninguna prueba que corrobore tal actitud como un "cacheo de armas".
Por otra parte, reiteró el planteo que esa parte llevó ante la instancia intermedia vinculado con "...la posibilidad cierta que tuvo Benítez de continuar disparando para matar a Loza pese a lo cual, no lo hizo y decidió huir del lugar", señalando que "...parece ilógico considerar que el disparo del arma de fuego haya sido, sin más, para 'procurar su impunidad'...".
Concluyó que "...no corresponde inferir, ante la carencia de motivos ciertos, la existencia de una vinculación ideológica entre el homicidio y el robo...".
Luego, expresó que "...la duda acerca de la acreditación de alguna de las ultrafinalidades del art. 80 inc. 7 obliga a reconducir el análisis hacia los márgenes del art. 165 [del Código Penal]". En tal sentido, explicó que "...no puede descartarse que se haya tratado de una reacción motivada en la natural respuesta frente a una situación incidental y no pensada en la planificación del autor, donde el agente se vio sorprendido ante la aparición de la víctima en la escena del hecho..." y, como dato fundamental, reiteró que su defendido no continuó disparando hacia Loza cuando se encontraba en el piso malherido, pues de haber querido acabar con la vida de este para alcanzar su impunidad, lo habría podido hacer.
Por todo lo expuesto, solicitó que se recalifique el suceso en los términos del art. 165 del Código Penal.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón tuvo por probado que "...el día 7 de julio de 2017, siendo estimativamente la hora 11.50, en la arteria San Antonio, entre Santa Fe y Patagones, de la localidad y partido de Merlo, Jonathan Adrián Benítez Ovejero, valiéndose de intimidación verbal y exhibiendo una pistola calibre 9 mm -arma de guerra- que portaba sin la debida autorización legal, apuntó a Pedro Roberto Capelli y a Martín Nicolás Gallinal, quienes se encontraban a bordo de una camioneta marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, desapoderándolos ilegítimamente de parte de la recaudación del reparto de mercadería efectuado por los nombrados, consistente en la suma aproximada de pesos catorce mil ($ 14.000) en moneda de curso legal, y no dejando de apuntar a los citados Capelli y Gallinal, continuó exigiendo la entrega de dinero y teléfonos celulares, momentos en que se acercó corriendo Pablo Loza, a quien con el claro fin de darle muerte y así procurar su impunidad le efectuó un disparo a la altura del tórax, con el arma de fuego que ilegítimamente portaba, lo que originó que la víctima cayera al piso, causándole una herida de tal magnitud que produjo su muerte, no en forma inmediata, debido a la intervención de los profesionales de la salud, quienes ejerciendo su arte de curar intentaron evitar el fallecimiento del nombrado Loza, no logrando ello, ya que el día 4 de diciembre de 2017 se produjo su muerte" (fs. 99 vta. -v. copias digitalizadas-).
El suceso fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio agravado criminis causae cometido con el empleo de arma de fuego, todos en concurso real (arts. 41 bis, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cód. Penal).
El tribunal del juicio halló comprobada la mecánica de los hechos descriptos a partir de los dichos de los testigos Martín Nicolás Gallinal y Pedro Roberto Capelli, los que halló corroborados con el video obtenido del lugar del acontecimiento e incorporado al debate.
En lo que aquí interesa destacar, con sustento en ese análisis concluyó que "Ninguna duda cabe que el sujeto activo del video fusiló sin miramientos al sujeto que venía corriendo" e interpretó que "...el cacheo que efectuó del mismo cuando estaba en el piso, fue para constatar si estaba armado o no, circunstancias estas que confirman el dolo del sujeto activo de disparar a tan corta distancia apuntándole al pecho, solo para asegurar su impunidad".
A contrario de lo afirmado por la defensa acerca de que si el propósito era matarlo hubiera efectuado un segundo disparo, estimó que "...el efectuado tenía esa intención, nunca otra" y descartó que "...haya buscado entre sus prendas algo para despojarlo [...] la secuencia es clara, revolcándose en el piso de dolor, lo cachea de armas, y ese extremo tiene que ver solo con la impunidad que perseguía y que seguramente, tal como imaginó el testigo Gallinal, es porque pudo creer que se trataba de personal de seguridad del supermercado. Como hubiere sido, lo cierto es que la desafortunada acción de Loza, llevó en un instante a Benítez a pensar que su plan criminal, y su impunidad estaban en riesgo, y en consecuencia de ello actuó, quedando claramente así configurado el dolo típico que exige el art. 80 inc. 7 del Código Penal".
III.2. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos en punto a la errónea calificación legal del hecho contra la vida en los términos del art. 80 inc. 7, el órgano revisor expresó que "...al conjugar las declaraciones testimoniales de Gallinal y Capelli, con las imágenes plasmadas en el video del lugar donde acontecieron los hechos, los miembros del tribunal han dejado claro el iter desplegado por el sujeto activo, y con ello la intención del mismo a los efectos de tipificar la conducta [...] puesto que ante el tercer requerimiento de bienes por parte de Benítez Ovejero a Gallinal, apareció el Sr. Loza quien con paso acelerado llevó al imputado a considerar que su impunidad se encontraba en riesgo, y consecuentemente éste efectuó el disparo para procurar que la misma no se vea afectada. Y la valoración del accionar posterior, el cual fue valorado por el a quo como un 'cacheo de armas', no hace más que sustentar tal extremo".
Añadió que "...del relato analizado surge claramente que la acción homicida se produjo a los fines de procurar la impunidad para sí, y no de una manera incidental como infundadamente sostiene la defensa" y concluyó que la calificación legal del hecho era adecuada pues "...se probó que el accionar del aquí imputado se relacionaba con otro delito anterior (robo agravado por el empleo de arma de fuego)" y en lo concerniente al aspecto subjetivo "...se estableció la conexión del homicidio para procurar la impunidad, toda vez que disparar del modo y en las condiciones que lo hizo el imputado contra Loza, pone de relieve una conducta querida y dirigida a sabiendas contra la vida del damnificado (el empleo de un medio letal -arma de fuego-, la zona vital a la que fue direccionado el mismo, el posterior cacheo de armas sobre la víctima herida) todo lo cual permite afirmar la existencia del dolo específico que requiere el tipo del art. 80 inc. 7 del código sustantivo".
IV.1. Frente a esa decisión, las críticas de la defensa respecto del art. 80 inc. 7 del citado ordenamiento legal resultan infructuosas e insuficientes para demostrar el yerro en la respuesta dada por el tribunal revisor sobre el punto, en tanto sus desarrollos solo se limitan a expresar una oposición a lo resuelto.
Corresponde agregar que, aunque se haya esgrimido con sustento en la errónea aplicación de la ley sustantiva, la queja -en rigor- se refiere a cuestiones relativas a la valoración de la prueba, a partir de la cual se pretendió evidenciar que en el caso no se habría acreditado el especial aspecto subjetivo que requiere la figura agravada del homicidio previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Al respecto, interesa tener en consideración que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti invocados, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad claramente alegados y demostrados. Y en esta concreta situación, la competencia de esta Suprema Corte quedó ceñida al ámbito de conocimiento determinado en el auto de admisibilidad, esto es, en cuanto al agravio vinculado con la ley sustantiva (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 127.974, sent. de 21-II-2018; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 135.199, sent. de 6-VII-2022; e.o.).
Por consiguiente, la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva resulta ineficaz ya que la defensa, a través de consideraciones particulares y contrarias a las argumentaciones del tribunal revisor, no replicó adecuadamente la conclusión de que la acción homicida emprendida por el imputado no resultó de manera incidental en el desapoderamiento, sino a los fines de procurar su impunidad. En esa dirección, la Casación enfatizó en el modo y las condiciones en las que Benítez desplegó una conducta querida y dirigida contra la vida de Loza con el empleo de un medio letal, como lo es un arma de fuego, disparando a una zona vital de su cuerpo, y con su posterior cacheo de armas, todo lo cual lo llevó a concluir en la acreditación del dolo específico que requiere el tipo legal aplicado.
En suma, la defensa solo presentó un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Además, es doctrina de esta Corte que para la aplicación de dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; e.o.).
IV.2.a. En cuanto a la aplicación del principio de inocencia y su derivado in dubio pro reo , cabe resaltar que existe una variación argumental en los planteos que la parte ahora introduce ante esta Sede, que conduce al rechazo de la pretensión.
Es que la defensa de Benítez en el recurso de casación había reclamado la aplicación del beneficio de la duda motivado en la posible ajenidad de su defendido en el hecho (v. en especial fs. 119/120 vta. de las copias digitalizadas), pero no efectuó ningún reclamo que vinculara la aplicación de la regla in dubio pro reo con la postulada duda en la acreditación de alguna de las ultrafinalidades del art. 80 inc. 7 del Código Penal (art. 451, CPP).
IV.2.b. Aun sorteando la valla de la temporaneidad, la defensa no logró evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y de revisión no quedaron márgenes de duda respecto a la acreditación de los extremos de la imputación (art. 495, CPP).
Resulta pertinente recordar que si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del citado principio, si no es posible poner de manifiesto que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello se verifica en el caso.
Conforme todo lo expuesto, la parte no logró conmover los sólidos argumentos brindados en el pronunciamiento impugnado en torno a la figura aplicada, aunque hayan resultado adversos a su pretensión, por lo que corresponde el rechazo del recurso en examen (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:39:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:05:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 09:57:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:12:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:40:37 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 07:49:35 hs. bajo el número RS-56-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia