Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134930
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.930, "Roldán, Jorge Armando -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa n° 105.957 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 3 de noviembre de 2020, hizo lugar a la acción de habeas corpus intentada por la defensa de José Ángel Brítez; casó el pronunciamiento dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata de fecha 15 de octubre de 2020 y devolvió jurisdicción al mencionado organismo para que dicte una nueva decisión de acuerdo a los lineamientos allí fijados (v. fs. 43/46).
Contra lo así decidido, el entonces señor fiscal ante la aludida instancia, doctor Jorge Armando Roldán, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 50/68 vta.).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 18 de marzo de 2021, desestimó esa vía impugnativa (v. fs. 72/75), lo cual motivó la presentación de una queja por parte del representante del Ministerio Público (v. fs. 96/106).
Este Tribunal, el día 7 de octubre de 2021, admitió la queja y concedió el recurso contemplado en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 114/118).
Para adoptar tal temperamento, luego de tener por cumplido el recaudo previsto en el art. 482 del ordenamiento de forma, juzgó que el señor fiscal había demostrado que las denuncias de arbitrariedad (vinculadas con la actuación de la Casación, por un lado, y a los fundamentos en virtud de los cuales casó la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías, por el otro), así como la de apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la operatividad y exigibilidad de los tratados de derechos humanos y vulneración de diversos principios constitucionales, se desarrollaron prima facie con la carga técnica mínima requerida y guardan relación directa con lo debatido y resuelto por el Tribunal de Casación para excepcionar las exigencias del art. 494 citado.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. fs. 140/151), dictada la providencia de autos (v. fs. 153), presentada por el defensor particular, doctor Gastón L. Jesser, la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 156/158), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor fiscal explicó que a raíz de la sentencia emitida por la Sala III del Tribunal de Casación Penal que hizo lugar al habeas corpus y motivó la deducción de la presente impugnación, el día 8 de noviembre de 2020, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata sobreseyó a José Ángel Brítez por encontrarse extinguida la acción penal por prescripción, respecto de los hechos ocurridos entre los años 1982 y fines de 1991, y ordenó su excarcelación bajo caución juratoria (v. fs. 50 y vta.). Estimó que en función de lo resuelto por el tribunal de grado la sentencia fue completada.
Entendió, además, configurado un supuesto de gravedad institucional.
Seguidamente, efectuó una reseña de los antecedentes del caso. Señaló que la causa tuvo su génesis en una investigación iniciada de oficio en el año 2016 a partir de la trascendencia pública que tomaron los sucesos que involucran a los coimputados de Brítez por abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de Mendoza, de donde surgían hechos sistemáticos de violencia física, psicológica y sexual perpetrada durante años por sacerdotes, monjas y personal administrativo contra niños sordos allí internados (v. fs. 51).
Narró que, frente a la gravedad de tales hechos y la vulnerabilidad de las víctimas, advirtiendo que algunos de los señalados en aquella causa habían estado a cargo de la sede de la ciudad de La Plata, donde habrían desarrollado las mismas actividades delictivas, se inició la correspondiente investigación.
Refirió que D. O. S. -víctima de autos, que a la fecha en que comenzaron los abusos tenía ocho años de edad- con el auxilio de dos intérpretes en lenguaje de señas y de un mediador lingüístico y cultural para personas sordas, pudo describir los vejámenes a los que fue sometido durante su estadía en el Instituto Próvolo de La Plata, y señaló a Brítez -quien cumplía funciones de cuidador y de profesor de informática- como la persona que lo victimizó sexualmente, en tanto a los religiosos -padres Nicola Corradi y Eliseo Pirmati y algunas de las monjas que trabajaban en el lugar- les atribuyó graves malos tratos físicos y psicológicos.
Dijo que S. relató que los abusos ocurrían mientras dormía, ya que Brítez y su hermano Darío, sin que te dieras cuenta, "...te dejaban la leche, el semen, y cuando vos te tocabas se venían y se acostaban al lado tuyo, se masturbaban y después en el baño [...] José venía donde yo estaba, me tiraba contra una puerta mientras estaba limpiando y ahí me sacaba la ropa"; y que tanto los niños internados como las autoridades tenían conocimiento de todo lo que pasaba: "Nicola sabía que José abusaba de mí, porque después con José se reían cómplices [...] José era el que provocaba los mayores abusos y violencia, como que José manejaba todo y Nicola sabía lo que sucedía. Un sordo me dijo que Nicola le daba plata por tener sexo" (fs. 51 y vta.).
Asimismo, dio cuenta de que de esa declaración surge que S. había intentado develar los abusos a algunas de sus maestras -Claudia y Estela- pero que estas no sabían lenguaje de señas, y que las cartas que dirigía a sus familiares eran leídas por los curas antes de enviarlas y las rompían, por lo que carecía de la posibilidad de comunicar lo que le sucedía (v. fs. 51 vta.).
De seguido, precisó que según el auto de elevación a juicio el lugar de los hechos imputados resulta ser el Instituto Próvolo perteneciente a la Compañía María para la Educación de los Sordomudos, ubicado en las calles 25 y 47 de La Plata, dedicado a la educación de niños con diversas discapacidades auditivas, de entre tres y diecisiete años, alojados allí en forma tanto temporal como permanente -de lunes a viernes o con los intervalos de los recesos invernales y estivales-, con el propósito de ser educados en el desarrollo del habla y en la fe religiosa de la congregación -religión católica apostólica-. El establecimiento se encontraba a cargo de sacerdotes, quienes junto al imputado Brítez cumplían distintas funciones tanto educativas como de autoridad (v. fs. 51 vta. y 52).
Puntualizó que, en una oportunidad, presumiblemente en el transcurso del año 1982, en ocasión en que D. O. S. se encontraba durmiendo, se hizo presente José Ángel Brítez, le tapó la boca, le efectuó tocamientos en sus partes íntimas y eyaculó sobre su cuerpo (v. fs. 52).
Afirmó que, con posterioridad y por lo menos en cinco ocasiones más, Brítez abusó sexualmente de S., ya sea con acceso carnal vía anal o introduciéndole los dedos en el ano. Refirió que uno de los episodios ocurrió un sábado, día en que el número de alumnos internados disminuía ya que solo permanecían los niños que no tenían familia o que eran oriundos de provincias del interior del país; en el caso de S., de la Provincia de Salta, donde reside en la actualidad. Indicó que ese sábado, luego de recibir una "penitencia" el joven fue obligado a limpiar uno de los baños del establecimiento, y mientras realizaba esa labor ingresó el imputado que, tras colocarle jabón en la zona anal, lo accedió carnalmente.
Precisó que S. permaneció en el internado hasta fines del año 1991.
Señaló que todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el nombrado era un niño sordomudo, separado de su familia, sin posibilidades de ser auxiliado ni interpretado en sus dichos o señas, generó un daño irreparable en su salud psíquica, tanto en su sexualidad como en su vida diaria, angustia, desazón, deseos de autoeliminación, venganza y el consecuente desvío en el desarrollo y madurez sexual que, como niño, los adultos a su cargo debían garantizar (v. fs. 52 vta.).
Aseveró que Brítez se aprovechó de la discapacidad, inocencia e inmadurez mental de S. para satisfacer su deseo sexual, abusando de él desde temprana edad. Explicó que la trascendencia de lo ocurrido en Mendoza había provocado que el damnificado pudiera asumir en su etapa adulta lo sucedido y sacarlo a la luz, poniendo en conocimiento de las autoridades las conductas que lo victimizaron.
Relató que durante el transcurso de la investigación penal preparatoria y ante el juzgado de garantías, la defensa de Brítez solicitó el sobreseimiento por considerar que se encontraba extinguida la acción penal por prescripción. Dijo que a raíz de ello se formó un incidente de excepciones, en el marco del cual el señor juez de garantías denegó la pretensión, y que tal decisión fue confirmada por la Cámara.
Sostuvo que el fundamento para rechazar la extinción de la acción penal en ambas instancias fue el considerar inaplicable una interpretación -aislada y sesgada- de las disposiciones generales del derecho interno en torno a los plazos prescriptivos, que se desentendía de las particularidades del caso y su captación por el derecho convencional vigente durante el período de interés (años 1982 a 1991); y se afirmó que la naturaleza de los hechos imputados -abusos sexuales- analizados con una perspectiva de infancia y la situación de vulnerabilidad sobreañadida por la discapacidad auditiva de la víctima, impidieron que tuviera acceso efectivo y concreto a la justicia (v. fs. cit. y 53).
Asimismo, detalló que en aquella decisión se consideró que el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva (arts. 8.1 y 25, CADH) se veían reforzados en el caso por las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y por el art. 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, según el cual los estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (v. fs. 53).
También se valoró que al momento de los hechos se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron posteriormente las reformas legislativas nacionales en materia de prescripción de la acción penal (leyes 26.705 y 27.206) dado que el Estado argentino ya los había asumido, como Estado Parte, en convenciones internacionales, por lo que desde el año 1994 tenían jerarquía constitucional. Expresó que por tales motivos el Tribunal de Alzada confirmó el auto que no hizo lugar al sobreseimiento (v. fs. 53 y vta.).
Expuso que esa decisión adquirió firmeza por cuanto contra ella se interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible por extemporáneo por la Cámara departamental, sin que la parte dedujera el correspondiente recurso de queja (v. fs. 53 vta.).
Relató que, concluida la investigación penal preparatoria y requerida la elevación a juicio, el defensor se opuso y nuevamente solicitó el sobreseimiento por prescripción, que fue rechazado por el juzgado de garantías interviniente.
Señaló que una vez radicada la causa en el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata, los nuevos defensores reiteraron el pedido de sobreseimiento por prescripción de la acción penal con el pretexto de la aplicación del reciente criterio jurisprudencial emergente del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e invocando la incidencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19 en la celebración del debate; petición que fue rechazada -por mayoría- por el tribunal de grado, al considerar que el planteo constituía una reedición del resuelto en el incidente de excepciones (con doble instancia garantizada al justiciable) sin que se advirtieran argumentos puntuales y diferentes con aptitud para revertir la decisión denegatoria.
Expuso que la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías departamental confirmó esa resolución y, respecto del nuevo fundamento, sostuvo que lo decidido en el precedente "Farina" no era aplicable al caso por cuanto diferían las situaciones planteadas (v. fs. 53 vta. y 54).
Remarcó que el imputado tenía habilitado el recurso de casación correspondiente, supeditado al dictado de la sentencia -de conformidad con los arts. 429 y 450 del Código Procesal Penal-, puesto que la cuestión incidental se encontraba precluida en la etapa procesal en la que fue abordada por el órgano casatorio (v. fs. 54).
Expresó que la admisibilidad de la vía extraordinaria se desprende de la evidente imposibilidad para el Ministerio Público Fiscal de buscar reparo ante otro órgano jurisdiccional, desde que el primero de los actos irregulares tuvo origen en la decisión del Tribunal de Casación (v. fs. 54 vta.).
Denunció que, desnaturalizando el alcance de la acción de habeas corpus y habilitando la vía originaria sin fundamento, la Casación se expidió ya no respecto de la legalidad o ilegalidad de la prisión preventiva a la que se encontraba sometido Brítez -sobre la que en definitiva no resolvió- sino "casando" la resolución de la Cámara departamental y devolviendo jurisdicción a la instancia para que analice la subsistencia de la acción penal, ello bajo el aparente fundamento de que el Tribunal de Alzada había aplicado al caso en forma retroactiva las leyes 26.705 y 27.206 (v. fs. 54 vta. y 55).
Relató que, devuelta la jurisdicción al mismo tribunal de juicio que meses antes había denegado el sobreseimiento, en base a los argumentos del Tribunal de Casación se dictó una nueva resolución en la que por unanimidad se dispuso la extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 55).
Reiteró que si bien la decisión recurrida no reviste el carácter de definitiva, resulta asimilable a ella en tanto causa a su parte un gravamen de imposible reparación ulterior y pone fin a la discusión en debate, que no podrá ser reeditada en otras instancias, por lo que requiere tutela inmediata. En ese marco, aseveró que el recurso se interpuso contra una sentencia emanada del Tribunal de Casación Penal, completa en virtud del reenvío ordenado por ese órgano, y por medio de la cual se declaró prescripta la acción penal, lo que cierra definitivamente el proceso e impide su continuación, causando un gravamen de imposible reparación ulterior (v. fs. 55 y vta.).
Denunció que el argumento utilizado por el tribunal casatorio de que las instancias anteriores aplicaron retroactivamente las leyes 26.705 y 27.206 resulta arbitrario por aparente, dado que se apartó ostensiblemente de lo efectivamente decidido. Además, postuló que la nueva resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal que decretó el sobreseimiento es consecuencia directa e inmediata de lo resuelto por la Casación en el marco de la acción de habeas corpus , puesto que de no haber existido ese pronunciamiento, en función del derrotero del caso el planteo de extinción de la acción penal habría sido resuelto con el dictado de la sentencia definitiva, conforme doctrina del órgano casatorio sentada en la causa n° 9.000 (v. fs. 55 vta.).
Indicó que si bien las cuestiones en torno a la interpretación de normas procesales resultan ajenas al recurso extraordinario, cabe hacer excepción cuando -como en el caso- el alcance asignado a la norma procesal, en concreto, el art. 405 inc. 3 del Código Procesal Penal, excede el límite de interpretación posible que la desnaturaliza y torna irrazonable el régimen jurídico en el que se encuentra inserta (v. fs. 55 vta. y 56). Denunció la arbitraria interpretación y aplicación de ese precepto en función de la alteración de las vías recursivas previstas para el desarrollo del debido proceso. Puntualmente, señaló que una garantía prevista para determinar la legalidad o ilegalidad de la prisión preventiva fue desnaturalizada en un modo anormal de finalización del proceso, de manera sorpresiva para el Ministerio Público Fiscal. Recordó que de acuerdo a doctrina de la Suprema Corte, la arbitrariedad constituye cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria articulada; citó los precedentes P. 125.901 y P. 126.132, entre otros (v. fs. 56).
Luego de aludir a las causales de arbitrariedad que se detallarán más adelante, afirmó que la decisión adoptada involucra de manera inmediata los compromisos asumidos por la Nación al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1), lo cual configura una cuestión federal suficiente que amerita por sí misma la habilitación de la instancia extraordinaria de acuerdo a la doctrina emanada de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 56 vta.).
Alegó que en virtud de lo fallado se obturó la continuación del trámite de la causa y la realización del debate, con grave afectación de los derechos de la víctima. Sobre ello, rememoró que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8.1 ampara el derecho a un debido proceso del imputado y, en casos como este, también salvaguarda los derechos de acceso a la justicia de la víctima de un delito o de sus familiares a conocer la verdad (conf. CIDH casos García Ibarra y otros vs. Ecuador y Acosta y otros vs. Nicaragua ).
En definitiva, denunció que el modo en que se interpretó el alcance del art. 62 del Código Penal se alza contra el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los arts. 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues -recordó- el proceso tiene como víctima a una persona con discapacidad que al momento de los hechos era menor de edad y que sufrió un atentado contra su integridad sexual, y se verificó la colisión de una norma local con los tratados citados, mediante los cuales el Estado se obligó a investigar y sancionar a los responsables (v. fs. 56 vta. y 57).
Aseguró que esta es la primera oportunidad de efectuar el planteo federal (v. fs. 57).
De seguido, efectuó un profuso desarrollo del trámite del habeas corpus interpuesto en el caso (v. fs. 57/59 vta.).
En el título dedicado a los fundamentos del recurso, planteó los siguientes agravios:
a) En primer lugar, la incompetencia del Tribunal de Casación para resolver el habeas corpus en forma originaria; el apartamiento de la doctrina sentada en el fallo "Bruera"; la desnaturalización de la acción de habeas corpus ; la afectación de las vías recursivas previstas en el Código Procesal Penal de acuerdo a lo regulado en los arts. 405, 417 y concordantes de esa norma y 20 de la Constitución provincial; arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa; y absurdo y arbitrariedad por interpretación y aplicación irrazonable que desnaturaliza la norma como tal (v. fs. 59 vta.).
Explicó la regulación que realiza el Código Procesal provincial (art. 405 y sigs.) de la garantía del habeas corpus (art. 20, Const. prov.), aludiendo también a la doctrina sentada por esta Corte en las causas P. 105.925 y P. 105.104, entre otras. Afirmó que de la letra de la ley surge que la competencia del Tribunal de Casación en materia de habeas corpus se habilita en función revisora cuando la acción sea denegada (conf. art. 417, CPP; v. fs. 59 vta. y 60).
Sostuvo que el propio órgano casatorio advirtió la improcedencia de la vía intentada por el peticionante sin brindar ningún fundamento para exceder la jurisdicción legítimamente atribuida. Citó la doctrina sentada en el fallo P. 128.850 de la S
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