Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136261
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.261-Q, "María Laura E. D'Gregorio -fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires- s/ Queja en causa n° 106.452 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de octubre de 2021, rechazó el recurso homónimo presentado por la señora agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio n° 14 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de la mencionada jurisdicción que absolvió a M. L. P. en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la convivencia y por haber ocasionado en la víctima un grave daño a la salud mental.
Contra ese pronunciamiento, la señora fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio. Ello motivó la deducción de una queja ante esta Suprema Corte, que por resolución del día 13 de julio de 2022, le hizo lugar y concedió la vía extraordinaria deducida por estimar que la denuncia de arbitrariedad por fundamentación aparente y afirmaciones dogmáticas cumplía la carga técnica necesaria a efectos de ser abordada.
El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento; la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal presentó la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal solicitando se rechace el remedio intentado. Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora fiscal interina de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal denuncia arbitrariedad de la sentencia por fundamentación aparente, apartada de la perspectiva de género. Considera que se efectuaron afirmaciones dogmáticas basadas en la sola voluntad del juzgador.
Alega que el Tribunal de Casación se limitó a sostener que el hecho descripto en el alegato final fue un "hecho diverso", soslayando el atinado planteo de la acusación, a saber: que no hubo afectación al derecho de defensa en juicio porque desde la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal se describieron los tocamientos en las partes íntimas de la víctima y se brindaron referencias sobre el tiempo en que estos ocurrieron -los dos embarazos de la progenitora-, referencias que P. no podía desconocer -por vincularse, precisamente, con las fechas de nacimiento de sus hijos-.
Postula que la Casación se limitó a reiterar acríticamente lo fallado por el tribunal de la instancia, sin atender tampoco al planteo vinculado a que no pueden invocarse simultáneamente los supuestos de los arts. 359 y 374 del Código Procesal Penal, en tanto "...los mismos hechos considerados no pueden ser hechos nuevos y diversos al mismo tiempo...".
Entiende que el órgano revisor no explicó por qué, si se trató de un "hecho diverso" (art. 374 tercer párrafo, CPP), el propio tribunal de grado no corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que procediera según el art. 359, ya que no hay previsión legal que deje tal iniciativa en manos de la acusación pública. En igual dirección, tilda de dogmática la afirmación de que la fiscalía tuvo la oportunidad procesal de readecuar los términos de la imputación.
Por otra parte, denuncia absurdo en la decisión adoptada, en tanto el tribunal de la instancia tuvo por probados los abusos y, no obstante ello, absolvió a P. por violación al principio de congruencia en el entendimiento de que no se había probado el acceso carnal, cuando en realidad debió haberlo condenado -como mínimo- por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido en perjuicio de una persona menor de dieciocho años aprovechándose de la situación de convivencia y por haber ocasionado un grave daño a la salud (art. 119 segundo párrafo en relación con el cuarto párrafo incs. "a" y "f", Cód. Penal), en virtud de los probados tocamientos en pechos y vagina desde que la niña tenía doce años y hasta sus trece (2011-2012), pues aquella porción de la materialidad ilícita permaneció inconmovible desde la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal.
Dice que los tipos penales comprendidos en el art. 119 del Código Penal no pueden aplicarse en concurso, sino que la figura más grave absorbe a la más leve, por lo que si la señora fiscal acusó por abuso sexual con acceso carnal tal figura comprende las menos graves.
De otro lado, esgrime que tampoco se brindó una adecuada respuesta al planteo vinculado a la falta de demostración de una lesión concreta al derecho de defensa del imputado, o sea, no se explicó qué pruebas se vio impedida de ofrecer la parte en función de la supuesta variación que operó en la acusación.
Por último, asevera que frente a las dificultades que habitualmente se presentan en la determinación temporal de sucesos de estas características, cuestión expresamente señalada por la señora fiscal en el recurso de casación, el órgano intermedio brindó una respuesta dogmática y desvinculada de las circunstancias comprobadas de la causa.
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento.
III. Sin embargo, el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa, y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente, no logran superar una mera discrepancia con el criterio establecido por el juzgador y confirmado por la Casación, sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al pronunciamiento.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. CSJN Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.) en la medida en que la totalidad de los agravios fueron tratados y resueltos por el tribunal del recurso, sin que se logre evidenciar un error grosero o palmario cubierto por la doctrina del absurdo o la arbitrariedad (conf., por muchos, doctr. CSJN Fallos: 331:477).
IV. Una breve reseña de los antecedentes del caso permite ilustrar adecuadamente el sentido de la solución que propicio.
IV.1. El tribunal de juicio dictó veredicto absolutorio por haber advertido que, en el momento del alegato del cierre del debate, la representante del Ministerio Público Fiscal introdujo cambios sustanciales en la imputación, modificando la descripción de los hechos atribuidos y el encuadre legal postulado, lo cual -según dijo- importó "...una afectación flagrante, tanto al debido proceso (violación del principio de congruencia), como al legítimo derecho de defensa por parte del procesado".
Para resolver así, la magistrada que lideró el acuerdo, y a cuyo voto adhirieron los restantes integrantes del tribunal, comenzó por señalar los términos de la imputación que sostuvo la fiscalía en el comienzo del juicio: "...cuando la joven M.D.R., nacida el 26 de abril de 1999, tenía 11 años de edad, es decir en el año 2010/2011, su padrastro M. P., aprovechándose de la convivencia en el domicilio familiar de la localidad de Huanguelén, le efectuó tocamientos por debajo de la ropa y la penetró vaginalmente [...] [E]stas situaciones se desarrollaron desde la edad indicada hasta sus trece años (2011/2013), con la salvedad de que durante los once años de la víctima, cesaron temporalmente los hechos abusivos cuando su madre M. R. dio a luz al primer hijo que tuvo con el imputado, mientras que con posterioridad, y cuando la niña tenía 12 años de edad, los hechos abusivos se continuaron desarrollando cuando la madre de la víctima volvió a quedar embarazada y se repitieron hasta que la niña cumplió los trece años; habiéndole ofrecido el sindicado monedas a la niña para lograr su silencio. También señaló la Sra. Agente Fiscal en dicha oportunidad que los hechos descriptos han generado un grave daño a la salud mental de la joven, en tanto se produjo una autoagresión consistente en cortarse las muñecas con un vidrio a los 14 años de la niña, por lo que debió ser hospitalizada en el nosocomio de Coronel Suarez".
Luego, notó que, en concordancia con esta descripción fáctica, la fiscalía sostuvo que la calificación legal que correspondía era la de abuso sexual con acceso carnal, reiterado, agravado por la convivencia y por haber ocasionado en la víctima un grave daño a su salud mental (conf. art. 119 tercer párrafo en relación con el cuarto párrafo incs. "a" y "f", Cód. Penal), delitos por los que P. debía responder en calidad de autor (art. 45, Cód. Penal).
Con posterioridad, la magistrada relevó las partes pertinentes de la declaración de la víctima en el juicio de las que -en su opinión- surgieron diferencias en torno a las circunstancias temporales de los hechos consignados en la plataforma infraccionaria sostenida por la acusación al inicio del debate, y también respecto de la modalidad de los abusos. Así, advirtió que los embarazos de la madre de la víctima (períodos durante los cuales se producían los abusos) no habían sido en los años identificados en la descripción de los hechos del requerimiento de elevación a juicio y del alegato de apertura (2011 a 2013), sino varios años antes, uno en 2005 y el segundo en 2009.
Destacó que hubo una primera denuncia, radicada por las autoridades de la escuela a la que asistía M. D. R. en octubre de 2008; ahí la nena fue llamada a declarar y, a raíz de las cosas que le dijo su madre -que "pensara bien lo que iba a decir", aludiendo a que sus hermanitos se quedarían sin papá- no pudo contar ninguno de los abusos que había sufrido por parte de M. P.; solo relató lo que le había hecho su padre biológico.
Posteriormente, se refirió a la segunda denuncia, presentada en el año 2011 también a instancias de la institución educativa a la que concurría M. Allí, la última vez que declaró -durante la IPP- ya tenía dieciocho años, y dijo que P. la había penetrado; pero en el juicio explicó que lo hizo "...porque no quería que él esté con su mamá, no quería que la siguiera manoseando, por eso inventó que la había violado y la había penetrado".
La magistrada recordó que, durante el debate, M. dijo que el acusado le tocaba los pechos por arriba y por debajo de la ropa, mientras que los tocamientos en la zona genital eran por arriba del pantalón, "...no pasaron a ser por debajo de la ropa". También se refirió a que la había obligado a practicarle sexo oral. Por último, hizo referencia a que los abusos ocurrieron en una granja donde P. cuidaba animales, luego en la casa y también "...en los vestuarios nuevos de la cancha donde él trabajaba".
En este punto, la jueza resaltó que la complejidad de la situación de la víctima -a quien su progenitora no le creyó, que fue destinataria de distintas medidas de abrigo porque su familia no la protegía, sufrió depresión, amenazas e intentos de suicidio- debió llevar al Ministerio Público Fiscal a otro abordaje de la cuestión y a su preparación para el debate con la contención adecuada del cuerpo de asistencia a la víctima; dijo que, tratándose de una joven tan vulnerable, conforme pudo apreciar a simple vista, y amén de los testimonios de los profesionales que la trataron, debió ser acompañada y contenida. Pues, su retractación en el juicio, en cuanto a que no fue penetrada por el imputado, posiblemente había obedecido a la presión ejercida por su progenitora, quien el día anterior a declarar le dijo por teléfono "...que M. no tenía miedo, que él estaba tranquilo, y que pase lo que tenga que pasar...", y cuando M. le expresó su temor de que se enojara con ella y no le hablara más por lo que declararía, su mamá le dijo "...que después iban a hablar" y le cortó el teléfono.
Ahora bien, lo cierto es que los dichos de la víctima durante el debate llevaron a la fiscalía a reformular su acusación. Según la jueza ponente, esta reformulación debió ocurrir inmediatamente después de escuchar a M. D. R., y debió efectuarse en los términos del art. 359 del Código Procesal Penal, para permitir reencauzar el proceso y darle a la defensa la posibilidad de solicitar una suspensión del juicio para aportar pruebas. Y no como efectivamente ocurrió, recién en el alegato de cierre.
Así, tras reseñar el resto de la prueba rendida durante el juicio, la señora jueza tuvo en consideración el alegato de cierre formulado por la representante del Ministerio Público Fiscal, oportunidad en la que acusó a M. L. P. "...por haber tocado a M.D.R., nacida el 26 de abril de 1999, por arriba y por debajo de la ropa en los pechos y por arriba de la ropa en la vagina desde el 2005 y en el período del segundo embarazo de la madre de esta, M. R. en el año 2009, es decir cuando la menor tenía 6 años y cuando tenía 10 años, reiterándose los mismos hasta sus 13 años, aprovechándose de la convivencia en el domicilio familiar de la localidad de Huanguelén, los que generaron un grave daño a la salud mental de la joven".
También mencionó la aclaración realizada por la señora fiscal de que, si bien la víctima había mencionado durante el juicio que era obligada a practicarle sexo oral al imputado, no era correcto incluirlo en la acusación por tratarse de hechos distintos , respecto de los cuales formularía oportunamente una nueva denuncia.
Por otro lado, notó, a propósito de los cambios realizados en la plataforma fáctica en el alegato de cierre, que la fiscal dijo que no eran modificaciones esenciales, porque los tocamientos se atribuyeron desde la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal; porque lo que se hizo en el alegato final fue "...precisar los tiempos"; y porque los hechos siempre tuvieron por referencia temporal el nacimiento de los hijos de P., dato que aquel no podía desconocer, por más que hayan variado las edades de la víctima.
A partir de ello, el tribunal consideró que se había alterado la imputación en el momento del alegato del cierre del juicio, y que ello había importado una afectación al principio de congruencia, en tanto "...el hecho que fue materia de acusación desde el inicio del proceso, es distinto del hecho que se imputó en los alegatos. Y [...] nada tiene que ver que estas nuevas circunstancias de hecho ya [fueran] conocidas por el imputado y su defensor, desde que ello no exime a los órganos instruidos al efecto de intimárselas al sujeto sobre el que recae la imputación".
De seguido, se aludió a dos mecanismos previstos por el Código Procesal Penal para proceder frente a casos en los que, durante el juicio, se presenta prueba que revela alguna variación sobre los hechos atribuidos a la persona acusada: los arts. 359 y 374. Y se advirtió que tales herramientas no habían sido utilizadas por la fiscalía, lo que derivó en una afectación del derecho de defensa en juicio del imputado, porque el Ministerio Público Fiscal, tras haber concluido la etapa de recepción de prueba, sorprendió a P. con la imputación de un hecho distinto del que fue intimado a lo largo de todo el proceso y por el cual la defensa venía ejerciendo su derecho a resistir y confrontar los cargos. De modo que esa variación final le vedó toda posibilidad efectiva de ejercer una adecuada estrategia de defensa, pues la etapa de producir prueba ya había terminado. Ese, según el tribunal, fue el perjuicio concreto para la parte, que le impedía a los jueces expedirse sobre la nueva intimación.
Dijo que no tenía dudas de que el abuso había existido, pues los especialistas coincidieron en que la víctima presentaba estrés postraumático derivado de un trauma sexual; pero que, sin embargo, no se había recibido en debida forma el testimonio que era imprescindible para efectuar una imputación efectiva -el de la víctima-, y por eso la acusación había sido incorrectamente formulada.
IV.2. Frente a ello, la señora fiscal de la instancia interpuso recurso de casación, en el que denunció que el fallo resultaba arbitrario y descalificable como acto jurisdiccional válido. Alegó que el órgano juzgador aplicó erróneamente las disposiciones contenidas en los arts. 374 y 359 del Código Procesal Penal, y que llegó a conclusiones arbitrarias y contradictorias sobre la prueba rendida en el juicio, en infracción a los arts. 210 y 373 del mismo cuerpo de leyes.
Planteó la inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial, en tanto el tribunal no decidió todas las cuestiones que se sometieron a su consideración. Explicó que en la declaración que se le recibió al acusado a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal se le describieron los hechos aludiendo a "...circunstancias que giraban en torno al tiempo de ocurrencia", mientras que cuando se formuló la acusación al final del debate, tras haber declarado M. D. R., se delimitaron los años con exactitud. Entendió que, entonces, no existió indefensión, porque P. siempre conoció "...las épocas y las circunstancias en que se desarroll[ó] la materialidad ilícita".
En cuanto a los arts. 359 y 374 del Código Procesal Penal, señaló que allí se contemplan supuestos distintos ("hecho nuevo" y "hecho diverso"), sin perjuicio de lo cual el tribunal, erróneamente en la visión de la impugnante, sostuvo que ambos supuestos convergían en el caso.
Finalmente, postuló que si los jueces consideraban que la acusación había sido formulada incorrectamente, al menos debieron condenar por el último tramo fáctico, los tocamientos que el imputado le propinó a la víctima "...cuando tenía 12 años y la madre volvió a quedar embarazada, que se repitieron hasta que M. cumplió 13 años"; hechos que consideró probados y contenidos en la acusación desde la audiencia del art. 308.
Peticionó que se case el veredicto absolutorio y se condene al acusado en orden al delito que se le atribuyó, imponiéndole la pena oportunamente requerida (dieciocho años de prisión).
IV.3. La Sala I del Tribunal de Casación Penal confirmó el pronunciamiento absolutorio de primera instancia.
Para así decidir el señor juez Carral -a cuyo voto prestó adhesión simple el señor juez Maidana- inicialmente reseñó detalladamente lo dispuesto por el tribunal de grado. Luego, notó que tanto en la sentencia como en el recurso deducido por la fiscalía se había argumentado sobre la aplicación del principio de congruencia como una de las expresiones del derecho de defensa en juicio. En tal dirección, trajo a colación un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se explicó que el citado principio exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas en el juicio, es decir "...que debe mediar correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento" (CSJN Fallos: 336:2429).
A continuación, consideró que había sido correcta la decisión de absolver al acusado, porque la condena requerida por la fiscalía en su alegato de cierre era por hechos distintos a los que habían sido objeto de debate, lo cual importaba una afectación del derecho de defensa en juicio.
Advirtió que había varias diferencias entre la plataforma fáctica que se planteó al inicio del debate y la que se postuló a su cierre:
En la imputación original no se describió en qué partes del cuerpo se produjeron los "manoseos por debajo de la ropa", probablemente porque también estaban incluidos sucesos de mayor gravedad (abuso sexual con acceso car
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