Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136663
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.663, "D’ Gregorio, María Laura E. Queja en causa n° 106.594 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Z., W.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud, Torres, Kogan .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 31 de agosto de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes que absolvió a W. Z. en orden al delito de abuso sexual agravado por el vínculo.
La señora fiscal subrogante del fiscal titular interino ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D’ Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por el Tribunal de Alzada.
Frente a ello, se presentó queja en los términos del art. 486 del Código Procesal Penal. Esta Suprema Corte, mediante resolución fechada el 31 de agosto de 2022, la declaró procedente y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar que las denuncias de arbitrariedad en la valoración de la prueba y violación de derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso bajo estudio, tras reseñar los antecedentes del caso, la fiscalía sostiene que existe prueba de cargo suficiente para condenar a Z. y que la Casación la ponderó de manera arbitraria y fragmentada.
En particular, hace referencia a los testimonios de B. P. (tía del niño), C. P. (madre) y L. I. F. (abuela), quienes -dice- fueron contestes en cuanto al relato que el menor les hizo de lo sucedido. Al efecto cita textualmente pasajes de las declaraciones de las nombradas. Asimismo, menciona el intento de hacer la denuncia en comisaría por parte de C. P.; y que, luego de constituirse en el lugar, optara por no hacerla hasta que finalmente la formalizó con fecha 13 de abril de 2016.
Sentado ello, afirma que "...los relatos de las principales testigos de autos determinan las circunstancias de tiempo, espacio y modo del accionar delictivo asumido por Z. contra su pequeño hijo, las que fueran tomadas por el representante del Ministerio Público Fiscal -entre otros elementos de prueba- para efectuar la imputación contra el acusado". Refiere que más allá de alguna diferencia puntual entre los testimonios -que obedece a la sensibilidad de los hechos relatados por un niño de cinco años afectado por lo padecido- tanto la madre como la tía de la víctima coinciden en que el niño les expresó a ambas que su padre, el aquí imputado "... le efectuó tocamientos en sus partes íntimas por debajo de su ropa, más precisamente en su pene y pechos, que lo obligó a tocarle y besarle sus genitales, que en una oportunidad el imputado habría tenido una eyaculación, y que incluso le habría pegado y solicitado que no cuente nada de lo sucedido".
Puntualiza que la acusación tuvo por acreditado que "...entre los meses de marzo y abril de 2015 (aludiendo a los hechos que le contara el niño a su tía B.) y el 18 de marzo de 2016 (en relación al relato del niño a su madre), en el domicilio sito en [...] de la localidad y partido de Quilmes, el imputado W. D. R. Z. abusó sexualmente de su hijo F. de solo 4 a 5 años de edad al momento de los hechos, al darle besos en la boca, tocarle el pene al menor y obligarlo a éste a que le toque el pene, ambas por debajo de la ropa en reiteradas oportunidades".
Resalta que la circunstancia de que ninguna de las testigos hubiera presenciado el hecho "...de modo alguno puede resultar vinculante a los efectos de cuestionar la credibilidad de las testigos, y menos aún la veracidad del relato del niño".
Destaca que la ausencia de testigos presenciales es una de las especiales características de los delitos de abuso sexual intrafamiliares. En su apoyo, cita la Observación General n° 13 del Comité de los Derechos del Niño, en particular en relación con el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Trae a colación el derecho del niño a ser oído (art. 12, CDN) y sostiene que este no se limita a su relato en sede judicial. Puntualiza que "[e]n el supuesto de autos, y en tantos casos en que el niño resulta violentado sexualmente por un familiar, el relato se da en un ámbito de confianza, con quienes ellos se sienten cómodos de expresar los abusos padecidos. Aquí, a su madre y a su tía".
Alega que no resulta acertada la afirmación del a quo respecto a la "ausencia de relato del menor", en tanto el niño se manifestó en un ámbito de confianza, de acuerdo a las posibilidades comunicativas propias de su corta edad "al momento de sacar a la luz sus padecimientos" (conf. Observación General n° 12 del Comité de los Derechos del Niño).
A su entender, la Casación no reparó en el alcance del derecho del niño a ser oído ni en la protección vinculada al interés superior del niño.
Por otra parte, cuestiona que el órgano de mérito, sobre la base de estereotipos de género, haya ponderado como un elemento de descargo la demora en realizar la denuncia, efectuada por la madre del niño cuatro meses después de tomar conocimiento de los hechos. Recordó que, en el recurso de casación, la fiscalía dijo que no resultaba razonable su valoración a favor del acusado pues el lapso temporal se explicaba por las siguientes circunstancias: el estado de shock de la madre al enterarse de la noticia, el tiempo necesario para procesar lo acontecido con su hijo. Por otra parte, se explicó que lo que terminó de impulsar a C. P. a denunciar fueron las posteriores evidencias del comportamiento sexual anormal de su expareja Z. respecto de su hijo más pequeño A.; el relato sostenido del niño víctima F. y el consejo dado por el pediatra Mariano Gómez.
Ante tal situación, manifiesta que el órgano revisor no se pronunció al respecto más que de manera genérica al afirmar que "'...las apreciaciones del y las magistradas sobre el relato de B. P., C. P. y L. F., no reflejan incorrección'".
Agrega que tampoco "... debió pasar inadvertido por el TCP lo manifestado por la hermana de la denunciante, B. A. P., en cuanto a que cuando '...le contó lo sucedido a su hermana C., [ésta] se apersonó en la comisaría de la Mujer, lugar en donde le recomendaron que pensara bien los pasos a seguir, ya que era una acusación grave y esto conllevaría un cambio en su vida. Por lo que C., en ese momento optó por continuar la relación de forma normal, tomando los recaudos necesarios para que F. no se quedara solo con Z.. Hasta el mes de abril del corriente, en que decidió realizar la correspondiente denuncia y separarse de hecho del padre de F.'".
Considera que tal acontecimiento, debió ponderarse con perspectiva de infancia y de género en lugar de reprocharle a la madre del menor no haber hecho antes la denuncia ni haber avisado a las autoridades educativas.
Critica que se haya descreído de los dichos del niño y de las mujeres que formaban parte de su círculo íntimo. En tal sentido, recuerda que "...su madre, como su tía, su abuela y hasta la maestra del niño advirtieron cambios en la conducta de éste, haciendo mención expresa a comportamientos agresivos, sexualizados y hasta episodios en los que el niño orinara en el lado de la cama donde dormía su padre. Sin embargo, el TCP sostuvo que '...los comportamientos que las familiares observaron en el niño y lo relatado por S. M. D. al respecto, a partir de lo señalado por Sanguineti y Hajjar, bien puede obedecer a otras cuestiones'".
Frente a ello, la parte alega que no se comprende a qué otros motivos podrían referir tales comportamientos agresivos y sexualizados, más aún cuando las profesionales de la salud mental que atendieran al niño, sostuvieron que relató los abusos padecidos conforme los hechos denunciados y advirtieron indicadores de abuso sexual. Asimismo, apreciaron "juego brusco", "conductas de descarga", "poca tolerancia a compañeros de grupo", "conductas erotizadas" y que tocaba a sus compañeros.
De lo expuesto, concluye que la Casación se apartó infundadamente de los dichos del niño, contados por su madre y por su tía, y no tuvo en consideración su particular comportamiento, todo ello refrendado con la declaración de su abuela, de la maestra y de la licenciada en psicología Laura Camino, miembro de la Subsecretaría de Política Integral de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, quien atendió durante nueve meses al niño.
A continuación, reproduce tramos de la declaración de la licenciada Camino y denuncia que el tribunal intermedio realizó una revisión tan solo aparente de tal extremo, así como del informe realizado por la citada profesional. En particular, tildó de parcial la valoración que se hizo de ese informe, pues al sostener que "...la lic. Caminos declaró en el debate que 'el menor F. no relató ninguna situación particular de abuso sexual' [...] omite considerar que la misma aclaró que hubo cosas que el niño no pudo verbalizar, que en determinadas oportunidades no pudo continuar su relato, aclarando que ello es común en niños pequeños que no logran poner en palabras situaciones concretas, y que la mención a cosas feas que no logró relatar era compatible con nenes víctimas de abuso, sobre todo de corta edad".
De igual manera, se agravia del modo en que se valoró el testimonio de la licenciada Trinidad Cocha, quien luego de ver al niño, emitió un certificado en la Clínica del Niño. Luego de reproducir extractos textuales del certificado y de la declaración, alega que "...la profesional que atendiera al niño F. [...] manifestó que el padre le hacía cosas malas, el relato de los 'Juegos con sus partes íntimas', y que el mismo no comprendía la gravedad de la situación".
