Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135623
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de D. I. C., con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.623, "C., D. I.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 104.869 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de febrero de 2021, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de D. I. C. y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón que condenó al nombrado a la pena única de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas impuesta en el marco de la causa 4.572, por ser hallado coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber cobrado rescate y por el número de personas intervinientes en concurso ideal con el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, y de la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas dictada en la causa 4.383, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio mediante resolución del 29 de junio de 2021.
Interpuesta queja, esta Suprema Corte declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió (v. resol. de fecha 26 de abril de 2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 26 de diciembre de 2022), dictada la providencia de autos el 27 de diciembre de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció arbitrariedad del fallo recurrido "...por no atender a las razones del planteo" llevado a su revisión, con la consecuente violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.).
Sostuvo que, al interponer el recurso de casación, expresó que no habían sido computadas las circunstancias atenuantes oportunamente solicitadas en la vista otorgada en el proceso de unificación, relativas a la pérdida de reinserción social de C., su corta edad y el quebrantamiento de los lazos familiares debido a la lejanía existente de la unidad carcelaria en que se encontraba alojado, así como las precarias condiciones de su encarcelamiento y la litiasis vesicular padecida por su asistido, sin que el Servicio Penitenciario pueda darle una adecuada atención médica a su patología.
Alegó que, al momento de resolver, el Tribunal de Casación se limitó a expresar que no era cierto que se hubiese omitido la consideración de pautas atenuantes computadas en una de las sentencias condenatorias unificadas, cuando el reclamo de la defensa no era ese, sino que no se habían evaluado las solicitadas en la vista oportunamente conferida.
Refirió que mediante su planteo pretendía que el órgano revisor resolviera si esas circunstancias resultaban o no atenuantes y, de considerar que lo eran, expresar el valor que debía otorgárseles y disminuir la pena única, fijándola en un monto cercano al mínimo que, a su entender, aplicando el método composicional, hubiera resultado próxima a los doce años de prisión.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la causa 4.383, condenó a D. I. C. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil. No se valoraron atenuantes ni agravantes para graduar la pena (v. Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, veredicto de 21-XII-2017).
Luego, en el marco de la causa 4.572, el mismo tribunal condenó a C. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por ser hallado coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber cobrado rescate y por el número de personas intervinientes en concurso ideal con el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada. Al momento de fijar la pena, la defensa postuló que debían ponderarse la ausencia de antecedentes penales del imputado al momento de los hechos, como así también su buen concepto vecinal, pero el tribunal solo acogió la primera de ellas (v. Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, veredicto de 8-XI-2018).
III.2. Una vez firmes ambas sentencias, se corrió traslado a las partes para que se expidieran sobre una posible unificación de penas.
En ese marco procesal, la fiscalía solicitó la pena única de diecinueve años de prisión y la defensa el mínimo de sanción única prevista para el caso -que estimó en doce años de la misma especie de pena-, tomando en consideración para ello la pérdida de reinserción social del imputado, su corta edad, el quebrantamiento de los lazos familiares debido a la lejanía entre ellos y el lugar de alojamiento, las precarias condiciones de encarcelamiento y su estado de salud (refiriéndose con ello a una litiasis vesicular de larga data para la que el Servicio Penitenciario no podía brindarle adecuada asistencia médica).
III.3. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón -a pedido de las partes- dictó sentencia unificatoria y condenó a D. I. C. a la pena única de dieciocho años de prisión.
En primer lugar, precisó que los procesos llevados a cabo respecto del nombrado habían transcurrido de modo paralelo o simultáneo; y que se trataba de un supuesto de concurso real resuelto en pluralidad de condenas dictadas con violación a las reglas concursales, por lo que se imponía una única condena. Luego, se abocó a determinar el monto de la pena a imponer al causante, dentro de los límites de la escala penal aplicable y teniendo en cuenta las circunstancias valoradas en las dos sentencias y su incidencia en el quantum punitivo.
Destacó que en la causa 4.383 no se habían valorado pautas y que, en la otra, se tuvo en cuenta como parámetro reductor la ausencia de antecedentes penales y ninguna agravante.
De seguido, justificó el monto de pena seleccionado. Señaló que, tratándose de un concurso real de delitos, la cantidad de tipos penales que concurrían al dictado de ese pronunciamiento debía tener una incidencia significativa en el monto total, y juzgó que la pena única finalmente impuesta resultaba un monto justo en relación con la totalidad de tipos penales cuya concurrencia material derivaba en un pronunciamiento único, con más los criterios mensurativos aludidos.
III.4. En el recurso de casación, la defensa oficial denunció que "...a los efectos de la labor unificadora no han sido computadas las circunstancias atenuantes tenidas como tales en el dictamen de la causa N° 4572, las cuales no han perdido virtualidad", cuestionó la pena impuesta y solicitó su disminución mediante la aplicación del método composicional.
III.5. A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso deducido por la defensa.
El señor juez doctor Carral -a quien adhirió el doctor Maidana- comenzó por destacar que el órgano juzgador había considerado acertadamente que se presentaba en el caso un supuesto de unificación de condenas o concurso real resuelto en pluralidad de sentencias, y no advirtió que el tribunal hubiera omitido la consideración de pautas atenuantes computadas en alguna de las sentencias unificadas.
Analizó que, en el marco de la causa 4.572, las únicas pautas atenuantes de la pena pretendidas por la defensa fueron la ausencia de antecedentes condenatorios y el buen concepto vecinal; y, en la causa 4.383, las partes no habían propuesto circunstancias disminuyentes de la sanción penal.
Expuesto lo anterior, juzgó que la pena única impuesta resultaba proporcionalmente racional a los injustos por los que el imputado había sido condenado.
Explicó que la escala penal aplicable al caso estaba conformada por el mínimo mayor -diez años de prisión- y las sumas aritméticas de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos -que superaba los cincuenta años de prisión-, advirtiendo que "...el tribunal tuvo en cuenta las pautas de mensura de la pena valoradas en los respectivos pronunciamientos, de conformidad con lo establecido en los arts. 40 y 41 del Código Penal" (Sala I del Tribunal de Casación Penal, sent. de 2-II-2021).
Finalmente, resaltó que el tribunal de origen tuvo en cuenta que la cantidad de tipos penales atribuidos debía tener un impacto significativo en el monto total; y destacó que la pena única impuesta era menor en un año a la solicitada por la acusación.
Por lo expuesto, estimó que el tribunal oral había expresado adecuadamente las razones por las cuales arribó a la pena única cuestionada, la que encontró justa y razonable.
IV. De la reseña efectuada, se puede advertir que el Tribunal de Casación Penal abordó los agravios llevados por la defensa, analizó las pautas de mensuración de cada fallo y resolvió brindando fundamentos propios para confirmar el pronunciamiento impugnado.
Lo resuelto es conteste con el criterio fijado por esta Corte que ha dicho que no viola lo dispuesto por el art. 58 del Código Penal la sentencia unificatoria que se remite a las circunstancias agravantes y atenuantes declaradas en las condenas a unificar.
Las pautas que el órgano de mérito tuvo en consideración configuran hechos que la sentencia unificatoria no puede alterar. Lo que sí puede hacer el fallo de unificación es dar un peso distinto a esas circunstancias, lo que efectivamente ocurrió en el caso, pues la condena única es menor a la suma aritmética de las penas originarias, tal como lo puso de manifiesto la Casación (conf. causas P. 129.738, sent. de 27-II-2019; P. 134.862, sent. de 10-XII-2021; P. 135.078, sent. de 10-XI-2022 y P. 136.892, sent. de 11-V-2023).
En definitiva, la etapa de unificación del art. 58 del Código Penal no brinda una oportunidad para volver a discutir la existencia de las agravantes y atenuantes consideradas en los fallos originarios, y las que señala ahora la defensa no se encontraban contenidas en ellos.
Los argumentos que trae la parte en el recurso extraordinario constituyen en rigor la exposición de un criterio diferente al del juzgador con el monto de la pena única impuesto, que no logra evidenciar el vicio que le atribuye al fallo recurrido. Y es sabido que el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (causas P. 130.029, sent. de 16-V-2018; P. 131.620, sent. de 4-XII-2019; P. 131.910, sent. de 19-IX-2020; P. 134.484, sent. de 30-VI-2022; e.o.). Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de D. I. C., con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2023 10:57:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:54:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:55:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:39:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:47:50 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/12/2023 16:52:16 hs. bajo el número RS-186-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia