Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136476
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.476, "C., A. M.. Queja en causa n° 104.977 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de febrero de 2021, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial a favor de A. M. C. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín que -por mayoría- lo había condenado a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y la relación de convivencia en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante (tres hechos), abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia preexistente (dos hechos), abusos que concursan en forma real entre sí (v. sent. casatoria en formato digital).
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo digital adjunto en el trámite del recurso de queja de 8-IV-2022), el que habiendo sido declarado inadmisible por el Tribunal de Casación (v. resol. digital de 23-XI-2021), motivó la deducción del recurso de queja (v. cit.).
Contra esa decisión, esta Suprema Corte por resolución del día 22 de diciembre de 2022, la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió, en tanto entendió que, además de encontrarse cumplido el recaudo vinculado al monto de la pena impuesto, se había demostrado la denuncia de errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva a la que alude el art. 494 del Código Procesal Penal, habiéndose demostrado -también- que dichos tópicos se vincularon con la denuncia de vulneración de los principios de culpabilidad y legalidad (v. resol. RR-1697-2022 cit.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 15-VIII-2023), dictada la providencia de autos el día 17 de agosto de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio formuló los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal al considerar que los hechos enrostrados no resultaron momentos delimitados y que, por ende, debieron ser encuadrados dentro de la doctrina del denominado delito continuado.
Afirmó que de la propia transcripción de la materialidad ilícita se advierte que no existe el concurso real de delitos imputado, sino -por el contrario- un supuesto de "delito continuado" en tanto se presentan los requisitos que exige dicha conducta, a saber: a) dolo unitario; b) repetición de una conducta típica respecto del mismo bien jurídico y afectación gradual; c) afectación del bien jurídico de forma similar y d) identidad física del afectado.
Señaló que los hechos endilgados consistieron siempre en una conducta homogénea, periódica llevada a cabo en el mismo domicilio, aprovechando la ausencia temporaria de los convivientes y, del mismo modo, desarrollando un menoscabo escalonado de la integridad sexual de la víctima que fue aumentando en intensidad de manera progresiva hasta llegar al acceso carnal.
Por último, sostuvo que en el caso debió haberse aplicado la escala del art. 54 del Código Penal en razón de tratarse de hechos que no son autónomos y comparten la culpabilidad, por lo que -en su análisis- la errónea interpretación y aplicación de la norma sustantiva contenida en la respuesta punitiva del tribunal revisor importó una abierta infracción a los derechos constitucionales de culpabilidad y legalidad (arts. 1, 18 y 19, Const. nac.).
I.2. En segundo término, denunció la indebida aplicación de las calificantes tipificadas en el primer y segundo párrafo del art. 119 del Código Penal.
Entendió que la conducta atribuida a C. respecto de la niña víctima englobaba al delito continuado de abuso sexual en sus formas agravadas con acceso carnal (art. 119, párr. tercero, Cód. Penal), por lo que reiteró su criterio ya vertido en la causa en orden a que las modalidades del genéricamente denominado delito de abuso sexual no pueden aplicarse conjuntamente a un mismo hecho y que, en cambio, debió aplicarse el ilícito de mayor gravedad, es decir el abuso sexual con acceso carnal en función del carácter progresivo de los referidos tipos penales involucrados (en ref. al art. 119, párrs. primero, segundo y tercero, Cód. Penal).
I.3. Por último, denunció la inobservancia del art. 125, tercer párrafo del Código de fondo, en tanto consideró que en el caso no logró verificarse la desviación del normal desarrollo sexual de la víctima, ni el dolo directo de corromper por parte del sujeto activo.
Recordó que la nueva redacción del citado artículo dada por la ley 25.087 no contiene elementos subjetivos específicos como traía la redacción anterior -consistentes en el fin de lucro del autor o en la satisfacción de deseos propios o ajenos-, pero que ello no importa la exclusión de la motivación del sujeto para la configuración del delito en cuestión.
Citó doctrina de autores vinculada con el ilícito cuestionado -corrupción de menores- y reforzó la idea de que no se encuentran demostrados en el caso los elementos típicos inherentes del tipo penal, lo que afectó el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.).
De tal modo, requirió se disponga respecto de la calificación legal del suceso enjuiciado la exclusión del delito de corrupción de menores.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso no prospera.
III. El agravio sobre la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal y su vinculación con el delito continuado reclamado (v. acápite I.1. de la presente), no procede.
III.1. El tribunal del juicio -a través del sufragio de la señora jueza Carreira, que concitó las adhesiones simples de los señores jueces Luchelli Ramos y Bellagio- tuvo por acreditados los siguientes hechos: "En el período comprendido entre los años 2010 hasta el 27 de enero de 2017, en días y horas indeterminados, pero en forma periódica, oportunidad en que la menor [B. E. O.], nacida el 5 de febrero de 2004 convivía con la pareja de su madre, A. M. C., en un domicilio cercano a la cancha de San Miguel de la Ciudad y Partido del mismo nombre, o era cuidada por el mismo en el domicilio de C. L. [...] de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, éste promovió la corrupción de la menor, mediante acciones tales como: tocamientos por debajo de la ropa; besarla en la zona de la vagina; obligarla a que le practique sexo oral al introducirle el pene en su boca; eyacular en el rostro de la menor; apoyarle y presionar con su pene vía anal y vaginal; besarla y espiarla mientras se bañaba, y penetrarla con su pene vía anal y vaginal, haciéndola sangrar[,] hechos que se reiteraron en innumerables oportunidades, pero en al menos dos, realizados a veces como previos y concomitantes al acceso carnal y a veces en forma aislada. En este último caso, tales conductas, realizadas desde que era muy niña, en forma periódica y con connotaciones marcadamente libidinosas, constituyeron un sometimiento gravemente ultrajante, además de actos que fueron idóneos para afectar y torcer su normal desarrollo sexual".
Dichos sucesos, en lo que importa destacar, fueron calificados por el tribunal departamental interviniente -por mayoría- como corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y la relación de convivencia preexistente, en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante (por lo menos tres hechos), abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente (por lo menos dos hechos), abuso sexual con acceso carnal (por lo menos dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente (por lo menos dos hechos), abusos que concurren en forma material entre sí, cometidos entre el año 2011 y el día 27 de enero de 2017 en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas y en la ciudad y partido de San Miguel en perjuicio de la niña B. E. O. (conf. arts. 45, 54, 55, 119 primero, segundo, tercero y cuarto párr. inc. "f" y 125 primero, segundo y tercer párr., Cód. Penal).
En ese marco, explicó que resultó incuestionable la configuración de los abusos de índole sexual contra la joven como hechos independientes, en una reiteración mínima, producto de acometimientos realizados en jornadas diversas y periódicas a través del tiempo; y que los actos corruptores deben tender a la alteración o modificación psíquica, con incidencia en los sentimientos o instintos sexuales de la persona, aptitud de la que no se puede dudar frente al sometimiento de una menor de edad por un mayor, con ascendencia afectiva, lo que le da un viso de normalidad a la actividad sexual desplegada de manera tal que veda al individuo -niña víctima en el caso- de la posibilidad de decidir si debe o no rechazar el acercamiento (v. voto de la señora jueza Carreira, que concitó la adhesión en este punto del señor juez Bellagio).
Por su parte, el señor juez Luchelli Ramos -quien asumió el sufragio en minoría al momento de abordar este extremo de la imputación- expresó que si bien adhería a la decisión de aplicar la figura de corrupción de menores agravada, por sus mismos fundamentos, se apartaba de lo argumentado en el voto mayoritario en cuanto a la forma concursal establecida para los ilícitos de abuso sexual con acceso carnal y de abuso sexual gravemente ultrajante, por entender que se trataron ambas figuras de delitos continuados.
III.2. La Sala II del Tribunal de Casación Penal abordó y descartó en su pronunciamiento el agravio llevado a su control por la defensa oficial de C., con relación a su pretensión de que los hechos acreditados sean subsumidos legalmente como un delito continuado (v. sent. casatoria en formato digital, apdo. IV.5.).
Sobre el punto, destacó que los eventos fijados en la sentencia de origen y que fueron calificados separadamente -por mayoría- son "...objetivamente independientes entre sí, y fruto de decisiones delictivas autónomas en momentos históricos distintos", los cuales concurrieron "...bajo la regla del concurso real de delitos (art. 55, CP)", y que "...aún cuando todas las conductas examinadas parecen primordialmente preordenadas al sometimiento de idéntica víctima, al mero ejercicio de poder sobre ella, dominándola para lograr la finalidad propuesta, no es posible asimilar la situación descripta a la hipótesis del delito continuado".
Destacó que C. "...intervino en la ejecución de los delitos de manera fáctica y jurídicamente independiente. Fácticamente, porque el menoscabo a la libertad sexual de la niña se exteriorizó mediante actividad física y psíquica diferenciable; y jurídicamente, porque se trató de actos que no respondieron a un fraccionamiento necesario o que requieran ser valorados unitariamente (como delito continuado)".
Razonó -con apoyo en doctrina judicial- en orden a que "Las exigencias caracterológicas del concurso material reclama la existencia de hechos independientes, pero de modo alguno ello importa que los distintos acontecimientos no puedan devenir sin solución de continuidad, o que demanden una predeterminación ejecutiva particular, admitiéndose la pura decisión al hecho nuevo, surgida en el marco de la actuación original del agente. Ni aún la identidad de designio exoneraría la aplicación de la regla del art. 55 del Código Penal cuando median dos resoluciones de la misma naturaleza pero sucesivamente tomadas, de modo que habiendo continuidad entre ellas en cada uno de los hechos se dan los elementos necesarios para hacerlos imputables en forma autónoma".
Afirmó, seguidamente, que los diversos actos asumidos por C. en contra de la joven no constituyeron una unidad de acción por falta de un dolo unitario, sino por la ejecución de repetidas decisiones delictivas, pues "...la mentada unidad de acción convoca la existencia de un dolo total, unitario y de la misma naturaleza, que desde un principio debe abarcar el hecho total concreto, el 'resultado total'. Ese dolo total no se satisface con la decisión meramente general de realizar delitos de una determinada índole en ocasiones propicias".
Concluyó el análisis de esta cuestión expresando que "...en el delito continuado los actos individuales sucesivos deben aportar una mera ampliación del mismo contenido de injusto del suceso anterior. Sin embargo, si lo injusto del tipo se estructura sobre la lesión de los valores que radican en la personalidad o sobre la reprobabilidad de relaciones sumamente personales, entonces frente a ellos los hechos presentan un nuevo contenido independiente de injusto y constituyen varios delitos independientes como acertadamente lo resolvió el tribunal [originario]".
Por las razones expuestas, desestimó el planteo de la defensa por el cual había cuestionado el enlace concursal -real- de los delitos de abuso sexual que, en sus diversas categorías, había adoptado -por mayoría- la sentencia pronunciada por el tribunal de mérito, descartando de tal modo que los ilícitos en reproche puedan sean tratados como un acontecimiento que responda a la modalidad de delito continuado.
III.3. Frente a lo así decidido, las argumentaciones expuestas en el recurso en trato no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal casatorio desestimó el planteo formulado y que, en lo que resulta pertinente destacar, resolvió confirmar la decisión -alcanzada por mayoría- de subsumir los hechos enjuiciados dentro de los contornos del concurso real de delitos, pues en rigor sólo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal, ni las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Al respecto, cabe destacar la dificultad para determinar precisamente una fecha frente a los delitos de la índole traída en el caso -contra la integridad sexual- que se reiteran en el tiempo, de modo que en este tipo de acontecimientos no puede exigirse precisión exacta de días y horarios, bastando una referencia que permita marcar el contexto en el que ocurrieron, situación que se verificó en la causa (conf. doctr. causa P. 134.002, sent. de 24-X-2022).
En efecto, la defensa oficial no ha logrado demostrar que la decisión adoptada haya aplicado de manera errónea el art. 55 del Código citado, ya que, a partir del modo en que ha sido delimitado el objeto de imputación, la parte no cuestionó ante esta sede extraordinaria la materialidad ilícita mediante la cual quedó comprobado que los hechos sucedieron "En el período comprendido entre los años 2010 hasta el 27 de enero de 2017, en días y horas indeterminados, pero en forma periódica" (v. esp. en formato digital veredicto condenatorio, primera cuestión planteada y sent. casatoria, apdo. IV.1.), lográndose así obtener una precisión fáctica respecto de la comisión de los ilícitos investigados, en orden a la cual el recurrente opone un criterio meramente divergente que no logra conmover los argumentos expuestos por la Casación para sustentar su decisión en sentido contrario al pretendido (art. 495, CPP).
Asimismo, cabe agregar que esta Corte tiene dicho en diversos precedentes que se deben extremar los recaudos al momento de aplicar la teoría del delito continuado, pues su aplicación inadecuada puede llevar a soluciones inadmisibles dentro de un estado de derecho, en particular, cuando se trata de delitos contra la integridad sexual (conf. causas P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016; P. 129.377, sent. de 12-XII-2018; P. 133.916, sent. de 18-VIII-2022; P. 135.817, sent. de 24-X-2023; P. 136.737, sent. de 26-III-2024; e.o.).
Por lo demás, la parcela del agravio vinculado con que en el caso debió aplicarse la escala del art. 54 del Código Penal con la consecuente disminución de la pena, ha sido desarrollado de un modo dogmático ligado a la suerte del agravio principal que, como se vio, fue descartado en el caso.
De conformidad con lo expuesto, el recurrente no logra evidenciar la transgresión de los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad que también denunció como vulnerados (doctr. art. 495, cit.).
IV. Por otra parte, comparto lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto a que el planteo desarrollado en el acápite I.2. de la presente, ligado al entendimiento de que la conducta del imputado debía quedar englobada -por su mayor gravedad- en el delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, en la medida que resultó confirmado que existió una serie de hechos individualizados y definidos en los términos del art. 55 del Código Penal, dicha crítica decae por su propio argumento y, por ende, resulta insuficiente (art. 495, CPP).
V. Por último, el agravio relativo a la inobservancia del art. 125, tercer párrafo del Código Penal (v. acápite I.3. de la presente), tampoco es de recibo.
V.1. Ante análogo reclamo llevado en el recurso de la especialidad, el tribunal revisor descartó las aseveraciones efectuadas por la defensa en torno a la ausencia del plus de perversidad que requiere la figura, como así también del dolo directo allí exigido (v. esp. apdo. IV.4., sent. casatoria en formato digital).
Afirmó que los argumentos desarrollados no hallaron apoyo en la ley sustantiva aplicable al caso ni tampoco en la prueba colectada a lo largo del proceso.
A continuación, se ocupó de la redacción del texto normativo correspondiente a la figura en cuestión y afirmó que la mención que ella formula en torno a los "deseos propios" alude al autor mismo, es decir, al corruptor. Asimismo, refirió al alcance que el tipo legal otorga a los actos de "promover" y "facilitar" la corrupción y consideró que el delito en trato no exige para su perfección típica la corrupción efectiva del sujeto pasivo, alcanzando con que la conducta del sujeto activo se enderece hacia ella mediante la promoción o facilitación de aquella.
Señaló, con estricto apego a la reconstrucción histórica de los hechos efectuada en el fallo de la instancia originaria, que advertía que había sido el propio tío abuelo de la niña quien inició a la pequeña víctima -por entonces de seis años de edad- en el padecimiento de actos lascivos, consistentes en continuos sucesos en donde fue manoseada en sus genitales, en sus senos, que obligó a practicarle sexo oral al acusado, que había sido penetrada vía vaginal y anal en varias ocasiones, que la obligaba desnudarse para besarla en la vagina, que la espiaba cuando se bañaba y que llegó en ocasiones el imputado a desfogar en la cara de la pequeña.
Destacó que, conforme lo había recreado el pronunciamiento de mérito, durante un lapso prolongado se confirmaron por lo menos cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, dos de ellos agravados por la situación de convivencia y cuanto menos cuatro abusos sexuales con acceso carnal -dos de ellos agravados por idéntica circunstancia-, siendo todos ellos cometidos bajo una relación de ascendencia afectiva que le daba un viso de normalidad a la actividad sexual desplegada sobre la niña, derivando en el devenir de los eventos reconstruidos al uso de amenazas y violencia.
Puso así en evidencia la intensidad y gravedad
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.