También critica el alcance dado al informe practicado por la licenciada Sanguinetti, luego ratificado en juicio oral en cuanto sostuvo que el niño no relató "...haber vivenciado acciones eventualmente abusivas de índole alguna, lo cual habría sido ratificado por la profesional a instancias del debate oral". La parte refiere que la nombrada únicamente mantuvo tres entrevistas con el niño un año después de acontecidos los hechos mientras que la licenciada Camino lo atendió a los pocos días de efectuada la denuncia y por un lapso de nueve meses de manera ininterrumpida.
Agrega que la licenciada Sanguinetti incurrió en contradicciones pues en un primer término percibió angustia y ansiedad en los test practicados al niño, pero luego, a efectos de descartar la posibilidad de que el menor haya sido incapaz de poner en palabras lo sufrido, sostuvo que no aparecieron indicadores de angustia en el caso concreto. Cuestiona el desempeño de la nombrada y lo tilda de parcial por el modo en que abordó el caso. A tal efecto, la recurrente toma en consideración manifestaciones de la madre y abuela del niño respecto del desempeño de la licenciada y del estado en que salió F. de la entrevista, enojado y diciendo que la profesional no había creído en su palabra.
Asimismo, sostiene que "...las referencias que efectuó la licenciada Hajjar en cuanto a los deseos de revinculación por parte del menor, en el marco del expediente del fuero de familia" no conmueven la responsabilidad penal de Z. por los hechos imputados y comprobados en autos. Alega que no puede desconocerse que se trata de un menor de cuatro años abusado por su padre, el cual -según las palabras de las profesionales intervinientes- no obstante evidenciar ansiedad y angustia, en cierto punto podría no haber llegado a comprender la gravedad de los hechos que lo victimizaran. Por otro lado, tampoco puede pasar inadvertida "la construcción de la figura paterna por parte del niño y el paso del tiempo".
En función de lo expuesto, afirma que se incumplió con el deber de actuar con la debida diligencia reforzada y se confirmó la absolución sobre la base de una valoración parcial de la prueba.
Por último, se agravia del alcance dado al informe médico de policía pues "...si bien es cierto que por sí solo no importa un elemento de prueba suficiente para acreditar la materialidad y autoría" reprochada a Z., se complementa con el resto de la prueba de cargo. De la lectura de ese informe, según destaca, "...se constató en 'Características del hecho: el menor refiere que el papá le tocaba el pito', y en cuanto a la pregunta de '¿Cuándo fue la última vez? La última vez fue el 18/03/16 día en que la mamá se enteró y a partir de ahí ella no permitió que el menor estuviera solo con el papá'. Por otro lado, y en cuanto a las lesiones constatadas, nada suma ni resta el hecho que no hayan sido constatadas, puesto que los hechos que son materia de la acusación no implican la exteriorización de lesiones en la zona genital".
Por todo lo expuesto, quien recurre considera que la confirmación de la absolución se sustentó en una valoración fragmentada de los elementos de cargo reseñados, sin efectuar un correcto análisis de la prueba en su conjunto.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso.
III. No coincido. Pues el remedio aparece insuficientemente fundado en el marco de la doctrina de arbitrariedad en la valoración de la prueba que denuncia. Por lo demás, los planteos de afectación del interés superior y del derecho del niño a ser oído no trascienden de un mero criterio divergente con el modo en que la Casación controló la ponderación de la prueba y concluyó que la absolución resultaba ajustada a derecho (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
IV. Como se adelantó, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Carral al que adhirió el juez Maidana, rechazó el recurso de la fiscalía contra la absolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes en orden al delito de abuso sexual agravado por el vínculo.
Para ello, efectuó un detallado control de la prueba y de los fundamentos que dieron sustento al veredicto absolutorio.
IV.1. En lo que respecta a los antecedentes, el a quo recordó la hipótesis del caso sostenida por la fiscalía según se transcribiera más arriba.
Destacó que la fiscalía ponderó las declaraciones de C. I. P., B. A. P. y L. I. F., así como también los testimonios de Verónica Duré, de la licenciada Camino y del material ingresado por lectura al debate (denuncia, informe médico legal, pericias e informes).
De seguido, reseñó los planteos de la defensa en cuanto consideró que los testimonios de cargo de la madre, la tía y la abuela del niño resultaron debilitados dado su carácter de prueba indirecta. Asimismo, cuestionó las conclusiones de la licenciada Camino y las confrontó con las conclusiones de la psiquiatra Núñez, el licenciado Arteaga y con las constancias del expediente de familia incorporado por lectura.
