Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137115
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.115-Q, "D'Gregorio, María Laura E. —fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal—. Queja en causa n° 109.069 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a A., E. E. y P., J. E.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de noviembre de 2021, rechazó el recurso homónimo presentado por el señor agente fiscal interinamente a cargo de la fiscalía descentralizada n° 7 de Pehuajó, Departamento Judicial de Trenque Lauquen, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de la mencionada jurisdicción que absolvió a E. E. A. y a J. E. P. en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años.
Contra ese pronunciamiento, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio. Ello motivó la deducción de una queja ante esta Suprema Corte, que por resolución del día 13 de julio de 2023 fue admitida, y concedida la vía extraordinaria por estimar que las tachas de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, por falta de fundamentación, y por valoración parcial y fragmentada de los elementos de prueba cumplían la carga técnica necesaria a efectos de ser abordadas.
El señor Procurador General sostuvo la impugnación y propició su acogimiento; la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal presentó la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal solicitando que se rechace el remedio intentado. Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora fiscal titular interina de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal denuncia arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, por falta de fundamentación y tránsito aparente ante el órgano revisor, valoración de la prueba de modo parcial, fragmentado y contradictorio.
Alega que el pronunciamiento atacado es absurdo y arbitrario por su fundamentación aparente, en tanto se aparta de las constancias de la causa, fragmenta la ponderación del material probatorio y omite valorar circunstancias de hecho debidamente acreditadas y decisivas para la correcta solución del caso.
Sostiene que para confirmar la falta de acreditación de la materialidad ilícita y de la participación de los imputados, el revisor se remitió al análisis fragmentado y parcializado efectuado por el tribunal de instancia, desatendiendo los agravios llevados a su conocimiento.
Asevera que el estudio conglobado de la prueba conduce a tener por probada la existencia del hecho y la participación de A. y P..
En esta senda, puntualiza que de las constancias de la causa surge que el objetivo de la declaración prestada por la niña M.A.R.B. en el año 2014 fue el de poner fin a la mentira en que, junto a su hermana, incurrieron a instancias de su progenitora, quien las obligó a denunciar falsamente a su abuelo por abuso sexual. Fue en esa declaración en la que hizo referencia a una experiencia abusiva de carácter sexual por parte de A.. Resalta que, según la perita García de Mazzieri, la niña mencionó —en forma consistente y con coherencia discursiva— que la única persona que intentó abusar sexualmente de ella fue A..
Señala que la licenciada Zavalía, quien evaluó a M. en el año 2016, indicó que los sucesos denunciados no podían evaluarse como irreales, y que del material de prueba aportado surgieron algunos signos gráficos compatibles con los observados en casos de abuso sexual (de conflicto y perturbación con la sexualidad, de sometimiento hacia una figura masculina y de shock ante elementos que representan la excitación sexual masculina).
Asevera que más allá de las innegables diferencias en sus relatos, tanto M.A.R.B. como su hermana coincidieron en que los imputados ejercieron violencia sexual sobre ellas.
Recuerda que tanto la madre como los cuidadores de la niña ejercían violencia física contra ella, por lo que no era de esperar que, ante un ataque sexual, alguno de ellos accionara mecanismos médicos e institucionales en su apoyo.
Sostiene que la condición de niña de la víctima al momento de los hechos (tenía entre 9 y 10 años de edad) apareja un estándar elevado de protección que el tribunal intermedio ignoró, controvirtiendo de esta forma los mandatos constitucionales e internacionales. Menciona al respecto que la concepción constitucional de los derechos de las víctimas comprende los derechos a la verdad, a la justicia y a la sanción de los responsables, y que, en este caso, la prueba de cargo fue neutralizada en forma arbitraria y la que se consideró de descargo no posee indubitablemente tal carácter. Hace especial hincapié en la forma en que se sopesó la prueba pericial psicológica, concluyendo a partir de allí que el principio pro admisión de prueba se vio cercenado.
Denuncia que el revisor se apartó de la doctrina legal de este Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de valoración de la prueba en casos de abuso sexual en la infancia, toda vez que los estándares probatorios no se adaptaron a las circunstancias del caso con perspectiva de infancia y de género, omitiéndose valorar correctamente la prueba pericial incorporada por lectura. Cita diversos precedentes en apoyo de su postura.
