Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Marcelo Raúl Di Siervi, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.612, "M., P. S. s/ queja en causa n° 105.260 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El día 15 de agosto de 2019, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata condenó a P. S. M. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado.
Contra esa decisión, el defensor particular de M., el doctor Marcelo Cayorla Yalet, interpuso recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 12 de abril de 2021, lo rechazó.
La defensa -ejercida ahora por el doctor Marcelo Raúl Di Siervi-, interpuso entonces un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible -por mayoría- por el órgano intermedio (v. resol. de 21-IV-2022). Presentada la queja pertinente en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, esta Suprema Corte le hizo lugar a través de la resolución de 9 de mayo de 2023, y concedió la impugnación extraordinaria articulada.
Oído el señor Procurador General a través del dictamen de 30 de octubre de 2023, dictada la providencia de autos (v. act. dig. de la misma fecha) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor denunció la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse ponderado indebidamente -a su entender- circunstancias agravantes.
Sostuvo que tanto la valoración de "la corta edad de la víctima", como la relativa al "vínculo de padrastro y padre de sus medio hermanos" del imputado, no debieron ser ponderadas para determinar la pena dado que tienen sustento en una motivación idéntica a la que sostiene la incriminación.
Expresó -con cita de la causa n° 22.188 de la Sala III del Tribunal de Casación- que el tipo penal se perfecciona cualquiera sea la edad de la víctima, mientras tenga menos de dieciocho años de edad; y que la tipicidad del delito imputado ya contiene la característica fundada en la convivencia (inc. "f", art. 119, Cód. Penal) por lo que su valoración se encuentra reñida con el principio de ne bis in idem (art. 18, Const. nac.).
Discrepó con los fundamentos otorgados por el órgano intermedio por los que, sostiene, se intentó diferenciar el vínculo con la convivencia prevista en la norma, al considerar que la facilitación del injusto y el mayor impacto en la psiquis de la menor se dio como consecuencia de la convivencia.
Sobre la restante circunstancia valorada relativa a la multiplicidad de hechos cometidos por M., alegó que ello fue precisamente el fundamento utilizado por el acusador público en el debate para ampliar la acusación (art. 359, CPP), por lo que aquí también se incurrió en una doble valoración prohibida.
II. El señor Procurador General dictaminó por la desestimación del recurso. Coincido con su opinión.
III. El Tribunal de Casación Penal, al confirmar la sentencia de condena, abordó y descartó idénticos agravios a los ahora reeditados por la parte.
En primer lugar, señalaron los magistrados que el juzgador -al tratar la quinta cuestión del veredicto-, había descartado la edad de la víctima como pauta aumentativa de la pena, motivo que lo eximía de efectuar mayores comentarios sobre el planteo.
Con respecto a la agravante referida al "...vínculo que unía a la joven con el encartado y éste con sus pequeños hermanos [...] por fuera de la convivencia", sostuvo que fue correctamente valorada por el tribunal de origen. Precisó que, en el caso, dicho vínculo se diferenciaba de la convivencia prevista en el tipo en cuestión, al denotar un obrar con mayor culpabilidad no contemplado en la figura agravada, de modo que podía válidamente servir de fundamento para aumentar la pena dentro del marco legal previsto.
Por último, descartó los planteos vinculados con la extensión del daño causado, en tanto juzgó que el delito continuado no excluye la posibilidad de valorar en la determinación de la pena la intensidad con que las circunstancias mencionadas se manifestaron en el caso concreto.
Explicó que, precisamente, a ello hacía referencia el art. 41 -inc. 1- del Código Penal, cuando remite a las circunstancias del hecho para determinar la magnitud del injusto, destacando que resulta válido el razonamiento del sentenciante por el cual estimó que la cantidad de hechos -al menos treinta- debían gravitar en el daño generado.
IV. Frente a lo así resuelto, el recurrente se limita a reeditar los planteos llevados a la instancia anterior, sin ocuparse de tomar en consideración las razones expresadas por el sentenciante para desestimar su pretensión y, convalidar de ese modo, la determinación de la pena dentro de la escala prevista en función de la subsunción legal reprochada (art. 495, CPP).
Más aun, la desconsideración por parte de la defensa de lo resuelto en el caso, se exhibe a punto tal de persistir en criticar ante esta Corte una agravante ni siquiera aplicada en el caso.
Efectivamente, la "edad de la víctima", solicitada por la Fiscalía como severizante, fue -más allá de su acierto o error- descartada por el tribunal de la instancia al estimar que los once años con que contaba la niña al momento del primero de la larga sucesión de abusos, no se apartaba "significativamente" de la edad prevista por la figura del art. 119 del Código Penal.
Sin atender esta respuesta, la defensa ejercida por el doctor Cayorla Yalet cuestionó ante el Tribunal de Casación la -inexistente- ponderación de la edad como pauta agravante. El juez ponente del órgano revisor, el doctor Carral, se encargó de señalar -como ya fue reseñado- que ese extremo no había sido considerado como aumentativa de la pena. No obstante lo cual, es ahora el doctor Di Siervi quien renueva la crítica sobre la -ausente- valoración de tal cuestión, evidenciando así el desapego al texto de ambas sentencias objeto de embate.
En lo que hace al vínculo que unía a la joven con el imputado -y a este con sus hermanos- por fuera de la convivencia, como así también en lo referente a la extensión del daño causado, el órgano revisor explicó las razones por las cuales ratificaba tales pautas.
Al respecto la defensa no logra justificar que lo resuelto escape a lo que se tiene dicho acerca de que si bien es cierto que no corresponde valorar nuevamente en la medición de la pena las circunstancias que ya fueron tomadas en cuenta por el legislador al determinar el alcance del tipo penal -"prohibición de doble valoración"- pues al establecer aquel una escala penal ha contemplado los diversos grados posibles de gravedad que puede presentar el delito en su concreción. También lo es que la forma o el modo en que se ha manifestado el hecho, no resulta indiferente para determinar la mayor o menor gravedad del ilícito y, por ende, el reproche de culpabilidad que corresponde formular a su ejecutor (doctr. causas P. 128.070, sent. de 21-XI-2018 y P. 135.876, sent. de 9-II-2023).
Cabe recordar que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave. El juzgador al convalidar lo actuado dio cuenta de esos matices diferenciales, sin que se advierta ni la parte logró explicar que se hubiera incurrido en las transgresiones legales denunciadas. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Marcelo Raúl Di Siervi, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:53:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:54:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2024 17:40:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:46:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:58:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 10:56:57 hs. bajo el número RS-84-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia