Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134866
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.866, "F., S. N. s/ queja en causa n° 11.735 y ac. 766/12 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Genoud, Kogan, Maidana.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca mediante sentencia dictada el 6 de agosto de 2013 condenó a S. N. F. a la pena de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en régimen cerrado, con más las accesorias legales mientras dure la condena, por resultar autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, en los términos de los arts. 45 y 166 inc. 2 tercer párrafo del Código Penal (causa 766/12); robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, en poblado y en banda en los términos de los arts. 45, 166 inc. 2 tercer párrafo y 167 inc. 2 del Código Penal (causa 768/12); portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (arts. 45 y 189 bis apdo. 2 tercer párrafo, Cód. Penal; causa 769/12); robo calificado por el uso de arma apta para el disparo en los términos de los arts. 45 y 166 inc. 2 segundo párrafo del Código Penal (causa 771/12); y robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (arts. 45 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal; causa 774/12), todos en concurso real (arts. 12 y 55, Cód. Penal; 4, ley 22.278; 33, 56 inc. 1 y 58, ley 13.634 y 371, CPP).
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por decisorio del 15 de abril de 2015, absolvió, por mayoría, a S. N. F. en la causa 766/12; confirmó el auto de responsabilidad dictado con respecto al resto de las causas recurridas por la defensa e impuso, por mayoría de opiniones, al acoger parcialmente el recurso de apelación del señor fiscal, la pena de nueve años de prisión, con más accesorias legales y costas.
Frente a ello el señor defensor oficial del fuero especializado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el órgano intermedio.
Con fecha 19 de septiembre de 2018, esta Suprema Corte de Justicia -en el marco de la causa P. 126.419- resolvió hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, revocó la sentencia impugnada en la parcela relativa a la individualización de la pena y ordenó remitir los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca a fin de que gradúe la pena a imponer al menor S. N. F. conforme las pautas dosificadoras que fueron descartadas y las que -de acuerdo a lo allí decidido- debían permanecer firmes.
El Tribunal de Alzada departamental con fecha 29 de mayo de 2019, y en virtud del reenvío dispuesto por esta Corte, adecuó la pena para todos los hechos por los que se dictara condena a S. N. F., en el monto de ocho años y seis meses de prisión.
Ello, motivó que la defensa oficial articulara recurso de casación, respecto del que se promovió formal cuestión de competencia ante el Tribunal de Casación, quien declaró inadmisible el planteo formulado y devolvió las actuaciones "...urgiendo la resolución de la presente contienda por la Presidencia de la Alzada [de Bahía Blanca]", la que, ante la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la Casación, elevó la causa a consulta a esta Corte.
Del sistema informático de registro de expedientes de este Alto Tribunal -"Augusta"-, se desprende que el 7 de octubre de 2020 (en el marco de la causa P-133.987-CC) esta Suprema Corte de Justicia resolvió remitir las actuaciones a la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca a fin de que corra nueva vista a la defensa oficial para que -eventualmente- readecúe la impugnación contra el fallo de Cámara en la vía que estime correspondiente (conf. art. 479 y concs., CPP).
Ello así, el doctor Agustín P. Saulnier, defensor oficial del fuero minoril de Bahía Blanca, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por la Cámara departamental, con fecha 10 de marzo de 2021, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 1/5). Esta Suprema Corte, el 23 de diciembre de 2021, hizo lugar a la presentación directa y admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que los agravios de pretensa índole federal se plantearon con la suficiencia y la carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 11/16).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 30/36 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 38), presentada la memoria por la señora defensora adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal donde solicita, como cuestión previa, se analice la subsistencia de la acción penal respecto del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal -causa 769/12- (v. fs. 41 y vta.), y posteriormente escrito donde solicita se haga extensiva la solicitud de prescripción referida al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, en poblado y en banda -causa 768/12- (v. fs. 79 y vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Preliminarmente cabe señalar que no corresponde que esta Corte examine los planteos introducidos por la defensa a fs. 41 y vta. y 79 y vta., por fuera del recurso bajo estudio.
En particular, corresponde aclarar que si bien es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.), no se dan los presupuestos -de la manera incontrastable requerida- para que tal examen pueda tener lugar obviando las instancias previas.
Las argumentaciones de la parte sobre la prescripción no se dirigen contra una decisión de la Casación que hubiese abordado y descartado la extinción de la acción penal, cuyo -eventual- desacierto pretenda ahora revertirse por la vía indicada (arg. art. 494, CPP).
Se trata, en rigor, de un planteo originario de prescripción ante esta Sede que, como tal, excede la competencia de este Tribunal establecida en los arts. 161 de la Constitución provincial y 479 y concordantes del Código Procesal Penal (conf. causas P. 106.004, sent. de 25-IX-2009; P. 106.499, resol. de 1-IX-2010; P. 115.200, resol. de 12-VI-2013; P. 123.212, sent. de 3-V-2018; P. 136.495, "Álvarez", resol. de 18-VIII-2022; e.o.).
La propia parte refiere que, sin perjuicio de sustentar su reclamo en el último acto jurisdiccional susceptible de enervar el curso de la prescripción, esto es la primera sentencia de condena (de 6-VIII-2013, conf. doctr. "Farina", CSJN Fallos: 342:2344), frente a la que contempla con igual alcance la de los tribunales de revisión (sentencia del Tribunal de Alzada departamental de 15-IV-2015 que en parte acogió el recurso de la defensa, pero también hizo lo propio con el del señor fiscal, imponiendo nueva pena a tenor de los delitos que permanecen incólumes; y luego del reenvío dispuesto por esta Corte la del 29-V-2019, conf. doctr. causa P. 121.979, "Salinas" -resol. de 16-VIII-2015-), la petición se supedita a la circunstancia "...de no mediar la causal independiente interruptiva del art. 67 inc. "a" del Código Penal".
Las constataciones pertinentes dan cuenta de que S. N. F. fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca por sentencia del 2 de septiembre de 2019 por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse -hecho del 10 de agosto de 2018- a la pena de cuatro años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas (causa 261/2019). Es decir, media en autos la causal prevista en el art. 67 cuarto párrafo inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 53/54 y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 64/65 vta.
De modo que corresponde que, en todo caso, estas contingencias sean evaluadas por las instancias jurisdiccionales previas.
II. Sentado ello, deben abordarse los reclamos que porta la pieza impugnativa.
II.1. El señor defensor oficial del fuero de responsabilidad penal juvenil denuncia inobservancia de los arts. 41 inc. 2 in fine del Código Penal y 4 de la ley 22.278, violación al derecho de ser oído (arts. 12, CDN; 14.1., PIDCP y 8.1., CADH) e infracción al debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Indica que el Tribunal de Alzada departamental entendió innecesario celebrar la audiencia de visu con el imputado en tanto había tomado contacto en audiencias previas, años anteriores, en el marco de dictaminar sobre un incidente de morigeración.
Señala que la última audiencia con el imputado se realizó diez meses antes del dictado de la sentencia en crisis y que -además- no habían participado todos los integrantes del tribunal ahora votantes en la condena, sino solamente los doctores Giambeluca y Soumoulou.
Recuerda que la finalidad que pretende la audiencia es garantizar el derecho a ser oído que le asiste a toda persona procesada por hechos ocurridos durante su minoría de edad con el fin de que puedan manifestar su opinión de manera libre y alegar cuestiones relativas a sus circunstancias personales, así como sobre su situación de detención, garantizando la vigencia de su "interés superior" y el derecho de defensa en juicio.
Resalta la importancia de la audiencia de visu en autos, toda vez que el proceso lleva más de siete años, seis de los cuales fueron insumidos por las etapas recursivas, lo que debería tener su impacto -en función de las previsiones del art. 41 del Código Penal-, al momento de redefinir la sanción a imponer.
Cita en apoyo de su postura los fallos de la Corte Suprema de Justicia "Maldonado", "Pin", "Garrone" y el precedente de esta Corte en causa P. 110.833, sentencia de 4-V-2011.
Solicita se declare la nulidad del fallo impugnado.
II.2. Asimismo, denuncia arbitrariedad de la sentencia por falta de motivación y solicita la nulidad del resolutorio.
Arguye la violación al derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH; 2 y 14, PIDCP), violación a los principios de subsidiariedad y de mínima intervención, proporcionalidad y del carácter resocializador de la pena (arts. 4, ley 22.278; 14 inc. 4, PIDCP; 4, CDN y Reglas n° 1, 2, 5 y 7 de las "Reglas de Beijing").
Postula que la vulneración de tales extremos viene dada por la falta de fundamentación de la pena, la cual encuentra desproporcionada sin explicar cómo se conjugan las pautas dosificadoras de agravantes y atenuantes, recordando que esta Suprema Corte -en la primigenia intervención- descartó tres pautas agravantes en cuatro causas (pluralidad de intervinientes, nocturnidad y uso de arma de fuego).
Agrega que tampoco se tuvo en cuenta -en esta nueva etapa- la pauta atenuante vinculada al estado de vulnerabilidad que sufriera el joven desde temprana edad y que esa Suprema Corte estipuló en su reenvío que debiera tenerse en consideración.
Denuncia violación de lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Código Penal y 371 del Código Procesal Penal por haberse valorado en el voto de los sentenciantes "...la regular impresión que le causara el justiciable en la audiencia personal ya celebrada" .
Afirma que en caso de mensurarse pautas valorativas en forma oficiosa deben ser siempre en favor del imputado por lo que dicha circunstancia agravante -recién ahora contemplada por el Tribunal de Alzada- debe ceder y ser apartada del análisis de adecuación de la pena a imponer.
Finalmente alega que nada se dijo respecto del aspecto resocializador de la pena y los principios del fuero especial conforme los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el citado fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Reglas de Beijing.
Por último, solicita se aplique la menor pena posible conforme lo establecido por el art. 4 de la ley 22.278 o bien un monto de pena que permita darse por compurgada la pena con el tiempo de privación de libertad cautelar que ya lleva cumplido.
III. En su dictamen de fs. 30/36 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del agravio. Coincido con su opinión.
IV. El primer agravio a través del cual el recurrente denuncia la falta de realización de la audiencia de visu y la consecuente afectación del debido proceso y la defensa en juicio, desde mi punto de vista, no es de recibo (art. 495, CPP).
De modo liminar, corresponde efectuar una reseña de algunos hitos procesales de la presente causa.
IV.1. Como se explicitó en los antecedentes, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por decisorio del 15 de abril de 2015, absolvió, por mayoría, a S. N. F. en la causa 766/12; confirmó el auto de responsabilidad dictado con respecto al resto de las causas recurridas por la defensa e impuso, por mayoría de opiniones, al acoger parcialmente el recurso de apelación del señor fiscal, la pena de nueve años de prisión, con más accesorias legales y costas.
En lo que interesa, surge del voto del señor juez Barbieri -quien lo hizo en segundo término y concitó la adhesión del doctor Soumoulou- que se valoró la regular impresión que le causara el joven en la audiencia personal ya celebrada en forma previa al dictado de la sentencia.
En ocasión de decidir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor defensor del fuero especializado, concedido ante la Corte, con fecha 19 de septiembre de 2018, este Tribunal -en el marco de la causa P. 126.419- resolvió hacer lugar parcialmente a la vía emprendida, revocó la sentencia impugnada en la parcela relativa a la individualización de la pena y ordenó remitir los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca a fin de que gradúe la pena a imponer al menor S. N. F. conforme las pautas dosificadoras que fueron descartadas y las que -de acuerdo a lo allí decidido- debían permanecer firmes.
Acerca de esta temática, esta Corte entendió que la parte no consiguió evidenciar en lo resuelto por la Cámara al valorar negativamente la "regular impresión personal" que le causara el imputado, la concurrencia de un flagrante desvió del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación de dicho argumento del fallo como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Pues, se advirtió que el tribunal revisor descartó los aspectos personales del imputado como pauta agravante, al entender que solo podían ser ponderados a los fines de determinar la imposición de la pena (v. punto V.3. de la sentencia).
También se consideró que debían ceder como pautas agravantes de la sanción la "pluralidad de intervinientes" (causa 768/12), "el uso de arma de fuego" (causas 768/12, 771/12 y 774/12) y "la nocturnidad" (causa 768/12) -punto V.4.-.
IV.2. Reingresados los autos, la mencionada Sala I, mediante auto del 15 de marzo de 2019 suscripto por el juez doctor Pablo Hernán Soumoulou, estableció que "...habiendo tomado contacto personal con el procesado S. N. F. -conforme lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 13.634- en las audiencias llevadas a cabo el 22 de noviembre de 2013 [...] y el 11 de julio de 2018 (en la IPP M. 16.395/1), prescíndase de la realización de una nueva audiencia", circunstancia que se ordenó notificar al señor defensor oficial, doctor Agustín Saulnier (v. actuaciones digitales remitidas por el Tribunal de Alzada y cédula de notificación a la defensa del 18-III-2019).
Posteriormente, el Tribunal de Alzada departamental con fecha 29 de mayo de 2019, y en virtud del reenvío dispuesto por esta Corte, adecuó la pena para todos los hechos por los que se dictara condena a S. N. F., en el monto de ocho años y seis meses de prisión.
V. El embate se dirige en lo esencial a poner en evidencia un supuesto déficit en el procedimiento anterior a la sentencia del Tribunal de Casación Penal -en el caso con motivo del segundo pronunciamiento a dictar a consecuencia del reenvío dispuesto por esta Corte-, que se vincula con cuestiones típicamente procedimentales sin adecuada demostración del compromiso directo de garantías constitucionales que impongan su abordaje en esta instancia, ello en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al respecto, trae a colación (causa "Maldonado").
En efecto, si bien la defensa invoca la violación de la realización de la audiencia de visu , lo cierto es que, en el caso, S. N. F. tuvo la audiencia del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal antes del dictado de la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías departamental, en donde expuso sobre sus circunstancias personales.
Esta Corte, al hacer lugar a la impugnación y casar parcialmente el fallo de Casación, no invalidó ese acto procesal (la audiencia celebrada). De modo que, una vez devueltos los autos al órgano intermedio, aquellos magistrados -que ya habían tenido el contacto directo con el imputado- se dispusieron a brindar una nueva determinación punitiva, ahora bajo las pautas señaladas por esta Corte.
La parte se limita a afirmar que se la privó de someter al tribunal revisor cuestiones relevantes sobre circunstancias personales actuales del joven y percibir en tiempo real su problemática, sus inquietudes y expectativas, brindando, en su caso, la oportunidad de formular las peticiones que estime pertinentes. Sin embargo, el recurrente no explica por qué razón cabría concluir en que la reiteración de la audiencia -ante los mismos jueces- implicaba un paso procesal de ineludible cumplimiento en términos constitucionales.
Por lo demás, tampoco se advierte (ni la parte lo argumenta) que, en el trámite posterior al reenvío, y -como se dijo- frente a una audiencia válidamente celebrada y vigente por carecer de relación de dependencia ni de conexidad con lo efectivamente invalidado, el tribunal intermedio haya inobservado alguna forma procesal indispensable que, como consecuencia, acarree un perjuicio efectivo a la parte. Recordemos en ese sentido que la asentada doctrina de esta Suprema Corte indica que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso (conf. causas P. 104.373, sent. de 11-XII-2013; P. 119.120, sent. de 20-V-2015; recientemente causa P. 134.362, sent. de 22-IX-2022) extremos que no han sido debidamente invocados y acreditados en el caso.
En definitiva, el del caso, se trata de un agravio meramente formal y dogmático sin un concreto gravamen, lo cual conduce a la ineficacia de la pretensión (art. 495, CPP).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.