Destaca que el derecho de los niños a ser oídos (art. 12, CDN) implica que sus relatos sean escuchados por quienes resuelvan cuestiones que los afecten directamente, y que el Estado asumió la obligación de protegerlos contra todas las formas de explotación y abuso sexuales (art. 34, CDN).
Concluye que el órgano intermedio analizó de forma superficial los testimonios de las profesionales que entrevistaron a M.A.R.B., omitiendo la expresa mención sobre la existencia de signos compatibles con abuso sexual; asimismo destaca que, en estos casos, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental.
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento.
III. Sin embargo, el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa, y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente, no logran superar una mera discrepancia con el criterio establecido por el juzgador y confirmado por la casación, sin evidenciar los déficits de motivación que se le reprochan al pronunciamiento.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. CSJN Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.) en la medida en que la totalidad de los agravios fueron tratados y resueltos por el tribunal del recurso, sin que se logre evidenciar un error grosero o palmario cubierto por la doctrina del absurdo o la arbitrariedad (conf., por muchos, Fallos: 331:477).
IV. Una breve reseña de los antecedentes del caso permite ilustrar adecuadamente el sentido de la solución que propicio.
IV.1. El tribunal de juicio dictó veredicto absolutorio por no encontrar acreditada la materialidad ilícita tal como lo propuso el Ministerio Público Fiscal.
Para resolver así, la magistrada que lideró el acuerdo, y a cuyo voto adhirieron los restantes integrantes del tribunal, comenzó por señalar los términos de la imputación que sostuvo la fiscalía durante el juicio: "En la ciudad y partido de Pehuajó, Pcia. de Bs. As., los imputados E. E. A. y su pareja J. E. P., entre el mes de agosto de 2010 y el mes de noviembre de 2012 se domiciliaban en calle … … N° … vivienda ubicada en la parte trasera del predio, quienes se encontraban al cuidado de la menor M.A.R.B., en días y horas no determinadas en ese lapso de tiempo, el imputado A. aprovechando la situación de convivencia y el poder que ejercía sobre la menor como también la condición de guardador que el mismo poseía sobre la misma, abusó sexualmente de M.A.R.B., accediéndola carnalmente. Para lograr su cometido, los coimputados A. y P. la ataron de pies y manos con una soga la cual estaba atada a un palo que sostenía el techo de la vivienda, la tiraron sobre un colchón de dos plazas que estaba en el piso, la pusieron boca arriba, el imputado A. la obligó a desvestirse intimidándola con una cuchilla que portaba en una de sus manos, y una vez que estaba sin su ropa, le levantaron las piernas y A. la accedió carnalmente introduciéndole su pene en la vagina de la niña, la cual estaba llorando y sintió mucho dolor, provocándole dicho acto criminal un sangrado vaginal".
La jueza indicó que, en hechos de abuso sexual, donde los sucesos generalmente ocurren en ausencia de terceras personas, es preciso escuchar el relato de las víctimas y examinarlo en conjunto con el resto de la prueba. Precisó que, según los parámetros interpretativos establecidos por el Tribunal Superior Español y seguidos por la casación bonaerense, una declaración puede ser considerada válida si además de no estar aislada del material probatorio confluyen: "a) ausencia de contradicciones en su relato y persistencia en la incriminación, b) inexistencia de móvil objetivos o subjetivos que minen la credibilidad de su relato, c) coexistencia de elementos periféricos que avalan lo revelado por la menor (horarios, lugares y ocasiones de quedar a sola a merced de su ofensor) y, d) signos o indicadores de haber sufrido actos de contenido sexual". Estimó que, en el caso, estas circunstancias no se habían verificado.
Luego de transcribir las dos declaraciones brindadas por la niña (la entrevista de declaración testimonial del año 2016, y lo plasmado en la evaluación psicológica testimonial de 2014) resaltó que sus relatos en relación con el abuso sexual no habían sido contestes y concordantes. Porque en 2014, con 13 años, y en el marco de una investigación contra su abuelo materno, le dijo a la psicóloga García de Mazzieri que había sufrido un intento de abuso sexual por parte de A. ("...este señor o sea E. M. [sic], sólo una vez intentó abusar de mí, pero no pudo porque yo salí corriendo y me fui a la esquina y me quedé ahí"), mientras que en el año 2016, en cámara Gesell, expuso un hecho con penetración sumamente violento de parte de la misma persona.
Lo que sí se sostuvo en el tiempo y en las diversas pruebas, según la jueza, fue la mala relación con la progenitora y el maltrato al que era sometida la pequeña niña. Incluso, la magistrada afirmó que no tenía dudas de que ese maltrato (golpes y desprecio psicológico) también lo había desplegado el matrimonio A.-P., pues en este punto las distintas declaraciones sí coincidieron.
En orden al abuso sexual, indicó haber considerado seriamente la posibilidad de que el paso del tiempo pudiese haber favorecido la fortaleza de la víctima para develar nuevos hechos. No obstante, dijo que la lectura de los peritajes anteriores (2014) y los nuevos (2016, tras la cámara Gesell) no permitían sostener ese criterio, y que ello se reforzaba a partir del análisis del resto de la prueba.
Mencionó que la licenciada García de Mazzieri, en su conclusión pericial (2014), destaco que: "...según la menor, nunca tuvo relaciones sexuales, ni sufrió de manera precedente al hecho que nos ocupa, situación de abuso sexual por parte de un tercero. Se ha de aclarar, sin embargo que sí hace mención a que posteriormente a la denuncia del hecho que nos ocupa y cuando ya se había ido a vivir con su madre, sólo en una oportunidad, el Sr. E. M. intenta abusar de ella, pero que no pudo porque ella sale corriendo y pasó la noche sin dormir en la esquina de su casa, donde hay una planta. [...] M. muestra ajustada consistencia interna y coherencia discursiva del relato. Precisa detalles con claridad y consistencia interna en referencia a los hechos que son coincidentes con otras declaraciones agregadas al expte. [...] Sí, de acuerdo a su relato, puede inferirse que M. según refiere fue influenciada o presionada por su madre, para que denunciara a su abuelo materno, Sr. G., dando una versión falsa de los hechos, por miedo a que esta la maltratara. En este sentido, M. refiere que con el [Sr.] G., su abuelo, se llevaba bien y que nunca tuvo hacia ella un comportamiento abusivo en el plano sexual [...] Acorde a lo observado en el testimonio de M., la vivencia del maltrato que relata la entrevistada, de parte de su madre y no del imputado, superó su capacidad de elaboración, instalándose en la dinámica psíquica de M. un daño psíquico grave, teniendo en cuenta que el vínculo que las une (madre e hija) vulnera su posición y motiva que en la actualidad y desde finales del año 2012, esta menor esté alojada en el Pequeño Hogar de Pehuajó y que prefiera seguir viviendo allí que en la casa materna".
A ello enlazó el informe de la licenciada Marcela Zavalía (2016), que expuso que "M. no tiene vínculo con su madre y que no desea reconstruirlo, sí tiene trato con sus hermanas. Señala que la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico y ha tenido episodios de auto lesión. Que es vulnerable, con sentimientos de inseguridad, inferioridad, frustración. Que la profunda conflictiva del pasado (relaciones objetales primarias) originan un freno en su evolución. Deja en claro la licenciada que los deseos mortíferos puestos de manifiesto por su madre a través del maltrato físico y psicológico han marcado y dañado su psiquismo". La perita dio cuenta de que sus dichos se presentaron contradictorios, de acuerdo a su exposición en el año 2014 y la del 2016; no obstante, la licenciada también marcó que "...la adolescente brinda detalles y sensaciones, expone lugares y tiempo".
Para la jueza quedó claro, de este último análisis psicológico pericial, el conflicto de M.A.R.B. con su mamá, que llevó a que presentara daño psicológico y eventos de autolesión.
Valoró también el informe del perito psiquiatra Pérez Martín (2016), que da cuenta de que M.A.R.B. habla de una vida golpeada y muy violenta, sin dar detalles del suceso del abuso sexual. Sí está probado y corroborado la severidad y rigurosidad física y psíquica que ejercía su mamá sobre ella, y entonces —dijo la magistrada— el trastorno de estrés postraumático que menciona el perito queda claro que surge por lo expuesto por la licenciada Zavalía, o sea, de la vida violenta que la adolescente padeció por parte de su madre ("...es precisamente en este marco mortífero en el que se ubicarían los episodios denunciados, elementos históricos pasibles de provocar daño psíquico", expuso la perita Zavalía).
Seguidamente, puso énfasis en el relato brindado por A.J.T.C. (hermana de M.) y resaltó que "Ninguno de los abusos descriptos por la testigo es contado por su hermana. No coinciden. No cuentan lo mismo. Quedan descripciones en soledad y sin semejanzas".
Esto lo vinculó con los informes del equipo interdisciplinario del hogar donde M. estuvo viviendo desde que se fue retirada para su protección y los del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la Municipalidad de Pehuajó (SLPPDN), en los que "...nada se menciona de un hecho tan violento de abuso sexual como el descripto por la menor en la cámara Gesell".
Volvió sobre el peritaje psicológico de García de Mazzieri, donde se detalló que "...de los informes médicos, a esa edad y en ese momento, no se advertía ningún tipo de acceso carnal violento (punto g, pericia del 22/6/2014)".
Tuvo presente que M. relató que cuando sucedió esto contaba con aproximadamente 10 años de edad; por ende, razonó que "La brutalidad del hecho relatado debería haber dejado marcas en su cuerpo pequeño, pero de ello no hay constancia en la historia clínica adjuntada y tampoco hay indicadores o síntomas de haber sufrido abuso sexual de acuerdo al examen médico del Dr. Ruiz (según perito psicóloga que lo cita en el año 2014)".
Asoció que nada surge, asimismo, de los informes del hogar, o sea, "...la necesidad de atención médica por la circunstancia de una violación con acceso carnal a una pequeña de 10 años de edad, que obviamente resultaría necesaria. Maxime que como quedó acreditado, la joven tuvo su primera menstruación años después, y ya en el hogar (historia clínica, hoja de fecha 24/1/2014)".
Apuntó que del croquis y las fotografías incorporadas "...puede considerarse el lugar descripto, pero el paso de los años, frente a este nuevo hecho descripto por la adolescente (en el año 2016), no permite establecer aquel palo señalado en cámara Gesell, cuando ella contaba con 10 años de edad aproximadamente, por ende, pasaron casi 6 años de ese supuesto hecho".
Por último, también tuvo en cuenta el relato de los acusados en el debate negando el hecho de abuso sexual, pero reconociendo haber vivido en el galpón de la parte de atrás del terreno de la mamá de M.
Concluyó que M.A.R.B. padeció una vida envuelta en violencia, con una madre con actitudes mortales para con ella (físicas y psíquicas), que solo la convocó por una cuestión económica, sacándola del lado de sus abuelos y promoviendo que la niña haga una denuncia falsa que la perjudicó aún más, puesto que perdió contacto con sus abuelos, que según la adolescente siempre la trataron bien, y sufrió la muerte de su abuela. Dijo que la joven debió vivir en un hogar del Estado para su protección. Y que seguramente, tal como lo expuso en su primer peritaje, vivió un intento de abuso sexual por parte de A. (dijo: me quiso tocar la cola pero yo salí corriendo), "...pero los elementos presentados no alcanzan para sostener y recrear aquello que ha traído como materialidad el MPF".
IV.2. Frente a ello, el señor fiscal de la instancia interpuso recurso de casación, en el que denunció errónea valoración de los elementos probatorios recabados en el juicio, considerando que hubo arbitrariedad en el examen de la prueba.
Se quejó de la violación e inobservancia de la normativa del orden nacional e internacional en cuanto a la protección de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual y de la mujer en contexto de violencia de género.
Postuló que hubo un erróneo mérito de las constancias probatorias, y que el énfasis estuvo en valoraciones respecto de la vida personal de la víctima en virtud de una denuncia anterior por abuso sexual de parte de su abuelo, circunstancia que fue utilizada para desestimar el hecho investigado, pese a ser totalmente independiente del anterior.
Esgrimió que en ese contexto la juzgadora, sesgada por la denuncia previa, meritó erróneamente los elementos de prueba que fueron sometidos al debate. Indicó que se ignoraron las declaraciones prestadas en el juicio que dieron cuenta de la posibilidad de producción del abuso —indicios de oportunidad—, en particular el testimonio de la hermana de la víctima.
Criticó que se dejara de lado lo expuesto en cámara Gesell, como así también la existencia de testigos que sostuvieron la posibilidad de que el hecho se haya producido y los peritajes psicológicos efectuados a la joven. Indicó que debió tenerse presente lo declarado por la niña ante la psicóloga especializada, pues se manifestó de manera muy clara respecto al hecho atribuido a los imputados. Puso el acento en los peritajes psicológico y psiquiátrico realizados y no valorados correctamente por el sentenciante. Estimó que la int
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