Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137178
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.178, "D'Gregorio, María Laura E. —Fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal— s/ Queja en causa n° 106.956 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Pérez, Carlos Alberto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Bouchoux .
Del expediente radicado electrónicamente surge que la Sala V del Tribunal de Casación, el día 19 de abril de 2022, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad presentado por la fiscalía contra el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen en favor de Carlos Alberto Pérez, respecto de los delitos calificados como abuso sexual con acceso carnal de una menor de dieciséis años de edad, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal mediante amenazas o intimidación.
La señora Fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Casación lo desestimó por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código de rito.
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada con fecha 7 de junio de 2023, declaró procedente la queja y admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la tacha de arbitrariedad por falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa, inobservancia de la perspectiva de género e infancia en la ponderación de la prueba.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la representante del Ministerio Público Fiscal refiere que existe prueba de cargo suficiente para condenar a Pérez y afirma que ambas instancias ponderaron los elementos de convicción de manera fragmentada y arbitraria.
Sostiene que el ataque sexual se perpetró contra una "...niña mujer y víctima", lo que la coloca en una triple situación de vulnerabilidad. Dice que, luego de ser chantajeada mediante la afectación a su intimidad, la adolescente le contó a su padre la relación que mantuviera un año atrás con el imputado de autos —teniendo ella la edad de trece años y él de treinta y tres— quien la accedió carnalmente en varias oportunidades, y que incluso la golpeó y amenazó cuando ella se opuso a mantener relaciones sexuales, habiendo efectuado este mismo relato ante la perito oficial psicóloga interviniente.
Alega que la duda sobre la que se fundó la absolución se sustentó en estereotipos de género y no reparó en que el relato de la niña fue refrendado por diversos elementos de cargo.
En tal sentido, trae a colación el testimonio del denunciante C. M. N. (padre de la víctima) que declaró que "...al tomar conocimiento de que había fotos de su hija en las que estaba desnuda circulando por las redes sociales, le consultó a la misma al respecto y ella le contó que estuvo saliendo a escondidas con el imputado de autos, hacía aproximadamente un año y durante unos tres meses. Que según le relat[ó] su hija, ella le había mandado a Pérez una foto desde su celular en marzo de 2014, que en julio de ese año su hija se peleó con Pérez y que a raíz de esa discusión apareció por la red social una persona de apellido Duarte, amenazando a la víctima para que le mand[ara] más fotos, pues [de lo contrario] iba a publicar la que poseía, a lo cual su hija accedió y le envió varias fotos. Que según comentarios que le habían llegado, Fer Duarte era en realidad Carlos Alberto Pérez. Que no sabía el tiempo que estuvieron de novios ni cómo se conocieron, y que su hija lo tenía como un amigo más en las redes. Que su hija le contó que efectivamente tuvo relaciones sexuales con el encausado, y que la última vez le pegó para llevarlo a cabo, pero aclaró que él nunca la vio lastimada".
Además, cita el testimonio de A. M. (madre de la víctima) quien manifestó que se enteró de los hechos luego de que Pérez golpeara a su hija, "viéndola lastimada", y que según palabras de la joven de esa forma la obligaba a estar con él. Dijo que ella no le habló de una relación estable, aunque no quería conversar al respecto, dado que había quedado afectada psicológicamente. Refirió la madre que, a pesar de saber desde antes esas circunstancias, no tomó ninguna medida ni efectuó la denuncia.
Aunque considera que los dichos de la víctima fueron ratificados por sus progenitores, el órgano de mérito y la Casación han fundado el estado de duda en extremos irrelevantes tales como que no se acreditó que el perfil falso de "Fer Duarte" hubiera sido utilizado por Pérez, extremo que —según la recurrente— no resulta dirimente. Pues, las fotos publicadas en Facebook solo resultan útiles para contextualizar el momento en que la niña decidió revelar los abusos sexuales sufridos un año atrás, no para acreditar los hechos por los que se requirió la condena.
Asimismo, refiere que las supuestas contradicciones vinculadas a lo expuesto por la niña y por su padre respecto a la eliminación de las fotos del celular en que esta estaba desnuda, tampoco tienen la entidad otorgada por los sentenciantes, pues C. M. N. declaró que tomó conocimiento de las fotos "...cuando W. C. fue a su casa y le contó que había recibido las fotos de su hija desnuda".
También critica la afirmación de la señora jueza Budiño acerca de las supuestas contradicciones entre el padre y la madre de la víctima vinculadas a que el primero, de manera coincidente con una amiga de la niña, dijo no haberla visto golpeada, mientras que la segunda afirmó lo contrario.
La recurrente sostiene que —en rigor— no existieron contradicciones de importancia, puesto que valoradas en conjunto permitían tener por acreditados los siguientes extremos: 1) la víctima declaró que el acusado la golpeó por negarse a mantener relaciones sexuales; 2) no existieron situaciones de enemistad con el imputado que pudiera haber motivado una falsa imputación; 3) la perito psicóloga calificó de creíble el testimonio de la víctima; 4) la madre dijo haber visto lesiones en el cuerpo de su hija.
Ante tal situación, la fiscalía cuestiona que se haya otorgado entidad a los dichos de las amigas de la menor que dijeron desconocer la relación de esta con el imputado, así como también "...las mendacidades proferidas por este último".
Recuerda que, ante las limitaciones probatorias que presentan estos hechos, el testimonio de la víctima configura un elemento esencial. De modo que "...los aportes ofrecidos por la víctima, y por las personas a quienes ella les confiara la relación secreta que mantuviera con el acusado, deben ser ponderados con suma responsabilidad, con perspectiva de género y de infancia, entendiendo que sólo a partir de los mismos podrá reconstruirse la materialidad ilícita reprochada". En su apoyo, trae a colación los fallos Fernández Ortega y Rosendo Cantú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De seguido, cita la entrevista realizada en cámara gesell a la niña cuando tenía quince años de edad por parte de la licenciada en psicología Trapiella (perito oficial de la Asesoría Pericial). Señala que la Casación no reparó en que la joven brindó la misma versión de los hechos que dieron su padre y su madre y que la perito concluyó que el relato "...presentaba características de credibilidad".
Cuestiona las apreciaciones efectuadas por el magistrado de instancia y convalidadas por Casación "...en cuanto al descreimiento 'de la verosimilitud de ciertas pruebas de cargo' y la dificultad que le llevaría, a partir de su relato, 'establecer una línea de tiempo en donde ir ubicando los distintos episodios y mucho más al intentar coordinarlos con el resto de las evidencias testimoniales'...", desentendiéndose —a su criterio— infundadamente de los argumentos brindados por la perito de la Asesoría Pericial departamental que lo reputó "creíble y no influenciado".
Denuncia que el informe pericial psicológico se valoró con parcialidad y con rasgos prejuiciosos, al ponderar con ese cariz aspectos de la vida privada de la joven.
Sostiene que tales afirmaciones carecen de perspectiva de género e infancia pues no sólo desconocen la suficiencia de los testimonios de la víctima, de su padre, madre y de lo dictaminado por la perito psicóloga oficial, sino que además "...desvía el centro de la cuestión responsabilizando a la niña de los abusos sexuales padecidos".
Agrega que a pesar de que B. y S. afirmaron conocer el vínculo de pareja/noviazgo entre la niña y el imputado, se dio preeminencia a otros relatos que dijeron desconocerlo, tales como lo declarado por B. L. y M. B. W. —compañeras de E. N.— a quienes calificó de veraces y desinteresadas; mientras la fiscalía descartó que hubiera entre ellas y la víctima una real amistad, en tanto la tildaron de "chica fácil" y "mentirosa", entre otras descalificaciones.
La fiscalía destaca que W. sí había tenido una relación de amistad con la víctima y que al momento de declarar estaban peleadas; por ello, pone en duda que la testigo no hubiera tenido intención de perjudicarla en su declaración. Agrega que su testimonio se ponderó arbitrariamente pues, a su entender, en ambas instancias "...los magistrados intervinientes fragmentaron arbitrariamente el testimonio en cuestión. Por un lado, entendieron que el hecho de que la deponente no [hubiera podido] dar cuenta de la relación en los términos que lo expusiera la víctima era suficiente para restar credibilidad a la hipótesis de cargo, por otorgarle una entidad por encima de los dichos de la víctima, de sus padres, y de la psicóloga que atendiera a la menor; pero por otro lado, y tratándose del mismo relato, pasa absolutamente desapercibidos [para los sentenciantes] que el mismo se contrapone con los dichos del encausado". Explica que mientras este último dijo "prácticamente" no conocer a la víctima, W. manifestó que ambas habían ido a la casa del imputado a tomar mates y que E. se mandaba mensajes de texto con Pérez y coqueteaba.
La parte sostiene que las conclusiones de la Casación resultan arbitrarias pues la propia víctima reconoció que su relación con Pérez era oculta, de ahí que resulta lógico que no hubiera contado a sus compañeras que mantenía relaciones sexuales con este.
Reproduce tramos de la declaración de Pérez y critica el alcance que el órgano de mérito y la Casación le dieron a las contradicciones en que incurrió el imputado a la luz del resto de las probanzas.
Alega que "...contrariamente a lo resuelto por el [Tribunal de Alzada], se advierte que en autos se encuentra debidamente acreditado que cuando la niña M.E.N. tenía trece años mantuvo una relación con el encausado, durante [tres] meses, oportunidad en la que aquel la accedi[ó] carnalmente vía vaginal en diversas oportunidades, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima en razón de su mayoría de edad. Habiéndose acreditado las relaciones sexuales que mantuvieran víctima y victimario; la inmadurez sexual advertida tanto por la Lic. Trapiella, por su entorno, por el Tribunal de instancia que destacó la edad, inmadurez y vulnerabilidad de la niña y por el propio [Tribunal de Casación]".
Concluye que la Casación, al apartarse de la prueba de cargo, incumplió con el deber de debida diligencia reforzada y con la obligación en materia de violencia de género de investigar y sancionar a los responsables (conf. Convención de Belém do Pará; caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú , CIDH).
Finalmente, pone de manifiesto su preocupación por los exámenes médicos practicados a la víctima en el año 2015, transcurrido más de un año desde la comisión de los hechos, lo que, a su entender, revictimizó a la niña pues resultaban intrascendentes para la acreditación de los hechos en función del tiempo transcurrido, configurando una injerencia arbitraria en su vida privada. Para más, destaca que "No solo la práctica de la pericia fue innecesaria, sino el modo en que ésta fue practicada. Pues surge del veredicto en cuestión que los médicos de policía obtuvieron fotografías del examen practicado a la víctima, lo cual es absolutamente inadmisible [ante lo cual] el magistrado de instancia consideró apropiado '...que el Ministerio Público orden[ara] a los médicos de policía que no obtengan fotografías de los exámenes practicados a las víctimas de este tipo de delitos salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario, pudiendo suplirse cualquier aclaración al respecto con diagramas o dibujos'".
Por todo lo expuesto, afirma que "...la Sala V del TCP se desentiende infundadamente no solo de las constancias debidamente incorporadas en la causa sino también de la obligación estatal de debida diligencia, de los derechos y garantías judiciales de las víctimas, y de la obligación específica en materia de violencia de género de investigar y sancionar a los responsables de ello".
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso de la representante fiscal, propiciando su acogimiento.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Del fallo en crisis se desprende que, el Tribunal de Casación, luego de resaltar las limitaciones del recurso fiscal contra el veredicto absolutorio, recordó la plataforma fáctica que el acusador público le atribuyó al imputado: "...en la localidad de Garré, Provincia de Buenos Aires, siendo aproximadamente entre el mes de marzo al mes de julio del año del año 2014, el imputado Carlos Alberto Pérez de 33 años de edad, mantuvo una relación de noviazgo con la menor M. E. N. de 13 años de edad, a quien le pidió que le enviara una foto en corpiño, logrando que la menor le enviare una foto en ropa interior. Asimismo, aprovechándose de la inmadurez sexual de la menor en razón de su mayoría de edad, mantuvo relaciones sexuales con M. E. en circunstancias de que se encontraban en el domicilio del imputado ubicado en la calle [...] de Garré, Provincia de Buenos Aires, o en el vehículo particular del imputado, accediéndola carnalmente vía vaginal y en las oportunidades de que la menor no quería mantener relaciones sexuales, el imputado la amenazaba con que le iba a pegar o también diciéndole que le haría pública la foto que había obtenido de ella en ropa interior, para finalmente con dicho accionar obligarla a mantener relaciones sexuales accediéndola carnalmente vía vaginal, siendo que en la última oportunidad en que se encontró con la menor aproximadamente en el mes de julio del 2014, la obligó a subir al auto, y al negarse esta a mantener relaciones sexuales, el imputado le aplicó golpes de puño en el rostro ocasionándole lesiones en la boca y ojo, pudiendo la menor escapar de esa situación...".
Sentado ello, sostuvo que más allá de las consideraciones que cabría efectuar respecto a la figura del delito continuado pese a tratarse de delitos contra la integridad sexual, destacó que "...el suceso fue considerado un único hecho, en el cual confluyen una pluralidad de ofensas contra aquél bien jurídico, traducido en dos tipos penales que concurren, según la fiscalía, en forma ideal".
Estimó que la parte se limitó a exponer un mero criterio divergente sin lograr conmover el fallo en crisis, siendo que el juzgador "...encontró escollos fundados en varias inconsistencias que, según explicó, permiten descreer de la verosimilitud de ciertas pruebas de cargo".
Recordó que el órgano de mérito había aludido a la complejidad de "... poder seguir —la trama de caso—, presentando baches imposibles de sortear, bifurcaciones que terminan en incógnitas y además conjugando en el necesario proceso de valoración probatoria, que la mayoría de los testigos convocados han incurrido en incoherencias, y no menos en falsedades y ocultamientos, en especial aquellos más allegados a la joven ...'" (el destacado figura en el original).
A su vez, indicó que el veredicto absolutorio si bien tuvo por demostrado que existió una vinculación entre los protagonistas, prevaleció la duda en cuanto al " contexto total de la acusación", que siendo insuperable derivó en la aplicación del principio in dubio pro reo (el destacado figura en el original).
De seguido, recordó los elementos de prueba ponderados por el tribunal de primera instancia:
Denuncia formulada por C. M. N. (padre de la niña).
En la denuncia sostuvo que cuando estaba en una cancha de paddle "...lo llamaron desde su casa, encontrándose allí con W. C., quien le contó que recibió de una persona a quien no conoce, pero identificada como 'Fer Duarte', a través de su teléfono, varias fotos de su hija E. totalmente desnuda", y que las fotos estaban circulando por distintas redes sociales. Al comunicarse por ese tema con su hija, "…ésta le dijo que estuvo saliendo a escondidas con el imputado de autos, desde hacía aproximadamente un año y durante unos tres meses".
Expuso el denunciante que —según supo por su hija— "...ante la insistencia del causante Pérez, la niña le mandó una foto desde su teléfono al celular del mismo en el mes de marzo del año 2014. Dijo también que en julio de ese año su hija se peleó con Pérez y a raíz de esa discusión, apareció por la red social una persona de apellido Duarte, amenazando a la víctima para que le mande más fotos, pues si no iba a publicar la que poseía. Posteriormente manifestó el progenitor que E., por miedo, le envió varias fotos al sujeto en cuestión, y la niña le confesó a su padre que había borrado del teléfono del denunciante las fotos para que no las viera, pues también Duarte se las había mandado". Que para entones, la víctima tenía trece años.
Señaló que, a su entender "Fer Duarte" sería el encartado Carlos Pérez, pero que eso lo deduce sólo por comentarios.
Recordó, además, que "...fueron agregadas placas donde constan los supuestos mensajes y envío de fotos, todas ellas obtenidas del celular de Walter Calvo".
Frente a ello, la Casación destacó que "...de la denuncia surge que Walter Calvo le informó al progenitor acerca de las fotografías de la víctima, las que —según dijo— habría recibido de parte de 'Fer Duarte'. Y si bien la niña admitió ante su padre la relación que mantendría con el aquí imputado, no se encuentra corroborado, conforme a lo dicho por el progenitor, que el causante y 'Fer Duarte' sean la misma persona, pues para ello el denunciante se basa en meros comentarios de terceros".
Testimonio de la niña tomado en cámara gesell .
El Tribunal de Alzada citó tramos del fallo de mérito de los que surge que "... '...la joven E. contando con 14 años, próxima a cumplir los 15, fue entrevistada por la Licenciada Trapiella [...] Tras indicar que vive en la localidad de Garré con sus padres y describir cómo se compone su familia, explicó que concurre a la escuela de campo, cursando el primer año del secundario el cual había repetido ya dos veces. Allí va una semana que permanece en la escuela, y otra en la ciudad, junto a su familia. Agrega que no suele salir, que se queda con sus padres. Ante la pregunta directa de la psicóloga la joven responde que sabe porque se realiza la entrevista. Sonríe, y con tranquilidad indica que es por lo que pasó con «Fer Duarte» y Pérez. Comenzó indicando que con este último estuvo de novio por unos tres meses, que tenían relaciones, y que la última vez que lo hicieron fue en el auto, donde le pegó. La llamaba por su teléfono celular varias veces. Más adelante aclaró que Pérez le había pedido fotos y ella se las mandó' " (el destacado figura en el original)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.