Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136889
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.889, "Di Benedetto, Jonathan y Díaz, Alan Gonzalo s/ queja en causa n° 106.266 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 31 de agosto de 2021, rechazó los recursos de la especialidad presentados por la defensa oficial de Jonathan Benedetto y por la entonces defensa particular de Alan Gonzalo Díaz contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza que, sin perjuicio de haber rechazado las respectivas impugnaciones contra el cómputo de pena, modificó el cómputo practicado y afirmó que los nombrados se encontrarían en condiciones de acceder a la libertad condicional el día 26 de marzo de 2056.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio; como consecuencia de ello, la parte dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código de rito.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2023, declaró procedente la queja y admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que las denuncias de arbitrariedad, errónea revisión y violación de los principios de legalidad y pro homnine se plantearon con la suficiencia necesaria.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El 18 de agosto de 2017, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Jonathan Elías Di Benedetto y Alan Gonzalo Díaz a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautores penalmente responsables de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma (hechos acaecido en fecha 27 de marzo de 2016).
Una vez firme tal pronunciamiento, con fecha 12 de marzo de 2020, se aprobó el cómputo de pena y se estableció que, de conformidad con lo resuelto en el precedente P. 84.479 de esta Suprema Corte, era preciso fijar un límite temporal. En consecuencia, luego de recordar que Díaz y De Benedetto se encontraban impedidos de acceder a la libertad condicional (conf. arts. 13 y 14, Cód. Penal, t.o. según ley 25.892), con sustento en el tope máximo del art. 55 del Código Penal, se estableció —para cada uno—- el vencimiento de la pena a perpetuidad a los cincuenta años de prisión, es decir, el 26 de marzo de 2066 y se indicó su caducidad, a todos sus efectos, diez años más tarde.
I.2. Frente a ello las respectivas defensas presentaron recurso de apelación. La defensa oficial de Di Benedetto planteó la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y solicitó que se fijara en cuarenta y cinco años el límite temporal de la pena de prisión perpetua, estableciendo como fecha de vencimiento el 26 de marzo de 2061 (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal). En tanto, la entonces defensa particular de Díaz, formuló igual planteo de inconstitucionalidad del art. 14 y —con cita de la ley 26.200— peticionó la fijación del vencimiento de la pena de prisión perpetua en veinticinco años de prisión.
I.3. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, rechazó ambas impugnaciones.
De un lado, desestimó los planteos de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal. Asimismo, afirmó que las penas perpetuas, por su naturaleza, no pueden tener un límite temporal. Sin embargo, siendo que no es posible su cuantificación, su extinción tendrá lugar transcurridos cinco años de otorgada la libertad condicional sin que esta sea revocada (conf. art. 16, Cod. Penal; 5.6., CADH y 10.3, PIDCP).
Estableció que "...el modo de compatibilizar la pena que compurga Di Benedetto y Díaz con el texto de la Constitución Nacional viene dado, tal como indicó el Cimero Tribunal bonaerense, por la probabilidad cierta de recuperar la libertad. Y ese entendimiento puede extraerse de la letra del art. 37 ap. A de la Convención de los Derechos del Niño en cuanto establece como único límite a las penas perpetuas que en algún momento el niño pueda recuperar su soltura; con lo que, previéndose tal tipo de sanción indeterminada a un sujeto de derecho que se encuentra mayormente protegido por su calidad de menor, su extensión a la justicia de mayores se encuentra constitucionalmente convalidada".
En función de ello, y "...dado el carácter perpetuo que ésta reviste, la extinción tendrá lugar transcurridos los cinco años de otorgada la libertad condicional", por lo que resolvió "que el egreso anticipado podrá ser concedido a partir [de] que cumplan cuarenta años de prisión, esto es a partir del 26 de marzo de 2056".
Reconoció que si bien ese temperamento "...no está previsto en nuestro código de fondo", a su entender, aparece como el más adecuado, pues se sustenta en la sumatoria de los treinta y cinco años exigidos para condenados a penas perpetuas que no lo hayan sido por los delitos enumerados en el art. 14 ni declarados reincidentes para la concesión de la libertad condicional y los cinco años que deben transcurrir sin que sea revocada para agotar la sanción (art. 16, cit.).
En definitiva, no hizo lugar a las impugnaciones, sin perjuicio de lo cual, revocó el cómputo practicado en la instancia y estableció que los condenados se encontrarían en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional el día 26 de marzo de 2056.
I.4. Contra lo así decidido se presentaron los respectivos recursos de casación:
I.4.a. El entonces defensor particular de Díaz denunció que la decisión de la Cámara que fijó en cuarenta años el tiempo para acceder a la libertad condicional no cuenta con sustento legal, tornando cruel la pena impuesta (conf. arts. 5.2. y 6, CADH; 1 y 2 inc. 1., Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; 7, PIDCP y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Se agravió, además, de la violación del principio de legalidad por falta de una norma clara sobre la prisión perpetua. Mientras para el tribunal de grado no es posible acceder a la libertad condicional en este tipo de casos y debe fijarse el límite temporal en cincuenta años, la Cámara estableció la posibilidad de acceder a la libertad condicional transcurridos cuarenta años de encierro y dejó sin efecto el límite temporal fijado por el a quo para su agotamiento. En tal sentido, citó precedentes judiciales con diferentes criterios en torno al tope máximo de la prisión perpetua y en relación con el tiempo para acceder a la libertad condicional, así como también el Anteproyecto de Código Penal dirigido por Zaffaroni.
En consecuencia, solicitó se deje sin efecto el fallo de Cámara y se establezca que Díaz "...podrá acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los veinticinco años de su pena".
I.4.b. Por su parte, la señora defensora oficial de Di Benedetto requirió se declare la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal (conf. arts. 16, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.2. y 5.6., CADH; 10.1. y 10.3., PIDCP y 5, DUDH) y se admita la posibilidad de acceder a la libertad condicional a los treinta y cinco años de detención. De modo que el vencimiento de pena inexorable estaría dado luego de transcurrido el plazo para acceder a la libertad condicional más cinco años, lo que tendría lugar el 26 de marzo de 2056.
De lo contrario, según la decisión de la Cámara, si su defendido no pudiera acceder a la libertad condicional —cuya construcción temporal tachó por falta de sustento legal—, nunca podría determinarse el plazo del agotamiento de la pena. Además, objetó lo decidido por incurrir en una "intensa contradicción". Pues, si bien rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal —sobre lo que insistió—, al mismo tiempo estableció un plazo "novedoso" para que Di Benedetto acceda a dicho instituto.
En definitiva, solicitó se establezca el plazo de treinta y cinco años para acceder a la libertad condicional y se fije el vencimiento de la pena luego de transcurridos cinco años desde dicho plazo.
Consideró que "[d]e no determinarse una fecha de vencimiento de la pena (tal como propone la resolución) sólo quedará latente la posibilidad de acceso al medio libre para [su] defendido, supeditada a resolución judicial favorable, la cual puede suceder o no". A su entender, ello afecta los principios de dignidad de la persona humana, la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes y la finalidad de readaptación social. En su apoyo, citó la causa P. 84.479 de esta Suprema Corte.
I.5. Frente a tales reclamos, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Violini —a quien adhirió el juez Borinsky— rechazó ambos recursos.
Explicó que, habiéndose garantizado el derecho al recurso, únicamente correspondía revisar cuestiones federales en cuanto hubieran sido debidamente formuladas (conf. art. 450, CPP).
I.5.a. En lo que respecta al recurso articulado en favor de Díaz, argumentó que no se plantearon de manera clara y con relación directa con lo resuelto agravios de esa naturaleza.
Recordó que es doctrina de esa Sala que el límite temporal de la pena de prisión perpetua, con sustento en el art. 55 del Código Penal, debe fijarse en cincuenta años de prisión, sin perjuicio de lo cual, aclaró que siendo que "...la interpretación sostenida por la Alzada departamental resulta en definitiva más benigna que la decidida por es[a] Sede" correspondía que esta última prevaleciera en tanto la etapa casatoria se abrió únicamente a instancia del recurso deducido por la defensa.
A continuación, destacó que el Estatuto de Roma y la ley 26.200 no tornan irrazonable el monto de pena fijado en el art. 55 del Código Penal. En su apoyo, citó jurisprudencia y afirmó que no resulta razonable pretender fijar el límite de la perpetua en veinticinco años de prisión.
I.5.b. En lo que concierne a la impugnación deducida por Jonathan Elías Di Benedetto, recordó que en el recurso de casación planteó la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, denunció la inobservancia de los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Además, dicha parte consideró que el nombrado podría acceder a la libertad condicional a los treinta y cinco años y que la pena vencerá al cumplirse dicho plazo más cinco años más, es decir, el 26 de marzo de 2056.
La casación afirmó que sin perjuicio de que la defensa puede requerir la libertad condicional al tiempo en que lo considere oportuno, agregó que esta Suprema Corte se pronunció por la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal en la causa P. 133.372.
Sin perjuicio de ello, conforme los propios argumentos de la defensa, indicó que Di Benedetto no se encuentra en condiciones de acceder a la libertad condicional por lo que la vigencia del art. 14 no le causa perjuicio alguno, resultando abstracto su planteo.
De esta manera sostuvo que "...la eventual inconstitucionalidad de una norma, por la gravedad que ello conlleva, no puede pregonarse en abstracto, ni suponerse para situaciones futuras, las que, precisamente por este carácter, resultan impredecibles (piénsese, por ejemplo, que la norma en cuestión podría haberse derogado para el momento en que el encartado solicitara el mencionado beneficio). Vale decir, que el planteo que aquí se efectúa adquirirá relevancia, y su análisis se tornará viable, sólo al momento en que se solicite la libertad condicional, y si y sólo si el mismo es denegado con base en la actual redacción del artículo 14 del Código Penal, y con ello, el agravio decae".
II. En el recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio la defensa oficial denuncia arbitrariedad y errónea revisión del cómputo de pena (conf. arts. 1 y 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
II.1. Con relación a Alan Gonzalo Díaz, afirma que no se abordaron de manera adecuada los planteos vinculados a la novedosa fecha fijada por la Cámara de acceso a la libertad condicional (cuarenta años) que —según la defensa— no tiene respaldo legal, resulta excesiva y violatoria de la prohibición a sufrir tormentos.
Agrega que la decisión de la Cámara, además, quebrantó el principio de legalidad en tanto no fijó la fecha de vencimiento de la pena. Insiste en que al establecer en cuarenta años el plazo para acceder a la libertad condicional, sobre la base de la sumatoria de los plazos previstos en los arts. 13 y 16 del Código Penal, viola el principio de legalidad pues la interpretación conjunta de tales normas, en rigor, determinan el vencimiento de la pena y no el tiempo para acceso a la libertad condicional. Sostiene que dicho agravio no fue abordado por la casación, todo lo cual evidencia arbitrariedad y demuestra la violación del derecho al recurso.
Concluye que el a quo incurrió en arbitrariedad al desentenderse de la denuncia de violación al principio de legalidad por falta de determinación del vencimiento de pena, así como de los agravios vinculados al plazo excesivo para el acceso a la libertad condicional sin respaldo normativo.
Por último, sostiene que la afirmación del a quo relativa a que el límite temporal de la pena perpetua debe fijarse en cincuenta años -con cita del art. 55 del Código Penal- deja sin respuesta el pedido de la defensa de establecerlo en veinticinco años, planteo que se fundó en el voto en disidencia de Zaffaroni en el fallo "Estévez", punto sobre el cual la casación nada dijo.
II.2. Con respecto a Di Benedetto, recordó que la defensa oficial en el recurso de casación solicitó la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y denunció la inobservancia de los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. En dicha oportunidad, se planteó que debía estarse al plazo de treinta y cinco años para acceder a la libertad condicional "...y que el vencimiento de la pena de prisión perpetua ocurrirá inexorablemente al cumplir el plazo demandado para acceder a su libertad condicional, con más cinco años de extensión de las reglas compromisorias, esto es el 26 de marzo de 2056".
Refiere que, ante tales planteos, la casación resolvió que su defendido deberá esperar a cumplir treinta y cinco años de encierro para "...eventualmente conocer cuándo estará en condiciones de dar por agotada su pena".
Frente a ello, alega que es preciso establecer un "...criterio interpretativo de las diferentes disposiciones legales en juego que permita una solución que las armonice y fije expresamente el límite temporal total de la potestad punitiva estatal en la pena perpetua, teniendo para ello como norte del proceso el principio pro homine como regla básica de interpretación".
En definitiva, manifiesta que el principio de legalidad exige establecer "...unívocamente el plazo de la pena perpetua para quienes no acceden a la libertad condicional". Por ello, sostiene que los arts. 13 y 16 del Código Penal permiten construir el hito temporal del agotamiento de la pena de prisión perpetua.
III. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
IV. Coincido. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no procede (conf. art. 495, CPP).
IV.1. Previo a todo, resulta necesario enfatizar que la condena impuesta a Jonathan Elías Di Benedetto y a Alan Gonzalo Díaz ha sido establecida en sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada. De modo que no es posible entrar a discernir acerca de la constitucionalidad de las penas a perpetuidad y la especie aplicada al caso (prisión).
Lo que la defensa de los condenados discutió a lo largo de las diversas etapas recursivas —obteniendo diferentes posturas por parte de los órganos jurisdiccionales— radica en la forma de compatibilizar —a través de la determinación de hitos temporales— este tipo de sanciones con nuestro sistema constitucional que no admite imponer un encierro de por vida (conf. CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017; P. 131.026, sent. de 18-V-2020; P. 135.842, sent. de 24-VIII-2022; P. 135.440, sent. de 24-VIII-2022 y P. 136.432, sent. de 28-XI-2023).
IV.2. Ahora bien, no es posible obviar que la casación tras determinar que en principio la vía emprendida era inadmisible entendió, no obstante que abordaría los agravios estimados con pretenso cariz federal debidamente formulados.
La parte no ha objetado idóneamente ese extremo del pronunciamiento en cuanto al acotamiento del margen decisorio (art. 495, CPP).
Así, en lo que concierne a Díaz, si bien escuetamente, la casación respondió que el tope de veinticinco años de prisión reclamado por la defensa para las penas a perpetuidad, tanto por las consideraciones que expuso con relación al alcance del Estatuto de Roma, sea en función de la ley 26.200 y, sobre todo, en virtud de la reforma de la ley 25.928, era imposible fijarlo en ese límite. Ahora bien, la defensa insiste en su postura inicial, sin rebatir cada una de las consideraciones que motivaron su rechazo, con lo cual no consigue demostrar la arbitrariedad que le reprocha al fallo en crisis (art. 495, cit.).
En cuanto a Di Benedetto, la casación rechazó el planteo vinculado a la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo del Código Penal, primordialmente por estimarlo prematuro, en tanto siendo tal declaración la ultima ratio del orden jurídico, no demostraba aún un concreto interés ni perjuicio a los efectos de un pronunciamiento semejante (art. 421, CPP). Esa postura ha sido en reiteradas ocasiones convalidada por esta Corte, tal como se da cuenta en el dictamen de la Procuración General.
Con todo, la casación señaló que no existía la falta de certeza invocada por la parte con base en la interpretación de distintos tribunales del país, puesto que esa sede tiene dicho que "a partir de la reforma operada al artículo 55 del Código Penal la pena de prisión perpetua debe entenderse equivalente a cincuenta años de prisión".
Ahora bien, también justificó —a tenor de la interpretación que efectuó de lo resuelto por el Tribunal de Alzada departamental— que lo establecido por su antecesora importaba una solución más beneficiosa para la parte, dado que (frente a la imposibilidad de que el condenado, en el caso, accediera a la libertad condicional al cumplir treinta y cinco años de prisión —cuestión que por otro lado quedó diferida para cuando estuvieran dadas las condiciones temporales—), podría al menos obtener una libertad anticipada a los cuarenta años —según señaló la Cámara— sin que ello justifique acordar con el acierto de esa estimación, y, entonces, de acceder en ese lapso al mundo libre, sumados los cinco años del régimen vigilado del art. 16 del Código de la materia, la pena perpetua vencería a los cuarenta y cinco años. En eso, de darse las condiciones, aunque por diferentes argumentos, la solución se alinea con la reclamada por la defensa de Di Benedetto en ocasión de apelar el cómputo de pena (art. 421, CPP).
Con todo, siendo que Casación igualmente convalidó la postura del tribunal de grado que definió que la pena a perpetuidad tiene por tope cincuenta años de encierro, sin que hubiera recurso fiscal sobre el punto (art. 435, CPP), y descartadas las demás soluciones propuestas por las partes y por el órgano casatorio sin demostración de absurdo o arbitrariedad, no se advierte la suficiencia impugnativa para descalificar tal pronunciamiento (art. 495 cit.). Ello va dicho, sin que importe expedir
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.