Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137586
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 488 segundo párrafo, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.586, "D'Gregorio, María Laura, Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires s/ Queja en causa n° 109.045 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Palavecino, Walter Alberto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de abril de 2022, hizo lugar -por mayoría- al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Walter Alberto Palavecino contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Martín, que había declarado la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 y, en consecuencia, revocado el auto de primera instancia que concedió al nombrado las salidas transitorias. En consecuencia, casó la resolución impugnada y devolvió las actuaciones a la citada Sala del Tribunal de Alzada para que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a lo allí resuelto.
Contra ello, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; el cual fue declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio del 4 de octubre de 2022.
Deducida queja, esta Suprema Corte la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió (v. resol. digital de 6-III-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 17-IX-2024), dictada la providencia de autos el 20 de septiembre de 2024; y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
En caso negativo:
¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La recurrente denuncia arbitrariedad por apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso -según refiere- sin argumentos valederos para la inaplicación del precepto en cuestión; fundamentación aparente e inmotivada de la doctrina de esta Suprema Corte.
Sostiene que los argumentos dados por el Tribunal de Casación -voto mayoritario- en torno al art. 100 de la ley 12.256 desconocen -sin una expresa declaración de inconstitucionalidad- la propia letra de la ley. En particular, al devolver los autos a la instancia y ordenar la reconsideración del pedido de salidas transitorias en el caso concreto, obviando el delito por el cual Palavecino se hallaba condenado (homicidio agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas).
Indica que al disponer un reenvío meramente formal provocó que la Cámara departamental, no tuviera más opción -para no incurrir en un eventual alzamiento contra el superior- que declarar la inconstitucionalidad de tal norma y del art. 56 bis de la ley 24.660.
Advierte que ello no se modifica con el voto del juez Maidana que conformó la mayoría, toda vez que el nombrado se remitió a los fundamentos vertidos en fallos precedentes de ese tribunal en los que se declaró expresamente la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, lo que no acontece en el pronunciamiento en crisis.
Enfatiza que el déficit argumental resulta evidente al invocarse la doctrina del precedente P. 133.372 de esta Suprema Corte, pues allí se trató un caso de libertad condicional, y que el a quo desconoce que este Tribunal se ha pronunciado en fallos posteriores por la validez constitucional de las normas que regulan y ponen límites al beneficio de las salidas transitorias.
En adición, invoca diversos extractos de precedentes en los que esta Corte ha desechado la inconstitucionalidad del aludido art. 100 de la ley 12.256.
Concluye en que el Máximo Tribunal federal ha determinado que casos como el presente, en el cual el tribunal inaplica la ley (sin declarar su inconstitucionalidad -al menos- en forma expresa), constituye un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso sin argumentos válidos para su inaplicación, incurriendo en arbitrariedad y en contra del principio de legalidad; por lo que solicita la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido.
II. El señor Procurador General mantuvo el recurso (v. dictamen digital de 17-IX-2024).
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio ha devenido inoficioso.
Me explico.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, a través del pronunciamiento dictado el 23 de julio de 2020, hizo lugar a la solicitud de la defensa de Walter Alberto Palavecino y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 100 cuarto párrafo de la ley 12.256, y dispuso su inclusión en el régimen de salidas transitorias para afianzar sus vínculos familiares, por hasta doce horas semanales, confiado a la tutela de Andrés Cáceres (arts. 146 y 147, ley 12.256).
Para así decidir, el juez Luchelli ponderó los informes aunados en el expediente: el socio-ambiental realizado por el perito trabajador social de la Asesoría Pericial departamental; que en el domicilio aportado al efecto de las salidas transitorias vive un primo del condenado (Andrés Cáceres), junto a su pareja e hijo, concluyendo que lo une un fuerte lazo de vinculación y que cuenta con los recursos materiales, habitacionales y afectivos para ser el principal referente de apoyo de Palavecino si se le concedieran las salidas transitorias. También ponderó el informe del Registro Nacional de Reincidencia del cual no surge ninguna causa abierta donde interese su detención, ni condena pendiente. Además, que Palavecino se encuentra alojado en la UP n° 24 bajo un régimen semiabierto amplio, mantiene conducta ejemplar 10, sin variaciones, desde el tercer trimestre del 2005 y un concepto general bueno, sin registrar sanciones disciplinarias, y buena relación convivencial con los demás internos y con el personal penitenciario. Ponderó también que, para entonces, el 28 de junio de 2017, se había decidido incorporarlo en régimen abierto, sin salidas, decisión confirmada por la sala departamental, pero que no se concretó por falta de cupo (advirtiendo una falencia del "SPB" que no puede valorarse en perjuicio del detenido). Incluso tuvo en cuenta los años que llevaba haciendo tareas laborales. Que durante su estadía en UP n° 30 culminó colegio secundario, realizó diversos cursos, siendo a la fecha de ese fallo alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. A la par, detalló las conclusiones del informe psicológico y del DTC de la UP n° 24. Que, con todos los informes recabados, corrió vista a las partes conforme el art. 498 del Código Procesal Penal y la fiscal estimó que no estaban dadas las condiciones por el contexto de pandemia y requirió que se dé intervención a la familia de la víctima, en tanto que la defensa se mantuvo en su planteo, resaltó el satisfactorio desarrollo institucional de Palavecino y que -si era un impedimento- se declare la inconstitucionalidad del mentado artículo de la Ley de Ejecución Penal. El juzgado se contactó con la concubina de la víctima para el supuesto que deseara hacer alguna manifestación, venciendo el plazo sin hacerlo.
Tras ello, consideró que correspondía hacer lugar a ambos planteos de la defensa, declarando la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, por vulnerar los principios de igualdad, progresividad y razonabilidad, en cuanto veda la concesión de salidas transitorias a los condenados únicamente por la comisión de determinado delito, sin siquiera permitir la ponderación de prueba en contrario respecto de su proceso resocializador.
Luego, atendiendo a todas las condiciones objetivas antes puestas de resalto, que daban cuenta de que Palavecino cumplía sobradamente con los requisitos para incluirlo en dicho régimen y así permitir el avance progresivo en la ejecución de la pena, dispuso que ello se haría efectivo "...una vez culmine el ASPO, ello a fin de proteger la salud de Palavecino, los demás internos y personal de seguridad del SPB...", y previo comparecer el referido Cáceres a ratificar el compromiso así asumido.
III.2. Frente al recurso de apelación articulado por la fiscal (el 29-VII-2020), por el que reclamó la revocación de la declaración de inconstitucionalidad por no encontrarse afectado el principio de igualdad consagrado en la Constitución nacional, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, por mayoría, declaró -a través del pronunciamiento del 17 de septiembre de 2020- la validez constitucional del art. 100 de la ley 12.256 y, en consecuencia, dispuso revocar la concesión de las salidas transitorias allí dispuesta (arts. 100, ley 12.256 y 421, 434, 439, 440, 441 y 442, CPP).
III.3. Deducido recurso de casación por la defensa, la Sala III del tribunal intermedio -por mayoría- resolvió en el sentido en que se diera cuenta en los antecedentes de la presente.
Con el voto del señor juez Violini, quien hizo la mayoría, señaló que "...la norma del artículo 100 de la ley 12.256 impone una regla cerrada, que impide, en principio, una interpretación alternativa compatible con la Constitución Nacional, frente a las pautas que regulan el objeto y fin de la pena"; añadió que los arts. 18 de la Constitución nacional, 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el objetivo de resocialización para la imposición de la pena privativa de libertad, las cuales poseen carácter supralegal, y por ende, cualquier restricción a los beneficios concedidos a los penados, fundada en dicho objetivo, aparecerá en principio como razonable.
Con relación al caso puntual, sostuvo que el extremo acreditado había sido el opuesto desde que el único impedimento para la obtención del beneficio solicitado era el tipo de delito cometido, importando ello "...hacer aplicación de una teoría especial negativa de la pena, reñida con los principios de dignidad humana y resocialización". Además, reputó que no obstaba a la solución propuesta la doctrina emergente del precedente P. 133.372 de esta Suprema Corte, pues allí este Tribunal se había pronunciado sobre el instituto de la libertad condicional que no era el supuesto en trato.
Concluyó así que correspondía postular la procedencia del recurso intentado, casó la resolución impugnada y ordenó devolver los autos a la jurisdicción de la Cámara para que dictara un nuevo pronunciamiento conforme lo allí decidido.
III.4. De conformidad con el pronunciamiento anterior -y sin reparar en la vía impugnativa emprendida- las actuaciones fueron devueltas a la Sala I de la Cámara quien, con fecha 14 de septiembre de 2022, decidió que el recurso fiscal había quedado huérfano de sustento y debía ser declarado inadmisible (conf. surge del sistema informático "MEV"). Ello, porque -estimó- que al no haberse decretado en la resolución anterior la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, que importaba un impedimento para otorgarle a Palavecino el beneficio de las salidas transitorias, no obstante, añadió que el fallo de grado -tras disponer la inconstitucionalidad de dicha norma- evaluó los aspectos favorables de la conducta intramuros de Palavecino para resolver la concesión del beneficio en cuestión, en tanto que la manifestación impugnativa de la fiscal había centrado sus agravios únicamente en el planteo de inconstitucionalidad de la citada norma, concluyendo que los restantes argumentos arribaban enhiestos.
III.5. Posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal n° 2 departamental solicitó a la Cámara que esta le indique si la aludida resolución del 14 de septiembre de 2022 había adquirido firmeza, recibiendo como respuesta -en una primera oportunidad- que no se había presentado recurso alguno contra dicho resolutorio y -en una segunda- derechamente que había adquirido firmeza.
Ante tal estado de cosas, la señora jueza de ejecución dispuso -el 25 de noviembre de 2022- que la Jefatura del Servicio Penitenciario provincial arbitre los medios necesarios para incorporar a Palavecino en el régimen de salidas transitorias en los términos que le había sido otorgado oportunamente por el tribunal de grado.
Con fecha 24 de abril de 2024 se agrega informe del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre planilla de salidas transitorias cumplidas por el condenado.
III.6. Ahora bien, el 30 de abril de 2024 se practica un nuevo informe actuarial, esta vez en el referido juzgado de ejecución, en el que se advierte que, no obstante lo informado oportunamente por la Cámara, con fecha 27 de febrero de 2024 esta Suprema Corte había resuelto hacer lugar al recurso de queja presentado por el señor fiscal de Casación, concluyendo que -en definitiva- el resolutorio del tribunal de grado que oportunamente dispuso incorporar a Palavecino en el citado beneficio no había adquirido firmeza.
Merced a ello, la jueza de ejecución -previa sustanciación con las partes-, decidió, por resolución de 21 de mayo de 2024, suspender el usufructo del instituto de salidas transitorias otorgado a Palavecino conforme lo peticionado por el fiscal, acorde al art. 431 del Código Procesal Penal. En la misma fecha, la defensa apeló tal pronunciamiento.
III.7. A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, el 27 de junio de 2024, confirmó dicha decisión, haciendo pie en la distinta naturaleza jurídica entre las salidas transitorias y aquellos otros institutos que implican libertad, y considerando acertado que la efectivización de las salidas transitorias otorgadas debía aguardar a que el pronunciamiento que las concede adquiera firmeza.
III.8. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 17 de diciembre de 2024, en el marco del legajo 134.033, declaró procedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa contra tal pronunciamiento y casó el auto impugnado, con devolución de jurisdicción a la Alzada a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Le reprocha a la Cámara departamental la errónea interpretación del art. 431 del Código Procesal Penal en relación con las normas de la ley 24.660 en cuanto regula las salidas transitorias porque, aunque "...el retorno al medio libre [...] sea bajo condiciones y por cortos períodos, al igual que lo hacen la semilibertad o la propia libertad condicional...", no parece apropiado estimar que no constituye un supuesto de aquellos en que "...se hubiera ordenado la libertad del imputado", cuando -agrega- "...no existen diferencias entre los efectos asignados a unas y otras", dando razones para tal aserto, más allá de lo que pueda opinarse. Finalmente, dijo que no podía pasar desapercibido que Palavecino "...usufructuó con regularidad las salidas transitorias desde el 25 de noviembre de 2022 hasta el 21 de mayo de 2024, fecha en que fueran revocadas por el Juez de Garantías [en rigor juez de ejecución] al anoticiarse que la Suprema Corte había declarado admisible la queja deducida por la Fiscal ante este Tribunal contra la resolución de esta Sala".
Dicha resolución, conforme surge de lo informado mediante oficio recibido en el sistema informático "Augusta" el 21 de abril de 2025, fue consentida por el Ministerio Público Fiscal.
III.9. Contra esa anterior decisión la defensa también había deducido habeas corpus directamente ante Casación (legajo 138.581, sent. de 20-III-2025) que fue desestimado -con firma de los jueces Violini y Bouchoux-, por no proceder la vía originaria ante el tribunal ni advertirse algún supuesto de excepción; no obstante, hizo referencia a lo resuelto en el legajo 134.033 citado.
III.10. Por último, del sistema informático de gestión de expedientes Augusta surge informe actuarial practicado el 29 de abril de 2025, del que emerge que la aludida Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín -merced a lo resuelto por la Casación el 17 de diciembre de 2024- resolvió, con fecha 23 de abril de 2025, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la decisión de la jueza de ejecución del 21 de mayo de 2024 que suspendiera el usufructo de las salidas transitorias oportunamente otorgadas al nombrado Palavecino, decisión que a la fecha del informe no fue motivo de impugnación.
IV. Así las cosas, del derrotero judicial de la presente causa, así como particularmente la duplicidad de vías producida y la última decisión de la Alzada departamental reseñada -del 23 de abril de 2025- que a partir de lo decidido por la Casación, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la suspensión del usufructo de las salidas transitorias oportunamente otorgadas al nombrado, ha devenido inoficiosa la primigenia decisión del Tribunal de Casación recurrida ante esta Sede por la señora fiscal doctora María Laura D'Gregorio mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Ello, en tanto aquella decisión no atiende a la situación actual del imputado Walter Palavecino, sino a una anterior.
De tal modo, no se aprecia la subsistencia de ningún interés actual que haga necesario expedirse sobre la cuestión (art. 488, CPP).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión previa también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 488 segundo párrafo, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/08/2025 14:46:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2025 11:42:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/08/2025 13:03:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2025 14:50:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:19:52 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 08:30:58 hs. bajo el número RS-134-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia