Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136670
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.670, "Saucedo, Sergio Vicente s/ Queja en causa n° 104.478 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas en el sistema Augusta, se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 1 de junio de 2021, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial a favor de Sergio Vicente Saucedo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia por segunda vez, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves, hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2017, en la localidad de Avellaneda (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 50, 55, 79 y 89, Cód. Penal).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el que fue desestimado por el órgano intermedio y, finalmente concedido por este Tribunal mediante resolución del 24 de octubre de 2022.
Oído el señor Procurador General (dictamen digital de fecha 13-IV-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 79 y 89 del Código Penal y la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana, del debido proceso legal y del derecho de defensa (arts. 1, 18 y 28, Const. nac.).
A su vez, se agravió por la infracción al derecho a obtener la revisión amplia del fallo por parte de un tribunal superior, al considerar que el tránsito ante el Tribunal de Casación fue aparente por no haber dado acabada respuesta a los agravios de la defensa (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP); y por la vulneración de la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP), esto último vinculado estrechamente al reclamo sobre la calificación legal atribuida.
Adujo que bastaba repasar la materialidad ilícita sobre la que se había asentado el fallo para advertir que la calificación de los hechos de acuerdo a las previsiones de los arts. 79 y 89 del Código Penal era arbitraria, toda vez que la descripción de tales acontecimientos no permitía inferir el dolo homicida atribuido a Saucedo.
Insistió con la arbitrariedad de lo afirmado en la materialidad ilícita en cuanto a que el imputado había efectuado dos disparos, pues refirió que la prueba producida daba cuenta de que el segundo de ellos se habría producido de modo accidental. Resaltó que ello se relacionaba con otra afirmación arbitraria de la sentencia impugnada vinculada a la advertencia que habría recibido Saucedo de los adultos presentes luego de haber efectuado el primer disparo, dado que, si bien aquel continuó manipulando el arma de modo imprudente, no volvió a efectuar ningún disparo voluntariamente. Por lo tanto, según su criterio, tal circunstancia impedía afirmar con certeza que Saucedo se hubiera representado la posibilidad de arribar al resultado trágico que produjo su manejo imprudente de un arma de fuego.
Apuntó que la arbitrariedad del fallo impugnado radicaba precisamente en sostener un dolo eventual en cabeza del imputado, pero sin lograr acreditar fehacientemente todos los extremos que ese tipo de dolo exige para poder configurarse, ya que al conocimiento sobre la potencialidad homicida del actuar debe sumarse la aceptación de que ese posible resultado fatal se concrete.
En síntesis, puntualizó que Saucedo no consintió como un resultado posible la muerte de una persona porque confió, aunque erróneamente, en su habilidad para manipular el arma y poder destrabarla -sorteando la situación- sin provocar lesiones a terceros.
Por lo demás, denunció que la sentencia casatoria era prácticamente una transcripción de la dictada en primera instancia, con lo cual no podía sostenerse que hubiera habido una revisión integral, amplia y eficaz por parte del tribunal intermedio.
Finalmente, peticionó que se encuadre la conducta de su asistido en los términos de los arts. 84 y 94 del Código Penal.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. Liminarmente, cabe mencionar -y así lo puso de manifiesto el sentenciante como advertencia preliminar- que este proceso se ha desarrollado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes, con la expresa conformidad del imputado, y que las pruebas fueron incorporadas al proceso sin oposición de las partes al momento de suscribir el acuerdo. No obra en autos modificación alguna en perjuicio del imputado; la calificación legal de los hechos escogida por el tribunal al momento de dictar sentencia coincide con la propuesta por las partes al momento de suscribir el acuerdo abreviado.
III.1. Aclarado ello, en lo que aquí interesa, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 25 de diciembre de 2017, aproximadamente, a las 00.20 horas, en la vivienda sita en la calle [...] de la localidad y partido de Avellaneda, un sujeto de sexo masculino, identificado posteriormente como Sergio Vicente Saucedo, efectuó al menos dos disparos con un arma de fuego tipo pistolón de dos caños que tenía en su poder, sin tener en cuenta la presencia de varias personas en el lugar, entre las cuales se encontraba la menor Jazmín Solange Genes, a quien impactó un disparo a la altura del cuello, causándole lesiones de tal entidad que le ocasionaron la muerte. Asimismo, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lesionó con un disparo del arma que tenía en su poder a Tatiana Genes y a Blanca López, causándole las heridas que dan cuenta los informes médicos [...]".
Los hechos fueron calificados como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves.
III.2. El Tribunal de Casación Penal confirmó íntegramente lo resuelto en la instancia de origen y destacó fragmentos de la principal prueba testimonial y documental valorada por el inferior para tener por acreditado el dolo homicida y de lesiones reprochado a Saucedo.
En ese sentido, aludió al testimonio de Jonathan Emmanuel Rodríguez, novio de una de las víctimas, quien se encontraba con ella la noche del hecho y "...relató que a las 00.10 horas vio salir a Saucedo de la casa, regresó a los minutos portando un arma de fuego de dos caños, ingresó y sin mediar palabra efectuó un disparo hacia arriba, el declarante le recriminó la conducta dado que había niños en el hogar, no obstante Saucedo ' siguió con el arma en sus manos, realizando ademanes como para querer destrabarla y efectuar un segundo disparo, siendo que en ese momento se escuchó una segunda detonación de arma de fuego, y observó que su novia, le mostró su brazo izquierdo, el cual estaba sangrando; y al girar su cabeza, vio que Jazmín se desplomó en el piso a raíz de una herida de arma de fuego que tenía a la altura de la espalda; por lo que la levantó en sus brazos y la llevó hasta el auto, donde junto con su suegra la llevaron al Hospital Fiorito' ..." (el destacado figura en el original).
La Casación también recordó que Magdalena Anabella Barrios declaró que "...encontrándose en la casa de su tía festejando la navidad, siendo las 00.10 horas un hombre al que no conocía tenía en sus manos un arma de fuego de dos caños, color marrón, 'a pocos metros de distancia, efectuó un disparo al aire, para luego seguir manipulando el arma, pudiendo ver que trataba de abrir la misma a la mitad; apoyándola sobre la pileta del patio al costado de la mesa donde estaban todos los presentes comiendo y brindando, y comenzó a golpearla, momentos en que se escuchó un segundo disparo y escuchó que su tía gritó Jazmín, Jazmín...' " (el destacado figura en el original).
En la misma dirección, trajo a colación el testimonio de la víctima Tatiana Daniela Genes, quien refirió "...que se encontraba en su domicilio la nochebuena del año 2017, recordó que estando en el patio escuchó una detonación similar a un arma de fuego, allí vio a Sergio Saucedo parado en el medio del patio manipulando un arma de fuego, en ese momento observó como su hermana Jazmín se desvanecía y comenzó a sentir un fuerte ardor en su brazo derecho, allí se percató que a Sergio se le había escapado un tiro...".
Por último, explicó que Blanca Estela López, madre de Tatiana y Jazmín Genes, contó que "...[había invitado] a un amigo llamado Sergio Saucedo a pasar la navidad con su familia, que en un momento éste se levantó de la mesa y se retiró, regresando a los pocos minutos manipulando un elemento que intentaba esconder entre sus piernas, ella no le prestó atención y continuó participando del festejo. Luego, un estruendo alertó a todos, advirtió que se trataba de un arma de fuego, tipo pistolón de dos caños, le pidió que se retirara si la iba a disparar, ' momentos en el que se le escapa un nuevo disparo con dicha arma, la cual apuntaba hacia la mesa donde se encontraba la menor Jazmín, quien cae desvanecida al piso' " (el destacado figura en el original).
En sintonía con estas declaraciones, destacó que los partes médicos precarios del Hospital Fiorito daban cuenta de que Jazmín Genes ingresó fallecida con herida de arma de fuego compatible con escopeta, en cuello, hombro y nuca.
Hizo hincapié en que el informe de autopsia había concluido que la muerte fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático, cuya causa originaria fue una hemorragia aguda secundaria a las lesiones ocasionadas por el paso de los proyectiles.
Asimismo, refirió que Tatiana Genes presentó heridas contuso en miembro superior izquierdo, y Blanca López herida compatible con lesión por arma de fuego (perdigonada) en mano y muñeca izquierda.
Con cita de doctrina, recalcó que "...la posibilidad de dominio se constata en la tipicidad objetiva, donde la dominabilidad se utiliza como criterio de imputación objetiva, mientras que el dominio efectivo del hecho se confirma en la tipicidad subjetiva. No tiene sentido preguntarse si el autor tuvo la voluntad y el conocimiento de ejercer el dominio si previamente no se constata la posibilidad objetiva de hacerlo".
Así, subrayó que la conexión causal realizada por el tribunal oral significó el análisis de la posibilidad de dominio que tuvo Saucedo en el momento del hecho, conforme el curso causal por él puesto en marcha, y allí, en el plano de la tipicidad objetiva, se verificó la existencia del peligro ex ante .
Añadió que "...la manipulación del arma y los disparos se efectuaron en una vivienda, a medianoche, en medio de una cena navideña de la cual participaban muchas personas y a escasa distancia de los comensales" y que las declaraciones testimoniales y la prueba documental acreditaban, sin lugar a dudas, la existencia del peligro ex ante provocado por el actuar del imputado.
Razonó entonces que el accionar desplegado por Saucedo -esto es, efectuar un disparo en una vivienda donde se encontraban varias personas a corta distancia, ser advertido del peligro que ello había representado, hacer caso omiso para luego insistir y manipular el arma hasta efectuar un segundo disparo- imponía colegir que medió intención de dar muerte.
En base a toda la prueba recabada, concluyó que el dolo homicida del imputado podía inferirse con certeza a partir del lugar donde se habían efectuado los disparos, la corta distancia que obraba entre el imputado y la víctima fatal, y el recorrido de la bala por zonas vitales conforme surgía del informe de autopsia.
Señaló que "El juicio de valor ex ante permite asegurar la peligrosidad de la conducta de Saucedo para los bienes jurídicos integridad física y vida de las personas que se encontraban en la vivienda, y en un análisis posterior se confirma que el curso causal desatado fue conocido y querido por el imputado, con lo cual corresponde descartar toda posibilidad de imprevisibilidad del resultado alegado por la defensa y tener por acreditado el tipo subjetivo de los delitos de homicidio y lesiones leves (artículos 79 y 89 del CP)".
Finalmente, descartó el planteo subsidiario de la defensa al enfatizar que la conducta desplegada no se trató de una transgresión a una norma de cuidado, impericia, negligencia o imprudencia.
Argumentó que no se trataba de un homicidio culposo, sino de una decisión volitiva, lúcida y consciente que lo condujo a la comisión de un delito doloso, cometido con dolo eventual. Advirtió "...un actuar indiferente a los valores del prójimo y no meritar la presencia del otro (o muchos otros como en el caso de autos), nutrido esto de un decisorio individual de insistir con la manipulación del arma pese a las advertencias dadas por quienes se encontraban en el lugar del hecho".
Explicó que "Ese saber del riesgo, más conocimientos y lucidez, indica conocer también -como acto interior- la previsión del suceso 'muerte' y 'lesiones' (resultándole indiferente) es decir, la relación de su conducta en proyección potencial dañosa, como luego sucedió, a través del significado letal ostensible de una víctima muerta y lesionando a otras dos".
Finalizó sosteniendo que "...resulta sencillo colegir un claro conocimiento previo de quien decidió asumir -indiferente- su comportamiento peligroso frente a los bienes jurídicos afectables y ante las exigencias del derecho vigente, creando un riesgo intolerable [...], no importándole, dado que allí fueron dirigidas sus acciones del disparo del arma de fuego".
IV. Como anticipé, el recurso no procede.
IV.1. Frente a todo lo resuelto por el órgano intermedio, las discrepancias del recurrente en torno a la existencia de dolo homicida, no pueden ser atendidas.
De los fundamentos reseñados en los apartados anteriores se advierte que el Tribunal de Casación -en lo que resulta pertinente destacar- expuso las razones por las cuales correspondía desestimar el recurso de casación promovido por la defensa y confirmar la sentencia de condena emitida por el tribunal de juicio interviniente como acto jurisdiccional válido. En ese sentido, los argumentos esgrimidos por el recurrente con sustento en que el fallo impugnado contiene una fundamentación aparente o déficit de motivación, no resultan idóneos para demostrar tales vicios alegados (art. 495, CPP).
En efecto, la conducta atribuida a Sergio Vicente Saucedo, tal como arriba comprobada ante esta instancia, permite corroborar -desde un juicio de apreciación ex ante - que su obrar efectivamente creó un peligro concreto de que se produzca el resultado desvalorado por la norma contemplada en el art. 79 del Código Penal.
La forma en que se comprobó que el acusado se desenvolvió en la ocasión -disparar en una reunión navideña a corta distancia de los allí presentes, ser advertido del peligro, hacer caso omiso para insistir y manipular el arma hasta hacer un segundo disparo- permite adscribirle un obrar doloso, dado que es posible considerar que creó un riesgo concreto y próximo de afectación de la vida de la víctima, representándose la posibilidad del resultado muerte, pero manteniéndose indiferente, más allá de que no estuviera en la intención final del imputado dicho resultado.
Por demás, no operó ninguna razón objetiva que permita considerar que el imputado tuviera contramotivos para pensar que el resultado no se produciría (causas P. 90.724, sent. de 20-XII-2006 y P. 112.321, sent. de 29-X-2014).
En definitiva, la defensa no logró demostrar la violación legal de la norma sustantiva cuya conculcación denuncia, ni que haya sido irrazonable o arbitrario concluir en la existencia del dolo eventual de matar en el marco de las condiciones ponderadas por las anteriores instancias. En rigor, solo opuso una mera opinión discrepante, sin que sus motivos de queja permitan conducir a la calificación legal del evento en juzgamiento en los términos del art. 84 del Código Penal (doctr. art. 495, CPP).
IV.2. De otro lado, y conforme todo lo transcripto en el punto "III.2.", surge con claridad además que el tribunal del recurso, lejos de limitar su competencia revisora, abordó los reclamos de la defensa referidos a la denunciada errónea aplicación de los arts. 79 y 89 del Código Penal y a la solicitud de aplicación del beneficio de la duda, conforme los motivos de agravio que fueron sometidos a su conocimiento.
El control efectuado por Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
Cabe agregar entonces que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte, ni la defensa ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso.
Tampoco se aprecia que pueda predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el de grado en el mérito que hizo de la prueba rendida. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056; cons. 6° y sus citas; conf. doctr. causas P. 132.953, sent. de 16-XII-2021; P. 133.937, sent. de 23-II-2022; P. 134.603, sent. de 3-XI-2022; P. 135.604, sent. de 4-VIII-2023; e.o.)
Así, la afirmación de la defensa de que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho al doble conforme, no se condice con lo sucedido en el caso, porque el tribunal revisor abordó cada uno de los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' (Fallos 328:3399, sent. de 20-IX-2005, cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' -Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 71.958, sent. de 23-IV-2008), [...] no implica que el revisor 're evalúe' las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", pero "Sí debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.