Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135621
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.621-Q, "Millán, Lucas Alexis. Queja en causa n° 106.278 del Tribunal del Casacón Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 13 de abril de 2021, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad articulado por la defensa oficial de Lucas Alexis Millán contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, que condenó al nombrado a la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, omnicomprensiva de la pena única de seis años de prisión, accesorias legales y costas, con revocación de la condicionalidad impuesta en la causa 3.208 del Tribunal en lo Criminal n° 6 departamental -a su vez comprensiva de la allí dictada a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real entre sí y de la dictada en la IPP 10-00-003714-16 del Juzgado de Garantías n° 3 departamental de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, en orden al delito de robo agravado por el uso de arma de utilería- y de la pena dictada en la presente causa 4.778 de diez años de prisión, $1.000 (mil pesos) de multa, accesorias legales y costas, por los delitos de tentativa de homicidio agravado por tratarse de una persona con la que se mantiene una relación de pareja y por el empleo de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 12, 19, 27, 29 inc. 3, 40, 41, 50, 55 y 58, Cód. Penal).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 1/5).
Esta Suprema Corte, el 17 de abril de 2022, hizo lugar a la presentación directa y admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que las cuestiones con pretenso cariz federal postuladas: errónea revisión de la sentencia al confirmar -según la parte- la fundamentación aparente de la pena única (conf. art. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP, en su vinculación con las garantías de defensa en juicio y debido proceso), se plantearon con la suficiencia y la carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 1/9 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 19/23), dictada la providencia de autos (v. fs. 25), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia errónea revisión en cuanto confirma la fundamentación aparente de la pena única (arts. 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Asevera que el revisor convalidó el monto de pena única impuesto, resultante de la suma aritmética de penas, sin brindar una adecuada motivación. Entiende que la mera referencia a la cantidad de tipos penales implicados resulta inválida para justificar la aplicación del método de unificación que resulta más gravoso para Millán, toda vez que dicha circunstancia no guarda relación con la necesidad de prevención especial, ni tampoco es útil para la justificación en términos retributivos.
Insistió en que el fallo de Casación incurrió en arbitrariedad al fijar la pena en el máximo posible sin atender a los específicos planteos llevados por la defensa, lo que resultó en una condena desproporcionada y contraria a las necesidades de prevención especial. Entiende que el fallo atacado resulta arbitrario por imponer la suma aritmética de las penas, que arroja un monto total de dieciséis años de prisión, que -pese a la cantidad de tipos penales concurrentes- estima desvinculada con la gravedad de los hechos, la culpabilidad del autor y su necesidad de resocialización.
Citó los precedentes "Castillo, Mercedes", "Ramírez", "Romano", y "Squilario" de la Corte nacional.
Por último, destaca que el pronunciamiento atacado restringió el derecho del imputado a una revisión amplia de la sentencia en el tramo referente al monto de la pena, convirtiendo en aparente el tránsito por el tribunal intermedio, que se limitó a reiterar la fundamentación de la instancia inferior.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
Coincido con lo dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del planteo, resulta necesario efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. En oportunidad de dictar la sentencia unificatoria el Tribunal de la instancia efectuó un racconto de las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada registradas por Millán.
Luego destacó que siendo los procesos paralelos, la escala penal aplicable "...tiene por mínimo la pena mayor, esto es diez años de prisión, $ 1000 (mil pesos) de multa, accesorias legales y costas, y por máximo la suma de las penas impuestas, es decir, dieciséis años de prisión, $ 1000 (mil pesos) de multa, accesorias legales y costas, en función de lo que dispone el art. 55 del Código Penal, manteniéndose la declaración de reincidencia, en los términos del art. 50 del Código Penal".
Entendió que no existen dos métodos distintos, tal como lo postulan las partes, sino que la nueva escala penal debe respetar los presupuestos del art. 55 del Código Penal sin afectar a su vez la cosa juzgada.
Abocado a establecer cuál es el monto de pena a imponer al causante, dentro de los límites de la escala penal aplicable destacó que, tratándose de procesos paralelos, debía analizar cuáles fueron las circunstancias atenuantes y agravantes merituadas en ambos decisorios y cuál es su incidencia en el quantum punitivo.
Precisó que en el pronunciamiento unificatorio dictado en la causa 3.208 no se tuvieron en cuenta eximentes, habiéndose valorado como atenuante la aceptación por la celebración del juicio abreviado y, como agravante, la pluralidad de intervinientes.
Por otro lado, en la sentencia dictada en el presente proceso, se tuvo en cuenta como parámetro reductor la confesión lisa y llana del encartado, y como agravante, las condenas anteriores.
Resaltó que las pautas agravantes oportunamente valoradas inciden de mayor manera que las atenuantes en el monto de pena única a imponer y "...ello necesariamente me aparta del mínimo legal".
En segundo lugar, manifestó que, si bien el mínimo de la escala penal aplicable al presente proceso unificador de sentencias asciende a los diez años de pena privativa de libertad, tratándose de un concurso real de delitos, la cantidad de tipos penales que concurren al dictado de este pronunciamiento, debe tener una incidencia significativa en el monto total.
Destacó que los hechos juzgados en los procesos penales cuyas condenas corresponde unificar "...han sido subsumidos en cinco tipos penales, uno contra las personas, otro contra la libertad, dos contra la propiedad y el restante contra la seguridad pública".
Bajo tales consideraciones, estimó justo imponer a Lucas Alexis Millán el máximo de la escala aplicable, esto es, la pena única de dieciséis años de prisión, $1.000 (mil pesos) de multa, accesorias legales y costas, manteniéndose la declaración de reincidencia.
Justipreció que ese monto de pena atendía a la totalidad de tipos penales cuya concurrencia material hoy deriva en un pronunciamiento único, con más los criterios mensurativos aludidos.
III.2. En el recurso de casación la defensa se agravió del monto punitivo impuesto, tildándolo de elevado, al no haberse utilizado el método composicional.
Denunció violación y errónea aplicación de los arts. 2, 40, 41, 55 y 58 del Código Penal.
Explicó que el monto punitivo mínimo sería de diez años de prisión y que en los supuestos en que concurren penas corresponde descartar el criterio de acumulación material o de la suma aritmética.
Frente a la ausencia de motivos que justifiquen el alejamiento del mínimo de pena aludido, solicitó se case la sentencia impugnada y se disminuya sensiblemente el monto de pena única dictado.
III.3. El Tribunal de Casación Penal se encargó, en primer lugar, de especificar cada una de las condenas impuestas a Millán y que fueron objeto de la sentencia de unificación.
Luego, y en relación con el agravio denunciado y vinculado al método utilizado para determinar la pena, el a quo manifestó "...que la sanción única que en definitiva se adopte puede construirse mediante la acumulación de los montos punitivos establecidos por cada uno de los pronunciamientos y ello encuentra fundamento en que las condenas anteriores no desaparecen, sino que simplemente se 'nuclean' las diversas respuestas punitivas que de ellas emanan. En esta inteligencia, tampoco puede soslayarse el hecho que el art. 58 del Código Penal, en cuanto a la determinación de la escala penal a aplicar en los supuestos que prevé, se remite al contenido de los artículos 55 a 57 de aquél digesto, que regulan el concurso real de delitos y establecen la suma aritmética de las pautas máximas correspondientes a los diversos hechos que se juzgan, como criterio para determinar el límite superior de la pena a imponer".
De seguido, resaltó que el tribunal de grado había tenido en cuenta las pautas de mensura calibradas en cada uno de los pronunciamientos que integró y, especialmente, la cantidad de tipos penales involucrados para graduar la pena única.
Advirtió que aquel "...brindó las concretas razones que lo llevaron a utilizar el 'método aritmético', esto es, la suma de las dos penas firmes, que determinan -en la especie- la pena total de dieciséis años de prisión" (conf. arts. 171, Const. prov. y 106, CPP).
Finalmente sostuvo que "...las referencias genéricas y dogmáticas que realiza el recurrente, acerca de las pautas que deben guiar el procedimiento de individualización de la pena, no alcanzan para desautorizar la decisión sobre el monto de pena impuesto".
Concluyó que la ausencia de una crítica con potencialidad de evidenciar los desaciertos del sentenciante en cuanto a la decisión final observada, sella desfavorablemente la suerte del recurso.
IV. El agravio vinculado con la errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), no es de recibo.
El tratamiento así brindado a los planteos llevados por el recurrente no constituye una infracción a la revisión de la sentencia de condena en los términos de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto el tribunal intermedio abordó los agravios y dio adecuada respuesta acomodando su tarea revisora a los parámetros mencionados.
En efecto, de la reseña efectuada se aprecia que, respecto de la crítica de la parte a la pena única impuesta, el Tribunal de Casación descartó un déficit en su determinación y fundamentación. Sobre el punto argumentó que se habían tenido en consideración los atenuantes y agravantes mensurados en cada uno de los pronunciamientos que integró, la escala penal aplicable y los cinco tipos penales involucrados. A la par que consideró que el método utilizado había sido el aritmético, lo que dio por resultado una sanción que no aparecía irracional o desproporcionada en atención a los diversos bienes jurídicos afectados.
Frente a lo decidido, los embates traídos quedan huérfanos de todo sustento en torno a la demostración de algún tipo de restricción indebida a los alcances del derecho a la revisión del fallo de condena (art. 495, CPP).
En definitiva, la parte no logró vincular la infracción constitucional con lo efectivamente debatido y resuelto en el caso, lo que pone en evidencia la insuficiencia del agravio.
Resulta pertinente recordar que lo resuelto por el Tribunal de mérito y luego confirmado por el órgano revisor en orden al método aritmético se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 26-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Sentado lo cual, cabe destacar con igual alcance que el criterio divergente respecto de la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas por el tribunal recurrido habrían tenido sobre el monto de la pena, no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 94.341, sent. de 31-X-2007; P. 81.143, sent. de 25-VI-2008; P. 83.523, sent. de 22-IV-2009; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces Torres y Genoud , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:09:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:11:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 08:41:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 10:03:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 10:41:59 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 12:06:15 hs. bajo el número RS-100-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia