Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137488
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.488, "Maldonado, Alan Franco; Luna, Carlos Benigno; y Saravia, Ezequiel Genaro s/ Queja en causa n° 106.807 y acum. n° 106.823 y 106.847 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, el día 18 de agosto de 2020, condenó —en lo que aquí importa— a Alan Franco Maldonado a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, a Carlos Benigno Luna a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente por tercera vez, y a Ezequiel Genaro Saravia a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar todos ellos coautores penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo (conf. arts. 45 y 165, Cód. Penal).
Frente a ello, las defensas de los nombrados presentaron recursos de casación. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 8 de junio de 2022, los rechazó y confirmó las condenas impuestas.
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 12 de julio de 2022), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Casación Penal (v. resol. digital de 16-IX-2022).
Interpuesta la queja, esta Suprema Corte concedió la impugnación mediante la resolución del día 24 de octubre de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 30-VII-2024), dictada la providencia de autos el día 25 de octubre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 165 del Código Penal por estimar que se arribó a tal encuadre legal de manera arbitraria, con apartamiento de las constancias de la causa y transgresión de los principios de culpabilidad e in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
En lo medular, cuestionó que la Casación convalidara el razonamiento desarrollado en la sentencia de origen concerniente a que la muerte de la víctima Depierro fue consecuencia material de la ejecución del desapoderamiento imputable objetiva y subjetivamente a sus asistidos, descartando —de ese modo— su posición relativa a que los propios factores de riesgo del nombrado (insuficiencia cardíaca) fueron los desencadenantes de su muerte.
En tal sentido, repasó las declaraciones brindadas por la testigo García, los propietarios de la parrilla "La Toscana" —Carla Fabiana Nieri y Miguel Ángel Marie— y por el doctor Adrián Dueñas, médico del servicio de guardia del Hospital Municipal. Con relación este último, apuntó que se constituyó en el domicilio de las víctimas a raíz de un llamado de emergencias y que no observó a simple vista signos de violencia sobre el cuerpo de Depierro, quien llevaba fallecido veinte o treinta minutos, y que dicho facultativo expresó que, si la víctima hubiera recibido en el momento tratamiento hospitalario, podría haber existido alguna posibilidad de sobrevida, así como que un proceso de estrés es peor para un paciente con factores de riesgo como el padecido por el nombrado.
A partir del testimonio de Shely Jacquier, esposa del fallecido, dedujo que sus asistidos se retiraron de la vivienda a las 20:30 hs., "bastante antes" del deceso de Depierro; y, en el mismo sentido, recordó que el nombrado indicó a los imputados dónde estaban las llaves que debían usar para abrir la reja de la vivienda y huir del lugar.
Añadió que, en la audiencia oral, la referida testigo relató que los imputados le pegaron una piña a su marido y le obturaron la boca con un pañuelo de su hija, pero que, en sus declaraciones anteriores brindadas en sede fiscal que fueron incorporadas por lectura, "...nada dijo al respecto".
Estimó que la sentencia revisora se apartó de las constancias de la causa al resolver que los factores de riesgo de la víctima no resultaban aptos por sí solos para desencadenar el mecanismo matador. Argumentó que, si el problema de salud cardiopulmonar que padecía Depierro no había ocasionado su deceso, sería esperable naturalmente la muerte por el mismo estrés por el hecho vivido y al que fue sometida su esposa, quien, si bien estuvo en control tres días en el hospital, tal estrés no le produjo la muerte.
Esgrimió que sus defendidos no advirtieron la descompensación de la víctima, por lo que —en su criterio— no podía afirmarse que hubieran asumido la eventualidad del resultado muerte y, menos aún, haber visto las consecuencias que se avecinaban.
En resumen, concluyó que las constancias de la causa daban cuenta de que la muerte acaeció como consecuencia del estrés propio de un hecho de robo en una persona con patologías previas, que eran imprevisibles —objetiva y subjetivamente— para sus defendidos.
Finalmente, con invocación de doctrina de autores, señaló que la figura del art. 165 del Código Penal acoge supuestos en los que media dolo homicida y que no entran dentro del art. 80 inc. 7 del mismo plexo legal, quedando afuera los supuestos de culpa y preterintención, "...pues la ley no dice que el homicidio deba resultar de las violencias ejercidas para realizar el robo, sino con motivo u ocasión del robo, lo que es bastante diferente".
Acompañó esos planteos con la cita del fallo "Zarabozo" de la Corte federal.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditada la materialidad ilícita en los siguientes términos: "...el día 04 de Julio de 2018 alrededor de las 20 horas los señores Luna, Saravia, Maldonado y un cuarto sujeto no identificado, ingresaron a la casa de los señores Guillermo Depierro y Shely Jacquier ubicada en calle 67 n° 2771 de la ciudad de Necochea por la parte trasera de la vivienda previo escalar un paredón de tres metros lindante de la referida vivienda y luego de ejercer violencia sobre el postigón ubicado en la puerta de la cocina que da al patio de la casa, una vez en el interior de ésta, sorprenden al matrimonio que ingresaba desde la vía pública, por lo que los reducen a Guillermo y a Shely, atándolos de pies y manos con precintos, pañuelos y además a Guillermo lo amordazan y le bajan los pantalones para eliminar cualquier tipo de reacción de parte de él, luego de ello comenzaron a pegarles a ambos sobre todo a Guillermo exigiéndoles la entrega de dinero de la venta de la casa de la madre de Shely y el arma de fuego que conocían que estaba en la casa, como este dinero no estaba le hacen entrega del efectivo que tenían en ese momento en la casa, sustraen también diversos objetos como relojes, brújula, lapiceras, camperas entre otros objetos. Así las cosas y a pesar de los ruegos de Shely y de Guillermo para que dejaran de pegarles, no lo hacen y continúan con su empresa mediante golpes y amenazas permanentes a ambos, para una vez que Guillermo se descompone, retirarse del lugar munidos de los objetos y del dinero sustraído por la puerta de enfrente del domicilio con la llave que previamente les había dado Guillermo, con las indicaciones de cual de ellas tenían que utilizar para salir del domicilio, quedando la puerta semiabierta porque no cerraba bien, lo que le permitió a Shely que estaba en shock, minutos después, salir y solicitar ayuda. Como consecuencia del hecho Guillermo Depierro sufrió una descompensación cardíaca provocada por un cuadro de estrés máximo al que fue sometido concluyendo que la causa de la muerte fue un edema agudo de pulmón y falta de asistencia oportuna".
Dichas conductas fueron subsumidas legalmente como homicidio en ocasión de robo (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 165, Cód. Penal).
Sobre dicho extremo, el tribunal de mérito sostuvo que el art. 165 del Código Penal estructura un delito complejo que, por una parte, describe un injusto contra la propiedad, en la especie la ejecución de un robo, y un resultado que deriva causalmente del mismo —"con motivo u ocasión"—, que es el homicidio, el cual conforma un elemento normativo del tipo. Explicó que el homicidio debe derivar, para no desembocar en un caso de responsabilidad objetiva violatorio del principio de culpabilidad —versari in re ilícita—, en el propio riesgo jurídicamente desaprobado emanado de la acción de apoderamiento ilegítimo, que no necesariamente se explica por la violencia propia del robo pero que, comúnmente, suele derivar de ella.
En prieta síntesis, expresó que los imputados con su accionar en el robo calificado crearon un riesgo jurídicamente relevante que, en el curso incidental del acontecer, provocó en la víctima Depierro estrés máximo, descompensación, edema agudo de pulmón, a lo que se sumó la falta de ayuda, de atención oportuna, todo lo cual desembocó en su muerte, como lo expusieron todos los testigos que acudieron inmediatamente al lugar del hecho. Añadió que tal riesgo era previsible dada la dinámica que los coautores le impusieron al hecho, las edades de las víctimas, el sobrepeso del nombrado, su descompostura y los pedidos de ayuda que no solo fueron desoídos, sino que se continuó ejerciendo violencia, cuanto menos, ataduras, golpes, amenazas y mordaza.
Por otra parte, no albergó dudas acerca de que dicho riesgo fue creado por el aporte de los coautores, que permitió la mecánica final del hecho, sin el cual no se hubiera concretado. Además, tomó en cuenta que llevaron precintos, capuchas y guantes, y ello permitió acreditar que estaban preparados ante la eventual presencia de las víctimas, a punto tal que utilizaron tales precintos para atar de pies y manos tanto a Shely como a Guillermo, efectuando mediante distintos roles cada uno un aporte esencial al suceso, por lo cual lograron darse a la fuga, munidos de las cosas sustraídas.
Explicó que el principio de culpabilidad que rige en materia penal no implica que únicamente puedan ser atribuidos penalmente los resultados dolosos, sino que es suficiente con que la consecuencia producida sea claramente "previsible", es decir, basta con que se cumplan los presupuestos de la imputación de los delitos imprudentes.
Concluyó que la interpretación más adecuada es la que deben incluirse en el art. 165 del Código Penal a todos aquellos casos en los que la muerte se produzca con motivo u ocasión del robo, en la medida en que pueda ser atribuida a título de imprudencia o de dolo, pero en este último caso, siempre que no se cumpla con el nexo subjetivo que exige el art. 80 inc. 7 del mismo plexo legal.
III.2. La Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó —de forma conjunta— análogos reclamos vinculados con la errónea calificación legal que fueron llevados en los recursos respectivos por las defensas de Maldonado (v. pto. "V", rec. de casación), Saravia (v. pto. III "1" y "1.a", íd.) y Luna (v. pto. IV "a" y "b", íd.).
Para así resolver, la señora jueza ponente doctora Budiño —que concitó la adhesión simple del doctor Mancini—, luego de señalar el carácter común de las objeciones acerca de la significación jurídica asignada por el tribunal de juicio, describió la materialidad ilícita y advirtió que los recurrentes objetaron el ejercicio de violencia física en el hecho, negando la golpiza referida por Jacquier (v. págs. 41/43).
Sobre tal extremo, estimó que ello no era más que una interpretación probatoria divergente a la del tribunal de mérito, insuficiente para mutar la materialidad ilícita fijada y que, en el marco de la inmediación, el tribunal oral había asignado pleno mérito a los dichos de la nombrada, que las defensas criticaban sesgando la mirada al resto del panorama probatorio que en armónica conjugación acompañaban las aseveraciones de la víctima sobreviviente del asalto (v. pág. 44).
Luego, reprodujo —en extenso— diversos tramos del testimonio de la damnificada Jacquier, de los que emerge que los asaltantes los tumbaron al suelo y, tras maniatarlos, comenzaron a pegarles al tiempo que exigían la entrega de dinero; así como que su esposo les dijo que el dinero lo habían gastado y, por ello, se desencadenó el castigo. Resaltó que la testigo había detallado que Guillermo Depierro en un momento pidió a los autores del hecho que lo soltaran un poco porque se sentía ahogado y que, en contrapartida, le pegaron una piña y le obturaron la boca con un pañuelo (v. págs. 44/46).
Estimó que era lógico concluir que al nombrado no lo mató el cigarrillo, el sobrepeso ni el sedentarismo, destacando que aquellos eran factores de riesgo previos y que podía vivir con ellos, situación que se interrumpió cuando los imputados lo sometieron a soportar una estructura de riesgo que llevó "...hacia la concreción de un resultado —la muerte de la víctima— cuya previsibilidad hace que, cuanto menos, si los sujetos activos la desconocieron, tal ignorancia resultaba evitable" (págs. 46 y 47).
Destacó que la víctima sobreviviente fue firme al señalar que "...en forma permanente seguían pidiendo la plata, buscaban los dólares, siendo el 'gordito y el alto' los que más le pegaban y que los amenazaban e intimidaban" y que, cuando los ladrones se iban, le dijeron que si gritaba la picaneaban, volvían y la mataban (v. págs. 47 y 48).
Por otra parte, el órgano revisor halló corroborada la versión de la damnificada sobre la violencia padecida con los dichos de sus hijos Ricardo Agustín Depierro y Guillermo Rafael Depierro, así como con el testimonio de Baltasar Blanco, Pamela María Mercedes García y Carla Fabiana Nieri, a quienes les manifestó que cuatro hombres los habían golpeado y exigido dinero. Sobre el punto, la señora jueza destacó que tanto la modalidad ejecutiva como las exigencias de los autores, la violencia que denotaba el lugar del hecho, las sujeciones a las que había aludido la víctima, la posición del cuerpo de su esposo y demás pormenores encontraron pleno aval en las observaciones de los testigos —incluso médicos y preventores— que concurrieron al lugar del hecho (v. págs. 48/51).
En respuesta a la especulación de los recurrentes sobre la mendacidad de su testimonio, afirmó que resultaría improbable que la sobreviviente amañara su exposición en contra de los acusados tomando en cuenta que fue precisa al describir los roles de mayor protagonismo que asumieron algunos de ellos en el castigo propinado (v. pág. 52).
Acerca de la falta de informes médicos que avalaran las lesiones propinadas, dijo que ello no enervaba sus dichos, los que fueron abonados por la declaración de la testigo Nieri, así como por las funcionarias Rocío Soledad Araya Gómez y Johana Bustos Echandía (v. pág. 52).
Con relación a las afirmaciones del médico forense Fabio Gabriele que había practicado la autopsia a la víctima, sostuvo que, lejos de desacreditar la versión del castigo, permitieron despejar los motivos por los cuales la ausencia de secuelas en el cadáver resultarían compatibles con la violencia aludida por su esposa, al referir esencialmente que la víctima pudo tener golpes encima de la ropa y tardar en formar los hematomas, sin que se descarte que pudieron haberse propinado golpes a mano abierta, a lo que agregó que el informe de autopsia daba cuenta de la gran cantidad de ropa que tenía colocada el damnificado (v. pág. 53).
Sobre la causal de la muerte, repasó que dicho informe consignaba que la víctima habría sufrido un aparente episodio de descompensación cardíaca en ocasión de robo en su domicilio y el cuadro de estrés máximo al que había sido sometido (v. pág. 54).
Luego, efectuó un detallado repaso de lo manifestado por el médico legista durante la audiencia de debate, al que cabe remitirse en honor a la brevedad. Allí se hizo referencia a que la víctima presentaba el corazón agrandado, bazo agrandado y un pulmón edematoso y, con relación a esto último, que podía obedecer a un proceso de estrés. También se apuntó que la causa de muerte fue edema agudo de pulmón (v. págs. 54 y 55).
Destacó que la ausencia de estudios laboratorios posteriores carecía de capacidad de proyección en torno al sentido de la resolución recurrida, y que los impugnantes no expusieron ningún desarrollo enderezado a señalar la esencialidad que pudieron llegar a tener (v. pág. 57).
En línea con lo anterior, citó la declaración del médico Adrián Dueñas, quién efectuó una descripción de cómo había hallado la escena del hecho y que, corroborando las afirmaciones de la esposa del fallecido, advirtió que la víctima tenía algo en la boca, un pañuelo, sin recordar con precisión de qué se trataba. En resumen, coincidió en que "...un paciente con las características físicas de Depierro, sometido al estrés, maniatado, con mordaza, con los pantalones bajos, se puede decir que el estrés hizo crisis hipertensiva, al no tener asistencia, falleció ahogado por el líquido de pulmón..." (págs. 59 y 60). Añadió que, en el mismo sentido, pero más escueto, se había pronunciado el médico Pablo Badie.
Concluyó que "...los factores de riesgo de la víctima no resultaban aptos per se para desencadenar el mecanismo matador, solo pudieron adquirir proyección simplemente favorecedora del desenlace cuando se incardinaron dentro de la configuración de la violenta situación en que las acciones —positivas y negativas— de los acusados Maldonado, Saravia y Luna sumieron a Depierro, las cuales dispararon una causalidad que derivó en el fallecimiento" (pág. 60).
Sobre el reclamo de las defensas respecto del conocimiento o representación de las consecuencias del obrar delictual y la previsibilidad del resultado, destacó que no aparecía improbable y que no pasó desapercibido para los ojos de los imputados, quienes con su conducta lo llevaron a una situación de riesgo muy marcado y actual (v. págs. 61 y 62.).
Concluyó que, si frente a la súplica de la víctima por la falta de aire y el pedido para que "aflojen", se obtuvo como respuesta un golpe y la colocación de un elemento que viene precisamente a obturar una de las vías de ingreso de aire, dificultando más aun aquello que Depierro necesitaba desesperadamente para seguir con vida, ello daba cuenta de que "...medió un desinterés mayúsculo por la lesión del bien jurídico que aquellos debían evitar, en donde no cabe hablar de resultados imprevisibles" (pág. 63).
Descartó, además, que existieran las falencias de fundamentación de contenido esencial reclamadas por la defensa de Saravia, estimando evidente la inicial imprudencia que importó la acción conjunta a la que se plegó el nombrado, y que poco importaba que el fallecimiento pudiere llegar instantes después cuando los asaltantes se retiraron al advertir la magnitud de las consecuencias que se avecinaban, pues lo relevante, más allá del tiempo, radicaba en que el resultado fue consecuencia directa del riesgo jurídicamente desaprobado introducido por los imputados (v. pág. 64).
Adunó que las ataduras de las manos "hacia adelante" que destacaba la defensa de Luna no podían ser evaluadas como gran ayuda en el mejoramiento de la movilidad de Depierro, y que "...la aleatoria circunstancia de que la víctima pudiera [...] ser pasible de un intento o curso de salvamento no exonera a los autores que generaron un riesgo que atrapa la circunstancia de que nada de ello pueda ocurrir" (pág. 65).
Acerca del principio de culpabilidad que las defensas denunciaban conculcado, tras hacer consideraciones teóricas al respecto, sostuvo con relación al caso que los "...coautores debieron representarse que su acción básica —el delito contra la propiedad— podía
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