Por último, hizo una detallada referencia de los elementos de cargo y de descargo ponderados por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes que -por unanimidad- afirmó que no se logró la certeza positiva necesaria para dictar un fallo de condena pues los testimonios de la madre, la tía y la abuela del niño F. tuvieron divergencias entre sí; a su vez, a través de la inmediación, se constató falta de espontaneidad y baja afectividad en el relato de hechos de gravedad. Se resaltó que a tales circunstancias se aduna la falta del testimonio directo del niño y que los citados relatos se dieron en un contexto de una relación matrimonial disfuncional entre el imputado y la denunciante. Asimismo, se ponderó el tiempo que la madre tardó en hacer la denuncia y la falta de aviso a la institución educativa de lo acontecido. Se agregó las conclusiones periciales de las/los diversos profesionales de la salud que intervinieron en el caso, en lo que respecta a F., determinantes de ausencia de sintomatología de abuso sexual; en lo que concierne a Z., se tuvo por demostrada la ausencia de una personalidad con rasgos compatibles con agresiones de esa índole (expediente del Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes incorporado por lectura, informe de la licenciada Hajjar; declaración de Duré; de las licenciadas Camino, Sanguinetti, Rotstein, Arteaga; de la psiquiatra Núñez; evidencia pericial; informe victimológico; e.o.).
IV.2. Sentado lo anterior, el juez Carral abordó los embates vinculados al informe practicado por la licenciada Sanguinetti en el que concluyó que el niño no estaba en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell.
Recordó que la fiscalía ofreció como prueba el testimonio del niño F.A.Z. que no pudo concertarse ante la conclusión de la referida profesional. Durante la audiencia de debate, la fiscalía opuso reparos a dicha conclusión y requirió la realización de un nuevo informe, petición que fue denegada por el tribunal por estimar que el informe de Sanguinetti se basó en fundamentos objetivos y precisos.
Ante las críticas de la fiscalía, el Tribunal revisor destacó que "...la acusación, iniciado el debate, estaba en conocimiento del impedimento relativo a su pretensión de contar con las manifestaciones de F. [...] Incluso nada dijo del dictamen de Sanguinetti, hasta que las testigos P. y F. manifestaron su disconformidad con el desarrollo de la diligencia, ya iniciado el juicio, razón por la cual los cuestionamientos sobre el contenido del mismo no pueden ser atendidos".
Sin perjuicio de ello, agregó que durante "...el contrainterrogatorio de la testigo Sanguinetti, respondió a la señora fiscal que el tiempo que duró la entrevista 'es un tiempo lógico y no cronológico' [...] que duró lo necesario porque pudo evaluar si había relato, si brindaba variables, si las podía contextualizar y si podía brindar algún recuerdo. Explicó que 'si no hay recuerdo, si no emergen representaciones verbales con relación al hecho, es revictimizar al niño'".
En función de ello, el juez Carral concluyó que existieron obstáculos lógicos para que el joven declarara en juicio por lo que los planteos de la fiscalía ante el resultado desfavorable del informe resultaban improcedentes.
IV.3. Por otra parte, descartó los cuestionamientos en torno al alcance dado a los testimonios de B. P., C. P. y L. F. por considerar ajustada a derecho la valoración que efectuó el órgano de mérito.
En tal sentido, resaltó que la develación de los hechos efectuada por el niño a su tía, surgió de un juego denominado por B. P. "la noche de los secretos", evento que luego contó a la madre de F. "A su turno la madre del menor reprodujo los dichos de su hermana y añadió otros episodios, mientras que la abuela mencionó que lo que pudo saber del hecho fueron los cambios rotundos en el nene y en el papá, señalando que los abrazos del padre hacia el niño no eran normales, que le parecía que el imputado 'gozaba al tocarlo, al acariciarlo'".
De seguido, recordó que las testigos dijeron que F. tuvo cambios en su conducta (empezó a orinarse en la cama, se volvió agresivo, inquieto y que se tocaba sus partes íntimas) e hicieron referencia a que el imputado le hacía regalos especiales y atenciones a F.
Adunó que C. P. y L. F. "...describieron conductas del acusado de contenido sexual para con F. y su hermano A., señalando la primera que recién cuando observó que Z. presentaba una erección en circunstancias en las que tenía a su hijo A. en su regazo, hizo la denuncia respecto de los hechos que victimizaron a F.".
Frente a dicha prueba, estimó que más allá de las particularidades observadas por el tribunal de grado -variables e
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