Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136278
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.278-Q, "Gómez, Santiago Horacio. Queja en causa n° 104.707 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño, Kohan.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 24 de junio de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Santiago Horacio Gómez contra el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes que lo condenó a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por inadmisible por la casación; ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2022, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a las denuncias de errónea aplicación de los arts. 34 inc. 6, 35, 79, 40 y 41 del Código Penal, así como también en lo atinente a las denuncias de violación a los principios de culpabilidad, inocencia e in dubio pro reo.
Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desarrolló los siguientes agravios:
I.1. En primer lugar, denunció la inobservancia del art. 34 inc. 6 párrafo segundo del Código Penal, por haberse configurado un caso de legítima defensa presuntiva o privilegiada.
Luego de reseñar el hecho que se tuvo por probado y la respuesta de la casación, afirmó que la citada norma establece una presunción iuris tantum en supuestos de "rechazo del escalamiento o fractura nocturna de morada".
Recordó que el Tribunal de Alzada desestimó la justificante por considerar que el comportamiento de su defendido careció de racionalidad, "...cuando precisamente la amenaza de ataque e ingreso a su propiedad era cierta y actual, de modo que en dichas circunstancias, obró típicamente pero amparado por [...] la legítima defensa presuntiva...".
De seguido, señaló que el propio órgano revisor reconoció que el reclamo efectuado por Rosales y la víctima, junto con otros individuos que se presentaron en el terreno de Gómez, "no fue pacífico"; de ahí que "...la conducta del imputado, en horas de la noche y frente a la repentina aparición de varios individuos -todos masculinos- frente a su finca -lugar donde residía con su esposa e hijos- fue la única esperable en un momento como el descripto".
Agregó que, tal cual declararon diversos testigos presenciales, cuando Simonetti se colgó del tejido, Gómez disparó en esa dirección, es decir, hacia el lugar donde detectó una "real amenaza de ingreso a su propiedad". Por eso -en su opinión- los fundamentos del tribunal revisor para descartar la aplicación de la causa de justificación demuestran la inobservancia de lo normado por el art. 34 inc. 6 párrafo segundo del Código Penal.
Explicó que para que se configure la legítima defensa presuntiva es necesario que el lugar al que se desea ingresar esté habitado, y que deben "...considerarse también los anexos a los lugares donde se encuentr[e]n los agresores". Asimismo, indicó que se requiere nocturnidad; circunstancias que se configuraron en el caso.
"Sentado ello, y frente a la argumentación del tribunal de que 'no se observa la existencia de un medio racional para solicitarles que se retiraran del lugar' mal podría sostenerse que en tal situación de agresión y frente a la evidente actitud de la víctima de colgarse del alambrado perimetral, [su] defendido no actuó amparado por la norma, cuando en rigor de verdad, su conducta fue la de repeler la acción de uno de los masculinos presentes de querer ingresar por la noche en su hogar".
Manifestó que, según la casación, Gómez actuó en forma dolosa. Frente a ello, el recurrente sostuvo que tal extremo nunca se cuestionó, en tanto no configura un obstáculo para la aplicación del art. 34 inc. 6.
Luego, alegó que el órgano revisor no tuvo en cuenta que su asistido actuó mientras la víctima se estaba trepando al enrejado de su terreno y ante la presencia de otros cuantos hombres; todo lo cual configuró "...una situación dinámica y estresante en extremo, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo, y donde se encuentran en juego diversos bienes jurídicos del sujeto agredido ilegítimamente, como su integridad física o su vida o incluso la de su familia".
Agregó que un sector importante de la doctrina nacional niega la exigencia de elementos subjetivos en las causas de justificación.
En conclusión, solicitó la absolución de su defendido por haber actuado en legítima defensa; en su caso, solicitó que se apliquen los principios constitucionales de presunción de inocencia e in dubio pro reo .
I.2. Subsidiariamente, la parte peticionó la aplicación del art. 35 del Código Penal.
Recordó el planteo según el cual la utilización de un arma de fuego por parte de Gómez debió reconducir a la aplicación del art. 35 citado.
Mencionó que la respuesta empleada por la casación para descartar el exceso se contrapone con lo que se dijo para excluir la aplicación de la legítima defensa. Ello así, porque al tratar el agravio sobre el art. 35 se sostuvo que este requiere que, ante una situación objetivamente autorizada, exista una irracional utilización de los medios destinados a repeler la ofensa; mientras que al argumentar en contra de la legítima defensa se afirmó que "...'aun teniendo en cuenta que la víctima, junto a otros familiares, fue a reclamar la propiedad del terreno desde el alambrado, no se observa la existencia de un medio racional para solicitarles que se retiraran del lugar'...".
En suma, entendió que la afirmación de que Gómez pudo haber utilizado un medio menos agresivo da la pauta de que -precisamente- se configuró un exceso.
Notó que el exceso en la legítima defensa se produce ante el temor provocado por una errónea apreciación de la magnitud del peligro y respecto de los medios con que se cuenta para evitarlo. "Por ello es imprescindible que exista legítima defensa, al ser una intensificación innecesaria de una actitud inicialmente justificada".
Insistió con que en el caso no se discutió que el reclamo realizado por distintos sujetos en horas de la noche "no fue pacífico"; a lo que agregó que las únicas heridas relevadas fueron las que se le causaron a Miguel Simonetti, la única persona que se colgó del alambrado.
Explicó que para la configuración de la legítima defensa o de un exceso en ella no se requiere analizar el dolo del agente sino la antijuridicidad de su conducta; pues, precisamente, la conducta dolosa de Gómez se realizó con la intención de defender la vida e integridad física propia, así como también la de su esposa e hijos.
Puntualizó que el exceso en la legítima defensa sólo puede verificarse cuando se parte de una situación de legitimidad del accionar atribuido. Entendió que acá "...no hay dudas ni han sido planteadas..." respecto a que su asistido se encontraba padeciendo una agresión ilegítima que no se le puede atribuir, pues se tuvo por probado que entre Simonetti y Gómez no existió un enfrentamiento previo -circunstancia valorada como agravante de la pena-. "Así, ante la evidente e inminente amenaza, el visualizar a uno de los masculinos [...] en el alambre perimetral lo condujo a tomar, sin más, un arma de fuego como único medio que encontró en semejante momento de tensión e incertidumbre ante lo que pudiera acontecer en tales horas de la noche con tantos masculinos frente a su hogar".
En función de lo expuesto, solicitó la aplicación del art. 35 y el reenvío a la instancia para que se fije una sanción en los términos del art. 84 del Código Penal.
I.3. Finalmente, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Recordó que la defensa de primera instancia cuestionó las agravantes sosteniendo, entre otras cuestiones, que no es posible computar en perjuicio de Gómez "...'la inexistencia de una confrontación anterior con Miguel Simonetti, en cuanto la disputa comprometía a Adrián Rosales y no a la víctima'...".
A su entender, no resulta razonable que se agrave la pena del homicidio por la ausencia de motivos, porque cualquier motivación para matar debería resultar fútil por fuera de las causales de justificación o de atenuación excepcional. Dicho de otra manera: fuera de estas, el homicidio nunca está justificado.
Argumentó que "...la 'futilidad' del motivo no podría ser computada como una causa de agravación, desde que es la naturaleza misma de esa conducta 'fútil' lo que la hace punible". Coincidió, al respecto, con el voto del juez Carral.
En definitiva, solicitó que se deje sin efecto el fallo en crisis en cuanto ponderó de manera arbitraria "...la pauta agravante referida a la futilidad del motivo de ocasionar la muerte de la víctima, violentándose el principio de culpabilidad por el hecho...".
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso. Coincido parcialmente con lo así dictaminado.
III. El recurso debe acogerse de manera parcial (conf. art. 496, CPP).
Tal como se demostrará, las denuncias vinculadas a la aplicación de la legítima defensa privilegiada y a su exceso no prosperan.
Distinta suerte corresponde a las críticas sobre la ponderación de la pauta agravante.
Veamos.
IV. De modo preliminar, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. Del acta de debate surge que frente al alegato fiscal de cierre en el que se propició la condena de Santiago Gómez a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la defensa oficial solicitó la aplicación de la legítima defensa, aunque sin hacer mención alguna al supuesto privilegiado previsto en el art. 34 inc. 6 párrafo segundo del Código Penal.
En tal sentido, el señor defensor oficial, doctor Mariano Castro, afirmó que el conflicto se suscitó por "...el terreno en litigio que lindaba la vivienda que ocupaba su asistido". Agregó que no se demostró que "...la conducta de su defendido haya estado deliberadamente dirigida a quitarle la vida a Miguel [Simonetti], ni a ninguna otra persona, ya que hay un dato objetivo que es que el lugar era totalmente oscuro [y] que la vereda del terreno en conflicto no tenía iluminación, por lo que no es posible que el imputado haya apuntado directamente a la humanidad de la víctima o alguna otra persona, descartando el dolo homicida".
Alegó que el comportamiento de su defendido se dirigió a "...repeler una agresión, en este caso, el reclamo que [...] hacía un grupo de personas [...] había más de dos personas frente al domicilio y al terreno en cuestión, con lo cual, en cierto modo desbarata lo que la Fiscalía postula, en cuanto a que habían ido en buenos términos a mostrar estos papeles, a reclamar este terreno [...] no se trató de un reclamo pacífico como se intentó demostrar y en este contexto, estim[ó] que el señor Gómez bien pudo tomarlo como una agresión ilegítima, como una amenaza hacia su integridad, e incluso hacia sus expectativas hacia sus derechos que ya venía ejerciendo sobre ese terreno en conflicto en términos posesorios, como ser limpiar el terreno, alambrarlo e incluso desinteresar a cualquier persona que venía a preguntar por una posible venta [...]. En cuanto a la necesidad racional del medio empleado ent[endió] que deb[ía] ponderarse la hora en que fueron a hacer el reclamo, la modalidad en que fueron a hacer el reclamo y [que] era el único medio que pudo tener el imputado para repeler esta situación que se encontraba claramente en desventaja frente a la cantidad de personas que se encontraban en su casa. Ni que decir, de la falta de provocación del imputado para que todo esto sucediera sosteniendo que el reclamo, en todo caso, se podría haber hecho por otras vías institucionales y no en los términos en que han quedado reeditados en este juicio".
En subsidio, pidió la aplicación del art. 35 del Código Penal por considerar que, a todo evento, en la conducta juzgada pudo haber existido un exceso.
Finalmente, para el caso de no prosperar ninguno de los dos planteos, solicitó la imposición del mínimo de la escala penal.
IV.2. En lo que aquí importa, de la lectura del fallo del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes se desprende que se tuvo por debidamente acreditado el siguiente hecho: "...el día 28 de octubre de 2016, a las 22:00 horas aproximadamente, en circunstancias [en] que Adrián Rosales acompañado de Miguel Ángel Simonetti, y otras personas mayores de edad se acercaron hasta la vereda del terreno ubicado en la calle José Ingenieros n° 2739 de la localidad y partido de Moreno con el objeto de reclamarle al aquí juzgado, vecino lindero de la propiedad, que había hecho uso del terreno en litigio, y ante la acción de Simonetti de subirse al alambrado ubicado en el frente de la finca, sin ingresar a la misma, fue que [Santiago Gómez] con claras intenciones de darle muerte, disparó en dos oportunidades un arma de fuego no incautada en autos, pero que se pudo precisar que era de calibre .32 m, siendo que uno de esos disparos impactó en la humanidad de Miguel Simonetti, ocasionándole una herida en tórax, con la consiguiente génesis de hemoneumotórax bilateral a punto de partida de sangrado de la aurícula derecha y ramos terminales de la arteria y venas pulmonares, lo que produjo su óbito".
En lo que respecta al pedido de aplicación de la legítima defensa, el tribunal refirió que si bien el reclamo que hicieron Rosales y Simonetti junto a otros en horas de la noche (vinculado al terreno sobre el cual Gómez realizaba tareas de mantenimiento y Rosales afirmaba ser el propietario) no fue pacífico, a lo que agregó que el horario en que este se llevó a cabo pudo haber generado cierto temor en el imputado, "...lo cierto es que no hubo por parte de estas personas agresión física o amenazas con adminículos de fuego u otros elementos que habilitar[an] a Gómez a actuar de la forma en que lo hizo".
Agregó que el acusado "...tuvo la posibilidad cierta de pedir asistencia a la policía, e incluso con el arma de fuego que poseía manifestarles a las personas allí presentes que se retiren del lugar o incluso disparar al aire o al suelo de manera intimidatoria. Sin embargo, disparó sin mediar palabra, con la clara intención de darle muerte a quien se encontraba en la vereda, pero más próximo a su visión".
En cuanto a la aplicación del art. 35 del Código Penal, afirmó que "Tampoco puede evaluarse la existencia de un exceso en el medio empleado para defenderse [...] por cuanto no se ha verificado en autos la agresión ilegítima que explicaría el actuar legítimo aunque excesivo de Gómez, sino [que] por el contrario se observa una deliberada acción homicida para apuntalar su pretensión de propiedad de un bien inmueble".
IV.3. Contra lo así decidido, en el recurso de casación, la defensa oficial postuló la falta de certeza sobre la concurrencia del dolo homicida; sostuvo que no se dieron argumentos suficientes para descartar los dichos de su defendido en cuanto a que el disparo se le había "escapado" mientras era agredido por un grupo de personas.
En función de ello, solicitó su absolución a tenor del art. 34 inc. 6 del Código Penal; en subsidio, requirió la aplicación del art. 35 del citado cuerpo de leyes.
Por último, denunció el cómputo erróneo de agravantes y, en lo que aquí interesa, dijo que no podía homologarse "...la inexistencia de una confrontación anterior con Miguel Simonetti".
IV.4. Por su parte, en la oportunidad de presentar la memoria del art. 458 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, en lo que importa, modificó el planteo original desarrollado por la defensa de primera instancia y entendió configurado un caso de legítima defensa privilegiada, introduciendo así un argumento novedoso.
Destacó que su defendido vivía en el terreno en litigio -y no en el lindero, como se había alegado previamente-, y que realizaba tareas de mantenimiento, según se desprendía de su propio relato, de los dichos de varios vecinos e incluso de lo declarado por Adrián Carlos Rosales, quien dijo ser el legítimo dueño.
En cuanto a los hechos, dijo que la víctima "...en horas de la noche y en una zona con iluminación escasa, se tomó o colgó del alambre que poseía el terreno donde vivían Gómez y su familia para luego comenzar a llamar[lo]. En esas circunstancias es que [su] defendido, ante el temor de la presencia de sujetos masculinos que evidenciaban intenciones de ingresar en su propiedad -[...] donde vivía con su hija menor y su mujer- procedió a repeler dicha conducta evidente y riesgosa para sí y para quienes habitaban en su vivienda".
Puntualizó que Simonetti "...'se agarró o colgó del alambre perimetral y luego llamó a Santiago'; alambre que Gómez había colocado en el terreno para evitar el ingreso de cualquier sujeto ajeno al mismo, es decir, por cuestiones de seguridad".
Manifestó que la conducta de Gómez, aunque típica, no fue antijurídica. Recordó que la legítima defensa privilegiada del art. 34 inc. 6 párrafo segundo prevé una presunción de concurrencia de la totalidad de los presupuestos de la legítima defensa en casos como este, donde Simonetti se trepó al alambrado del terreno donde habitaban Gómez y su familia.
A continuación, puntualizó que la cantidad de sujetos que estaba frente al terreno no solo daba cuenta de la inminencia de la agresión sino también de que el medio empleado fue el más acorde para la violenta coyuntura que comenzaba a desarrollarse y que colocaba a Gómez y a su familia en una situación notoria de peligro.
Analizó los recaudos de la eximente de responsabilidad:
- Dijo que Gómez se defendió de una agresión ilegítima al "...rechazar el escalamiento de cercados o dependencias de la casa que un sujeto estuviera realizando para lograr ingresar a un lugar habitado";
- Notó que el hecho sucedió entre las 21:30 y las 22:00, en una zona poco iluminada, con lo cual quedó debidamente acreditada la "nocturnidad" del intento de ingreso al terreno;
- Añadió que la afirmación del órgano de mérito referida a que Rosales y Simonetti no realizaron agresión física o amenazas con armas de fuego u otros elementos contra el imputado, además de no corresponderse con lo declarado por su defendido, tampoco hace caer la presunción de legítima defensa privilegiada, ante el peligro inminente en que se hallaban él y su familia, "...dada la cantidad de sujetos masculinos que se apersonaron frente a su domicilio y las particularidades de la situación, donde había sido advertido [...] que lo echarían del terreno en donde habitaba...". Concluyó que "No caben dudas [de] que ante tales advertencias reiteradas y frente a la presencia de numerosos sujetos en horario nocturno, es francamente posible advertir la existencia de una agresión que conlleva cierto peligro, con la consecuente necesidad de repeler[lo]";
- Frente al argumento del órgano de mérito de que Gómez pudo llamar a la
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